Hace menos de quince días el Vice Presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se reunió en Washington con los Presientes de la región del norte de Centroamérica, denominada "Triángulo Norte", con el objetivo de avanzar en la consolidación del Plan de la llamada "Alianza para la Prosperidad."
En este contexto, el Vice Presidente Biden hizo especial énfasis en solicitar a los tres países, y sus respectivos gobernantes, la necesidad de concretar esfuerzos para luchar contra la corrupción, y la migración clandestina hacia territorio de su país. A las tradicionales amenazas que han caracterizado a la política exterior de Estados Unidos para la región, se suma, ahora, el combate a la corrupción.
Este nuevo interés de la diplomacia norteamericana llama la atención particularmente, pues plantea un reposicionamiento de sus intereses a lo interno de los países, y en momentos donde los gobiernos de estas tres naciones atraviesan serias crisis de legitimidad, producto de actos que se investigan y se vinculan con la corrupción.
En El Salvador, por ejemplo, cinco cuentas del expresidente Tony Saca han sido inmovilizadas debido a la fuerte posibilidad que estén vinculadas con actos de enriquecimiento ilícito, según órdenes derivadas de la Corte Suprema de Justicia.
En Guatemala, hace pocos días, la ex-vicepresidenta durante la administración de Otto Pérez Molina, Roxana Baldetti, volvió a ser el centro de atención de la política interna de este país al vincularla, de acuerdo con la Fiscalía, a un nuevo caso de corrupción. Hace menos de seis meses, el Presiente Molina dejaba sus funciones para enfrentar posibles cargos por corrupción, acompañado de fuertes movilizaciones sociales en su contra.
En Honduras, recientemente se dio a conocer la existencia de una red organizada que tiene por objetivo lucrar por medio del cobro de extorsiones en paradas de taxis y terminales de autobuses urbanos, y que su operación sería realizada por funcionarios de la Policía Nacional. Además, desde hace varios meses, sectores importantes de la sociedad hondureña se han estado movilizando alrededor de las conocidas "marchas de las antorchas", que tienen como origen el descontento producto de las denuncias que se han hecho sobre el desfalco de unos US$200 millones al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).
En su discurso, Biden afirmó que el apoyo norteamericano consistirá en apoyar la capacidad de erradicar la corrupción. Agregó, además, que se comprometerá para convencer al Congreso para que asigne, en el ejercicio fiscal 2017, una suma cercana a los 750 millones de dólares para apoyar a estos tres países.
Con este acto Estados Unidos vuelve una vez más la mirada hacia Centroamérica, abandonando su tradicional política de abordar los asuntos de la región por la vía de México. Hasta hace poco, casi toda la agenda bilateral con Estados Unidos tenía que pasar necesariamente por este país. El llamado Plan Puebla Panamá (hoy Iniciativa Mesoamérica) y la Iniciativa Mérida son dos claros ejemplos de ello.
De acuerdo con este enfoque, el combate a la corrupción se vuelve imprescindible en una región que está acostumbrada a no rendir cuentas. El acto de rendir cuentas, de acuerdo con el Protocolo de Tegucigalpa, es una obligación de las autoridades, cuyo principal objetivo consiste en dar a conocer de forma transparente y pública la pertinencia, legalidad y efectividad de las labores desempeñadas en el ejercicio de la función pública. Dicha obligación permite a la ciudadanía el ejercicio de la vigilancia, o la denuncia sobre la dirección y la actuación de quienes conducen el gobierno.
Este nuevo enfoque de la política exterior de Estados Unidos podría ser el fundamento de una era nueva de intervenciones más directas en los sistemas políticos del norte de Centroamérica. Además, podría ser también, la mejor excusa para renovar el vigor y la fuerza de la sociedad civil centroamericana. Las muestras de fuerza social en Guatemala y Honduras pareciera que justifican nuevos apoyos a este tipo de movilizaciones.
En esta coyuntura, es necesario que la región tome en serio esta nueva habilitación de Centroamérica como área de interés para Estados Unidos. Sin embargo, ello debe aplicarse también a los órganos de la institucionalidad regional, en el marco del Sistema de Integración Centroamericana (SICA).
El aseguramiento de que toda institución pública debe rendir cuentas, así como también la garantía de que el acceso a la información es posible a fin de ejercer con libertad el control ciudadano a la gestión pública, debe ser abordado no solo a lo interno de los países de la región, sino también desde los órganos de la integración. No es posible que los mecanismos de control no apliquen a cada institución regional.
En el año 2006, en el marco de la Cumbre de Presidentes realizada en Guatemala, se acordaron una serie de medidas a fin de que cada país adopte las acciones necesarias para implementar planes nacionales que promuevan la transparencia en la administración pública, con el concurso de los diferentes sectores políticos, sociales y económicos. Además, se acordó aprobar un marco regulatorio que garantice el libre acceso ciudadano a la información pública en poder del Estado, así como garantizar que las instituciones estatales adopten la rendición de cuentas obligatorias en forma periódica. Lo mismo debe ser aplicado para cada entidad de la integración.
No es posible evaluar la gestión nacional o regional de los órganos públicos si las instituciones no cumplen con estos mandatos. El ejemplo debe comenzar por casa, y la institucionalidad regional debe ofrecer internamente herramientas para que por medio del Comité Consultivo (CC-SICA) se creen los mecanismos necesarios para la rendición de cuentas del sistema. La región y los países no pueden seguir tomando decisiones sin un marco regulatorio fuerte que les obligue a cumplir con el deber de rendir cuentas por las decisiones que se tomen.
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