Desde la elección de Bernardo Arévalo como Presidente de Guatemala, la relación entre el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo ha estado marcada por una intensa confrontación y desafíos significativos. El Ministerio Público, bajo la dirección de Consuelo Porras, la Fiscala General, ha sido un actor clave en esta dinámica, llevando a cabo acciones judiciales que han sido interpretadas como intentos de deslegitimar al Gobierno e incluso se ha señalado que estas actuaciones están alineadas con intereses corruptos.
