Desde hace ya varios años el mundo experimenta un retroceso de los avances logrados en materia de derechos humanos, Estado de Derecho, convivencia pacífica, e incluso democracia, logrados luego de generaciones de lucha. El 2016 solo fue el año en que este retroceso fue más evidente, y cuyas repercusiones se sintieron de manera más fuerte alrededor del planeta. Una repercusión significativa de este retroceso queda evidente en el trato que el Estado de Myanmar le otorga a la etnia Rohingya de la provincia de Rakhine, aunque desgraciadamente la situación de esta población ha sido en gran medida ignorada desde estas partes del mundo (América Latina, y Occidente en general), y bien podría decirse que ha sido ignorada por el mundo entero desde sus inicios hasta la actualidad.
El origen de la precaria situación que viven los Rohingyas en Myanmar ya ha sido discutida en un análisis previo (1), aunque bien cabe recalcar que la etnia Rohingya es considerada una de las más perseguidas del mundo, según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), y se encuentra en una condición apátrida, ya que el Estado de Myanmar no los reconoce como ciudadanos, sino que los mantiene en campos altamente vigilados, y en gran medida reprimidos y explotados, principalmente debido a su fe musulmana, frente a una mayoría de etnias que profesan el budismo (2). Esta situación no sufrió ningún cambio positivo luego de que Myanmar optara por un proceso de transición a la democracia, con el objetivo de aliviar la presión de sanciones internacionales en su contra, llevando a que en el 2015 se llevaran a cabo elecciones libres y justas, en que quedó electo la Liga Nacional por la Democracia (LND) de la premio Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi (3). Aunque la constitución política del país no le permite a Aung San Suu Kyi ejercer como la Presidenta del país, ella es la verdadera líder del país, incluso por encima de Htin Kyaw, miembro de la LND y cercano a Suu Kyi (4). Desgraciadamente, en el año que lleva de gobernar, la antes luchadora por la democracia y los derechos humanos en Myanmar ha olvidado completamente sus ideales, al menos en cuanto respecta a la etnia Rohingya.
En efecto, desde que la LND ganó las elecciones en el año 2015, terminando por fin con décadas de gobiernos militares en el país, la situación de los Rohingyas no ha mejorado, e incluso podría decirse que ha empeorado, aumentando su migración ilegal, y por ende agravando la crisis humanitaria en el sudeste asiático. Los Rohingyas para huir de la persecución, explotación y represión en que viven, se lanzan al mar para buscar mejor vida en Tailandia, Indonesia, Malasia e incluso Australia, o migran por la vía terrestre a Bangladesh. Desgraciadamente, los pocos que logran sobrevivir el trayecto sin morir, o caer presa de redes de tráfico de personas, son rechazados en los países a los cuáles buscan migrar y son deportados de vuelta a Myanmar, sin ninguna consideración por las normas internacionales sobre refugiados. La situación en que vive esta población no puede ser más desesperante (5).
Aun así, su situación empeoró a partir de octubre de 2016 cuando nueve policías del país fueron asesinados por un grupo rebelde que presuntamente se compone principalmente de Rohingyas. Esto provocó una oleada de represión por parte de las fuerzas de seguridad del país, controladas aún por los militares gracias a la constitución política del país, que ha tenido como resultado, hasta el momento, de cientos de muertos, desaparecidos, mujeres violadas, e incluso algunos poblados incendiados—aunque se cree que la realidad es mucho peor (6). Incluso la ONU ha encontrado evidencia de crímenes contra la humanidad y de limpieza étnica en el trato del Estado de Myanmar en contra de los Rohingyas (7). A pesar de esto, las voces de protesta a nivel internacional han sido escasas, incluso dentro de la misma ONU (8). La supuesta defensora de los derechos humanos en el país, abanderada de la democracia, y líder de facto de Myanmar, Aung San Suu Kyi incluso llegó a responder ante las críticas internacionales de la siguiente forma: “Muéstrenme un país que no tenga problemas de derechos humanos” (9).
Aunque para el contexto internacional contemporáneo las palabras de la Premio Nobel de la Paz parecen ser ciertas, esto no le da a Myanmar carta blanca para no solucionar sus “problemas” en materia de derechos humanos—aunque cabe mejor decir violaciones. La comunidad internacional y la misma ONU deben tomar medidas más vehementes y fuertes para asegurar que Myanmar respete los derechos humanos, solucione efectivamente la situación en que viven los Rohingya, y procure una reforma de Estado que asegure el desarrollo de un Estado de Derecho que verdaderamente complemente la débil, frágil y viciada democracia de este país del sudeste asiático. La aplicación, nuevamente, de sanciones internacionales es una opción que ha probado ser efectiva anteriormente, aunque no es necesariamente el único camino a seguir. Lo cierto es que, para que de verdad la democracia en Myanmar logre sobrevivir y consolidarse, debe de ir acompañada de un largo proceso de reforma, no sólo de Estado, que permita la instauración de un Estado de Derecho efectivo en el país, sino que también de un largo proceso de conciliación nacional, que le permita a las distintas etnias del país lograr zanjar sus diferencias y convivir pacíficamente y en tolerancia. Desgraciadamente, las autoridades de Myanmar, tanto la LND y los militares, no han mostrado ninguna intención de seguir este rumbo, lo que hace más urgente que la comunidad internacional tome cartas en el asunto, y así lograr evitar el continuo estado de asesinatos, violaciones, persecución y represión que puede llevar a al genocidio de la etnia Rohingya.