Comisión Permanente Especial de Relaciones Internacionales y Comercio Exterior (diciembre 2024-febrero 2025)

Durante las cinco sesiones que tuvieron lugar durante el trismestre que comprende los meses de diciembre 2024 y enero y febrero 2025, la Comisión Permanente Especial de Relaciones Internacionales y Comercio Exterior discutió con profundidad el Decreto N°44.196 sobre las medidas de ciberseguridad para la implementación de tecnología 5G y superiores en el país. Abarcando desde la implementación de esta nueva forma de tecnología en el país, hasta cómo las acciones y posición que ha sido tomada desde el Ejecutivo podrían llegar a debilitar las relaciones comerciales y de cooperación con la República Popular de China. Esta sección se divide en los apartados de 1) Modificaciones de Fondo, en el cual se hace un recuento de las mociones presentadas por medio del Artículo 137 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, 2) Proyectos de Ley, en el cual se abarcan los proyectos que se introducen a la comisión para su evaluación, y por último, el apartado 3) Proposiciones varias, apartado en el que se desarrolla la discusión alrededor de la implementación de 5G en el país.

Modificaciones de fondo

Durante el periodo estudiado la comisión sometió a votación un total de dos mociones por medio del Artículo 137, dichas mociones fueron propuestas por el diputado Luis Fernando Mendoza Jiménez, sobre el Expediente Nº24474. La primera de ellas tuvo como finalidad, la modificación del artículo 2 del proyecto de ley en discusión, el cual se pretendía que tuviera la siguiente estructura: 

 “La República de Costa Rica hace reserva al artículo 16 del Convenio internacional para prevenir la contaminación por los buques, 1973 (Convenio MARPOL); en el sentido de que las enmiendas aprobadas conforme al procedimiento ahí descrito tendrán vigencia en el país, cuando se consideren protocolos de menor rango derivados del Convenio en los términos que establece nuestra Constitución Política. En el caso de enmiendas sustanciales, tendrán vigencia una vez que hayan sido aprobados de conformidad con los procedimientos establecidos en la Constitución Política de la República de Costa Rica y el marco legal existente que garantizan a todos los ciudadanos el derecho a un ambiente sano y equilibrado.”^[1]

Sin embargo, algunas de las diputaciones manifestaron su desacuerdo con dicha moción debido a irregularidades que presenta en relación con las competencias del Poder Ejecutivo y Legislativo. Debido a que como estipula la Constitución Política de Costa Rica, en el artículo 140 inciso 12, es competencia del Poder Ejecutivo dirigirlas relaciones internacionales de la República. Por lo tanto, como señaló el diputado Gilberto Campos Cruz, realizar las modificaciones propuestas para este proyecto de ley es improcedente y contrario a lo estipulado; por ende, es inconstitucional la petición hecha por el diputado Mendoza. 

Al respecto, la Asamblea Legislativa posee competencias que le permiten influir en la dirección de las relaciones internacionales de Costa Rica según la normativa nacional. En particular, su función no se limita a aprobar o rechazar convenios o tratados internacionales, sino que la Asamblea cumple un rol fundamental en la conversión del derecho externo en derecho interno mediante el proceso de ratificación. Sin embargo, este requiere de un procedimiento específico para integrar una norma internacional al ordenamiento jurídico nacional. Finalmente el diputado Manuel Morales Díaz, secundó el comentario previo de Gilberto Campos. Añadiendo que la Constitución política ya tiene contemplada la garantía a un ambiente sano y equilibrado para los ciudadanos por lo que está de más añadir algo de una naturaleza similar. Luego que darse por discutida la moción, se procedió con la votación, dejando resultado 2 votos a favor y 5 en contra, por lo que la moción se rechazó^[2].

En cuanto a la segunda moción presentada, esta tuvo como objetivo añadir un artículo 3 al proyecto de ley, el cual establecía que una vez entrado en vigor el acuerdo, Costa Rica sería objeto de cooperación y apoyo internacional de los países miembros^[3]. Sin embargo, los comentarios de las personas diputadas sobre esta moción poseen la misma justificación que previamente se señaló, la inconstitucionalidad de las propuestas, y la violación del principio de separación de poderes. Al igual que la votación anterior, la moción fue rechazada, teniendo como particularidad común, la votación a favor del diputado proponente de la moción, y el diputado Alejandro Pacheco Castro^[4].

