Comisión Permanente Especial de Relaciones Internacionales y Comercio Exterior (septiembre-noviembre 2024)

Durante los meses que estudia el presente boletín la Comisión de Relaciones Internacionales y Comercio Exterior trató un total de siete expedientes, de los cuales seis fueron aprobados por el fondo y por lo tanto enviados al plenario para su aprobación, mientras que el restante fue archivado según el Artículo 106 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, después de dos votaciones resultadas en empate. Además de estos expedientes, se resalta que durante el periodo estudiado se vuelve a traer a la comisión la discusión del Decreto N°44.196 en relación con la implementación de la tecnología 5G en Costa Rica.

1. Proyectos de Ley

1. Expediente Nº 22.596. Aprobación del Protocolo Adicional al Convenio entre el Gobierno de Costa Rica y la Universidad Para La Paz relativo a la sede de la Universidad.

Con respecto a este proyecto se presentó un informe afirmativo de subcomisión, el cual más tarde fue aprobado de manera unánime por las diputaciones presentes^[1]. Posterior a esto se presentaron tres mociones, de las cuales dos fueron rechazadas^[2]. La primera de ellas establecía el no reconocimiento de pagos retroactivos a la Universidad para la Paz y que la obligación del pago se haría efectiva a partir del 2025. La discusión de la moción dio paso a un debate sobre la obligatoriedad del pago. Esto ya que hasta el momento el pago anual de los 50.000 dólares, calificaba como aporte voluntario, sin embargo con la aprobación del proyecto se formaliza el aporte y se transforma en una obligación^[3]. Ante esto, el diputado Campos alegó que el convenio en ningún momento califica el monto como voluntario y que además este estipula que entrará en vigor por medio de la formalidad constitucional, es decir al ser aprobado por la Asamblea Legislativa^[4], por lo que la moción no es realmente necesaria, pero a su vez abre el cuestionamiento de porque se han girado los pagos a la Universidad para la Paz desde el 2015 sin que el proyecto fuera aprobado por el legislativo.

En cuanto a la segunda moción rechazada, esta tenía la intención de que el monto de 50.000 dólares fuera destinado a generar beneficios y descuentos en las matrículas, mientra obligaba a la universidad a evidenciar esto ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Costa Rica^[5]. Esta moción fue rechazada ya que implicaba una modificación de fondo del convenio y según lo establecido en el informe de subcomisión, el departamento de servicios técnicos de la Asamblea Legislativa aclaró que no era competencia del Legislativo el modificar por el fondo el proyecto^[6]. En cuanto a la moción que fue aprobada, esta se referiría al reordenamiento de los documentos del expediente para que este cumpliera con los requisitos necesarios^[7].

La discusión por el fondo del proyecto se mantuvo acalorada, parte de las diputaciones presentes hablaron de la importancia de mantener la relación diplomática con la ONU por medio de la Universidad para la Paz. Mientras que, por otro lado, también se resaltó la irregularidad del trámite de los pagos, desde el porqué se establece en específico el monto de 50.000 dólares, hasta por qué se giró sin haber sido aprobado el convenio por la Asamblea Legislativa^[8].

Finalmente, tras dos votaciones que resultaron en empate, el proyecto fue archivado sin más discusión, esto conforme al Artículo 106 del Reglamento de la Asamblea Legislativa^[9], que establece el procedimiento a seguir en caso de empate en las votaciones.

2. Expediente Nº 24.117. Reforma al Artículo 2 de la Ley 9430 “Aprobación del protocolo de enmienda del acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio, hecho en Ginebra, el 27 de noviembre de 2014, y su anexo (Acuerdo sobre facilitación del comercio) para la inclusión del Ministerio de Economía Industria y Comercio y la Cámara de Comercio de Costa Rica en el Consejo Nacional de Facilitación del Comercio

Para este proyecto se presentaron tres mociones, las cuales todas fueron rechazadas^[10]. La primera de ellas incluía la incorporación de un representante de la Cámara Costarricense de pequeñas y medianas empresas (PYMES) al Consejo Nacional de Facilitación del Comercio (CONAFAC), la segunda, discutía la inclusión de un representante de la Cámara Nacional de la Economía Social Solidaria, mientras que la tercera buscaba permitir invitar a instituciones públicas y privadas, como las universidades públicas, a las sesiones del consejo^[11]. Las tres mociones fueron rechazadas por considerarse inconexas al proyecto. Sin embargo, la diputada Ruíz aprovechó para resaltar la importancia de diversificar las representaciones de diferentes sectores y de la academia en este tipo de espacios^[12].

