El año entrante se cumplen treinta años de la firma de los Acuerdos de Esquipulas II, y parece un buen momento para recordar su relación con la seguridad democrática en la región. La discusión en torno a la relación Esquipulas y la seguridad democrática se pueda articular alrededor de tres etapas que comprenden 10 años cada una: 1986-1996; 1997-2007 y 2007-2017.
La primera etapa es la etapa de diseño del Modelo de Seguridad Regional (Tratado Marco) y el desmantelamiento de algunas instituciones, prácticas y políticas de la Seguridad Nacional. Ello implica acuerdos de paz y el acuerdo marco de Esquipulas II. Temas clave, paz, desmovilización, tránsito de guerrilla a partidos políticos, entrega de armas, rol de los ejércitos; todo lo que en materia de seguridad y defensa se llamó en ingles “security sector reform”.
La segunda etapa es una etapa extraña. En primer lugar, porque el huracán Mitch movilizó los recursos hacia la reconstrucción. Y también es la etapa en que se sientan las bases de una seguridad orientada por lo civil, la democracia, el control y la transparencia. Esta es en donde se observan las principales reformas (security sector reform) a los cuerpos de seguridad de la región (policías y ejércitos), a las doctrinas de seguridad, a la participación de las personas y la gestión interna de los órganos de seguridad. En este período se iniciaron no solo las propuestas de mano dura, sino las acciones que fortalecieron a los ejércitos, junto con el reposicionamiento de Estados Unidos con una política de seguridad unilateral de lucha contra el terrorismo.
La última etapa tiene como principal característica el reposicionamiento de la agenda regional en todos los países. Esta tendencia obedece a varios fenómenos, entre los que se destacan: a) el incremento de la violencia (hombres y mujeres), y su afectación en la vida cotidiana de las personas; b) el fracaso de las políticas de mano dura y súper mano dura; c) el reforzamiento de la seguridad con la participación de los ejércitos; d) la elasticidad de la oferta de Estados Unidos, que sumó a la lucha contra el terrorismo su lucha contra las drogas, el crimen organizado y las migraciones. Con ello, se crearon una serie de planes, programas y estrategias que a veces convergen y a veces no, en el Sistema de Integración.
Cada una de estas etapas tiene por supuesto una expresión institucional y programática en el Sistema de Integración. De igual forma, cada una de estas expresiones institucionales o programáticas se han diseñado, aplicado o discutido, ya sea en concordancia a los lineamientos del Tratado Marco o alejados de este instrumento. Ello ha generado la necesidad de replantear la vigencia de este instrumento de la integración.
En este contexto, es importante discutir la vigencia del Modelo de Seguridad Democrática a la luz de los 30 años de Esquipulas, pero no a la luz de los resultados de las políticas regionales, sino a la luz del desarrollo de la democracia y el Estado de Derecho.
El Modelo de Seguridad Democrática no tiene como pilar fundamental la construcción de políticas regionales, sean de mano dura o preventivas. El fundamento del modelo regional de seguridad está en el Estado de Derecho (Artículo 1 del Tratado). Este instrumento posee todo un capítulo en donde fundamenta las razones por las cuales el respeto a la democracia y al Estado de Derecho poseen un impacto en la seguridad. De tal forma que, a mayor fortaleza de estos dos elementos, mayor seguridad. Y, viceversa, a mayor debilidad de la Democracia y del Estado de Derecho, mayor inseguridad.
Si se revisan los índices sobre democracia y Estado de derecho en el ámbito internacional se confirmará que los países firmantes del Tratado Marco en su mayoría poseen índices muy bajos y alarmantes en ambos rubros.
El objetivo de Esquipulas hace 30 años no fue solamente pacificar la región. Fue crear una región de paz fundamentada en la democracia y Estado de derecho. Hoy, al revisar o evaluar el estado de la seguridad en Centroamérica debe empezarse por evaluar las bases sobre las cuales se creó el modelo de seguridad. Cualquier reforma al Tratado debe fundamentarse en la democracia y el Estado de Derecho.