Comisión Permanente Especial de Relaciones Internacionales y Comercio Exterior (marzo-abril 2024)

Para los meses de marzo y abril, la Comisión Permanente Especial de Relaciones Internacionales y Comercio Exterior sesionó únicamente en cuatro ocasiones. Las discusiones de este periodo se concentraron en proyectos de ley que ya se encontraban en estudio por la comisión. Durante este periodo se atendieron tres proyectos de ley; dos de ellos contaron con comparecencias de carácter consultivo, mientras que para el tercer proyecto de ley atendido se presentó el dictamen de subcomisión y se votó por el fondo para que este finalmente fuera remitido al plenario. También llama la atención que durante este periodo se retomó la discusión que atañe al Decreto Ejecutivo N°44.196, Reglamento sobre medidas de ciberseguridad aplicables a los servicios de telecomunicaciones basados en la tecnología de quinta generación móvil (5G) y superiores en el país.

1. Sobre la agenda de la Comisión

Proyectos de ley

• Expediente N°24117. Reforma al Artículo 2 de la Ley 9430 “Aprobación del protocolo de enmienda del acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio, hecho en Ginebra, el 27 de noviembre de 2014, y su anexo (Acuerdo sobre facilitación del comercio) para la inclusión del Ministerio de Economía Industria y Comercio y la Cámara de Comercio de Costa Rica en el Consejo Nacional de Facilitación del Comercio

Respecto a esta discusión, se mantuvo una audiencia con el Ministro de Comercio Exterior. En primera instancia la audiencia del señor Ministro de Comercio Exterior, Manuel Tovar Rivera, se centró en un recorrido sobre el origen del Consejo Nacional de Facilitación de Comercio (CONAFAC), inscrito al órgano colegiado del Ministerio de Comercio Exterior (COMEX), mediante la Ley N.°9430^[1]. Esto le da la potestad de coordinar procedimientos y proyectos relacionados con el mejoramiento del comercio exterior y por consiguiente de las exportaciones e importaciones.

Seguidamente destacó el papel de la Cámara de Comercio de Costa Rica y del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) en el desarrollo del sector comercial del país. Y afirmó que, por lo tanto, la inclusión de estas dos instituciones enriquecerá la discusión del proyecto, e instó a las diputaciones a incluir a estos en la discusión^[2]. 

Posteriormente el diputado Manuel Morales Díaz, mediante la moción N.°01-23, buscó que se consultara el expediente en discusión al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, el Viceministerio de Gobernación y Policía, el Viceministerio de Agricultura y Ganadería, el Viceministerio de Obras Públicas y Transportes, el Viceministerio de Salud al Viceministerio de Seguridad, y a la Dirección General de Aduanas^[3]. Esta moción fue votada afirmativamente.

• Expediente Nº22596. Aprobación del Protocolo Adicional al Convenio entre el Gobierno de Costa Rica y la Universidad Para La Paz relativo a la sede de la Universidad.

Para este expediente, se aprobó unánimemente con siete votos una moción del diputado Gilberto Campos Cruz para convocar al señor Manuel González Sanz, exministro de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica, a comparecer ante la subcomisión^[4]. La razón principal de la convocatoria fue abordar la legalidad de los pagos anuales realizados desde 2015 a la Universidad para la Paz; ya que la ampliación del Convenio que establece la contribución económica a la Universidad no ha sido aprobada por la Asamblea Legislativa^[5]. Según explicó el diputado Campos, con esta audiencia se le daría al exministro la oportunidad de “explicar, no solamente las razones que dieron origen…al monto que se decidió en aquel momento; sino también a las razones por las cuales el Estado de Costa Rica…[inició] los pagos…sin haber tenido la aprobación por parte de la Asamblea Legislativa”^[6].

Posteriormente, el día de la audiencia, el exministro resaltó la importancia del papel que cumple la Universidad para la Paz en el país, en temas tanto académicos, como culturales e incluso de política exterior^[7]. También mencionó que “...pareciera un poquito desalineado con esa importancia que le da el país a la presencia en nuestro territorio de una institución académica como esta, que el mismo anfitrión no colaborara, aunque fuera simbólicamente”^[8]. En este sentido, el exministro definió el aporte económico como una señal del compromiso que sostiene el país con la institución^[9], al igual como había mencionado el rector de la Universidad en su comparecencia ante la subcomisión^[10].

Durante el periodo de preguntas únicamente intervinieron dos diputaciones, Gilberto Campos Cruz y Monserrat Ruíz Guevara, quienes dejaron claro que la importancia de la Universidad para la Paz en el país no se encontraba en tela de duda^[11]. Sin embargo, el verdadero cuestionamiento se planteó sobre la legitimidad del proceso por el cual se le había otorgado a la institución el dinero, ya que este aporte económico en ningún momento fue aprobado por el poder legislativo. “El Convenio por supuesto, usted lo sabe muy bien, debió ser ratificado por la Asamblea Legislativa de previo a incorporar estos dineros”^[12] dijo el diputado Gilberto Campos dirigiéndose al señor Manuel González.