Posterior a esto se presentaron dos informes afirmativos de subcomisión. El primero de ellos, suscrito por mayoría, incluía además la recomendación de aprobar en conjunto con el informe una moción de texto sustitutivo, el cual modificaba el Artículo 2 del protocolo. Dicho informe fue rechazado ya que los cambios que se pretendían hacer en el texto iban en línea con las mociones anteriormente presentadas^[13], por lo que se considera que haría el proyecto inconexo. Por otro lado, el segundo informe, no proponía ningún cambio al fondo del proyecto, es decir este únicamente trataba la inclusión del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) y la Cámara de Comercio de Costa Rica en el Consejo Nacional de Facilitación del Comercio, sin sugerencias adicionales, este segundo informe fue aprobado. Finalmente el proyecto fue aprobado por el fondo con un total de seis votos a favor y un único voto en contra por parte del diputado José Pablo Sibaja^[14].

3. Expediente Nº 24.258. Aprobación de la adhesión al convenio por el que se instituye una Organización Internacional de Metrología Legal

En cuanto a este proyecto, también se presentó un informe afirmativo de subcomisión, mismo que fue aprobado. Posteriormente el proyecto fue aprobado por el fondo de manera unánime por las siete diputaciones presentes^[15].

4. Expediente Nº 24.474. Convenio Internacional para la prevenir la contaminación por los Buques, 1973, Protocolos I y II, modificado por sus protocolos de 1978 y 1997, sus anexos y enmiendas.

Este proyecto de Ley busca la adhesión de Costa Rica al Convenio MARPOL, un instrumento internacional clave para prevenir la contaminación marina ocasionada por buques, incluyendo emisiones atmosféricas, vertidos de hidrocarburos, sustancias nocivas y basura^[16].

El presente fue asignado a la subcomisión N°3, integrada por Manuel Morales Díaz como coordinador, Monserrat Ruíz Guevara y José Pablo Sibaja Jiménez^[17]. Posteriormente se presentó una moción con la finalidad de que este proyecto sea enviado a consulta a las siguientes instituciones: Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT), Dirección de Navegación y Seguridad, Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), Incopesca, Universidad Nacional (UNA), Universidad de Costa Rica (UCR), Ministerio de Salud, Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, JAPDEVA, APM Terminals, INCOP. Dicha moción fue aprobada con unanimidad de votos^[18].

Más adelante, durante el periodo estudiado por el presente boletín, fue presentado y aprobado con unanimidad de votos el informe afirmativo presentado por la subcomisión. Posterior a esto se pasó a votar el expediente por el fondo, que de igual forma fue aprobado por unanimidad^[19].

5. Expediente N° 24.428. Aprobación del “Acuerdo Integral de Asociación Económica en Comercio e Inversión” entre la República de Costa Rica y Los Emiratos Árabes Unidos, suscrito en San José, Costa Rica, el día diecisiete del mes de abril del año dos mil veinticuatro.

Durante los meses estudiados por el presente boletín, el periodo de consulta de este proyecto finalizó, sin embargo, debido a que este proyecto fue atendido en pleno, no se presenta un informe de subcomisión, por lo que se pasa a la discusión por el fondo de manera directa. Los diputados presentes, mencionaron aspectos cruciales sobre el acuerdo integral, destacando sus ventajas y la relevancia de la relación comercial con los Emiratos Árabes Unidos.

En primer lugar, Daniel Vargas Quirós afirmó que el proyecto no evoca a mayor discusión, dado que las audiencias llevadas a cabo durante el periodo de consulta han demostrado las ventajas del acuerdo^[20]. Además, destacó la buena gestión del Ministerio de Comercio Exterior (COMEX) en las negociaciones e incentivó a las diputaciones a votar a favor, enfatizando la liberalización comercial como una política histórica exitosa de Costa Rica^[21].

