El pasado miércoles 29 de marzo el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, recibió una inédita pero previsible misiva escrita desde el número 10 del Downing Street, en la cual Theresa May, la primer ministra inglés, le notificaba de manera oficial la decisión de su país de dejar de ser parte de la Unión Europea, y el consecuente inicio de las negociaciones respectivas (1).
La reacción de Tusk a la carta no solo encarnó el sentir de muchos, sino que también sus palabras reflejaron la naturaleza de la situación y del proceso venidero: “In essence, this is about damage control” (2). No obstante el pragmatismo de estas declaraciones, sumado al reto de encontrar un acuerdo satisfactorio para ambas partes, tanto en lo sustancial como en lo simbólico, el tiempo será una variable determinante en el desarrollo de las negociaciones. En tanto el Tratado de Lisboa establece el perentorio plazo de dos años para llevar a cabo este proceso, dentro de lo que se debe incluir un plazo no menor a seis meses que será necesario para la aprobación parlamentaria del potencial acuerdo de salida, las negociaciones sobre los múltiples temas, esquemas y niveles de la relación deberán mantener un ritmo que logre evitar el catastrófico escenario de un rompimiento brusco y ambiguo entre ambas partes, cuyo costo es incluso difícil de cuantificar.
En cuanto a las agendas de las partes, es de utilidad detenerse a identificar cuales serían algunos puntos básicos en los intereses de cada uno. Cruzando el Canal de la Mancha se encuentra el gobierno Theresa May, que surgió producto del propio resultado de la votación de junio de 2016, la cual enfrenta la dura decisión de ejecutar la decisión soberana de dejar la Unión Europea. Puntualmente, la líder británica buscará ‘recuperar’ la autonomía perdida en términos de política migratoria, la cual, como se reseñó en un análisis anterior (3), fue clave dentro de la campaña a favor de la salida, pero más allá de eso, reducir el precio tan alto que esta decisión tiene. Esto en tanto los vínculos financieros y comerciales entre el empresariado inglés y el mercado europeo pueden verse ampliamente impactados en tanto se pierdan las condiciones favorables y los esquemas especiales de acceso al mercado único.
Por otra parte, los ciudadanos ingleses en Europa, así como los europeos residentes en el Reino Unido, podrían verse repentinamente en un limbo legal que les dejaría vulnerables ante los marcos legales nacionales. Desde esta perspectiva, parte de la estrategia británica será negociar de manera paralela a su salida el nuevo esquema de la relación con la Unión, como medida para reducir el margen de incertidumbre post-brexit.
Además, las autoridades comunitarias buscarán a su vez limitar el impacto negativo de la salida del Reino Unido, esto es, el control de daño que el presidente Tusk mencionara. Sin embargo, al tiempo que Europa se verá afectada por el cambio, la salida del Reino Unido se presta para evidenciar el alto costo que esta decisión pueda tener, en caso de que futuros Estados decidieran avanzar en esta senda, lo cual tiene mucho sentido dado el surgimiento de movimientos políticos euroescépticos a lo largo de todo el continente. A esto se suma el hecho del eventual pago que el Reino Unido deba hacerle a la Unión a modo de compensación por su salida, monto estimado en los 60 mil millones de euros por la Comisión Europea (4), tema altamente impopular en Londres que sin duda formará parte de la negociación. Finalmente, la Unión buscará evitar que Londres negocie una ‘integración a la carta’ es decir, garantizar el libre movimiento de bienes y servicios, evitando el de personas, asunto en el que Alemania ha sido tajante (5).
Mientras que Francia y Alemania, las dos voces cantantes de la Unión han endurecido su discurso en los últimos meses, será desde Bruselas donde el brexit empiece a tomar forma. Simultáneamente, el gobierno de May enfrenta la reactivación del clamor independentista escocés de la mano de su primera ministra, Nicola Sturgeon (6), lo cual atañe directamente al proceso de salida de la UE. Este complejo panorama da cuenta del intrincado e incierto proceso que está por empezar, todo en el marco de cuenta regresiva de dos años que amenaza con ser insuficiente.