Coyuntura global: La reforma judicial de Netanyahu y las fracturas identitarias

Introducción

El sistema político israelí se encuentra en un proceso de crisis interna y debilitamiento sistemático de la democracia. Desde los albores del regreso de Benjamín Netanyahu al poder, Israel se ha visto envuelto en una encrucijada acerca del modus operandi del sistema judicial, lo cual es arena de discusión política. Es por ende que, Tel Aviv ha presenciado meses de protestas y huelgas, en aras de posicionarse en contra de las medidas gubernamentales. Entre las llamas que envolvían los neumáticos derretidos, el personal médico abandonando, los hospitales de la capital, el cierre indefinido del aeropuerto Ben Gurión —el principal de Israel— y el aumento de la fuerza policial, el tejido social del país comienza a fracturarse^[1].

Ahora bien, es innegable que el debilitamiento del andamiaje judicial ha entrado en la mesa de debate y claramente enciende focos de alerta no solo a lo interno del país, sino ante la comunidad internacional. Empero, es inviable no reconocer la complejidad de estas reformas, ya que son permeadas de un pasado histórico, del ascenso más robusto de la extrema derecha, sumado a una nueva coalición nacionalista-religiosa, y una guerra cultural en Israel.

Es así como, en la búsqueda de una comprensión integral de esta crisis, se analizarán las múltiples aristas y narrativas de diferentes actores políticos, con el fin de proporcionar no sólo un recorrido contextual de la situación, sino de vislumbrar el cúmulo de circunstancias internas, que van más allá de las reformas promulgadas por Netanyahu.

Contextualización: Inestabilidad política y divisiones sociales

Para contextualizar, Israel no dispone de una constitución política escrita, por lo que en los años 90 la corte suprema realizó un proceso de judicialización que permitió limitar las acciones de gobierno y legislaciones que infringen el orden jurídico vigente (el cual se establece a partir de las leyes vigentes en Palestina hasta el 14 de mayo de 1948 y las modificaciones emitidas por las autoridades legislativas de Israel). Sin embargo, esto no fue recibido de la mejor manera por algunos sectores de la sociedad israelí, pues se entendía como una oposición a la voluntad popular expresada mediante las elecciones parlamentarias.^[2]

Actualmente Netanyahu ocupa el cargo de primer ministro, tras lograr imponerse en las últimas elecciones efectuadas el 1 de noviembre del 2022. Netanyahu retomó el poder de la mano del partido Likud, que logró hacerse con la mayoría, mediante una coalición formada por el primer ministro, que cuenta con la participación de tres partidos ultraortodoxos y dos partidos nacionalistas religiosos, donde se destacan las disputas ideológicas. Esta se auto calificó como “totalmente de derecha” mientras que Ben Gvir, aliado y líder del partido Poder Judío, en términos racistas, se declara abiertamente antiárabe.^[3]

Por otro lado, la Corte Suprema de Israel se ha visto directamente relacionada con Netanyahu desde su regreso al poder, permitiéndole presentarse a elecciones mientras era investigado por corrupción. El gobierno ha afirmado que la Corte Suprema de Israel es una institución politizada que entorpece anteponiendo los derechos de las minorías con sus acciones, por lo que debe contemplarse una reforma judicial que permita equilibrar la balanza de poder en favor de la Knéset (parlamento israelí) y de esta manera fortalecer la democracia.^[4]

A partir de su vuelta al poder, el Partido Likud y sus aliados se han comprometido a reformar la judicatura del país. Ante esto, los opositores han mencionado que esta acción deformaría el ya establecido y delicado sistema de controles y contrapesos del país. Además de destacar el latente conflicto de intereses que podría presentar el primer ministro Netanyahu al impulsar una reforma al sistema legal, mientras se enfrenta a un proceso judicial en su contra. El gobierno menciona que esto permite agilizar la gobernabilidad ante un poder judicial intervencionista, mientras que la contraparte menciona que es un intento por lograr impulsar sus agendas ideológicas con una menor fiscalización judicial.^[5]

