La corrupción vuelve a llenar los titulares de los medios en Guatemala. Aún está fresco el caso de ‘La Línea’ (1), el cual condujo a la renuncia primero de la vicepresidenta Roxana Baldetti y posteriormente del propio presidente Otto Pérez Molina en 2015 (ambos encarcelados actualmente), y tan solo el viernes anterior (25 de agosto) el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) solicitaron el retiro de la inmunidad del presidente Jimmy Morales (en el cargo desde enero de 2016), para proceder con su juzgamiento por el supuesto delito de financiamiento electoral ilícito (2).
A grandes rasgos, el caso surge a raíz del hallazgo de una serie de transacciones recibidas por el oficialista Partido Frente de Convergencia Nacional durante la campaña de 2015, las cuales no fueron reportadas al Tribunal Supremo Electoral (TSE). Jimmy Morales, entonces secretario general del partido, falló en declarar el ingreso de estos recursos, lo que configuraría el delito de financiamiento anónimo. Cabe resaltar que esta investigación se remonta a inicios de 2016 (3), donde ya la CICIG contaban con indicios acerca de los fondos recibidos por el partido oficialista. Sin embargo, es hasta recientemente donde se dan a conocer los resultados preliminares de esas investigaciones.
La gravedad de estos hechos solo se ve profundizada por el actuar del Presidente durante los últimos días: casi al mismo tiempo que la CICIG y el MP ofrecían una conferencia de prensa para anunciar todo esto, el presidente Morales se reunía en Nueva York con el Secretario General de Naciones Unidas, António Guterres (4), en la que rumoraba que el Jefe de Estado solicitaría al titular de la ONU la remoción de Iván Velásquez como comisionado al mando de la CICIG, lo que sin embargo no tiene lugar finalmente.
No obstante, menos de 48 horas después, el presidente Morales anuncia en un escueto video (5) que declara a Iván Velásquez ‘non grato’ y ordena que abandone inmediatamente el país. Todo esto ‘por los intereses del pueblo de Guatemala, el fortalecimiento de un Estado de derecho y la institucionalidad’. El vínculo entre la decisión del presidente Morales de expulsar al comisionado Velásquez y el anuncio del inicio de las gestiones para levantar su inmunidad tan solo unas horas antes por parte de ese órgano reflejan la gravedad de la coyuntura que enfrenta Guatemala.
Las reacciones a la declaración del Presidente no se hicieron esperar: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó su ‘alarma y preocupación’ sobre la decisión presidencial, al tiempo que resaltó el rol trascendental de la CICIG en la lucha contra la corrupción y la impunidad en el país (6). En el mismo sentido se manifestaron varias embajadas, incluyendo la de EEUU (7), y en una línea menos explícita, el sector empresarial a través de un comunicado del CACIF (8).
Gracias a varios recursos de amparo presentados ante la Corte Constitucional, el alto tribunal suspende primero de manera previa, y luego, en definitiva, la declaración del presidente (9), lo que de momento reduce la tensión política que vivía la institucionalidad. Sin embargo, para entender en toda su extensión este episodio es necesario remitirse al desarrollo político-institucional reciente del Estado guatemalteco y al rol que ha desempeñado la CICIG. Tal y como se reseñara en un análisis anterior de este Observatorio (10), el sistema político guatemalteco presenta un carácter “híbrido”, en tanto a pesar de legitimarse a través de procesos electorales democráticos, en el ejercicio del poder se utilizan mecanismos autoritarios y poco democráticos, a lo que se suma la enorme influencia y penetración de grupos fácticos en la toma de la decisiones.
Lo anterior corresponde a un fenómeno común en la región: con los Acuerdos de Paz tuvo lugar la transición a la democracia, es decir, el paso de regímenes autoritarios hacia democracias. Sin embargo, el reto que aún hoy se mantiene pendiente es la consolidación democrática, entendida como “la profundización y vigencia de hecho de procedimientos democráticos hasta aquel punto en el cual todos los grupos de la sociedad aceptan las instituciones como legítimas” (Córdova & Maihold 2002) (11). En este marco, cabe resaltar el valioso papel que ha jugado la CICIG como baluarte en la lucha contra la corrupción y el fortalecimiento del Estado de Derecho. Producto de un acuerdo entre el Estado guatemalteco y Naciones Unidas de 2006, la CICIG inicia labores en setiembre de 2007, con tres funciones concretas: determinar la existencia de cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos, su estructura, formas de operar, fuentes de financiamiento y posible vinculación con entidades o agentes del Estado; colaborar con el Estado en la desarticulación de esos aparatos y promover la investigación, persecución penal y sanción de los delitos cometidos por sus integrantes; y recomendar al Estado la adopción de políticas públicas para erradicar esos aparatos y prevenir su reaparición (12).
Con motivo del fin de su mandato y la interrogante acerca de si el ejecutivo, entonces liderado por el ahora condenado expresidente Otto Pérez Molina, extendería por dos años más su mandato, tuvieron lugar una serie de estudios e informes acerca de este ente. Estos estudios (13) apuntaban a grandes rasgos tres puntos: el importante rol de la CICIG en el fortalecimiento de la institucionalidad y la lucha contra la corrupción, el enorme desafío que siguen presentando las redes criminales para la el Estado de Derecho, y la imperiosa necesidad de prorrogar su mandato.
Desde esta perspectiva, la decisión del presidente Morales no solo responde a una gestión para frenar y debilitar el proceso iniciado por la CICG y el MP contra su persona y su partido, sino que también se enmarca en las presiones históricas (14) de grupos de poder y redes criminales para debilitar al ente internacional, buscando sacar de la ecuación al comisionado Velázquez, cuya labor, tanto en este caso como en el anterior escándalo de la “La Línea”, ha sido central para identificar y procesar redes de corrupción que desangran al Estado guatemalteco.
La coyuntura deja como saldo a un Presidente debilitado e impopular, enfrentado a la posibilidad de juicio penal sin haber cumplido aún la mitad de su mandato (15), un frágil balance positivo para la institucionalidad democrática producto de una resolución dividida de la Corte de Constitucionalidad y finalmente, la triste certeza acerca del grado de penetración e institucionalización de la corrupción en Guatemala.