Desde las páginas de opinión (enero-febrero 2012)
Durante enero y febrero, el tema que desató mayor discusión en las páginas de opinión se refiere a las relaciones entre Costa Rica y Nicaragua.
En La República (4/1/2012), Carlos Denton cuestionó la ausencia de un embajador costarricense en Nicaragua. Para el columnista, la carencia de representación socava la protección de los intereses costarricenses, además que contradice los valores no adversativos de la política exterior de Costa Rica. Es una decisión que podría estar debilitando la institucionalidad diplomática del país.
El canciller costarricense Enrique Castillo explicó que Costa Rica pertenece formalmente al Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) pero no a la Corte Centroamericana de Justicia puesto que el tratado que la validaría nunca fue ratificado. Por lo tanto, esta Corte no tiene competencia ni jurisdicción sobre el país. Sostiene que la Corte Centroamericana es un organismo “politizado” y “parcializado en contra de Costa Rica”. Pero aclara que las actuaciones de la Corte no deberían atentar contra la integridad del SICA ni contra sus “loables fines” (La Nación, 7/1/2012).
En un análisis del politólogo Constantino Urcuyo, se postula que la política exterior de Nicaragua frente a Costa Rica responde a una estrategia del presidente Ortega para adquirir legitimidad. Recuerda que otros han llamado ya la atención sobre la impureza electoral y constitucional que ha sufrido el país nicaragüense recientemente. Respecto a Costa Rica, opina que las decisiones diplomáticas tomadas han sido correctas al defender la soberanía nacional ante la Corte de Justicia Centroamericana. Finalmente reafirma que no se trata de un conflicto de nacionalidades, sino de tácticas políticas a lo interno del gobierno nicaragüense (La Nación, 9/1/2012).
Un editorial de La Nación (10/1/2012) desestimó las declaraciones de Edén Pastora sobre el daño ecológico que causaría la construcción de la carretera costarricense, paralela al río San Juan. La respuesta del gobierno de Costa Rica debe ser de respeto a la resolución pacífica por medio del derecho e indiferencia ante estas precisas afirmaciones de Pastora.
Para el excanciller Bruno Stagno la construcción de la carretera al margen del río San Juan es una respuesta acertada del gobierno costarricense como política de contención, aunque no debería ser la única respuesta (La República, 16/1/2012). En otro artículo (La República, 20/1/2012), Stagno lamentó que ningún diputado de oposición en Nicaragua se opusiera a la agresión a Costa Rica.
Otro editorial de La Nación (28/1/2012) subrayó la inadecuada demanda en la Corte Centroamericana de Justicia sobre la construcción del camino paralelo. Felicita a la Cancillería costarricense por ignorar la posición de la Corte a la que el país no pertenece (La Nación, 28/1/2012).
En concordancia con el canciller Castillo, para el abogado Jorge Cabrera la Corte Centroamericana de Justicia no tiene competencia legal en el caso ambiental planteado contra Costa Rica (La Nación, 8/2/2012).
El expresidente costarricense Abel Pacheco desmintió una declaración del presidente de la Corte Centroamericana de Justicia, explicando que en su periodo de mandato nunca aceptó la jurisdicción de dicha institución regional. Aclara que firmó acuerdos durante reuniones de presidentes del SICA, en las que se hacía mención a las decisiones de la Corte hacia Nicaragua. Pero ello no implicaba la aceptación del órgano en Costa Rica (21/2/2012).
En otros temas, el representante alterno de Costa Rica ante la OEA, Danilo González, destacó el compromiso de Costa Rica en la defensa de los derechos humanos en el sistema interamericano. Específicamente se ha apoyado el reconocimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como órgano principal de la OEA en materia de derechos humanos. También se ha respaldado la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. El país también ha realizado recomendaciones para el fortalecimiento y expansión del sistema de derechos humanos (La Nación, 17/1/2012).
El exembajador Óscar Álvarez examinó las razones sobre el giro diplomático con el cual Costa Rica rompió relaciones con Taiwán y las estableció con China. Los argumentos, en general, apuntan hacia el realismo político: intereses comerciales. Pero también se plantea como una decisión estratégica de Arias y Stagno para alcanzar el puesto del Consejo de Seguridad. Se buscaba también el apoyo de China para ingresar al organismo de la cuenca pacífica denominado APEC. Además el gobierno lograría, a lo interno, satisfacer a algunos grupos empresariales. El autor supone que el secretismo en torno a la elección motiva aún más a buscar la verdadera razón de fondo (La Nación, 20/2/2012).
En otra columna, el excanciller Stagno comentó también sobre el doble veto aplicado a la resolución del Consejo de Seguridad que condenaba al régimen de Assad. Considera que hay antecedentes que permitirían adoptar medidas colectivas pacíficas para sobrepasar el veto. El articulista cree que Costa Rica, entre otros países, debería impulsar una propuesta de este tipo (La República, 13/2/2012).