Comisión Permanente Especial de Relaciones Internacionales y Comercio Exterior

Durante los meses de enero y febrero la Comisión de Relaciones Internacionales y Comercio Exterior de la Asamblea Legislativa mantuvo un total de seis sesiones, todas ellas de carácter ordinario. A lo largo de estas sesiones el órgano trabajó principalmente en proyectos de ley anteriormente remitidos, pues de los siete expedientes discutidos, únicamente dos fueron remitidos durante los meses ya mencionados. Esto aunado a la votación de mociones de fondo para diversos proyectos de ley y la recepción de informes de comisión.

1. De la agenda de la comisión

Modificaciones de fondo

En cuanto a la votación de mociones por fondo se trataron tres proyectos de ley. Siendo estos los siguientes: 1) Expediente Nº 23362. Aprobación del Convenio Internacional para la simplificación y armonización de los Regímenes Aduaneros (Enmienda) denominado Convenio de Kyoto Revisado (CKR); 2) Expediente Nº 22884. Aprobación del Convenio sobre el Reconocimiento y la Ejecución de Sentencias Extranjeras en Materia Civil o Comercial; y, 3) Expediente Nº 23614. Aprobación de la adhesión al Convenio Constitutivo de la Corporación Andina de Fomento y aprobación de Convenio de Suscripción de Acciones de Capital Ordinario entre la Corporación Andina de Fomento y la República de Costa Rica e Incorporación de la República de Costa Rica como País Miembro en Condiciones Especiales. No obstante, solo se contabilizó una moción de fondo aprobada, correspondiente al Expediente Nº 22884^[1].

Proyectos de ley

• Expediente Nº 24030. Aprobación del “Protocolo de Enmienda del Acuerdo de Marrakech por el que se Establece la Organización Mundial del Comercio, hecho en Ginebra el 17 de junio 2022 y su Anexo: Acuerdo Sobre Subvenciones a la Pesca”.

En lo que refiere a este proyecto, se mantuvieron audiencias con el Ministerio de Comercio Exterior e INCOPESCA. El ministro de comercio exterior Manuel Tovar Rivera, destacó que el acuerdo representa un paso en la dirección correcta para promover prácticas pesqueras sostenibles y equilibrar el aprovechamiento y la conservación de los recursos marinos. Hizo hincapié en que este representa también una “herramienta innovadora para mejorar la gestión de la pesca al establecer disciplinas de transparencia que mejorarán la recopilación de datos de las pesquerías y las subvenciones correspondientes”^[2], además señaló que “la aprobación del acuerdo es consistente con los Objetivos de Desarrollo del Milenio, la política pública de Costa Rica y los compromisos asumidos como miembro de la OCDE”^[3], finalmente solicitó a los diputados su respaldo a este proyecto ley a través de un dictamen positivo.

Posteriormente, el presidente ejecutivo del INCOPESCA, Héiner Méndez Barrientos, en su intervención destacó que ha estado “debidamente informados por los compañeros del Ministerio de Comercio Exterior, sobre los alcances y las implicaciones que tiene este proceso, y este proyecto, así como de la importancia que reviste para el país”^[4]. Además expresó su total apoyo a la aprobación de este proyecto de ley, puesto que este no repercute de forma directa en el sector pesquero, es más, expone “que la pesca se va a ver favorecida en el sentido que más bien nos va a ayudar, y nos va a dar insumos para seguir combatiendo el problema de pesca ilegal no reportada y no reglamentada”^[5].

Semanas después se hizo la presentación del informe de subcomisión, el cual fue de carácter afirmativo. En dicho informe se evidencian las instancias a las que se les realizó consulta sobre el expediente^[6], además de que se reflejan los aportes que hicieron las personas comparecientes ante la comisión. La subcomisión conformada por Montserrat Ruíz Guevara, Manuel Morales Díaz y José Pablo Sibaja Méndez concluyó, después de someter el expediente a estudio, que la aprobación del Acuerdo sobre subvenciones a la pesca es importante no sólo porque significa “ampliar y fortalecer el marco jurídico… sino, además, garantizar la sostenibilidad del ecosistema marino y por ende, del pleno desarrollo del ser humano”^[7].

