Mientras todas las emisoras del mundo sintonizaban el desenlace del ataque terrorista en Manchester, en Filipinas, un grupo de militantes vinculados al Estado Islámico tomaron la ciudad de Marawi, en la isla de Mindanao, con 14 rehenes, dejando sin cabeza al jefe de Policía y alzando la bandera del Estado Islámico (1). El conflicto ha traído a la luz el avance ideológico del Estado Islámico por el sudeste asiático, incluso en un país mayoritariamente católico, como lo es Filipinas. Del mismo modo, invita a cuestionar si los esfuerzos de inteligencia y contingencia anti-terroristas se han visto reducidos por la concentración del Presidente Rodrigo Duterte en su Guerra contra las Drogas.
La toma de Marawi se produjo luego de una redada al grupo Abu Sayyaf, quienes se han aliado al Estado Islámico. Al conocer del ataque, los militantes llamaron alrededor de 100 refuerzos armados, quienes lucharon contra el ejército y la policía, dejando 21 muertos y miles de desplazados, quienes han dejado la ciudad ante una posible segunda batalla. En respuesta, Duterte declaró ley marcial en Mindanao por 60 días, con el fin de “preservar la República”, y poder realizar redadas y detenciones a través de las fuerzas armadas (no solo la policía) y con mayor facilidad (2).
No es la primera vez que Duterte menciona el uso de la ley marcial en esta región. La lucha por la autonomía de Mindanao y los territorios mayoritariamente musulmanes tiene décadas de darse a través de distintos mecanismos. De hecho, el sur ha sido, por muchos años, lugar de sublevaciones y guerrillas por parte de la población musulmana separatista. La llegada del Estado Islámico y la ideología de autonomía a través de la yihad es solo una herramienta más para los musulmanes, quienes también han intentado tomar control y separarse de Filipinas a partir de partidos políticos como el Frente Moro Islámico de Liberación, con quienes se firmó la paz luego de 30 años de lucha y más de 100,000 muertos (3).
Recientemente, Duterte extendió la posibilidad de negociar con dos grupos rebeldes musulmanes, pero ha dejado claro que los grupos pequeños serán destruidos por el ejército. Estos grupos son formados a partir de un sistema cultural preestablecido de clanes, los cuales tienen total conocimiento y control de su territorio. Los Mautues, por ejemplo, organizaron un ataque que mató a 15 personas en Davao, y múltiples ataques en Lanao, por lo que están constantemente enfrentando a las fuerzas armadas del Estado (4). Abu Sayyaf, por otro lado, ha decapitado rehenes cuando no reciben el dinero demandado, y fueron implicados en el bombardeo del ferry de Manila, que mató a 100 personas (5).
El Presidente de Filipinas tiene el derecho de declarar ley marcial por no más de 60 días para “reprimir la violencia fuera de la ley y la rebelión, y por la seguridad pública”, pero el Congreso puede revocarla en cualquier momento. Esta limitación parece no ser relevante para Duterte, quien ha expresado la posibilidad de mantener la ley por hasta un año en Mindanao, o extender al resto del territorio filipino si percibe mayor amenaza de parte de los grupos militantes (6).
Sin embargo, los defensores de derechos humanos han condenado el uso de la ley marcial de parte del Presidente Duterte, quien, en su Guerra contra las Drogas, ha utilizado métodos extrajudiciales, especialmente ejecuciones por la simple posesión o uso personal de drogas. Su preocupación también radica en el uso de la ley marcial por el ex presidente Ferdinand Marcos, quien aprovechó los poderes de la ley para infringir en violaciones a los derechos humanos como torturas, encarcelamientos, desapariciones forzosas, y ejecuciones extrajudiciales por una policía secreta por catorce años. Duterte recientemente aplaudió el uso de la ley marcial por Marcos y prometió que sería igual de duro (7).
Efectivamente, la “mano dura” y el autoritarismo del pasado han sido alabados públicamente por Duterte. A finales del 2016, Duterte autorizó el entierro de Estado de Ferdinand Marcos, a quien muchos filipinos consideran un asesino y dictador, que suspendió la democracia mientras consolidaba una fortuna de millones de dólares. Lamentablemente, otra parte de la población filipina (que no recuerda la época de su gobierno o no fue impactada directamente) sigue apoyando a la familia políticamente. La esposa de Marcos, Imelda, es actualmente una congresista, su hija, Imee, es gobernadora, y su hijo, Fernando, fue senador y posible vicepresidente de Duterte. Es claro que Duterte ha utilizado a Marcos y sus métodos para consolidar su poder político, y su plataforma ideológica de nacionalismos y “mano dura”, que le devolverían a Filipinas su dignidad y estabilidad (8).
Con una creciente base electoral a favor de políticas del uso indiscriminado de la fuerza, quienes consideran que la única forma de tomar control del país es eliminando trabas del sistema, Duterte ha sido aplaudido al decir que podría suspender el derecho de habeas corpus para facilitar las capturas en la Guerras contra las Drogas. Evidentemente, si llega a extender la ley marcial a través del territorio filipino, lograría suspender este derecho y más. Nos debemos preguntar, entonces, si su campaña anti-drogas se podría ver beneficiada por la eliminación del debido proceso y los derechos judiciales, y si la lucha contra el terrorismo se convertirá en una excusa para perseguir y asesinar extrajudicialmente a quienes se les presume de estar involucrados en drogas. Tal vez si Duterte invirtiera en inteligencia y contingencia del extremismo y terrorismo, en lugar de una fútil guerra con las drogas, tendría mayor control de la infiltración de extremistas desde Indonesia, y podría buscar una solución duradera con el pueblo musulmán en el sur.