Es así como Israel ha experimentado casi tres meses de protestas masivas desde que se dio a conocer la reforma generando un rechazo social hacia su implementación; paralelamente las manifestaciones han aumentado tras la destitución de Yoav Gallant, ministro de defensa y representante de la seguridad del país, su destitución se da después de haber cuestionado la reforma. El ataque a uno de los miembros más respetables del gabinete por parte de Netanyahu generó la unión de las partes más polarizadas de la sociedad, al tocar una de las pocas áreas de consenso nacional como lo es la seguridad.^[6]

Polémica reforma judicial de Netanyahu

En enero de 2023, el gobierno de coalición de Netanyahu propuso un paquete de tres proyectos de ley orientados a reformar las capacidades del Poder Judicial. Para marzo, la reforma desataría manifestaciones en contra, en el marco de la discusión en el parlamento. La elección de la coalición que llevó a Netanyahu al poder en noviembre de 2022 involucró varios roces con el Poder Judicial israelí, tanto con el mismo Netanyahu como con los demás partidos que conforman la coalición de gobierno^[7]. El constante choque entre la Corte Suprema y los intereses de la coalición conformada por el Partido del Sionismo Religioso, Otzma Yehudit, Judaísmo Unido de la Torá, Noam y Shas, se presenta como una hipótesis factible para explicar las motivaciones de esta reforma.

Los cambios planteados por el gobierno de Netanyahu van orientados a restar poder a la Corte Suprema e incrementar el del Ejecutivo, modificando el proceso de elección de jueces y la capacidad de la Corte Suprema de revisar las leyes emitidas desde la Knéset. Respecto a esta última capacidad, resulta necesario contextualizar algunas particularidades del sistema legislativo israelí. Lo primero es que la materia legislativa está compuesta por dos cuerpos de leyes: las Leyes Fundamentales, que corresponden a la legislación sobre temas centrales en la conformación del Estado de Israel que eventualmente serán convertidas en la constitución política definitiva del país, y las Leyes Ordinarias, correspondientes al resto de leyes y reglamentos^[8].

La reforma planteada por la coalición viene a afectar las capacidades de la Corte Suprema de decidir sobre ambas, incrementando las posibilidades del Ejecutivo y de la coalición en el Parlamento para aprobar legislación. La dinámica es una reacción al bloqueo de la Corte Suprema de las iniciativas más radicales por parte de los partidos conservadores de extrema derecha, referente a los territorios ocupados en Cisjordania que conflictúan con lo estipulado en el derecho internacional^[9]. La Corte Suprema perdería toda posibilidad de emitir criterios para impugnar Leyes Fundamentales y sólo podría hacerlo en el caso de las Leyes Ordinarias, si estas se encuentran en conflicto con las fundamentales. Para este proceso se necesitaría ahora una votación positiva de 12 de los 15 jueces de la corte en lugar de la mayoría simple necesaria actualmente^[10].

El otro cambio relevante en la reforma corresponde al comité encargado de nombrar los jueces en Israel, y que amenaza atentar contra la división de poderes, fundamental en las democracias liberales. Actualmente el comité se encuentra compuesto por tres magistrados de la Corte Suprema, dos representantes del Ejecutivo, dos ministros, dos representantes del colegio de abogados y dos miembros del parlamento. La reforma plantea reducir el número de miembros a nueve prescindiendo de las representaciones del colegio de abogados^[11]. Bajo este escenario, la coalición de gobierno se adjudicaría la potestad de elegir jueces en tanto dominaría el comité al poseer seis de los miembros que lo conforman. El objetivo es generar a largo plazo una transición en la composición del Poder judicial, de un conjunto de jueces con orientaciones más moderadas en torno a temas como la religión o los territorios ocupados, hacia una configuración más acorde a los intereses contenidos en el proyecto político impulsado por la coalición.

