A finales de agosto, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia llevaron a cabo su primer congreso constitutivo como partido político, convocando a más de 1200 ex-guerrillas (1). Para quienes llevaban décadas en uniforme militar, la entrega de sus armas y la subsecuente transformación de sus estrategias y técnicas al ámbito político debió ser desconcertante. No es de menor importancia el hecho de que la parte más controversial del Tratado de Paz con el gobierno colombiano estipula que se le otorgarán 10 estaños en el Congreso a esta agrupación. Para muchos colombianos, el incluirlos en el mundo político es legitimar su lucha, y olvidar el daño causado a las comunidades y al imaginario social de Colombia. Sin embargo, para la mayoría de los ex-combatientes, dejar las armas y reinsertarse en la sociedad ha sido siempre la meta de las FARC.
Luego de un concierto de electrónica y ponencias sobre la inequidad en el ingreso, el congreso acordó, por una gran mayoría, mantener las siglas FARC, pero cambiando su significado a Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común. Muchos de los presentes hicieron alusión a su lucha histórica, “la vigencia de sus sueños revolucionarios y una lealtad con los muertos que dejó la guerra” (2). Aunque el nombre podrá tener resonancia entre los asistentes y les provee una mayor unión de grupo, priorizando la cohesión y el apelo a la identidad, es claro que como estrategia política es un gran desacierto. Aparte del enojo y el sentimiento de traición de parte de la ciudadanía por la mera inclusión de estas personas a la política, el hecho de mantener este nombre evoca el recordar los resentimientos de esta larga guerra. Asimismo, la opinión pública ha visto el mantenimiento de las siglas como una falta de revisión y criticidad de sus acciones y estrategias a lo largo de estos años.
Algunos creen que el uso de las siglas FARC y la Rosa de Luxemburgo son esfuerzos para concentrar su base en los territorios y en los sectores de mayor vulnerabilidad. De este modo, el mantenimiento de símbolos asociados a la antigua organización les podría ser útil para ser fácilmente identificados. No obstante, el análisis posterior al lanzamiento del programa de gobierno revela que es más de corte progresista que leninista-marxista, respetando la propiedad privada, el desarrollo de territorios y reivindicar la democracia (3). De hecho, este rumbo ideológico fue parte de la toma de decisiones en el congreso constitutivo en línea. Tales ideas demuestran un deseo de incrementar la apertura del partido a nuevos miembros, posiblemente a nivel nacional. A partir de anuncios políticos en la Web, cortos televisados enfocados en salud o corrupción, y el uso de consultores políticos, se puede estimar que la base en construcción de este partido va más allá de los asentamientos y pobladores de los territorios que tenían bajo su control (4). Efectivamente, algunos analistas coinciden en que la meta es una plataforma nacional política, enfocándose en la desigualdad.
Como es usual, el proceso de construcción de un partido político es lento y delicado. A la hora de tomar en cuenta que esta agrupación estuvo armada y algunos de sus miembros están acusados por crímenes de lesa humanidad, esta transformación es aun más precaria. En primer plano, la transformación es posible gracias al Tratado de Paz, el cual permite la reinserción de esta agrupación a la sociedad y les provee un camino expedito hacia la política. De nuevo, el tratado goza de poca popularidad en Colombia por los beneficios que la población considera que podrían ganarse los guerrilleros cuando cometieron crímenes serios y atentaron contra el orden público. Sin embargo, la creación del partido político y la inclusión en el sistema político son pasos claves para una paz sostenible en el tiempo.
En este momento, las FARC tienen disponible diez escaños, pero a partir de marzo del 2018 podría concursar en elecciones por una mayor cuota de poder (5). Por el momento, es difícil saber si podrían tener éxito, o si tendrían que probar que son más que ex-guerrilleros a partir de propuestas políticas más amplias, y fuera de los dogmas que tanta discordia habían causado. Efectivamente, el paso de guerrilla a partido político es un eslabón trascendental en el proceso de construcción de una paz duradera. Según Alia Matanock, en su libro Electing Peace: From Civil Conflict to Political Participation, grupos rebeldes están dispuestos a participar en elecciones post-conflicto en casi el 50% de los casos, y que estas elecciones son críticas para culminar con el conflicto y construir una paz duradera. Matanock ofrece unos consejos adicionales: existe un efecto estabilizador mayor cuando se invita a observadores externos o mantenimiento de paz a ser participe del proceso; también, es necesario que los grupos rebeldes participen en una elección que les permita redistribuir el poder entre ellos mismos y actores externos, como Naciones Unidas. Matanok concluye que el Tratado de Paz y las acciones de trust-building, o creación de confianza, por ambas partes (entregar las armas de parte de la guerrilla y proveer un subsidio monetario de parte del gobierno), más la transformación de las FARC en un partido político, son buenos comienzos para el asentamiento de una paz sostenible (6).