Proyectos de Ley

1. Expediente Nº24.740. Ley de modificación de los artículos 2 y 3 de la Ley N°9751 del 29 de octubre de 2019, para introducir el convenio para evitar la doble imposición de Costa Rica con Emiratos Árabes Unidos como convenio cubierto.

Este proyecto ingresó a la comisión y fue asignado a la subcomisión compuesta por los diputados Alejandro Pacheco Castro, Fernando Mendoza Jiménez y Gilberto Campos Cruz. 

2. Expediente Nº247.83. Aprobación del segundo protocolo adicional al convenio sobre la ciberdelincuencia, relativo a la cooperación reforzada y la divulgación de pruebas electrónicas.

Al igual que el proyecto anterior, este entró nuevo a la comisión durante el periodo de estudio y se le asignó a la subcomisión compuesta por las diputaciones Óscar Izquierdo Sandí, Daniel Vargas Quirós y Sofía Guillén Pérez.

Proposiciones varias

Audiencia con el Ministro de Relaciones Exteriores, Arnoldo André Tinoco, y al Viceministro de Asuntos Multilaterales, Alejandro Solano Ortíz.

El objetivo principal de esta audiencia fue rendir cuentas del desempeño de las representaciones de Costa Rica en el septuagésimo noveno período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que tuvo lugar en septiembre de 2024^[5]. Durante su participación los ministros aclararon que la delegación costarricense sostuvo más de setenta reuniones, mediante las cuales se reiteró el compromiso del país con una agenda de paz, sostenibilidad y desarrollo por a través del multilateralismo^[6]. El Ministro además, destacó la importancia de los logros alcanzados, como ser anfitriones de conferencias internacionales relevantes, como representación de la consolidación del posicionamiento de Costa Rica en su política exterior^[7]. Según lo expuesto por el ministro, Costa Rica fue partícipe de diversas discusiones en las que se abordó la necesidad de una respuesta coordinada ante las actuales crisis globales. El ministro mencionó que las principales temáticas abordadas fueron el aumento de las tensiones geopolíticas, el aumento de criminalidad y narcotráfico en la región latinoamericana, la fragilidad del sistema de seguridad conjunta y la exigencia de que las regiones en conflicto respeten sus obligaciones ante el derecho internacional^[8].

En relación con las violaciones de los derechos humanos y los principios del derecho internacional, el ministro destacó la situación crítica en países como Venezuela y Nicaragua, donde se han reportado serias infracciones a los derechos democráticos, destacando la crisis migratoria y el trato de los apátridas^[9]. Además, el ministro mencionó que Costa Rica condenó las prácticas autoritarias en estos países y enfatizó la necesidad de un enfoque colectivo y sostenible para resolver estas crisis. Bajo la misma idea de afrontar las crisis globales desde un enfoque unificado, el ministro mencionó la necesidad de implementar estrategias cooperativas para la eliminación de amenazas como el narcotráfico y el crimen organizado, resaltando que el desmantelamiento de estas redes y sus operaciones es únicamente posible con un acercamiento multilateral^[10].

Sin embargo, lo que más llamó la atención en la audiencia fue el tema de la tecnología, específicamente la ciberdelincuencia. Este asunto parece haber sido introducido estratégicamente por el diputado José Pablo Sibaja^[11], ya que, aunque no formaba parte de los temas abordados inicialmente por los exponentes, pero su pregunta sobre el borrador para la ciberseguridad de la ONU, logró posicionarlo como el eje central del resto de la discusión. A lo largo de los últimos meses Costa Rica ha estado participando en discusiones que buscan establecer contratos internacionales vinculados a la ciberseguridad y la regulación del uso de tecnología. Esto ha sido visto como una medida esencial para proteger tanto a la ciudadanía como a la infraestructura crítica del país.