Seguidamente las diputaciones encargadas de la redacción del informe hicieron uso de la palabra para exponer a los demás miembros de la comisión, la posibilidad de la creación de una cláusula interpretativa que ayude a resguardar los subsidios, esto en caso  de darse la aprobación y la sostenibilidad del protocolo, para así brindarle una mayor seguridad al sector pesquero. “Se habló de la discusión de una cláusula interpretativa para que estos subsidios quedasen resguardados, y no dependiese del gobierno de turno, y prácticamente pues generar ese resguardo importante para este sector”^[8] mencionó la diputada Ruíz Guevara. Una vez presentado el informe se procedió a las votaciones para la aprobación de este; y del expediente por el fondo; ambas votaciones fueron aprobadas de manera unánime por las ocho diputaciones presentes^[9].

• Expediente Nº 24029. Aprobación del “Acuerdo de Asociación Comercial entre el Gobierno de la República de Costa Rica y el Gobierno de la República del Ecuador” suscrito en San José, Costa Rica, el día primero del mes de marzo del año dos mil veintitrés.

Respecto a este proyecto, durante el periodo estudiado se realizaron las audiencias con la Cámara de Exportadores de Costa Rica (Cadexco)^[10], la Cámara de Agricultura^[11]. El ministro de comercio exterior Manuel Tovar Rivera^[12], el coordinador del Observatorio Económico y Social de la Universidad Nacional^[13], el director del Centro de Investigación Observatorio del Desarrollo de la Universidad de Costa Rica^[14] y la presidenta de la Corporación Hortícola Nacional^[15].

De parte de Cadexco, se presentaron: el presidente de la cámara Victor Perez Perez y un equipo asesor conformado por: Pavel Valverde Marín, Helena Castro, Manuel Parrales Quirós, Carlos Díaz Cantero^[16]. El presidente de Cadexco manifestó a los diputados la importancia del acuerdo entre Costa Rica y Ecuador. Presentó que ambos países se beneficiarían de la parte comercial, donde no se afectaría ninguna industria nacional de las naciones firmantes. Además, recalcó la importancia del sector exportador, siendo este “el motor de la economía costarricense, ya que representamos más del 40% del Producto Interno Bruto”^[17]. Durante su intervención expusó que del total de las exportaciones la más sólida es el 41%, de equipos o productos agrícolas, seguido por el 18% de la industria alimentaria y un 14%; el químico farmacéutico y, la electrónica con un 5%.^[18]

Además, enfatizó que, en períodos pasados, la balanza comercial resultó positiva para Costa Rica. Esto, junto a una gran disminución de los aranceles en productos exportados, resulta en un ambiente ideal para el intercambio y el fortalecimiento de las relaciones con el país sudamericano.^[19]

Por otro lado, para la audiencia con Cámara de Agricultura, asistieron como representantes el presidente Rigoberto Vega Arias y la vicepresidenta Ivannia Quesada Villalobos. En primera instancia la audiencia se dedicó a presentar a los diputados la importancia del sector agrícola en el país, para después exponer el informe creado para dilucidar los efectos de este convenio en el sector agrícola. Se presentó que la balanza comercial  es negativa^[20] y  que con este acuerdo se puede alcanzar una nivelación, mientras se respete el sector agrícola nacional. Sin embargo, la Cámara tiene una preocupación, ya que dada la intención de Ecuador de unirse a la Alianza del Pacífico, no existe una garantía real de proteger la exclusiones y los aranceles negociados. ^[21]

Durante su participación, el ministro Manuel Tovar resaltó que este acuerdo fue el primero negociado durante la actual administración, además mencionó “que (el proyecto) se enmarca en la estrategia de ampliación y fortalecimiento de nuestra plataforma de Comercio Exterior”^[22]. Según el ministro, el proceso de negociación, que incluyó cuatro rondas virtuales, reflejó un enfoque consultivo e informativo con los sectores interesados para garantizar una discusión constructiva^[23].

