Coyuntura global (mayo-junio 2011)
Honduras vuelve a la OEA
Después de varios meses de intensas negociaciones, el día primero de junio la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, en reunión extraordinaria celebrada en Washington, acordó el reingreso de Honduras, suspendida luego del golpe de estado del 28 de junio de 2009 en contra del entonces presidente de ese país, Manuel Zelaya. Pese a estar precedida de importantes acuerdos, la decisión tuvo que ser negociada hasta el último momento por el intento de varios países, especialmente Venezuela y Ecuador, de que se declarara explícitamente la demanda de castigo a los golpistas. Finalmente, la votación fue casi unánime, 32 votos a favor y una solo en contra, el de Ecuador, que al no incluirse dicha referencia consideró que el acuerdo era “prematuro”. Con ello se ha cerrado formalmente uno de los más delicados capítulos de la diplomacia interamericana de los últimos tiempos, aunque está por verse si ello significa la estabilización política de ese país, en donde subsisten enfrentamiento de muy profundo calado.
Las negociaciones para lograr el reingreso se intensificaron luego de que Colombia y Venezuela lograran en abril, en Cartagena de Indias, un acuerdo con el presidente hondureño Porfirio Lobo que permitió a Zelaya regresar el 28 de mayo a su país tras 16 meses de exilio en República Dominicana, sin tener que enfrentar causas judiciales por corrupción. Pese a ello, numerosas organizaciones y personalidades políticas, tanto en América Latina como en los EEUU y otras partes, continuaron oponiendo un reingreso de Honduras a la OEA que no incluyera un seguimiento minucioso a los avances de dicho país en la investigación de asesinatos de periodistas y defensores de derechos humanos, así como medidas para acabar con amenazas y hostigamientos, el cumplimiento de medidas cautelares para proteger a personas en situación de riesgo y sanciones a los responsables del golpe de Estado contra Zelaya. Esta es una lucha que tendrán que continuar por otros medios.
El regreso de Zelaya fue un extraordinario evento de la diplomacia latinoamericana. El derrocado ex presidente arribó a Tegucigalpa en un avión venezolano procedente de Nicaragua acompañado por su esposa y otros familiares y ex funcionarios de su gobierno, así como del ex presidente panameño Martín Torrijos y los cancilleres Nicolás Maduro de Venezuela y David Choquehuanca de Bolivia. Estuvo también ahí el representante de la presidencia de República Dominicana Miguel Mejía y la ex senadora colombiana Piedad Córdoba. Finalmente, se hicieron presentes en Tegucigalpa también el secretario general de la OEA José Miguel Insulza y la canciller colombiana María Angela Holguín, con el declarado propósito de “verificar el cumplimiento del acuerdo” que permitió el retorno de Zelaya, que incluía su exoneración de cargos por supuestos malos manejos durante su gobierno.
El acuerdo fue oportuno para permitir la asistencia con pleno derecho de Honduras a la XLI Asamblea General de la OEA efectuada del 5 al 7 de junio en San Salvador, convocada con el propósito principal de abocarse a los problemas de seguridad ciudadana que aquejan a los habitantes del continente. Dicha reunión concluyó con la firma de la Carta de San Salvador, en la que se realiza un llamado a la cooperación internacional y multilateral para intensificar la ayuda y mejorar la seguridad ciudadana. La 42º edición de la Asamblea General de la OEA tiene previsto realizarse en Cochabamba, Bolivia en 2012.
Honduras seguirá participando en los foros internacionales de pleno derecho. Entre ´stos, en el escenario regional, en este período anotamos la Conferencia Internacional de Seguridad, celebrada en Guatemala el 22 y 23 de junio. Este foro es indicativo de la prioridad absoluta que ha adquirido el tema en la agenda interamericana, sin duda por el interés norteamericano en el mismo. Para los países centroamericanos, cada vez mas abrumados por la delincuencia, se tratará de encontrar financiamiento para los 22 anteproyectos que constituyen la Estrategia aprobada en esta reunión. Ya se habla de endeudarse ante el BID y el FMI por más de 1.500 millones de dólares, mientras la esperada ayuda del norte llega “en cuentagotas” . Según el ministro de Seguridad Costarricense Mario Zamora, la inversión en este ramos sigue siendo de 40 de la región contra 1 del sector externo.