Por su parte, la diputada Monserrat Ruíz Guevara señaló que la aprobación del acuerdo constituye un mensaje positivo para el Gobierno y la población, fortaleciendo las relaciones bilaterales con una zona estratégica para el crecimiento comercial^[22]. Paralelamente, también se menciona que el tratado incorpora disposiciones innovadoras, como un apartado dedicado a las pequeñas y medianas empresas y colaboración económica; sumado a esto se menciona que la aprobación de este convenio puede llegar a tener un impacto positivo en la diversificación de productos en Costa Rica^[23]. Finalmente, se procedió con la votación por el fondo proyecto, el cual con unanimidad de votos se aprueba^[24].

6. Expediente N° 24.373. Aprobación de la Adhesión de Costa Rica al Acuerdo en el Marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar Relativo a la Conservación y el Uso Sostenible de la Diversidad Biológica Marina de las Zonas Situadas Fuera de la Jurisdicción Nacional.

Para este expediente se presentó un informe afirmativo de subcomisión, el cual fue aprobado por las diputaciones presentes, para después ser sometido a votación por el fondo. El expediente fue aprobado de manera unánime con un total de siete votos^[25].

7. Expediente N° 24.427. Aprobación del Convenio Constitutivo y el Convenio de Administración del Fondo Multilateral de Inversiones III (FOMIN III)

Para este expediente se presentó una moción para recibir a representantes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para referirse al proyecto. La moción fue aprobada de manera unánime con ocho votos a favor^[26].

Para la siguiente sesión ordinaria, sostenida el miércoles nueve de octubre del 2024, se presentaron a audiencia al señor Franciso Javier Urra, representante del Banco Interamericano en Costa Rica; a William Ernest, especialista senior del Banco Interamericano para Costa Rica; y también al señor Marcelo Cabrol, jefe de la unidad SKI, (escalabilidad, conocimiento, impacto) del Banco Interamericano de Desarrollo^[27]. El señor Francisco Urra, comenzó su intervención, explicando de manera muy general cómo funciona el BID, y aclaró que actualmente esta organización es un grupo que se divide en tres grandes secciones^[28], BID, BID Invest y FOMIN III o BID Lab^[29]. Además aclaró que este último está dedicado a impulsar el desarrollo de una manera un poco más experimental, lo que permite impulsar la innovación, siendo esta la principal razón por la que se argumenta que Costa Rica debería ratificar el convenio, ya que esto le permitiría mantener una posición como país innovador en la región^[30].

La segunda parte de la intervención estuvo a cargo de Marcelo Cabrol, quien explicó que BID Lab se enfoca principalmente en temas de innovación y emprendedurismo. BID Lab se plantea como objetivo procurar que este tipo de proyectos logren un mejor posicionamiento en el mercado de manera más rápida y efectiva, brindándoles acceso a financiamiento y nuevas tecnologías^[31]. A lo largo de su intervención, expusó el compromiso de BID Lab con el medio ambiente, aquellos sectores más vulnerables de la población, la inclusión activa de mujeres y personas jóvenes en la economía y el desarrollo tecnológico de las comunidades. Aunado a esto se mencionó que uno de los principales enfoques de esta organización, además de las antes mencionadas, es la generación y renovación del conocimiento^[32]. Finalmente el señor Cabrol termina su intervención mencionando que Costa Rica ha sido uno de los países con valores de retorno más altos en temas de inversión, listando varios de los proyectos que han sido impulsados, remarcando el impacto y la diversidad de estos en el país ^[33] .

Finalmente, la exposición pasó a manos de William Ernest, quien habló más detalladamente de algunos de los proyectos mencionados por el señor Cabrol. Para cerrar, William Ernest mencionó que para el futuro, muchos de los proyectos contemplados se relacionan con temas de agricultura y capital natural, permitiendo a los pequeños productores el diversificar sus productos y enfrentar de la mano de la tecnología las afectaciones de la crisis climática^[34], para así impulsar y mantener en vigencia la economía exportadora de Costa Rica.