También enfatizó los beneficios esperados del acuerdo, que busca mejorar las condiciones de acceso a los mercados y establecer un marco jurídico sólido para fortalecer las relaciones comerciales y de inversión entre ambas naciones^[24]. Destacó además, la importancia de promover un mayor crecimiento económico, impulsar las exportaciones, y estimular la inversión y generación de empleo en Costa Rica.

Fernando Rodríguez Garro, coordinador del Observatorio Económico y Social de la Universidad Nacional, indicó su malestar personal con el proyecto, reaccionó de manera negativa ante la propuesta de generar un tratado comercial con Ecuador. Señaló que, aunque este tipo de acuerdos pueden facilitar el comercio y obtener menores costos, un reto a nivel país es desestructurar los monopolios y oligopolios, ya que mientras éstos existan, es posible que no se incida directamente en el abaratamiento de precios. Finalizó su intervención haciendo un llamado a la Asamblea Legislativa para tomar decisiones acerca del futuro de este y otros proyectos similares, buscando favorecer al mayor número de habitantes, por sobre acumular leyes^[25].

Por su parte Carlos Murillo, director del Centro de Investigación Observatorio del Desarrollo de la Universidad de Costa Rica, enfatizó en su intervención las palabras del señor Rodríguez Garro. Asimismo, indicó que antes de aprobar un acuerdo comercial como el que presenta el proyecto, es necesario ver de manera integral los beneficios que éste puede brindarle al Estado, tanto a la población, como al gobierno y a las personas comerciantes. Concluyó su comparecencia ante la Comisión, indicando que no se puede estar suscribiendo acuerdos comerciales solo por tener buenas relaciones con otros países, sino que, es necesario observar de un modo integral los beneficios que pueden aportar a todos los sectores económicos y sociales^[26].

En último lugar, intervino Aura Martínez Martínez, la presidenta de la Corporación Hortícola Nacional, quien también se mostró en desacuerdo con el proyecto. Indicó que el sector agrícola, agropecuario y agroindustrial es el que menos beneficiado se ve con un acuerdo como el que se plantea, aunque debería ser el más beneficiado. Señaló que un proyecto así no genera expectativas positivas en materia de exportación y diversificación comercial^[27].

Después de las intervenciones de las personas invitadas, las diputadas Sofía Guillén Pérez y Montserrat Ruíz Guevara realizaron preguntas en las cuales se evidenció que están de acuerdo con lo expuesto y que presentaron la disconformidad con el proyecto. Por su parte el diputado Manuel Morales Díaz, presentó su apoyo al proyecto e indicó que es el momento oportuno para votarlo y aprobarlo^[28].

En próximas sesiones, para este expediente se presentaron diez mociones de fondo, las cuales fueron rechazadas^[29]. Todas las mociones presentadas se referían a la inclusión de nuevos artículos al proyecto de ley en discusión y fueron presentadas por la diputada Sofía Guillén Pérez^[30].

Concluida la votación de mociones por el fondo, varias diputaciones hicieron uso de la palabra para manifestar su apoyo al proyecto y la importancia de este en las relaciones comerciales del país, por su parte el diputado Manuel Morales Diaz en su intervención resaltó “la buena balanza comercial”^[31] que le brindaría al país el aplicar el proyecto en discusión. De igual forma el Diputado Gilberto Campos mencionó lo siguiente “Por supuesto que es la vía correcta, buscar las oportunidades y las condiciones necesarias para que, las empresas costarricenses o las empresas domiciliadas en Costa Rica, puedan tener oportunidades de negocio mucho más abiertas con países y socios estratégicos de Costa Rica”^[32]. Una vez discutido el proyecto la comisión procedió a la votación por fondo del expediente, la cual fue aprobada de manera unánime por las seis diputaciones presentes^[33].

• Expediente N° 23614. Aprobación de la adhesión al “Convenio Constitutivo de la Corporación Andina de Fomento” y la Aprobación del “Convenio de Suscripción de Acciones de Capital Ordinario entre la Corporación Andina de Fomento y la República de Costa Rica” e Incorporación de la República de Costa Rica “Como País Miembro en Condiciones Especiales”

Tras las discusiones de las sesiones pasadas, durante este periodo se da la aprobación de la Moción N° 5-18 (137-03), presentada por varias diputaciones, con 7 votos a favor y cero en contra.^[34] La aprobación de está moción, otorga al Ministro de Hacienda la representación oficial del Gobierno de Costa Rica, ante la Corporación Andina de Fomento. Además de autorizar que, una vez incorporadas las cuotas de concepto de suscripción al Presupuesto de la República, estas sean canceladas y pagadas en futuros aumentos por el Ministerio de Hacienda con sus propios fondos ^[35].

