Guatemala

Guatemala ha renovado recientemente sus cortes con la juramentación de nuevos magistrados, sin embargo, no han faltado las críticas por supuesta falta de transparencia y relación de los jueves con figuras añejas de la política. En el proceso se juramentaron 13 nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia y 260 jueces que serán parte de la Corte de Apelaciones. La mayoría de magistrados que van a presidir la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Apelaciones estuvieron en el caso de corrupción conocido como Comisiones Paralelas.

Desde la elección de Bernardo Arévalo como Presidente de Guatemala, la relación entre el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo ha estado marcada por una intensa confrontación y desafíos significativos. El Ministerio Público, bajo la dirección de Consuelo Porras, la Fiscala General, ha sido un actor clave en esta dinámica, llevando a cabo acciones judiciales que han sido interpretadas como intentos de deslegitimar al Gobierno e incluso se ha señalado que estas actuaciones están alineadas con intereses corruptos.

La Suprema Corte nicaragüense mediante un comunicado resolvió “ordenando la pérdida de la nacionalidad nicaragüense a 135 personas, condenadas por hechos delictivos que atentaron contra la soberanía, independencia y autodeterminación del pueblo nicaragüense”. La resolución no solo se refirió a la pérdida de la nacionalidad de las 135 personas, sino que también ejecutó el decomiso de sus propiedades y bienes bajo el “compromiso” de responsabilizar a los autores, organizadores, financiadores y patrocinadores de los supuestos actos delictivos.

La Comisión Nacional contra la Corrupción de Guatemala, ahora liderada por Santiago Palomo, nombrado por el mandatario Bernardo Arévalo,  tiene como objetivo luchar contra la corrupción en un país con redes de corrupción tanto a nivel de gobierno como en el judicial.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha otorgado al presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo, y la vicepresidenta electa, Karin Herrera. La Comisión ha pedido que el Estado de Guatemala tome las medidas necesarias “para proteger el derecho a la vida e integridad personal” de los políticos de acuerdo a una resolución publicada este viernes 25 de agosto.

El pasado 25 de junio se realizaron elecciones generales en este país centroamericano quedando Sandra Torres de la Unidad Nacional de la Esperanza con el 15% de los votos y el socialdemócrata Bernardo Arevalo de la agrupación Semilla con el 12% para la segunda ronda. Ante este resultado nueve partidos interpusieron un amparo en el que dicen temer que no se hubieran contado bien los votos y que por ende, el resultado este mal atribuido.

 

Guatemala vivió este domingo 25 de junio sus comicios electorales, en los cuales se decidieron los puestos de representación en el poder ejecutivo, así como los cargos parlamentarios, de alcaldías y municipios.

Les invitamos a leer el nuevo análisis semanal del Observatorio de la Política Internacional (OPI) titulado En donde el COVID-19 y el cambio climático se encuentran, escrito por Tammy Vega. El artículo analiza el transfondo ambiental de la reciente caravana de personas migrantes en Centroamérica, en el contexto de la pandemia del COVID-19. Pueden leer el análisis completo aquí

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