Posterior a la exposición inicial, se abrió un espacio de preguntas, en el cual participaron los diputados Gilberto Campos, Daniel Vargas y Monserrat Ruiz. Por su parte el diputado Campos cuestionó la distribución del tipo de operaciones que se realizan en el país, esto debido a que solamente el 14% está dirigido a cooperación técnica no reembolsable, en contraposición con un 77% de operaciones reembolsables, lo que alzó preocupaciones por lo anteriormente mencionado por Marcelo Cabrol, quien declaró que las operaciones de BID Lab estaban dirigidas a ayudar a personas en condición de vulnerabilidad y pobreza^[35]. Sin embargo, los expositores lograron aclarar que esta distribución está contemplada para asegurar la sostenibilidad del proyecto, ya que este modelo permite reinvertir el dinero^[36]. También como parte de las aclaraciones brindadas se esclarece qué BID Lab se concentra en proyectos para el desarrollo, mediante los cuales se llega a beneficiar a poblaciones vulnerables^[37], por lo que el beneficiario final si llegan a ser este tipo de sectores.

Por otro lado, el diputado Daniel Vargas, expuso cómo la perspectiva mundial del grupo BID es un factor de vital importancia para la innovación y el beneficio de las actividades comerciales en el país, ya que según argumentó, el desconocimiento de la banca local ante proyectos que involucran nuevas tecnologías puede llevar a emprendedores a tomar medidas que reducen los potenciales beneficios de estos^[38]. La diputada Monserrat Ruiz consultó sobre quiénes serán los colocadores de crédito para los proyectos en Costa Rica, cómo se determinarán los costos, y si los beneficiarios incluirán tanto PYMEScomo empresas grandes, entre otros temas de logística. También destacó la necesidad de ampliar el alcance hacia zonas rurales y sectores productivos específicos, como pesca y agricultura^[39].

En respuesta, los representantes del BID Lab explicaron que su enfoque está en el uso de tecnología digital y fintechs para masificar el acceso al crédito, priorizando proyectos productivos de Micro y pequeñas empresas (MYPES) y PYMES con tasas de mercado y plazos amplios de pago, y que como fue mencionado anteriormente, los proyectos contemplados procuran el uso de nueva tecnología en actividades como la agricultura^[40]. Como parte de las respuestas para la diputada Monserrat, se aclaró que BID Lab tiene el objetivo de invertir en empresas que se encuentran en sus primeras etapas^[41], por lo que empresas ya establecidas entrarían más en el área atendida por BID Invest.

Posterior a la audiencia, se continuaron las discusiones sobre los aspectos estratégicos y financieros que involucra la participación de Costa Rica en este fondo administrado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Durante el periodo estudiado, se aprobaron por unanimidad varias mociones, destacando la aprobación del informe de subcomisión y el proyecto por el fondo, en las que participaron cinco diputados, quienes manifestaron su respaldo absoluto a la propuesta^[42].

Según lo expuesto durante la discusión del proyecto, este respaldo a la propuesta se fundamentó en los beneficios económicos que obtuvo el país al participar en etapas anteriores del FOMIN (FOMIN I y II). Según los datos presentados Costa Rica ha obtenido un retorno de $95 por cada dólar invertido desde 1993, por lo que el beneficio obtenido por el país alcanza los $92.3 millones, distribuidos en recursos nacionales y regionales^[43].

2. Proposiciones varias

Conflicto Rusia-Ucrania

Durante el periodo estudiado la comisión recibió al señor José Roberto Rodríguez Quesada, exdiputado de la República. El motivo de dicha audiencia fue referirse a una propuesta de paz para el conflicto entre Rusia y Ucrania.

Durante la audiencia, el exdiputado expuso sobre las facultades de la comisión para abordar temas relacionados con la paz mundial y la posibilidad de tomar acciones en la resolución de conflictos. Asimismo, subrayó la amenaza de una posible tercera guerra mundial debido a las crecientes tensiones en el escenario internacional^[44]. Señaló lo trascendental que resulta evitar la prolongación de conflictos armados, apelando al derecho internacional y a los acuerdos Minsk I y II, y abogando por soluciones diplomáticas para este conflicto.

La propuesta del señor Rodríguez Quesada consistió, en promover un alto al fuego mediante la posibilidad de que Costa Rica colabore en la organización de una conferencia internacional de paz, en conjunto con las Naciones Unidas y con la presencia de las partes en conflicto^[45]. Asimismo, sugirió la implementación de zonas amortiguadoras para reducir las tensiones y equilibrar el poder entre ambos países. También enfatizó la necesidad de priorizar un enfoque diplomático.