• Expediente Nº22596. Aprobación del Protocolo Adicional al Convenio entre el Gobierno de Costa Rica y la Universidad Para La Paz relativo a la sede de la Universidad.

Correspondiente a este proyecto se mantuvo una audiencia con el rector Francisco Rojas Aravena, quien comenzó haciendo un pequeño recorrido histórico sobre la creación de la universidad, también hizo mención la importancia e impacto de la institución a nivel internacional y finalmente expuso algunas problemáticas que la universidad está presentando en la actualidad^[36]. En un primer momento se refirió al presupuesto, indicando que “el presupuesto de la Universidad es de alrededor de casi seis millones de dólares”^[37] seguido de esto recalcó lo siguiente “Parte del problema que tenemos fue el COVID, que significó una caída importante del número de estudiantes, con el impacto correspondiente respecto a los ingresos de la Universidad”^[38].

En relación con lo anterior también mencionó que otra de las situaciones que estaban afectando a la universidad es el bajo precio del dólar en el país. “El salario mínimo hace que la cantidad de dólares necesarios para poder cubrirlo de alguno de los funcionarios son más de setecientos dólares, y esto hace que el peso en la planilla sea relativamente importante”^[39]. Posterior a esto mencionó la dificultad que tiene la institución para traer estudiantes de otros países a Costa Rica, “Costa Rica tiene una política…restrictiva”^[40], dijo refiriéndose al tema el señor Rojas Aravena. También a lo largo de su exposición el rector mencionó la disposición que tienen desde la universidad a colaborar con el gobierno, en especial con la crisis de seguridad que sufre en este momento el país^[41].

Respecto a este proyecto se refirieron varios diputados, entre ellos Montserrat Ruiz Guevara, Morales Diaz y Gilberto Campos Cruz^[42]. Por su parte la diputada Monserrat Ruiz expresó que la situación económica del país es muy complicada y que sería preferible encargarse de otras problemáticas que deberían resolverse antes de pensar en estas inversiones. “Quisiera hacer un llamado a los y las diputadas en el sentido de que hay prioridades…en estos momentos, la niñez de este país se está viendo afectada en becas para poder estudiar”^[43] mencionó la diputada.

Mientras que, por su parte, Manuel Morales aclaró que el proyecto en discusión no es de interés del gobierno actual. El diputado declaró lo siguiente “Nada más para aclararle a los compañeros diputados y al público en general, que este proyecto no es de interés para el gobierno. Más bien, este proyecto lo propuso el gobierno de Carlos Alvarado”^[44]. También se refirió a la falta de recursos, lo cual imposibilita brindar el financiamiento solicitado por la Universidad para la Paz, indicando que “actualmente para destinar cincuenta mil dólares, no hay presupuesto en Costa Rica. Si hubiese ese dinero, creo que también hay prioridades”^[45].

En lo que respecta al Diputado Gilberto Campos Cruz, este le preguntó al rector de la universidad si la permanencia de la Universidad para la Paz en Costa Rica dependía de la aprobación del monto solicitado, a lo que el señor Rojas Aravena respondió lo siguiente “Los cincuenta mil dólares es una señal política, no es el monto económico… No (no depende de la aprobación del monto), depende de la señal política que da el gobierno de Costa Rica”^[46].

A lo largo de la discusión entre las y los diputados y el rector de la universidad, se infiere que el protocolo por medio del cual la institución ha recibido ayuda financiera por parte de Costa Rica no ha sido ratificado, por lo que a su vez existe un desconocimiento de dónde ha salido dicho dinero en los últimos años^[47].

• Expediente Nº23844. Aprobación de la Adhesión a la Convención de las Naciones Unidas sobre los Acuerdos de Transacción Internacionales Resultantes de la Mediación.