La Unión Europea se debate entre crisis políticas, financieras y sanitarias
En este período la UE ha continuado siendo sacudida por eventos de muy diversa naturaleza, algunos vinculados al pasado inmediato y otros relativamente inesperados. Destacan en primer lugar las tensiones originadas por la dificultad de llegar a un acuerdo político en el parlamento griego sobre el requerido plan de austeridad que le permitiría a este país recibir la ayuda económica que tanto necesita. Después de muchas e intensas negociaciones dentro de ese país y en la UE, así como con actores centrales como el FMI, el parlamento de Atenas aprobó el jueves 30 de junio, 155 votos a favor, 138 en contra y 2 abstenciones, en segundo trámite, un proyecto de ley para la implementación de dicho programa. El Gobierno socialista de Giorgos Papandreu sorteó así la última valla para la liberación del nuevo tramo del paquete de rescate de la Unión Europea (UE), el Banco Central Europeo (BCE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI): 12.000 millones de euros, necesarios para que Grecia cumpla su compromisos de pago de mediados de julio y soslaye, al menos por el momento, el caer en mora de su deuda. Este proceso ha requerido enfrentar a una dura oposición tanto dentro del parlamento como en la calles. A la hora de la votación en la capital todavía se sentían los efectos de los gases lacrimógenos empleados por la policía para dispersar protestas callejeras que ya habían dejado un saldo de casi 150 heridos. No será sorpresa el que la clase política griega sufra de la deslegitimación que contra sus similares se ha estado observando en toda la cuenca mediterránea.
Atenas puede contar con los nuevos tramos del paquete de rescate elaborado por la UE, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional (FMI). “Este fue un voto de responsabilidad nacional”, declaró Jose Manuel Durao Barroso, presidente de la Comisión Europea, y Herman Van Rompuy, presidente del Consejo Europeo. “Grecia ha dado un paso vital en la dirección contraria a la quiebra [lo cual] permite al país avanzar y restituir la esperanza del pueblo griego”, dijeron en un comunicado emitido al respecto. Pero a nadie se oculta que si bien esto es un respiro, todavía se está muy lejos de superar la profunda crisis fiscal del la zona del euro. Esto sin contar la desestabilización política que las protestas populares podrían provocar en un futuro inmediato.
Hay sin embargo una buena noticia para los europeos: el nombramiento de Christine Lagarde como jefa del FMI, después del escándalo escenificado a mediados de mayo en Nueva York por Dominique Strauss-Kahn, entonces en ese cargo. Se espera que la francesa continúe la línea favorable a Grecia de su predecesor, pero la tensión fiscal no ha pasado del todo, y la palabra clave ahora es la participación “voluntaria” de los bancos. Se asegura que Francia está considerando refinanciar la parte de la deuda griega en sus manos hasta por 30 años. Para mientras, a los griegos les esperan tiempos difíciles, ya que el plan propuesto prevé ingresos de 28.400 millones de euros en impuestos y 50.000 millones por privatizaciones de empresas estatales. Esto significa para los once millones de griegos aumentos del impuesto vehicular, un mayor impuesto a transacciones mercantiles y que a todo ingreso superior a los 1000 euros se le descontará una tasa por la crisis. También habrá drásticas reducciones en el aparato estatal. No es sorprendente entonces que sigan ocurriendo protestas, algunas veces violentas, en las calles.
En este período la UE le ha dado el visto bueno al ingreso de Croacia (sería el miembro 28) y se han incrementado las relaciones con Ucrania. La nueva presidencia del Consejo (por seis meses) de Polonia enfrentará serias dificultades, además de los líos fiscales, ya que persiste el debate sobre la migración –en relación con los países del norte del África- y el posible debilitamiento del acuerdo de Schengen de 1985 que asegura la libre circulación sin controles fronterizos. Pero ha sido significativo que los cuidados mecanismos de la UE no pudieron prever una crisis en el terreno de la salud pública. Se trata de la denominada "crisis del pepino", originada por la presencia de una bacteria (EHEC) en productos agrícolas que circulan en la zona.