En este sentido, el exdiputado destacó el rol de Costa Rica en la participación de estas negociaciones, debido a su reconocimiento como un país neutral y referente en derechos humanos. Recordó hechos como la abolición del ejército en 1948 y la obtención del Premio Nobel de la Paz en 1987, esto como hechos que otorgan validez y autoridad diplomática al país para colaborar en la resolución del conflicto armado, especialmente mediante la diplomacia parlamentaria y en coordinación con la Cancillería^[46]. Finalmente, remarcó la importancia de atender este conflicto debido a los posibles efectos negativos que podría tener para Costa Rica, como el alza en los precios y un agravamiento de la inflación^[47].

Una vez iniciado el espació de preguntas, se encuentra que el diputado José Pablo Sibaja manifestó su interrogante acerca de si la propuesta ya se había entregado a la Cancillería, insinuando que un acuerdo previo con el Poder Ejecutivo podría simplificar el procedimiento. Rodríguez Quesada replicó que la intención inicial era presentar la propuesta primero a la Asamblea previo a la presentación ante la Cancillería, lo que facilitaría la generación de consensos y, potencialmente, una mayor legitimidad para tratar el conflicto^[48].

El diputado Daniel Vargas, por otro lado, valoró el trabajo de Rodríguez Quesada e indicó que, pese a que la disputa entre Rusia y Ucrania está a miles de kilómetros de distancia, la trayectoria de Costa Rica como ejemplo de paz mundial otorga importancia a cualquier acción que el país pueda tomar. Vargas convocó a llevar a cabo un estudio más detallado, y tratar de establecer un vínculo con la Cancillería para asegurar que los esfuerzos no sean en vano o aislados, y así elaborar una propuesta viable^[49]. En respuesta, el exponente resalta la importancia de las sugerencias del diputado Daniel como una estrategia para que Costa Rica, a través de su imparcialidad y diplomacia parlamentaria, ayude a intervenir en conflictos a nivel mundial. Rodríguez subraya que es crucial tratar asuntos como las áreas de influencia y una correcta separación política y territorial en conflictos como el de Ucrania y Rusia para progresar en soluciones. Además, enfatiza la importancia de la cooperación entre el Gobierno y la Cancillería para que la nación desempeñe un papel proactivo y adquiera importancia en estas conversaciones internacionales.

Por su parte, Gilberto Campos concuerda con Vargas, enfatizando que Costa Rica no puede permanecer aislada de los conflictos internacionales, dado que el índice de paz mundial y la importancia de la paz para el comercio y el crecimiento económico del país son asuntos esenciales^[50]. Además, Campos subrayó la relevancia de una política exterior proactiva y la colaboración a nivel global.

Luego de finalizada la audiencia, se presenta la moción N.°02-07, avalada por varios diputados, la cual pide que la propuesta sea enviada a la Cancillería para que sea evaluada como un estímulo al Gobierno de la República. En el debate por esta moción, el diputado Daniel Vargas resaltó la importancia de cualquier esfuerzo por la paz y respaldó la evaluación del informe de Rodríguez por parte de la Cancillería. La propuesta fue sometida a votación, resultando en siete votos a favor por parte de los diputados. Sin embargo, el diputado Oscar Izquierdo Sandí no emitió voto. Luego de resultar aprobada la moción, la Comisión decidió remitir el documento a la Cancillería con el fin de establecer la ruta más adecuada a seguir en relación con la propuesta de José Roberto Rodríguez Quesada^[51].

Compra de bienes inmuebles en el exterior

Este tema fue llevado a comisión gracias a una moción presentada en sesiones anteriores a raíz de las declaraciones dadas en Comisión de Asuntos Hacendarios sobre la intención del Gobierno de la República de “endeudarse a largo plazo”. La persona convocada para referirse al asunto, el señor Arnoldo André Tinoco, canciller de la República, expuso que con esto se refería a la posibilidad de compra de sedes diplomáticas en el exterior, con el objetivo de reducir los costos de alquiler^[52]. Actualmente, el Ministerio de Relaciones Exteriores no alquila oficinas en Costa Rica, pero sí en otros países, lo que genera un gasto significativo. En un plan piloto, se revisaron los pagos de alquiler en diez representaciones, encontrando que estos ascienden a $1,180,925 anuales, con aumentos sujetos a las condiciones de los contratos^[53].

