La confesionalidad del Estado costarricense está llegando a su final. Puede ser que ocurra este año o el siguiente o en el corto plazo, pero es inevitable. Pareciera que el país ha logrado superar la oposición que ha existido para que tal hecho ocurra. No obstante, aún no se definen posiciones concretas en la Asamblea Legislativa.
Desde 1965, Joseph Ratzinger, había estado señalando lo absurdo de sostener la confesionalidad de un Estado y que debería ser superada. "La laicidad justa es la libertad de religión. El Estado no impone una religión, sino que deja espacio libre a las religiones con una responsabilidad hacia la sociedad civil, y por tanto, permite a estas religiones que sean factores en la construcción de vida social”, señaló en un entrevista ofrecida en el año 2004, en el marco de un debate que sostuvo con Habermas sobre la "Dialéctica de la secularidad", llevado a cabo en la Academia Católica de Baviera.
De su lado, Karol Wojtyła, en su exhortación Apostólica postsinodal Ecclesia in Europa, en el año 2003, declaró que "en las relaciones con los poderes públicos, la Iglesia no pide volver a formas de Estado confesional" y, un año más tarde, durante su discurso ante el cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede, señalaría lo siguiente, "las relaciones entre la Iglesia y el Estado, por el contrario, pueden y deben llevar a un diálogo respetuoso, portador de experiencias y valores fecundos para el futuro de una nación."
Recientemente, Jorge Mario Bergoglio, durante la jornada mundial de la juventud, celebrada en Brasil en el año 2013, expresó que "la convivencia pacífica entre las diferentes religiones se ve beneficiada por la laicidad del Estado, que, sin asumir como propia ninguna posición confesional, respeta y valora la presencia del factor religioso en la sociedad”.
Sin embargo, en Costa Rica, a pesar que tres de las máximas autoridades de la Iglesia Católica se han pronunciado en favor de mantener un Estado laico, desde el año 2009 no se lograba un consenso alrededor de un tema sobre el cual se ha dedicado poco tiempo para su debate y su estudio.
El 7 de setiembre del 2009, se presentó a la Asamblea Legislativa el Proyecto de Ley Reforma de los Artículos 75 y 194 de la Constitución Política, bajo el Expediente No. 17.511. Este hecho generó una serie de reacciones por parte de la Iglesia Católica en Costa Rica.
En su momento, la Conferencia Episcopal emitió un comunicado (2010) en relación con el citado proyecto, en donde se indica un total rechazo a la aprobación y discusión del mismo. En ese sentido, Monseñor Hugo Barrantes, Presidente de la Conferencia señaló que, "es peligroso porque detrás del Estado laico, de lo que se habla es de un Estado laiquista, que es negar el espacio público a la religión y reducirlo nada más a un sentimiento. Se le quiere quitar espacio público a la expresión religiosa y esto es muy peligroso porque la fe que no se expresa se vuelve inoperante. Podemos ir por lana y salir trasquilados."
Anterior a esta iniciativa de ley hubo una del año 2003, bajo el expediente legislativo número 15.452. La semana pasada, el gobierno dio a conocer el expediente 18.496, que contempla la reforma a los artículos 75 y 194, en el marco de las sesiones extraordinarias. Hasta la fecha solamente estos tres textos se han presentado para su discusión en la corriente legislativa.
La finalización de la confesionalidad del Estado requiere, en primer lugar, un completo rigor en su aplicación. No basta con poner fin a los mecanismos de financiamiento del Estado o con limitar el juramento a cargos públicos. La coherencia significa que se debe poner a revisión la presencia de gobierno por ejemplo en las celebraciones religiosas como la de la Virgen de los Ángeles o las gestiones gubernamentales o estatales para que la imagen de la Virgen esté en el Vaticano o en Tierra Santa.
Se pondría a revisión de igual forma, los feriados obligatorios de Semana Santa y otra serie de participaciones del gobierno en cualquier acto religioso. Esta situación incluye instituciones municipales, legislativas y las otras que signifiquen Estado. De la misma manera, aquella práctica de complementar el matrimonio civil por la vía del matrimonio católico deberán quedar en desuso, entre otros ejemplos.
Esta coherencia a llevado a serias discusiones en países que históricamente se han declarado laicos, como México y España, en donde, además, la tradición católica-romana posee un profundo arraigo entre sus habitantes.
Debe haber en este sentido, una discusión seria al respecto a fin de tener una clara dimensión de lo que significa un Estado laico. Se debe en primer lugar, evitar la tendencia a creer que a partir de este hecho, se promoverá (incluso en contra de la libertad de culto) una tendencia nacional hacia la negación de Dios. El Estado laico, como se ha sentado en diferentes sociedades, es la acción más clara que da garantía a todas las personas para la práctica libre de sus propias creencias religiosas.
En segundo lugar, esta decisión requiere de una enorme madurez política y fundamentalmente social, a fin de evitar que en el futuro las presiones sociales por alcanzar una ética, alrededor de ciertos valores, sea el principal pretexto para llamar a un renovado confesionalismo estatal.
La madurez significa evitar lo que Habermas señaló en su debate frente a Ratzinger en el 2004, “los lenguajes seculares cuando se limitan únicamente a eliminar y tirar por la borda lo que se quiso decir en los lenguajes religiosos, no hacen sino dejar tras de sí irritaciones.” La sociedad costarricense inicia un período de maduración distinto.
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