En relación con lo anterior el Ministro de Relaciones Exteriores, Arnoldo André Tinoco, hizo referencia al “Pacto Mundial Digital” adoptado por la Asamblea General de la ONU, como parte del “Pacto del Futuro”^[12] que contempla la regulación y previsibilidad de la inteligencia artificial (IA) como un tema cada vez más relevante en el marco de la ciberseguridad. El pacto busca orientar a los países hacia el diálogo y la cooperación, en lugar de la coerción, destacando la importancia de inversiones políticas y financieras en estrategias que ayuden a prevenir desafíos relacionados con nuevas tecnologías. Se resalta que este pacto no compromete derechos constitucionales ni impone medidas concretas a Costa Rica, sino que se plantea como una guía para el acceso a cooperación internacional, sugiriendo que el país deberá prepararse para integrar estas tecnologías de forma segura y ética en su desarrollo, para lo cual según lo mencionado por el ministro se logrará por medio de la redacción de un “Tratado de Ciberseguridad”^[13].

En el contexto del debate sobre la implementación de la tecnología 5G en el país, este dato cobra relevancia, ya que podría definir el rumbo de la cooperación tecnológica. No obstante, la decisión sobre esta cooperación parece estar influenciada por intereses externos; esto se refleja en la inclusión del Acuerdo de Budapest como criterio de referencia y en la omisión del Ejecutivo ante las sugerencias técnicas de diversas instituciones consultadas, aspectos que, como se analiza en otras entregas de este Boletín^[14], generan dudas sobre los verdaderos intereses detrás de las medidas adoptadas hasta el momento.

Audiencia con el representante de la compañía Claro Costa Rica: el Gerente de Asuntos Regulatorios e Interconexión, Andrés Oviedo Guzmán

En cuanto a la audiencia con el señor Andrés Oviedo, se tuvo como eje transversal el tópico del 5G en Costa Rica. Sin embargo, el acta de la sesión muestra que la interpelación de las diputaciones se enfocó -en su mayoría- a consultas técnicas de infraestructura física y las distintas plataformas existentes para el desarrollo de esta tecnología en el país^[15], por lo que los otros factores que intervienen en este debate se dejaron un poco de lado.

En adición, el representante de Claro expresó su inconformidad por lo que consideró en la audiencia como unas licencias experimentales de 5G restrictivas^[16]. Lo cual a su criterio y experiencia narrada ha hecho que el país no solo vea reducida su competitividad, sino además que se han materializado pérdidas cuantiosas en negocios que podrían haber sido desplegados en Costa Rica, pero que, a criterio del señor Oviedo, debido a la naturaleza de los permisos experimentales, los agentes económicos interesados se vieron obligados a establecer sus operaciones en otros países de la región^[17]. Como ejemplifica al exponer que “una empresa que quería hacer pruebas en el país, porque tenía un negocio, creo que era en Asia, en Qatar o por ahí, que tenía un negocio, pero requería hacer las pruebas. Yo le dije, con nosotros no las puedes hacer"^[18]. Por último, se subraya que para el señor Andrés Oviedo la implementación de tecnologías 5G mostrarán mayores ventajas a nivel industrial, por encima de otros sectores. Según subrayó, sí existiría mejora en los servicios ofrecidos a usuarios, como aumento de las velocidades de descarga y carga. No obstante, es en el internet de las cosas, que permite la interacción entre una cantidad diversa de dispositivos empleados en variadas plataformas, lo que mayor ventaja traerá para la producción industrial. Por ello, urgió a la relevancia de tomar una decisión país para implementar dicha tecnología lo más pronto posible, pues anota que “en el 2014, ya habían países que estaban desarrollando dispositivos de internet de las cosas"^[19].

Audiencia con la auditora general del ICE, Sofía Machuca Flores

Durante su exposición ante la Comisión de Relaciones Internacionales, la auditora Sofía Machuca Flores alertó sobre los graves riesgos que enfrenta el ICE ante el retraso en la implementación de la tecnología 5G. Con datos contundentes, reveló que “en los últimos cinco años, el ICE ha perdido un valor de treinta mil ciento sesenta y nueve millones aproximadamente en el sector de telecomunicaciones"^[20], evidenciando una clara tendencia de decrecimiento en su capacidad financiera.