Las embajadas realizaron estudios de mercado, identificando propiedades con precios promedio de $3.5 millones y enganches de alrededor de $400,000. Además, se evaluaron costos adicionales, como mantenimiento, penalidades por terminación de contratos de alquiler y posibles créditos. Sin embargo, la mayoría de las representaciones no califican para créditos bancarios debido a la inmunidad diplomática, lo que lleva a considerar opciones con bancos de desarrollo como el BCIE o el BID^[54].

Decreto del Poder Ejecutivo N°44.196

En primera instancia se presentó el señor Guillermo Rojas Guzmán, presidente de la Comisión de Promoción de Competencia (Coprocom), quien explicó su preocupación ante posibles barreras generadas por el decreto^[55]. El señor Rojas expuso cómo aunque el decreto busca garantizar seguridad y privacidad, su análisis reveló que ciertas disposiciones, como el artículo 10, podrían limitar la competencia al excluir proveedores internacionales no adheridos al Convenio de Budapest. Esto reduce opciones tecnológicas, innovación y eleva costos, afectando a consumidores y empresas^[56].

El expositor aclaró que desde Coprocom se enfatizó la necesidad de regulaciones equilibradas que consideren tanto la seguridad como la competitividad. Razón por la que se propuso un enfoque diferenciado que permita a proveedores de alto riesgo participar en áreas no críticas, reservando las áreas críticas para aquellos con altos estándares de seguridad^[57]. También subrayó la importancia de la neutralidad tecnológica, evaluando proveedores según criterios objetivos de seguridad, sin discriminación por origen o tecnología^[58]. La discusión fue amplia y se contó con la participación de diversas diputaciones, sin embargo, parece que el panorama continúa en las mismas condiciones que hace unos meses atrás: un ejecutivo indispuesto, que hace caso omiso a criterios técnicos, que parece estar tomando decisiones por influencias geopolíticas y un decreto que sigue sin adaptarse a las medidas de neutralidad tecnológica establecidas por la OCDE.

En relación con este decreto, también se sostuvo una audiencia con Adolfo Cruz Luthmer presidente de Camtic y con Ana Lucía Ramírez Calderón, directora ejecutiva de Infocom^[59]. Estas personas buscaban referirse a una moción ya aprobada, así como sobre los costos y consecuencias de la aplicación del Decreto. Por su parte la Señora Ana Lucía Ramírez, expuso que este decreto tiene gran impacto ya que presenta regulaciones que recaen de manera directa sobre las redes de telecomunicaciones, y que dichas regulaciones no fueron consultadas en su momento, causando así incertidumbre jurídica y técnica^[60]. A raíz de lo cual comenta que desde Infocom están abiertos al diálogo y esperan una modificación en el decreto^[61].

Seguidamente, el presidente de la Camtic, Adolfo Cruz, el cual expone que respecto a términos de costos de implementación no hay una aproximación, sobre cuánto se espera que sea. Aunado a esto, comenta que con respecto a las estrategias de implementación, esto dependerá de cada operador, pero que sí es importante destacar que, si bien es necesaria la implementación de la red 5G en el país, dicha implementación representa cambios, costos e implicaciones que deben ser analizadas con detenimiento por parte de todos los sectores involucrados^[62].

Además, se contó con la comparecencia del Señor Henry Guevara Guevara, director Consejo Directivo Grupo ICE y la Señora Kathya Villar Bonilla, directora Consejo Directivo Grupo ICE^[63]. Las representaciones del ICE destacaron que los litigios legales en curso, concretamente los contenciosos administrativos presentados por un sindicato y dos por la empresa Huawei, son el principal obstáculo que les impide lanzar los servicios 5G. Se menciona también que no han recibido, al tiempo de la audiencia, ningún tipo de notificación de los tribunales, es decir, que no se han resuelto estos contenciosos con la rapidez necesaria^[64].

Se hizo hincapié en las importantes repercusiones financieras derivadas del retraso del 5G. Se proyectaron pérdidas de aproximadamente US$289 millones de dólares en cuatro años por la imposibilidad de implementar la tecnología. El retraso también sitúa a Kolbi en desventaja competitiva frente a los operadores privados que ya han lanzado servicios 5G^[65].

