Hace casi dos años ya que se publicará el último análisis semanal de este Observatorio sobre la situación en Venezuela (1). Desde entonces, la situación solo ha venido a agravarse: mientras los problemas de inflación y desabastecimiento siguen a la orden del día, la desesperación de la oposición, así como la frustración del pueblo venezolano, se ha traducido no solo en multitudinarias marchas y protestas, sino también en muertos y heridos (2).
En aquella entrega (setiembre 2015) se describían las tensiones en torno a la condena y encarcelamiento del líder opositor Leopoldo López, a quién por problemas de salud le fue concedido recientemente arresto domiciliario (3). Asimismo, el país se encontraba a las puertas de las elecciones legislativas (diciembre 2015), las cuales arrojaron un cambio histórico en el balance de fuerzas entre la oposición y el oficialismo (4). Esto se tradujo en la elección como presidente de la Asamblea Nacional de Henry Ramos Allup, del Partido Acción Democrática (AD), quién se convertiría en el primer diputado de oposición en ocupar el cargo desde la aprobación de la constitución política de 1999.
El fuerte revés sufrido por el chavismo se asocia principalmente a la crisis económica del país, que aunada a la pérdida de popularidad del propio Maduro, incidieron en el voto protesta ejercido por la población. Por otra parte, el control asumido por la oposición del nuevo legislativo agravó las tensiones institucionales con los restantes poderes del Estado. En ese sentido, la oposición, fortalecida con sus resultados, dio inicio en 2016 al proceso de recolección de firmas para la convocatoria de un referéndum revocatorio, el cual enfrentó múltiples obstáculos por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE). Finalmente, capeado el requisito primero de conseguir y validar el 1% de las firmas del padrón electoral de casi 4 millones de personas, en setiembre de 2016 el CNE anunció que, de realizarse, el referéndum sería hasta después de febrero de 2017 (5). Esto implicaría que, aún y siendo exitoso, el chavismo se mantendría en el poder hasta 2019, en tanto el vicepresidente sería quién asumiría el poder.
Aunque el chavismo había perdido el control del legislativo, seguía manteniendo su control sobre el resto de la institucionalidad venezolana, lo que se vio reflejado cuando en octubre, producto de las resoluciones de varios tribunales penales, el CNE consintió en suspender el proceso de recolección de firmas para el revocatorio, en el tanto se investigaban denunciadas de fraude en la ya superada primera etapa de presentación de firmas. Desde muchos puntos de vista, la figura del referéndum se constituía en la única salida para evitar una confrontación violenta entre chavismo y oposición. En palabras del líder opositor de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), Henrique Capriles: “Alertamos al cuerpo diplomático. El Gobierno empuja a un escenario muy peligroso y de aumento de crisis” (6). En ese sentido, esto constituyó un punto de quiebre para la oposición, la cual había puesto todas sus esperanzas para un cambio de régimen en el revocatorio.
Paralelo al fallido intento de realizar el revocatorio, se desarrollaban esfuerzos para abrir un diálogo en Venezuela, los cuales eran impulsados por Martín Torrijos y Leonel Fernández, expresidentes de Panamá y República Dominicana respectivamente. El expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero, figura central en estos esfuerzos, abogó ante el gobierno por la importancia de la presencia del Vaticano para lograr traer a la oposición a negociar, al tiempo que en setiembre de 2016 el Secretario de Estado del Vaticano, monseñor Pietro Parolín, publicaba una carta aceptando la invitación de UNASUR, que también había estado impulsando el proceso de diálogo, para mediar en el conflicto (7). No obstante, esta iniciativa, que correspondía al principal esfuerzo para buscar una salida pacífica a la situación en Venezuela, se disuelve en marzo de 2017, entre el incumplimiento por parte del gobierno a los acuerdos pactados y la falta de claridad de la oposición (constituida por nueve agrupaciones políticas distintas) respecto a los objetivos se sentarse a negociar (8).
Finalmente, en medio de la represión de protestas (9) y del encarcelamiento de miembros de la oposición (10), el presidente Maduro tomó la polémica decisión de convocar la elección de una asamblea constituyente para el domingo 30 de julio (11). La convocatoria fue cuestionada tanto desde el punto de vista jurídico respecto a si la presidencia tiene la potestad legal de llamar a una constituyente, así como políticamente como una maniobra gestada en la desesperación del gobierno por la pérdida de popularidad, en medio de una crisis económica aguda.
Es difícil visualizar un peor momento para abrir la delicada discusión sobre el pacto fundamental de un Estado que el que vive Venezuela actualmente: la polarización social ha llegado a traducirse en violencia, a lo que suma la crisis institucional que vive la división de poderes, así como el Estado de Derecho. A este respecto, el pasado 16 de julio la oposición convocó una consulta general sobre la constituyente, la cual tuvo una participación de cerca de 7,5 millones de personas, y en la cual el 98% se pronunció en contra de la constituyente.
A pesar de la presión internacional y de las medidas de la oposición para evidenciar la escasa legitimidad de la convocatoria, el gobierno se mantuvo firme en su decisión, y la consulta tuvo lugar. La jornada electoral dejó un saldo de al menos nueve muertos, entre ellos un candidato a la constituyente (12), y más allá de sus resultados, es claro que la apuesta del gobierno por utilizar la elección como una salida a su crisis de popularidad y pérdida de poder ha sido más que contraproducente: mientras que la oposición ha insistido en desconocer la votación, la presión internacional ha continuado en aumento, al punto que, pasada la consulta, los países del Mercosur han anunciado que sopesan activar el Protocolo de Ushuaia para suspender a Venezuela del principal organismo regional del Sur (13).
Ahora bien, aunque el porcentaje de participación de la votación del domingo efectivamente tenga un peso sobre la legitimidad de sus resultados y sobre la posición que adopte el gobierno, es difícil augurar un escenario en el que el cuerpo electo logre de alguna manera promover una solución pacífica. Todo lo contrario, es probable que el gobierno utilice los poderes ilimitados de la constituyente para terminar de anular a la oposición, especialmente respecto al control del legislativo, así como del control que ejercen los líderes opositores Henrique Capriles y Liborio Guarulla de las gobernaciones de Miranda y Amazonas (14).
Desde esta perspectiva, se visualiza en las próximas semanas una escalada en la violencia en Venezuela, producto del choque de las marchas de la oposición, la cual viendo casi anulado su margen de acción desde la institucionalidad, se vea obligada a convocar un estado de protesta permanente, como última medida de presión disponible. En esta coyuntura se vuelve clave el rol de la comunidad internacional: una condena mayoritaria, la suspensión generalizada de la participación de Venezuela en organismos internacionales, y finalmente, la imposición de sanciones económicas, vendría a duplicar la presión sobre el gobierno, y forzar algún espacio de negociación. Por otra parte, un actor central en esta situación, cuya determinación puede tanto facilitar la transición de manera pacífica, o aumentar exponencialmente la represión conducente a un estado de guerra de civil, serán las fuerzas armadas. Está aún por verse la posición que asuman respecto a la constituyente electa, sin embargo, la coyuntura deja un sombrío panorama para Venezuela, la cual se adentra en la violencia, la incertidumbre y la sombra de la dictadura.