El análisis presentado fue aún más contundente al proyectar el impacto futuro: “según información suministrada por el mismo presidente ejecutivo del ICE, se visualiza que en caso de no implementar 5G, el ICE estaría dejando de percibir doscientos ochenta y nueve millones de dólares por el retiro de clientes”^[21]. Esta alarmante proyección se sustenta en estudios de mercado que anticipan una migración masiva de usuarios hacia operadores privados.

La auditora fue enfática al señalar la urgencia de actuar: “5G no es una moda, viene a traer una revolución en los ingresos y en la estructura de ingresos del ICE"^[22], destacando su potencial para soportar nuevos modelos de negocio en áreas como telemedicina, robótica y fábricas inteligentes. Sin embargo, criticó la falta de avances concretos: “A hoy sigue en la mesa de dibujo qué va a hacer el ICE con 5G. Hay planes, hay propuestas, propuestas van, propuestas vienen. A la fecha no hay nada concreto"^[23].

Diputados como Sofía Guillén Pérez cuestionaron duramente las decisiones del Poder Ejecutivo: “Telcos tendrá cinco años para migrar a nuevos proveedores... pero ¿por qué solo se aplica esta flexibilidad a operadores privados?”^[24], citando declaraciones contradictorias de la Ministra de Ciencia y Tecnología. La auditora confirmó esta asimetría regulatoria: “El Decreto impone un esquema que nos haría duplicar la infraestructura... mientras otros operadores avanzan con interpretaciones favorables”^[25].

Ante las denuncias de irregularidades en contrataciones anteriores, Machuca Flores aclaró: “Existen seis expedientes interpuestos por esta auditoría ante la Fiscalía... incluida una investigación sobre dación en pago con equipos obsoletos"^[26], aunque evitó generalizar sobre todos los contratos de 4G.

La conclusión fue lapidaria: “De conformidad con lo que vimos y el avance que tiene la competencia, nosotros para el 2026 ya estaríamos fuera de mercado”^[27]. Esta advertencia fue respaldada por diputados como Óscar Izquierdo, quien señaló: “Estamos ante las puertas de la desaparición del ICE como lo conocemos^[28]”, enfatizando que el debate trasciende proveedores específicos y afecta al patrimonio nacional.

Audiencia con el director jurídico de la empresa Liberty, José Alberto Gutiérrez Salazar, y el director de comunicaciones de la empresa Liberty el señor José Pablo Rivera Ibarra.

Esta audiencia tuvo como objetivo profundizar en las implicaciones en materia de costos y consecuencias asociados con la implementación del Decreto N.º 44196-MSP-MICITT, así como el impacto del atraso en el desarrollo de la tecnología 5G en Costa Rica. A lo largo de su exposición, el señor Alberto Gutiérrez Salazar destacó el compromiso de Liberty con el desarrollo de infraestructuras de telecomunicaciones avanzadas, tanto en redes móviles como fijas, argumentando que esto es fundamental para reducir la brecha digital en Costa Rica^[29]. En este sentido, resaltó que la tecnología está estrechamente relacionada con el desarrollo del capital humano y la creación de nuevas oportunidades de negocio, lo que contribuye significativamente a la competitividad del país^[30].

Por su parte el señor José Pablo Rivera Ibarra, quien también participó de la audiencia, brindó detalles sobre los estándares de ciberseguridad que aplica Liberty en sus operaciones^[31]. En este sentido mencionó que la compañía ha recibido certificaciones y reconocimientos internacionales por su área corporativa de ciberseguridad, lo que le ha permitido operar sin incidentes en esta área hasta el momento^[32]. Además, durante su participación, José Pablo Rivera subrayó que desde la empresa se expresó entusiasmo por participar en la subasta de espectro que posibilitará la expansión de la tecnología 5G en Costa Rica^[33].

