A finales de noviembre próximo Honduras vivirá, por décima ocasión desde el retorno de la democracia, sus elecciones generales. En ellas se elegirán, además de la fórmula presidencial, 128 escaños en el Congreso, 20 diputaciones al Parlamento Centroamericano, así como el gobierno local de 298 municipios. Estos comicios poseen una particularidad inédita en la historia reciente del país centroamericano: por primera vez y como producto de una polémica resolución de la Sala Constitucional (1), la reelección presidencial del actual mandatario Juan Orlando Hernández (JOH) se plantea como una posibilidad cada vez más cierta.
La reelección presidencial toca fibras sensibles en toda América Latina. La herencia de gobiernos autoritarios que lograron perpetuarse en el poder a través de mecanismos pseudo-democráticos es compartida por casi todos los países de la región. En el caso hondureño, la decisión judicial que la permite es cuestionada por contradecir a la Constitución, lo que se desprende de una lectura somera del texto constitucional. El artículo 239, declarado como inaplicable, prohíbe expresamente la relección presidencial, al tiempo que en virtud del artículo 373 de la propia Carta Magna, esa disposición no puede ser reformada ni siquiera por el Constituyente derivado, esto es, el Congreso Nacional, lo que reafirma la prohibición como una ‘norma pétrea’, la cual solo puede ser modificada por una asamblea constituyente.
Por otro lado, deben señalarse también los vínculos existentes entre JOH, el Partido Nacional de Honduras (PNH), en el poder desde 2009, y el alto tribunal constitucional. En diciembre de 2012, cuatro integrantes de la Sala, acusados de fallar en contra de varias leyes de especial interés del Ejecutivo (dirigido en aquel momento por Porfirio Lobo del PNH, electo en el proceso electoral posterior al golpe de Estado de 2009), fueron destituidos por el Congreso Nacional (2), presidido entonces por JOH. Los nuevos magistrados, electos por un congreso de mayoría oficialista, fueron juramentados tan solo días después (3). Esta es la conformación de la Sala Constitucional que resuelve conjuntamente dos recursos que apelaban la inconstitucionalidad del artículo 239 antes citado, presentados ambos por figuras del PNH: uno en agosto de 2014 por 15 legisladores (4) y otro en marzo de 2015 por el expresidente Rafael Callejas (1990-1994).
A pesar de estos cuestionamientos, la resolución ha sido aceptada por la institucionalidad hondureña, al punto que en diciembre de 2016 el Tribunal Electoral Supremo acepta la inscripción de JOH como precandidato del PNH (5). Posteriormente, en marzo de 2017 el partido oficialista celebró sus elecciones primarias, con un triunfo arrollador de JOH (6), lo que terminó de allanar el camino hacia la reelección.
Por su parte la oposición se divide en dos bloques: por un lado el Partido Liberal, encabezado por Luis Zelaya, y por el otro la alianza opositora conformada por los partidos Libertad y Refundación (Libre), Anticorrupción (PAC), e Innovación y Unidad (PINU). Como candidato a la presidencia se postula el periodista deportivo Salvador Nasralla, acompañado por la ex primera dama Xiomara Castro (ambos saltan a la política con el PAC y Libre, fundados en 2011, como sus candidatos presidenciales en 2013, respectivamente) y el ingeniero Guillermo Valle. Una figura central dentro de la concepción de la coalición opositora es el expresidente Manuel Zelaya Rosales, actualmente diputado por el Partido Libre y coordinador general de la alianza.
Así las cosas, el panorama de cara a noviembre es aún incierto. Los antecedentes en torno a la aspiración de reelegirse del presidente Hernández apuntan hacia un proceso que podría consolidar el poder institucional del PNH, el cual arrastra el desgaste de dos gobiernos, además de las heridas aún abiertas del golpe de 2009. En la acerca de enfrente, la inédita alianza opositora y el Partido Liberal buscarán convencer a la mayoría del pueblo hondureño, con el reto de no restarse votos entre sí.