Durante el periodo que estudia el presente boletín se presentó el informe de subcomisión correspondiente al expediente N°23844, el cual fue de carácter afirmativo. En este informe se reportaron las consultas realizadas a las instancias pertinentes^[48], así como también la importancia de la aprobación de dicho proyecto, ya que se alega que este proyecto “vendría a complementar el ordenamiento jurídico nacional en materia de Solución Alterna de Conflictos, estableciéndose la figura de la mediación en el ámbito comercial internacional”^[49]. Posterior a la presentación del informe se procedió a hacer las votaciones de aprobación del informe y aprobación del proyecto, ambas fueron aprobadas de manera unánime por las ocho diputaciones presentes^[50].

• Expediente N°24117. Reforma al Artículo 2 de la Ley 9430 “Aprobación del protocolo de enmienda del acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio, hecho en Ginebra, el 27 de noviembre de 2014, y su anexo (Acuerdo sobre facilitación del comercio) para la inclusión del Ministerio de Economía Industria y Comercio y la Cámara de Comercio de Costa Rica en el Consejo Nacional de Facilitación del Comercio

El proyecto plantea incluir en el Consejo Nacional de Facilitación del Comercio a la persona encargada del viceministerio de Economía, Industria y Comercio, así como también a un representante de la Cámara de Comercio de Costa Rica^[51], esto ya que se alega que su inclusión en este consejo no solamente facilita y estimula el comercio, sino que también garantiza la colaboración efectiva de los sectores tanto público como privado^[52]. Este proyecto fue presentado en corriente legislativa y fue asignado a la subcomisión N°3^[53].

Posterior a esto las única actualización que se dio durante el periodo bimensual para este proyecto fue la presentación de tres mociones, dos de ellas para emitir el proyecto a consulta a las siguientes entidades: Ministerio de Comercio Exterior (COMEX), Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER), Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), Ministerio de Hacienda, Cámara de Exportadores de Costa Rica (CADEXCO), Cámara de Comercio de Costa Rica, La Unión Costarricense de Cámaras y asociaciones del sector empresarial privado (UCCAEP) y la Cátedra OMC-CR de la Universidad Nacional. La moción restante fue presentada para recibir en audiencia al ministro de Comercio Exterior y el ministro de Economía, Industria y Comercio^[54]. Las tres mociones fueron aprobadas de forma unánime por las siete diputaciones presentes^[55].

• Expediente N°24068. Aprobación del “Acuerdo de servicios aéreos entre el gobierno de la república de Costa Rica y el Gobierno de la República Dominicana”.

El acuerdo pretende lograr un sistema de aviación civil internacional en el que se fomente y estimule la competencia en esta área del mercado^[56]; el proyecto fue propuesto desde la corriente ejecutiva y fue asignado a la subcomisión N°2^[57]. Este proyecto tampoco tuvo mayores actualizaciones durante los meses que abarca el presente Boletín, únicamente se realizó la presentación de una moción para enviar el expediente a consulta con el Consejo Técnico de Aviación Civil y la Cancillería General de la República. Dicha moción fue aprobada de manera unánime con un total de siete votos^[58].

2. Conclusiones

A manera de resumen, durante el periodo estudiado es posible observar que la participación de las diferentes diputaciones continúa dándose de manera equilibrada, esto sin depender de la fracción a la que pertenezcan. Lo anterior, tomando como referencia las amplias discusiones que mantuvieron los y las diputadas con las personas que asistieron a las múltiples audiencias expuestas en el presente documento.

Durante este periodo, los temas que fueron tratados con mayor frecuencia fueron aquellos relacionados con el comercio. En cuanto a las consideraciones expuestas en el boletín pasado sobre la cantidad de proyectos atendidos por la comisión^[59],es importante recalcar que, aunque el número de proyectos atendidos en el periodo que abarca este boletín aumentó en comparación con el número de proyectos atendidos en períodos anteriores, dicho aumento fue producto de la atención a expedientes que se mantenían pendientes, en lugar de un aumento considerable de nuevos expedientes remitidos al órgano legislativo.