Por otro lado, la diputada Ruíz cuestionó si en algún momento se hizo un estudio de cómo iba a ser cubiertos el aporte económico y la proveniencia de ese dinero “ ¿el Gobierno de la República en ese momento analizó desde el Ministerio de Hacienda la forma en que se iba a cubrir esta erogación presupuestaria?”^[13], “Yo lo que quiero entender es, digamos, la forma de dónde sale el dinero. ¿Ustedes lo presupuestaban?”^[14]. Ante estas preguntas el exministro aclaró que los 50 mil dólares sí formaban parte del presupuesto general del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto^[15]. No obstante mencionó que “aprobarlo [el presupuesto] y girar los fondos y en definitiva aprobarlo en función de lo que aquí en la Asamblea Legislativa se apruebe como ley de presupuesto no le corresponde (al ministerio) [sic]”^[16], abogando por que estas funciones son no competencia de la Cancillería, y que por lo tanto el ministro ni el ministerio tienen relación^[17].

También, como una de sus intervenciones finales, el diputado Campos mencionó que con respecto a este proyecto se deben de atender dos temas. En primer lugar qué fue lo que pasó, tomando en cuenta que el dinero se giró a pesar de no haber sido aprobado por la Asamblea; y en segundo lugar, cuáles serán las acciones que se van a realizar a futuro^[18].

• Expediente Nº 24068. Aprobación del acuerdo de servicios aéreos entre el gobierno de la República de Costa Rica y el gobierno de la República Dominicana.

Correspondiente a este proyecto se presentó el dictamen de subcomisión, el cual fue afirmativo^[19]. El proyecto consiste, según el dictamen afirmativo, en la aprobación de un convenio bilateral entre Costa Rica y República Dominicana, mediante el cual se pretende modificar las regulaciones y obligaciones entre ambos Estados de acuerdo con el modelo estándar de la Organización de la Aviación Civil Internacional (OACI) con el fin de promover la competitividad de los servicios aéreos entre países, lo que fortalecería el desarrollo turístico y económico de Costa Rica^[20].

Entre las consultas técnicas que tuvieron lugar para este proyecto destacan las realizadas al Consejo Técnico de Aviación Civil (CETAC) y a la Dirección General de Política Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, ambas consultas resultaron positivas^[21]. Por otro lado, el análisis técnico realizado por la Asamblea  no vio problema alguno en el proyecto debido a que convenios similares se han firmado con Francia, Turquía, Países Bajos, Qatar, Suiza y Emiratos Árabes Unidos (EAU), todos amparados bajo las disposiciones de la OACI^[22]. Finalizada  la lectura del dictamen se procedió a votar por el fondo el proyecto, siendo este aprobado de manera unánime con cinco votos a favor^[23].

2. Asuntos Varios

Audiencias relacionadas al Decreto del Poder Ejecutivo N°44.196

Durante el periodo bimensual de estudio del presente boletín, se llevaron a cabo audiencias y discusiones sobre el decreto ejecutivo que busca regular la implementación de la tecnología 5G y/o superiores al país. Con lo que se recibió al canciller de la República; así como al ministro de Comercio Exterior.

Inició el señor canciller de la República, Arnoldo André Tinoco, quien destacó que, a pesar de no poder aportar mucho al tema, ya que este no fue trabajado ni consultado a su ministerio, explicó que este resulta más un asunto técnico de ciberseguridad, por lo que debe ser gestionado por el Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT) y por el Ministerio de Seguridad. Además, mencionó la observación de la Embajada de China sobre la exclusión de las empresas chinas en la licitación, todo esto amparado en que China no pertenece al Convenio de Budapest, y que además no pretende ser suscrito^[24]. Con esto manifestó el desacuerdo de China sobre las decisiones de Costa Rica respecto al proyecto.

En su consulta, el ministro Tovar, enfatizó que su posicionamiento respecto al proyecto es meramente de política de comercio exterior y atracción de inversión extranjera. Destacó que la prioridad del gobierno con este proyecto es facilitar y abrir el comercio a la inversión extranjera, en especial en el Gran Área Metropolitana. Esto con el fin de promover un desarrollo sostenible e inclusivo en Costa Rica^[25]. Además, destacó que el país debe permanecer como un destino competitivo para la inversión extranjera; con un talento humano capacitado y con procedimientos ágiles y transparentes^[26].

Del mismo modo, subrayó la necesidad del país en invertir en medidas de ciberseguridad, y así garantizar el uso adecuado y seguro de las nuevas redes. Reconoció el interés de las diputaciones en garantizar los compromisos internacionales, y en impulsar políticas públicas para aumentar la atracción de inversión extranjera al país.

3. Conclusiones

Durante el periodo analizado, la Comisión Permanente Especial de Relaciones Internacionales y Comercio Exterior ha continuado con su labor de manera regular. Además, se observa una continuidad en los temas tratados por el órgano. Según se expone en la presente edición y anteriores del Boletín, se identifican principalmente esfuerzos centrados en mejorar el comercio exterior y atraer inversión extranjera, sin que esto signifique que se desatiendan otras competencias. Por otro lado, tomando en cuenta que con la conclusión de los meses de marzo y abril, también se está observando el final del periodo que corresponde a la segunda legislatura; sería interesante prestar especial atención a futuros cambios que puedan llegar a presentarse, tanto en la composición de la Comisión como en los temas que en ella son tratados.