Desde las páginas de opinión (noviembre-diciembre 2015)

Jaime Gutiérrez recomendó al presidente Luis Guillermo Solís no realizar su viaje a Cuba puesto que no explica convincentemente el fin de dicha gira. Para el columnista, no se justifica el objetivo de "entender" a Cuba puesto que José Figueres Ferrer aportó suficiente información al respecto, en su visita de 1959. Asimismo, Gutiérrez asume que la opinión pública costarricense no cree en las explicaciones del presidente Solís y que las personas confían en el criterio del expresidente Figueres (La Nación, 7/11/2015).

El patrullaje conjunto con Estados Unidos se ha convertido en un tema recurrente en la opinión pública. Armando González se refirió al respecto (La Nación, 15/11/2015), criticando el conjunto de personas que denomina "progresistas" que se oponen al patrullaje con Estados Unidos. Indica que los convenidos de este tipo no son únicos de Costa Rica, existen también en los países fronterizos y en el Caribe.

Ante la llegada masiva de migrantes cubanos a Costa Rica se desató una crisis humanitaria, comentó un editorial de La Nación (17/11/2015). El periódico argumentó que la prioridad de Costa Rica debe ser la protección a las víctimas, aunque el problema tenga ramificaciones políticas, diplomáticas, de seguridad y sociales. Por otro lado, reprueba la represión militar del gobierno nicaragüense al haber impedido la entrada de los migrantes en su territorio. Se sugiere buscar soluciones regionales que incluyan a Cuba, Estados Unidos e instancias internacionales como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y la Organización Internacional de Migraciones.

El 16 de diciembre la Corte Internacional de Justicia falló por los casos entre Costa Rica y Nicaragua, lo cual emitió comentarios antes y después de la fecha. El 9 de diciembre, el canciller Manuel González expuso cuáles son los temas en disputa en un artículo de opinión (La Nación, 9/12/2015). Se habla, en primer lugar, de la ocupación militar de isla Portillos, que incluye las consideraciones sobre el dragado realizado por Nicaragua, el daño ambiental y – nuevamente – los derechos de navegación de Costa Rica. Luego, se incluye la disputa por la ruta 1856, en la que Nicaragua reclama el daño ambienta de Costa Rica al río San Juan. El Canciller destacó el trabajo del equipo jurídico y de instituciones colaboradoras como el Minae, el Ministerio de Seguridad Pública, el ICE, el Instituto Geográfico Nacional, Universidad de Costa Rica, entre otras.

Posteriormente al fallo, un editorial de La Nación (16/12/2015) destacó el fallo como una "victoria". Se felicita a los gobierno de Laura Chinchilla y de Luis Guillermo Solís y de los diplomáticos involucrados por este éxito. Luego se recomienda fortalecer la presencia en la frontera, aumentar la vigilancia e impulsar el desarrollo.

El diputado Ottón Solís se unió a las felicitaciones y recordó la importancia de buscar mantener buenas relaciones con Nicaragua en el futuro (La Nación, 16/12/2015).

El presidente de la República Luis Guillermo Solís también expresó su satisfacción con el resultado, ratificando el compromiso de acatar lo dictado por la Corte de La Haya (La Nación, 17/12/2015).

El señor embajador de Japón en Costa Rica, Mamoru Shinohara, reseñó los 80 años de relaciones entre Costa Rica y el país que representa, destacando algunos de los más importantes frutos de la cooperación (La Nación, 30/12/2015). Algunos de estos son:

• aporte financiero para la construcción de la planta Los Tajos de purificación de áreas residuales;
• donación de equipos para la conservación de bosques al Sistema Nacional de Áreas de Conservación;
• aporte financiero para incrementar el uso de energía geotérmica;
• más de 600 voluntarios japoneses en el marco de las labores de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA);
• promoción de pequeñas y medianas empresas desde JICA.

Finalizando el año, el profesor Daniel Matul analizó la decisión del presidente Solís de suspender la participación de Costa Rica en las instancias políticas regionales, no así de las económicas, sociales o ambientales. El analista entiende dicha decisión motivada no por un cambio de gobierno o escándalos de corrupción en las instituciones centroamericanas sino por "la incapacidad de dicho sistema para ofrecer respuestas a demandas" (La Nación, 31/12/2015).