La Suprema Corte nicaragüense mediante un comunicado resolvió “ordenando la pérdida de la nacionalidad nicaragüense a 135 personas, condenadas por hechos delictivos que atentaron contra la soberanía, independencia y autodeterminación del pueblo nicaragüense”. La resolución no solo se refirió a la pérdida de la nacionalidad de las 135 personas, sino que también ejecutó el decomiso de sus propiedades y bienes bajo el “compromiso” de responsabilizar a los autores, organizadores, financiadores y patrocinadores de los supuestos actos delictivos.
