Medio ambiente y contradicciones en nuestra política exterior

No es necesario remitirse a Hans Morgenthau para saber que no siempre los valores personales de un estadista son congruentes con su política exterior. Pero, ¿qué pasa cuando los intereses nacionales resultan incongruentes entre sí? El presente artículo presenta algunas reflexiones con respecto a la posición de Costa Rica en el plano internacional y de cómo ciertas decisiones en la política doméstica chocan con respecto a la imagen nacional que se propone proyectar en el exterior.

Como informó la prensa nacional y el Boletín N°6 del OPEX, uno de los encuentros del presidente Óscar Arias en su gira oficial en Europa fue con el príncipe Carlos de Inglaterra. La reunión llevada a cabo en Gales tuvo una agenda ecológica, puesto que el Presidente expuso los proyectos Iniciativa Paz con la Naturaleza y A qué sembrás un árbol. Argumentando que Costa Rica tiene un 50% de área boscosa y un 25% de su territorio como área protegida, el Presidente Arias demostró que nuestro país tiene entre sus prioridades el medio ambiente. Además el Presidente “pidió apoyo para promover ante todos los líderes del mundo, la necesidad de luchar contra el cambio climático, la desertificación, la tala indiscriminada de bosques y la desaparición de las especies, entre otros problemas ambientales.” (Diario Extra, 6/9/08).

Existe evidencia empírica para afirmar que, desde hace varios años, una de las bases de la política exterior en nuestro país es la ecología. Desde la administración Rodríguez Echeverría (1998-2002), el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto elaboró una Guía de Política Exterior, que destaca el “Manejo Sostenible del Medio Ambiente”, la importancia de cumplir con acuerdos internacionales en materia del medio ambiente y la promoción internacional de la protección ambiental, dado el prestigio de nuestro país en la materia.

Parte importante de las acciones estratégicas del Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010 “Jorge Manuel Dengo Obregón” (2007) es el Programa de “Paz con la Naturaleza” (4.1.1), que consiste en “promover iniciativas de paz con la naturaleza y los bienes globales […] así como situar a Costa Rica como potencia moral en materia ambiental” (p.105).

Pero la polémica comienza con el Decreto Ejecutivo 34801-Minaet firmado el 13 de octubre por el presidente Óscar Arias y el ministro Roberto Dobles, en el cual se autoriza a la empresa Industrias Infinito S.A. a talar de árboles (“inclusive de las especies que están vedadas”) para que lleve a cabo el Proyecto Minero Crucitas para la extracción de oro, en Cutris de San Carlos. A raíz de esto, el Ministerio Público comenzó una investigación contra los suscriptores del decreto por haber declarado el proyecto “interés público” y de “conveniencia nacional” (La Nación, 22/10/08).

El caso ha sido más que cubierto por la prensa y ha suscitado no sólo reportajes periodísticos sino innumerables columnas de opinión. Más allá de la determinación de la legalidad o constitucionalidad del decreto ejecutivo (de ello se encargarán las respectivas instituciones que ejercen el control horizontal), es importante analizar las repercusiones en el área de relaciones internacionales.

Primero, a nivel de Cancillería, esto implica un cuestionamiento a los fundamentos, valores e instituciones desde los cuales el Ministerio y sus funcionarios desarrollan políticas. Es decir, si se promociona la conservación del medio ambiente -como lo indican las bases teóricas de la política exterior costarricense- existiría un problema moral. De la misma manera que no se espera que el Gobierno de la República Popular de China promueva los derechos humanos (y de hecho muchas personas se escandalizan cuando Estados Unidos lo hace, especialmente por Guantánamo), tampoco es racional aceptar que un país que aprueba y promueve la minería a cielo abierto, sobreponiendo el beneficio económico ante el equilibrio del ecosistema, pretenda ser una “potencia moral en materia ambiental”.

En otras palabras: o se cambian los principios o se cambian las acciones, pero la incoherencia o, en el peor de los casos, la hipocresía, deslegitiman globalmente la posición de una nación. El prestigio de un país atañe no sólo a la administración y su gabinete (hecho pasajero para un observador extranjero) sino también a sus ciudadanos.

En segundo lugar, en materia de compromisos, un Estado cuyas políticas sean tan contradictorias verá mayores dificultades para alcanzar acuerdos (aunque las demás naciones no sean moralmente intachables). Las iniciativas de política exterior relacionadas con la defensa del medio ambiente, aunque bien intencionados (y no dudo que lo fueran), sufrirán mayores dificultades para su implementación.

Se puede incluso señalar un tercer punto, que tiene que ver con el modelo de desarrollo de un país. El desarrollo humano sostenible es indudablemente una aspiración importante. Sin embargo, el desarrollismo económico (modelo de modernización) pareciera imperar al justificar la operación de una mina que -tal como se afirma- traerá desarrollo económico de una localidad, lo cual no es irrelevante, pero estoy seguro que hay muchas más opciones que sean menos perjudiciales para el ambiente (con menores externalidades negativas).

En síntesis, hay muchas políticas que definir y varias contradicciones que aclarar. Pero si hay algo rescatable en este caso, es que tanto la prensa, como la ciudadanía y la sociedad civil son todavía capaces de alzar la voz y ejercer un papel protagónico en la toma de decisiones políticas, más allá del sufragio electoral cada cuatro años.