Esta peligrosa bacteria fue detectada a mediados de mayo en Alemania, y con demasiada premura autoridades de ese país afirmaron que provenía de pepinos procedentes de España, lo que de inmediato provocó el cierre de la importación de dicho producto. Para principios de junio el número de víctimas fatales en Alemania había subido a 25, y el número de afectados a 1500, al mismo tiempo que surgían serias dudas sobre la imputación del origen de la infección. Esto generó un pánico que se generalizó a prácticamente todos los productos agrícolas de la región, con las consecuencias del caso. Para cuando en la segunda semana de junio se reunieran los ministros de salud de la UE en Luxemburgo, las fallas del gobierno alemán en el manejo de este asunto estaban provocando severas críticas de sus asociados. El gobierno español amenazaba con pedir compensaciones para sus productores, especialmente perjudicados por la temprana y errada acusación contra el pepino. Y no era poca cosa el perjuicio económico, según reportaban las asociaciones de agricultores de varios países. Los españoles alegaban haber perdido 200 millones de euros semanales. Los franceses se quejaban por la cancelación del 90 por ciento de sus pedidos de tomates, pepinos y lechuga. También los agricultores alemanes decían haber perdido unos 50 millones de euros. Para el comercio minorista de este país las ventas de frutas y vegetales cayeron hasta un 40 por ciento, según la asociación de comerciantes de este país.
La Comisión Europea puso en estudio el aumentar a más de 150 millones de euros las ayudas ofrecidas a los agricultores europeos, lo que evidentemente sería apenas un paliativo menor para lo que muchos señalan como un peligroso precedente en términos de la vulnerabilidad del sistema europeo, víctima fácil de una apresurada reacción de funcionarios locales.
Corte Penal Internacional (CPI) en intensa actividad
Para quienes han seguido de cerca el proceso contra los responsables por crímenes contra la humanidad cometidos durante la Guerra de Bosnia (1992-1995), así como la marcha de la solicitud de ingreso de Serbia a la UE, no resultó del todo sorprendente el que el 25 de mayo el presidente serbio, Boris Tadic, confirmara en Belgrado la captura del ex jefe del Ejército de los serbios de Bosnia, Ratko Mladic, sobre quien pesaba una orden internacional de detención desde 1995. El presidente indicó que Mladic será puesto a disposición del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia (TPIY) para que se le juzgue en La Haya entre otras cosas por la masacre de Srebrenica, en la que alrededor de 8.000 hombres y jóvenes musulmanes fueron asesinados en julio de 1995. Mladic también deberá responder por la muerte de miles de personas durante el asedio de 43 meses de la ciudad de Sarajevo. Pese a que Mladic continúa teniendo un fuerte apoyo dentro de la población serbia, al punto de que muchos lo consideran un héroe nacional, según Tadic, "el arresto es importante para la reconciliación nacional". Esto lo dijo al recibir a la Alta Representante de Política Exterior de la Unión Europea, Catherine Ashton, en Belgrado, coincidiendo con la detención de Mladic.
Es un hecho sabido que la captura de Mladic era una de las condiciones de mayor peso para la entrada de Serbia a la UE, y la tardanza del Gobierno de Tadic en dar con su paradero había sido duramente criticada el pasado 19 de mayo por el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Barroso, entre otros funcionarios de la UE. Por su parte, el fiscal del caso, Serge Brammertz, ha calificado de “un fracaso absoluto” la forma con que Serbia ha manejado el caso del apresamiento de diversos imputados. Ha señalado además el caso de Goran Hadzic –líder de los serbios en el marco de la Guerra de Croacia (1991-1995), con el propósito de poner más presión sobre los gobernantes serbios, que aspiran a lanzar oficialmente la candidatura de su país a la UE y a obtener una cita para el inicio de las negociaciones pertinentes antes de que finalice el año. De ahí que la detención de Mladic –que se consuma tres años después de la del ex líder político serbobosnio Radovan Karadzic, juzgado por genocidio en La Haya– tenga tanta relevancia para el país y también para la carrera política de Tadic, cuyo mandato concluye a finales de 2011. Ha prometido que encontrará a quienes colaboraron para que Mladic permaneciera oculto durante dieciséis años, circulando con documentación falsa. El tiempo se le acorta para ello.