Divisiones identitarias a causa de la reforma judicial de Netanyahu 

Las crisis internas a nivel estatal pueden suscitar un cambio en el imaginario colectivo de cada país y este no es un caso ajeno a Israel. No se puede relegar la naturaleza multívoca de los diversos cambios a nivel político, social, institucional y legal al ámbito plenamente tecnocrático, puesto que estas transformaciones han sido acreedoras de una constante: una batalla por la identidad del Estado.

Desde las acusaciones por casos de corrupción, soborno y fraude al primer ministro, Benjamín Netanyahu^[12], se creó un panorama lúgubre y polarizante acerca de las alianzas del mismo en el Parlamento. Éstas se encuentran dentro de la línea política de extrema derecha^[13], lo que de manera inmediata agita posicionamientos ultranacionalistas de los seguidores del gobierno.

Este apoyo supremacista no solo impacta el control a priori de un sistema judicial que promueve una ideología “contraria a la igualación de derechos, a la democracia en sustancia y a los derechos de las minorías”^[14]. Sino que, atraviesa el tejido social  y genera incitaciones racistas, anti palestinas y un peligro a la seguridad de población LGTBIQ+ y árabe, por lo cual es indispensable recalcar el freno que ha impuesto la Corte Suprema, ante el detrimento de los derechos fundamentales y humanos de estos sectores sociales^[15]. Asimismo, este bloque de partidos religiosos extremistas, imponen a nivel identitario no sólo una visión homogeneizadora sobre cómo deberían reducirse los derechos de sectores históricamente vulnerables, sino que implementan un poder simbólico y de coacción a nivel legislativo sobre las elecciones y la libertad de expresión^[16].

Desde otro lente analítico, es imperante vislumbrar el sesgo patriarcal que contiene la reforma judicial y cómo los grupos feministas israelíes se han mantenido en el frente de lucha, ya que dentro de las mismas manifestaciones en contra del paquete de reformas, se ha abandonado el hecho de que se ampliaría enormemente el poder de los tribunales religiosos estatales. Esto implica en un primer plano, la prohibición permanente de mujeres juezas, puesto que la ley judía sería la mayor dirección y orientación jurídica^[17]. Es así como los intentos de la reforma judicial han movido fibras identitarias en la comunidad israelí, creando dos polos que aluden a la extrema derecha: uno que promueve una agenda política desligada de la coalición extrema religiosa, y otro polo que reafirma la puesta en práctica de la Ley Judía, por mencionar una constante discursiva de este grupo de derecha.

Por ende, la promesa de Netanyahu de una nueva reconstrucción del Estado israelí, no es un tema reducido a la élite política y militar, es una guerra identitaria, es una lucha por derechos, es la defensa de una democracia que aparenta ser una quimera. Y uno de los ejemplos más simbólico es la fuerza política árabe, que a causa de la Ley Nacional Judío aprobada en el 2018, discrimina a la población árabe (la cual representa el 20% de la población) e incluso establece servicios básicos como educación, salud y vivienda en condiciones inferiores^[18]. Por lo tanto a la pugna social, que se exacerba con la reforma judicial, no es posible analizarla fuera de la multiplicidad de actores e historia israelí. 

Respuesta y posicionamientos de la comunidad internacional

La reforma judicial de Benjamín Netanyahu en Israel ha sido objeto de un intenso debate en la comunidad internacional. Por un lado, varios países han expresado su apoyo a los esfuerzos de Netanyahu para brindar más transparencia y rendición de cuentas al sistema de justicia de Israel. Los defensores argumentan que esta reforma ayudará a reducir la corrupción y fortalecerá la democracia en Israel. Sin embargo, otros países han expresado su preocupación por las posibles implicaciones para las libertades civiles y los derechos humanos en el país, así como su impacto en la estabilidad regional^[19].

