En mayo del 2016 Rodrigo Roa Duterte ganó las elecciones presidenciales en Filipinas convirtiéndose en el presidente número dieciséis de esta nación. En poco tiempo, Duterte ganó popularidad por su florido lenguaje y polémicas declaraciones. El haberse referido al Presidente Obama como “hijo de una ramera” le costó la ‘reprogramación’ –cancelación en lenguaje diplomático- de una visita de Estado que este último Presidente tenía agenda en Filipinas. Pero Rodrigo Duterte no es una cara nueva en la política filipina con afirmaciones incendiarias al estilo Trump; además estudio ciencias políticas y leyes para ejercer como abogado por varios años.
Duterte lleva más de dos décadas en la política, principalmente como vice-alcalde y posteriormente alcalde de Dávao, una de las ciudades más importantes de Filipinas. Su campaña electoral estuvo enfocada en la promesa de combatir el crimen, especialmente el tráfico ilegal de drogas. Ya ganadas las elecciones, su promesa se ha materializado en una guerra contra el narcotráfico donde los muertos se cuentan por miles; lo preocupante es que muchas de estas muertes se han producido en circunstancias poco claras y sin que las autoridades den mayores explicaciones, por lo que muchos las catalogan como ejecuciones extrajudiciales.
Antecedentes
En Dávao, organizaciones como Human Rights Watch y Amnistía Internacional denunciaron la muerte de más de 1400 presuntos criminales entre 1998 y 2016, alegando que la mayoría fueron ejecutados de manera extrajudicial por un presunto comando de la muerte (Davao Death Squad DDS) que opera con completa impunidad (1). En 2009, un reporte del Consejo de Derechos Humanos de la ONU hace referencia directa al exalcalde Duterte, “quien ha hecho nada para prevenir esas muertes, y sus comentarios públicos sugieren que él, de hecho, las respalda” (2). A finales de ese año, Duterte renunció a su puesto en la Comisión Nacional de la Policía (NAPOLCOM) y al control de la policía local de Dávao en medio de las investigaciones de la Comisión por los Derechos Humanos. Roa Duterte incluso fue apodado como “The Punisher” por la revista Time (3).
A pesar de ello, Duterte obtuvo una cómoda victoria con 38% del total de votos emitidos según una ONG filipina acreditada para monitorear las elecciones (4). Y su mano dura contra el crimen en Dávao fue su carta de presentación durante la campaña electoral, acompañada de polémicas declaraciones y un vocabulario poco ortodoxo para un político. Entre sus promesas está la de matar 100.000 criminales, y durante la toma de posesión hizo un llamado al público para matar a los drogadictos (5).
Al igual que al presidente electo de los EE.UU., Donald Trump, este comportamiento políticamente incorrecto y su perfil anti-establishment le sumaron suficientes seguidores para hacerse con la victoria. Y no sólo eso, además el presidente Duterte ha mantenido niveles altos de popularidad; según la última encuesta de The Social Weather Station (SWS), el 76% de los filipinos se mostraron satisfechos con el desempeño público del nuevo presidente (6).
Campaña de Sangre
El 30 de junio Rodrigo Duterte asumió oficialmente el cargo, y tan solo cuatro meses después se reportaron alrededor de 2700 personas ejecutadas por la policía y por terceros (7) –desde comandos de vigilancia privada hasta sencillamente encapuchados armados- la mayoría sin un debido proceso o investigación; y para finales del año 2016 se calcula que la cifra ronda los 3000. Además, según las denuncias, a estas muertes se les deben de sumar las de los inocentes que fueron alcanzados por balas perdidas o solo por el hecho de estar en un lugar a la hora equivocada y ser confundidos con drogadictos o vendedores.
¿Quiénes son los ejecutados? La mayoría son farmacodependientes, pequeños vendedores de droga y vagabundos de los barrios más pobres de Filipinas. Y aunque si bien es cierto están infringiendo la ley, esto no justifica un ejecución extrajudicial. Contrario a esto, una política antidroga verdadera debería estar enfocada contra los grandes narcotraficantes y jefes de las mafias, no contra los consumidores y el narcomenudeo, que son los estratos bajos generalmente compuestos por personas sin oportunidades; y nunca por medio de la violencia, especialmente de modo ilegítimo y extrajudicial.
El respaldo y legitimización que el presidente Duterte da a estas ejecuciones con sus acciones y declaraciones es preocupante, y solo encubre la ola de violencia; además de la impunidad, que en estos casos es el denominador común. Por ejemplo, “el comité del Senado Filipino –liderado por un aliado de Duterte- decidió detener las investigaciones sobre las ejecuciones extrajudiciales de narcotraficantes y drogadictos durante los primeros meses de Duterte a las riendas del país” (8).
Legitimar la violencia es jugar con fuego que incluso le podría pasar la factura al mismo gobierno en un futuro. Usar la fuerza del Estado para ejecuciones extrajudiciales va contra de los más básicos principios de los derechos humanos y un Estado de derecho; y dejar que terceros tomen justicia por su cuenta es insensato e irresponsable. Además de la descomposición social y perdida de sensibilidad que provoca la costumbre del ver todos los días muertos en las calles, el miedo también se hace cosa de todos los días. Por ejemplo, muchas familias no reclaman los cuerpos de familiares asesinados por miedo a ser identificados por los cuerpos de vigilancia, lo que podría hacerlos blanco de represalias (9).
En la última década, Filipinas ha hecho grandes avances no solo económicos, donde es considerada una de las principales economías emergentes del sureste asiático, si no también políticos, construyendo su democracia y un Estado de derecho. Pero las políticas y la despreocupación del presidente Duterte por las leyes y los derechos humanos producen un temor de regresar al pasado de gobiernos autoritarios y dictaduras. Después de que el Consejo de DDHH de la ONU mostrara su preocupación con la creciente cifra de muertes en esta guerra, la respuesta del Presidente y su gobierno fue tachar de estúpidos a los expertos de la ONU y amenazar con retirar a filipinas de esta organización (10).
Está demostrado que la criminalidad y los problemas por el narcotráfico no se solucionan con políticas de mano dura, con policías disparando primero y preguntando después, ni mucho menos con enmascarados armados. La mano dura es una salida fácil y cortoplacista que ha fallado en varios países, y que solo afecta a las personas con menos recursos en las zonas más podres. Además, se corre el riesgo de que el remedio resulte peor que la enfermedad con violaciones sistemáticas de los derechos humanos, y en este caso ya hay evidencias para empezar a preocuparse.
Para ello se necesitan mejores políticas sociales, especialmente para ayudar a las personas con menos oportunidades, mejoras en los sistemas de salud y educación, y concientización social, lejos de legitimar un asesinato en nombre de la seguridad. Las ONGs locales e internacionales deben de seguir levantado la voz y contando los muertos, y la comunidad internacional debería empezar a ejercer presión y no dejarse intimidar por las declaraciones del presidente Duterte.