En otro escenario, la CPI anunció el 27 de junio que había dictado una orden de detención contra el líder libio Muamar el Gadafi, así como contra su hijo Saif al Islam y su cuñado, el jefe del servicio secreto, Abdulá el Senussi. Los tres son imputados por crímenes contra la humanidad, desde la organización de violaciones en masa y otras formas de tortura para intimidar a la población, hasta la instrumentalización del Ejército para ajusticiar a cientos de manifestantes desarmados durante las revueltas que han tenido lugar recientemente en Libia. Se ha llegado así al desenlace formal de la acusación que presentara el fiscal jefe de la CPI, el argentino Luis Moreno Ocampo, el 16 de mayo, basado en más de 1.200 documentos y cincuenta entrevistas con testigos presenciales. La orden de detención en cuestión significa la obligación de los 116 países que suscribieron el Estatuto de Roma a arrestarlos si llegaran a circular por sus respectivas jurisdicciones.
Se abre ahora la interrogante de cómo se podrá llevar a cabo esta orden, y, por otro lado, las consecuencias de la misma en la evolución del conflicto en Libia. En vista de la prolongación de éste, se pregunta ahora si esta disposición autorizará un ataque directo de la OTAN, incluyendo por medio de tropas en el sitio, a las fuerzas de Gadafi, bajo el amparo de la resolución 1973 de la ONU, asunto abierto a mucha controversia. Otra alternativa, señalada por la Alta Representante de Política Exterior y Seguridad Común (PESC) de la Unión Europea, Catherine Ashton, es el reconocimiento pleno por parte del bloque del Consejo Libio de Transición, que aglutina a la oposición a Gadafi. Estos a su vez serían los que ejecutarían la orden de captura. Por supuesto, si están en capacidad de efectuarla, cosa que por el momento no parece estar a la vuelta de la esquina ya que las acciones bélicas se prolongan por cierto con costos altísimos para la población del país. Finalmente, se baraja la posibilidad de que sean “otros funcionarios libios” (supuestamente del gobierno de Gadafi) los que decidan capturarlo. En fin, el escenario no tiene visos de mucha claridad en cuanto a la posibilidad efectiva de cumplir el dictamen de la CPI, que por el momento se maneja en un nivel simbólico.
Pero también en este terreno, ya más propiamente político, la decisión de la CPI ha motivado algunas importantes críticas, ya que algunos diplomáticos la ven como un obstáculo a la salida negociada del conflicto, la cual ha estado siendo explorada insistentemente por varios países africanos. Para ellos, ahora menos que nunca Gadafi estaría dispuesto a abandonar el país, puesto que quedaría reducido a trasladarse al limitado número de países que no reconocen la autoridad de la CPI. Los partidarios de una solución negociada que implique la salida de Gadafi señalan que éste tiene numerosas propiedades y buenos contactos en Uganda, país que sin embargo colabora con la CPI. Sudán, vecino de Libia, es una de las pocas opciones que le quedan. Ahí tenemos el caso de que desde hace ya tres años la CPI acusó de genocidio al presidente Omar Hasan Ahmad al Bashir, y dictó una orden de detención en su contra. Pese a ello, al-Bashir sigue detentando el poder y no hay visos que lo abandone. Todo parece indicar que no hay alternativas factibles por el lado de la negociación pacífica, de modo que salvo que surja algún elemento inesperado la resolución de la CPI no conducirá a nada concreto en el futuro próximo, aunque como lo señala los casos de Karadzic y de Mladic, sus consecuencias a largo plazo no son de ninguna manera despreciables.