Cuando en setiembre del año 2013, Javier Sancho asumió el cargo de embajador de Costa Rica en Nicaragua, mucha agua había corrido bajo los puentes de la tensa relación entre ambas naciones. En lo inmediato, René Castro había sido trasladado desde Casa Amarilla a Barrio Francisco Peralta, al Ministerio de Ambiente; sin mayor explicaciones un nuevo Canciller se estrenaba en el Ministerio de Relaciones Exteriores, Roberto Castillo (trasladado desde la OEA), casi dos años sin contar con un Jefe de Misión en Managua y una fuerte tensión entre los dos países inauguraba una etapa inédita en las relaciones bilaterales, debido, principalmente, a los trabajos de dragado en el Río San Juan y la presencia de efectivos militares en el territorio costarricense conocido como Isla de Los Portillos.
Además, ambos países, aún no lograban digerir en su totalidad las consecuencias del resultado de la sentencia de la Corte Internacional de Justicia, del 13 de julio de 2009, sobre los derechos de navegación de Costa Rica sobre el Río San Juan. Y el episodio en Isla Portillos, de octubre del 2010, pondría sobre la mesa una de las consecuencias del fallo del 2009 de la Corte. Adicionalmente, las relaciones entre ambas naciones experimentaban distanciamientos nunca vistos a lo largo de los últimos veinticinco años.
La experiencia de estos años ha obligado a la diplomacia costarricense a reformular sus objetivos de política exterior en relación con su vecino del norte; así como a experimentar diferentes estrategias para el logro de los intereses nacionales. De acuerdo con lo que se puede observar a lo largo de las últimas dos décadas, el país se ha movido en un péndulo cuyos extremos condicionan las acciones en materia de política exterior: la distensión y la contención.
Por un lado, las administraciones de Miguel Ángel Rodríguez, Abel Pacheco y Laura Chinchilla, pareciera se inclinaron hacia acciones de distensión y diálogo entre ambos países antes que recurrir a la medidas más drásticas de contención. Por otra parte, la administración de Oscar Arias se inclinó desde el inicio por medidas de contención que limitaran las acciones del gobierno de Nicaragua.
En función de ello, el Canciller Stagno ha señalado en “Los caminos menos transitados” (2013), el significado de esta política de contención que, entre otras cosas, llevó al país a actuar en diversos frentes, sea a nivel bilateral, regional o multilateral; así como, intentar la aplicación de una contra-fuerza en una “serie cambiante de puntos geográficos y políticos.” Recientemente, al asumir el gobierno, la administración Solís Rivera adoptó una estrategia similar que ha tendido más a la contención, pese a un discurso durante la campaña electoral apuntando a la necesidad de “desanjuanizar” la agenda con Nicaragua.
Hay dos tendencias que deben señalarse en este contexto. Por un lado, si bien, ha habido administraciones que se inclinaron hacia una estrategia de distensión; posteriormente asumieron medidas cada vez más fuertes y tendientes a la contención. Por otra parte, en todos los casos, siempre se ha hecho un llamado hacia la “desanjuanización” de las relaciones bilaterales. Es decir, que las relaciones entre ambos Estados no queden sujetas directamente a lo que suceda en el Río San Juan o en la Corte Internacional de Justicia.
Sin embargo, pareciera que todos los esfuerzos por promover un acercamiento desde una agenda paralela, que tienda a no abandonar una agenda binacional, no ha sido posible. Incluso, la administración Solís Rivera abandonó el uso del término “desanjuanizar” y empezó a utilizar la expresión “encapsular” la conflictividad. No obstante, sea desde la desanjuanización y el encapsulamiento, pareciera que el dialogo bilateral más allá de las diversas expresiones de conflicto asociadas al río, señalan un patrón de dependencia y se termina por “sanjuanizar” o “encapsular” toda la agenda de diálogo entre los dos países.
Una de las principales lecciones de este proceso en la redefinición de la política exterior hacia Nicaragua debe llamar la atención sobre la consistencia. Hasta ahora el país no logra una consistencia a lo largo de sus distintas administraciones sobre la estrategia a seguir. Hay señales que al menos la administración Solís Rivera mantuvo los lineamientos de contención esbozados anteriormente.
En segundo lugar, no se logra observar la consolidación o cristalización de todo este esfuerzo en una doctrina de la contención (a la “tica”) que sea rectora de las relaciones con Managua. En tercer lugar, está demostrado que la espiral o escalamiento de la conflictividad alrededor del río San Juan no se desactiva a pesar de los distintos fallos, sentencias u ordenanzas de la Corte. Finalmente, las acciones en materia de cooperación bilateral tienden cada vez más a la “sanjuanización” o al “encapsulamiento” de toda la agenda binacional.
Algunas naciones han aprendido sus lecciones en materia de política exterior. Estados Unidos luego de más de cuarenta años de aplicación de una estrategia de política exterior hacia Cuba, sin mayores resultados, comprendió que lo mejor es el diseño de una política exterior distinta. Lo mismo ha sucedido en la política exterior de China, Rusia y otras naciones que han comprendido que hay cambios necesarios para dar soluciones a problemas que no han sido resueltos aplicando la misma receta durante varios años.
Costa Rica enfrenta de alguna manera un dilema similar. Desde 1998 el país ha intentado desactivar, sin éxito, la conflictividad alrededor del Río San Juan. Quizá valdría la pena echar a pensar la maquinaria nacional de la Cancillería para redefinir una estrategia que asegure el país una menor conflictividad, un mayor control y una respuesta menos reactiva y mucho más estratégica. Han varias lecciones que aún deben recogerse en esta materia.
Sería interesante observar de parte de un gobierno, que se llamó de cambio, un giro distinto en la búsqueda de asegurar los intereses del país principalmente en relación con Nicaragua. El canciller Manuel González aseguró que las relaciones con Nicaragua se “desencapsularían” una vez que la Corte emitiera sus sentencias. Desde el 16 de diciembre está corriendo un plazo de 12 meses para fijar un monto indemnizatorio entre ambos Estados, y aún no se conoce una propuesta para el acercamiento entre los dos aparatos diplomáticos.
Queda entonces por observar cuáles serán los pasos hacia el mantenimiento de la contención o hacia esquemas novedosos y distintos que renuevan la diplomacia costarricense y la coloquen una vez más como un ejemplo de paz, firmeza y convivencia pacífica.
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