Uno de los puntos cruciales de la discusión fue la percepción compartida de varias diputaciones e incluso las personas expositoras de que el Decreto que regula el desarrollo de la tecnología 5G en el país podría estar limitando el avance tecnológico por motivos que no son necesariamente técnicos^[34], lo que queda claro con una de las intervenciones de la diputada Johanna Obando, quien mencionó sobre el decreto en discusión que este “efectivamente está favoreciendo ciertos capitales, ciertas empresas y ciertos proveedores cuyo nombre no mencionaré…hecho a la medida que no se sostiene técnicamente porque lo que quiere es excluir, sí, efectivamente a una gran potencia en esta guerra que no es  geopolítica sino geotecnológica, China y Estados Unidos, y hay que decirlo abiertamente”^[35], desde una visión analítica, esta declaración así como la percepción de que la decisión está siendo tomada por motivos políticos e intereses económicos ajenos al país, sugiere una posible alineamiento que prima intereses ajenos por parte del Ejecutivo. Además, al señalar intereses particulares y conflictos entre potencias (como China y EE. UU.), se enmarca el tema en un conflicto geotecnológico, lo que amplifica su relevancia estratégica.

La discusión que se sostuvo a lo largo de la audiencia con los representantes de Liberty evidenció la importancia de la colaboración entre el sector privado y las autoridades públicas para asegurar que Costa Rica avance en la implementación de tecnologías avanzadas como la 5G. Desarrollo que según el señor Alberto Gutierrez Salazar le permitirá al país “generar mejores condiciones de negocio, desarrollar el capital humano” teniendo con esto un impacto positivo en la brecha digital y promoviendo el desarrollo sostenible en la nación^[36].

Convocatoria a próximas audiencias

En la sesión del 22 de enero de 2025, se aprobó una moción presentada por el diputado Luis Fernando Mendoza Jiménez para convocar a audiencia al Ministro de Relaciones Exteriores, Arnoldo André Tinoco, y a la Ministra de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, Paula Bogantes Zamora^[37]. El objetivo era discutir las declaraciones de la embajadora de China en Costa Rica, Wan Xiaoyao, quien sugirió que el país ya no estaba interesado en la cooperación tecnológica con China. La moción fue aprobada por unanimidad debido a la importancia de las relaciones comerciales con China^[38]. Sin embargo la rivalidad entre ambos bloques geopolíticos, China y Estados Unidos, fue un tema que resonó a lo largo de la discusión, ya que a pesar de que la decisión sobre la implementación de la tecnología 5G en Costa Rica debería ser tomada con base en observaciones técnicas, es innegable que el accionar de país tendrá un peso político importante, llegando a afectar la política exterior del mismo, tanto a nivel comercial como diplomático, esto debido a la importancia estratégica que tiene este tema en la política exterior del país, ya que atraviesa temas comerciales y diplomáticos de interés.

Posteriormente, se debatió la posibilidad de convocar también a la embajadora china para que se refiriera a sus declaraciones. Sobre esto, el diputado Daniel Vargas Quirós argumentó que la Asamblea Legislativa no tiene competencia en relaciones internacionales y que esta tarea le corresponde al Ejecutivo^[39]. En esta misma línea se mencionó que la citación podría aumentar las tensiones con China y afectar la diplomacia. Finalmente la moción fue aprobada con un total de 5 votos a favor y 1 en contra^[40].

Por otro lado, se propuso también llamar a audiencia a representantes de la Unión Europea y Estados Unidos, mociones apoyadas por diputados como Sofía Guillén y Gilberto Campos, quienes respaldaron la necesidad de dichas audiencias para analizar la política exterior del gobierno en la coyuntura actual. A lo largo de esta segunda discusión se logra identificar una clara preocupación ante la incertidumbre que genera para nuestro país un nuevo mandato de Donald Trump^[41]. Dicha moción también fue aprobada con un total de 5 votos a favor y 1 en contra. En ambas ocasiones el único diputado en contra de las mociones fue el diputado Daniel Vargas Quirós^[42].

Tomando en cuenta la coyuntura del país alrededor de la implementación de la tecnología 5G, y la polarización que este tema acarrea, esto debido a su peso en materia de relaciones exteriores, será relevante observar cómo se desarrollarán dichas audiencias, ya que, como fue expuesto anteriormente, a pesar de que no es un secreto que este es un tema de gran importancia para las relaciones que mantiene nuestro país con otras naciones como China y Estados Unidos, es la primera vez que el tema se estará abordando desde la perspectiva política. Razón por la cual las discusiones y argumentos que surjan a raíz de estas, serán de suma importancia, no únicamente para determinar el futuro del país en cuestiones de innovación tecnológica, alianzas internacionales y otros, sino a su vez para identificar de una manera más clara los posicionamientos de los integrantes de la comisión ante este proceso decisorio.