Ante esto se resalta lo anteriormente mencionado por el señor Guillermo Rojas Guzmán, ya que aunque el decreto N° 44196-MSP-MICITT pretendía abordar los problemas de ciberseguridad relacionados con la tecnología 5G, esté contribuyó a la creación de polémica y las disputas legales que obstaculizan el despliegue de la 5G por parte del ICE^[66]. Los requisitos y restricciones del decreto, en particular los relacionados con el Convenio de Budapest (un tratado internacional sobre ciberdelincuencia), fueron objeto de debate, y algunos miembros de la Asamblea cuestionaron su necesidad y su impacto en la libre competencia^[67].

La diputada Monserrat Ruíz Guevara afirmó explícitamente que el decreto, que hace cumplir el Convenio de Budapest, limita la libre competencia y es responsable de las pérdidas económicas sufridas por el ICE debido al retraso de la tecnología 5G^[68]. Argumentó que el decreto prioriza un marco discriminatorio sobre los principios de la Ley General de Telecomunicaciones, como la neutralidad tecnológica y la no discriminación. El diputado Óscar Izquierdo Sandí señaló que el decreto, al imponer requisitos específicos relacionados con el Convenio de Budapest, ha creado una situación en la que ciertas empresas quedan excluidas de participar en el mercado de la tecnología 5G, obstaculizando la libre competencia^[69].

El diputado José Pablo Sibaja Jiménez también sugirió que la insistencia del Gobierno en aplicar el Convenio de Budapest para restringir a determinadas empresas parece una decisión arbitraria más que una respuesta a verdaderas amenazas de ciberseguridad, ya que no existen pruebas de ciberataques reales en el sector de las telecomunicaciones en el país, por lo cuál, este convenio podría causar más consecuencias negativas que positivas al perjudicar la libre competencia en el mercado de las telecomunicaciones^[70].

A pesar de los contratiempos, los representantes del ICE aseguraron que se estaban preparando activamente para el despliegue de la tecnología 5G con las siguientes estrategias:

• Inversión en infraestructura de red: El ICE ha invertido en reforzar su red principal, su red de transporte y su infraestructura de fibra óptica, incluyendo tecnología DWDM. El objetivo de estas inversiones es crear una red robusta y de alta velocidad, preparada para soportar servicios 5G una vez superados los obstáculos legales^[71].
• FWA: Reconociendo las limitaciones impuestas por las disputas legales, el ICE se ha centrado estratégicamente en soluciones alternativas 5G. La institución ha colaborado con RACSA para desarrollar el proyecto FWA (Acceso Inalámbrico Fijo) 5G, que tiene el objetivo de dar respuesta a las necesidades de las industrias, las ciudades inteligentes y la automatización doméstica (domótica)^[72].
• Énfasis en la educación pública: ICE reconoce la importancia de la concienciación pública y la comprensión de la tecnología 5G y sus beneficios. Tienen previsto poner en marcha iniciativas educativas para informar al público sobre las capacidades, características de seguridad y aplicaciones potenciales de la tecnología 5G^[73].
• Preparación para la adquisición de tecnología 5G: El ICE ya ha preparado un proceso de licitación para la adquisición de equipos e infraestructura 5G. La licitación está diseñada para cumplir con las políticas y regulaciones públicas, asegurando un proceso transparente y competitivo para seleccionar las mejores soluciones 5G para Costa Rica^[74].

Conclusiones

Como cierre vale la pena resaltar lo sucedido con el Expediente Nº 22.596, ya que de manera general, lo que se ha observado durante esta administración, la comisión había mostrado tener un criterio similar sobre los expedientes discutidos. Si bien es cierto que se han presentado diferencias de criterio anteriormente, no se había visto a la comisión tan dividida como en su discusión alrededor de este expediente.

Por otro lado, también llama la atención la vuelta del Decreto N°44.196 a la agenda. Sin embargo, tal como se puede ver por medio de audiencias sostenidas, parece prevalecer la insistencia por parte del gobierno de aplicar dicha normativa sin realizar las modificaciones sugeridas con las consecuencias que esto podría implicar en términos legales y económicos.