Por un lado, están quienes creen que las reformas propuestas por Netanyahu conducirán a un mayor control del gobierno sobre las decisiones de los jueces, lo que probablemente socavará la toma de decisiones. Francia ha hecho hincapié en el debilitamiento de los pesos y contrapesos entre los poderes del Estado, indispensables para el buen funcionamiento de una democracia^[20]. Esta opinión es compartida por muchos miembros de la UE que temen que pueda conducir a una erosión de las libertades individuales, como la libertad de arresto o detención arbitraria sin el debido proceso garantizado por convenciones de derecho internacional como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (ICCPR)^[21]. Además, les preocupa que pueda desestabilizar la política de Medio Oriente al desviar el poder de los sistemas legales establecidos, hacia políticas con resultados impredecibles y que esto sobrepase las fronteras si se adoptan ampliamente en toda la región reformas judiciales similares.

Sin embargo, por otro lado, los partidarios afirman que esta iniciativa en realidad aumentará la confianza pública en el sistema de justicia a través de medidas de supervisión mejoradas y, al mismo tiempo, reducirá las demoras burocráticas a menudo asociadas con procedimientos judiciales lentos; en última instancia, conduciendo no solo a una mayor eficiencia sino también a un mejor acceso a los servicios de justicia^[22]. Señalan cómo las leyes actuales pueden verse desactualizadas ya que fueron escritas hace décadas cuando existían circunstancias muy diferentes a las actuales. Como resultado, estos cambios deberían permitir que los tribunales respondan mejor a las necesidades cambiantes de la sociedad, en lugar de permanecer como un cuerpo estático incapaz de adaptarse a las realidades modernas y, al mismo tiempo, mantener los principios básicos que rigen la ley sobre la cual se fundó la nación.^[23]

Consideraciones finales

En resumen, la reforma judicial propuesta por el gobierno de coalición de Netanyahu en Israel refleja un conflicto más amplio entre las fuerzas de extrema derecha en el gobierno y la corte suprema. La reforma tiene como objetivo reducir el poder de la corte suprema y aumentar la autoridad del Poder Ejecutivo, en particular con respecto a la capacidad de la corte para revisar las leyes promulgadas por la Knéset. También tiene como objetivo cambiar la composición del comité responsable de nombrar jueces, favorecer un gobierno de coalición y, potencialmente, orientar el sistema de justicia en una dirección más conservadora.

El ímpetu detrás de estas reformas parece ser una reacción al bloqueo de la Corte Suprema de las iniciativas radicales de los partidos conservadores de extrema derecha con respecto a los territorios ocupados de Cisjordania. Este conflicto, que atenta contra el derecho internacional, ha creado tensión entre los objetivos del gobierno de coalición y el papel de la Corte como examinadora de las acciones legislativas. Al limitar la capacidad de los tribunales para impugnar las leyes fundamentales y alterar el proceso de designación, la coalición pretende obtener un mayor control sobre el sistema de justicia y alinearlo con los intereses conservadores.

Las consecuencias de estas reformas se extienden más allá de las esferas políticas y legales, afectando el tejido social de la sociedad israelí. Las facciones supremacistas afiliadas a la coalición de gobierno promueven ideologías que van en contra de la igualdad, la democracia y los derechos de las minorías. Este apoyo exacerba las divisiones en la sociedad y conduce a la incitación al racismo y la discriminación contra grupos vulnerables como los palestinos, cristianos, LGTBIQ+ y los árabes. La Corte Suprema ha jugado un papel importante en la protección de los derechos fundamentales y los derechos humanos de estos segmentos de la sociedad, y cualquier disminución de su poder podría representar una amenaza a su bienestar. En general, la reforma judicial propuesta en Israel refleja una lucha más amplia por la identidad y la dirección del Estado. El conflicto entre la agenda conservadora del gobierno de coalición y el compromiso de la corte suprema de defender el estado de derecho y proteger los derechos pone de relieve las profundas implicaciones que estas reformas tienen para la sociedad en su conjunto.

Notas