Audiencia con el ministro de Relaciones Exteriores y Culto Arnoldo André Tinoco, ministro de comercio exterior Manuel Tovar Rivera, ministra de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, Paula Bogantes Zamora.

Estas audiencias contaron con la particularidad de que, a pesar de que el ministro de relaciones exteriores y la ministra de ciencia tecnología y comunicaciones fueron citados de manera conjunta para referirse sobre las declaraciones de la embajadora de China en Costa Rica, mientras que el ministro de comercio exterior fue llamado para hacer referencia de sus declaraciones en la red social “X” sobre la apertura comercial del país^[43]. El diputado Luis Fernando Mendoza, presidente de la comisión, decidió hacer pasar al ministro de relaciones exteriores y al ministro de comercio exterior de manera conjunta, para posteriormente atender a la ministra. La justificación para este accionar dada por el diputado Mendoza fue la similitud de ambas carteras sobretodo en cuanto al tema se que pretendía discutir^[44]. En este orden, los dos primeros comparecientes, el señor Arnoldo André Tinoco y el señor Manuel Tovar Rivera, se refirieron a las declaraciones de la embajadora de China en Costa Rica. La embajadora de China ante Costa Rica, Wang Xiaoyao había expresado la percepción de que:

“Con Costa Rica tenemos relaciones diplomáticas muy saludables desde hace 17 años, incluso en el área de tecnología, pero de un tiempo para acá, a propósito del tema 5G, todo se ha visto frenado (…) Tenemos suficiente evidencia tecnológica y científica para defender la tecnología asiática, pero no hemos podido explicarla. Me da la impresión de que Costa Rica no quiere tener cooperación científica y tecnológica con China, ya que en los últimos años no hemos celebrado la comisión mixta para fijar los sectores clave para la siguiente fase de cooperación”^[45]

Ante esto, el ministro Arnoldo André Tinoco hizo énfasis en el interés del gobierno de buscar mantener buenas relaciones con China. También comentó que ambos Estados están recientemente sobrellevando una revisión del portafolio de proyectos chinos en Costa Rica, así como otros proyectos planteados por parte de Costa Rica a China^[46].

Por su parte, el ministro Manuel Tovar fue cuestionado por aseveraciones realizadas a través de su perfil en la red social X, posteadas tres días después de las declaraciones de la Embajadora Wang, en las que este menciona: “Toda inversión que vaya en contra de estos principios y que procure obtener beneficios mediante tentaciones deshonestas no serán consideradas en beneficio de los costarricenses”^[47]. A lo cual, las diputaciones presentes buscaban entender si estas palabras eran una respuesta directa a lo dicho por Wang y aunado a esto, tratar de entender a qué tentaciones deshonestas se refería, pregunta frente a la cual el ministro mantuvo una posición un tanto hermética, argumentando que su opinión se dirige a cualquier empresa que use este tipo de prácticas, señalando así que no necesariamente se refiere a una empresa en concreto. 

También se abordó lo ocurrido con la empresa Huawei recientemente en el país, en la que ésta organizó una fiesta a la que algunos funcionarios asistieron. Lo que el ministro Tovar calificó como inapropiado^[48]. Esto debido a acusaciones que se le han hecho a la empresa, con respecto a temas de sobornos en otros países, sin embargo, el ministro no profundizó más en este posicionamiento. Aunado a esto, se discutió sobre la tecnología 5G y la visión que se tiene sobre ésta en materia de ciberseguridad, protección de datos y la desconfianza que se ha generado por parte de algunos sectores hacia empresas provenientes de China en materia tecnológica.

Asimismo se habló de las declaraciones brindadas por el Secretario de Estado de los Estados Unidos, durante su visita en el país el pasado mes de febrero^[49]. En aquella ocasión Marco Rubio señaló que “Vamos a procurar trabajar en colaboración con ustedes (Poder Ejecutivo) para identificar a estas personas que aprovechan su cargo en el Gobierno para socavar los intereses del pueblo y a favor de los actores maliciosos”^[50] .Finalmente, tras estas palabras, los diputados realizaron la consulta a los ministros presentes sobre si dichas declaraciones pueden considerarse o no, desde su óptica, como injerencia política, y si esto es o no una señal de alerta para la soberanía costarricense, a lo que estos respondieron que esas son declaraciones realizadas por el secretario de Estado, razón por la cual no les correspondía emitir una opinión al respecto.

 Posteriormente, se procedió con la audiencia dirigida hacia la ministra de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, Paula Bogantes Zamora, durante la cual se tocaron temas similares, como la implementación de la red 5G en el país. A lo cual la ministra comentó que este en particular parece ser el objetivo principal de China actualmente durante las reuniones llevadas a cabo con estas autoridades, razón por la cual, esta argumenta que no se ha podido avanzar en otros temas de interés durante las mismas. ^[51].

Por su parte, la diputada Sofía Guillén hizo mención de una publicación realizada por el Semanario Universidad, en las que se menciona que El MICITT y Casa Presidencial han mantenido reuniones con la empresa Cisco, encargada de la venta de equipo en telecomunicaciones.  Por lo cual la diputada señaló que ello no parecía ser solamente una negociación con una empresa tecnológica, sino que podría tener un trasfondo más político;

“Para mí es inevitable pensar que hay una disputa geopolítica detrás, en donde hay empresas de una potencia enfrentándose a empresas de otra potencia, mi mayor preocupación es cómo hacemos para garantizar, en este caso el Micitt, que ciertamente exista objetividad o neutralidad al definir proveedores^[52]”, apuntó.

Ante esto, la audiencia se dirigió un poco más en torno a las tensiones a nivel tecnológico existentes entre Estados Unidos y China. Pugna en la cual el país norteamericano ha ido limitando el acceso de empresas como Huawei en el mercado estadounidense, por medio de bloqueos y sanciones^[53]. Finalmente, también se hizo mención del Decreto de seguridad en redes 5G, el cual, “se establece tomando en cuenta parámetros de riesgo, y ante todo, asegurando la protección de un tema de seguridad nacional, que incluye ciertamente la protección del dato y la ciberseguridad y seguridad de nuestras redes, y de telecomunicaciones en general”^[54], argumentó la Ministra. Asimismo, se mencionó cómo este decreto fomenta las prácticas competitivas de ciertas empresas al tiempo que limita estas mismas prácticas en otras.

Conclusiones

Las sesiones sostenidas durante los meses de diciembre, enero y febrero reflejan una coyuntura compleja tanto a nivel político como económico, en la que convergen intereses nacionales, presiones de agentes externos tanto a nivel comercial como diplomático y sobre todo el futuro del desarrollo tecnológico del país. En este escenario la implementación de la tecnología 5G deja de ser una decisión exclusivamente técnica o de infraestructura, en cambio se convierte en una decisión estratégica que compromete el futuro de la política exterior y la competitividad del país tanto a mediano como largo plazo. Si bien la implementación de la tecnología 5G en el país es un tema que debe ser resuelto con prontitud, debido a que no avanzar en su adopción implica un rezago frente a otras economías de la región y limitaría el desarrollo principalmente en la industria de servicios digitales y la educación, sin mencionar un agravamiento de la brecha digital, además de que puede potencialmente desalentar la inversión extranjera directa; es una decisión que no se puede tomar con ligereza.

En cuanto al aspecto político que presenta esta discusión, se han vuelto evidentes las tensiones geopolíticas entre modelos de cooperación ofrecidos por China y Estados Unidos, revelando cómo la toma de decisiones en esta materia está atravesada por intereses divergentes dentro del Ejecutivo, del Legislativo y del sector privado. En este sentido, las próximas audiencias serán clave para evaluar no solo los aspectos técnicos, sino también para comprender con mayor profundidad cómo se alinearán los diferentes actores involucrados. La decisión que sea tomada en torno a este asunto no se limita a la modernización de las telecomunicaciones sino que moldeará la política exterior y el desarrollo tecnológico del país.