Aunque las Revueltas Árabes se iniciaron en Túnez fue en Egipto donde tuvieron una proyección más intensa. Egipto ha sido históricamente el corazón político, diplomático y cultural del mundo árabe. La dictadura de Hosni Mubarak era una de las más longevas y corruptas de la región, y también la que mayor apoyo occidental obtenía. Tan solo en el último año de su régimen, Mubarak recibió US$1.300 millones de dólares de Washington. Durante sus tres décadas en el poder los derechos humanos fueron ampliamente violados. De acuerdo a la Egyptian Organization for Human Rights, entre 1993 y diciembre de 2008 se reportaron 460 casos de tortura, de los cuales 167 casos terminaron con la muerte de los detenidos. La Ley de Emergencia posibilitaba a los aparatos de seguridad del gobierno detener a cualquiera de forma indefinida, si era considerado una “amenaza a la seguridad nacional”. Por otro lado, un año antes de ser derrocado, la organización Reporteros Sin Fronteras ubicaba al país en el lugar 127 de su Índice de Libertad de Prensa.
Una de las consignas de la rebelión contra Mubarak fue “hurriyah, izzah, karamah” (libertad, empoderamiento y dignidad). En efecto, a partir de 2011 el tema de los derechos humanos se ubicó como una prioridad para la opinión pública. El asesinato, en enero de ese año, de más de 800 personas que protestaban contra el régimen provocó una generalizada demanda de justicia.
Cuatro años y medio después del derrocamiento de Mubarak la situación de los derechos humanos en Egipto no solo no ha mejorado, sino que ha experimentado un marcado retroceso, especialmente desde que el general Abdelfatah Al-Sisi encabezó un golpe de Estado contra Mohamed Morsi (primer presidente democráticamente electo en la historia de Egipto) en julio de 2013. Desde entonces, Al-Sisi ha recrudecido las más ignominiosas prácticas represivas de la era Mubarak. De acuerdo al Egyptian Observatory of Rights and Freedoms, las cortes militares y civiles emitieron 902,420 sentencias contra ciudadanos egipcios durante el primer año de gobierno de Al-Sisi, incluyendo 464 sentencias a muerte, dentro de las que sobresalen las impuestas al ex presidente Morsi y otros ex funcionarios y dirigentes de la Hermandad Musulmana (1). Solo en el mes de abril de este año, 1.923 individuos acusados de protestar contra el golpe de Estado de Al-Sisi fueron sentenciados conjuntamente a 14.977 años de prisión (2). Según datos del mismo organismo, el gobierno ha adoptado una sistemática política de detenciones arbitrarias, y 139 individuos han sido asesinados en centros de arresto (3).
Por otro lado, persiste una absoluta impunidad: nadie ha sido enjuiciado por el asesinato de más de 1.000 personas durante las protestas (casi todas ellas pacíficas) convocadas contra el golpe de Estado. Mientras tanto, los activistas de los derechos humanos son constantemente hostigados por el régimen. Según Mohamed Zaree, miembro del Cairo Institute for Human Rights Studies, han habido reiterados intentos por parte del gobierno para “eliminar” las actividades de los activistas de los derechos humanos (4).
La escalada represiva de Al-Sisi muestra la desesperación del régimen por mantenerse en el poder a cualquier costo. Con el pretexto de combatir al “terrorismo”, que ciertamente amenaza seriamente la seguridad del país, Al-Sisi ha restaurado el Estado policiaco, eliminando cualquier disidencia interna o crítica a su régimen.
Escudarse tras la retórica de la “guerra contra el terror” le permite a Al-Sisi blindarse frente a la crítica de una parte influyente de la comunidad internacional. Ante el añejo dilema entre seguridad y respeto a los derechos humanos, las cancillerías occidentales no titubean en decantarse por “hombres fuertes” como Al-Sisi, que garantizan intereses geopolíticos y de paso, posibilitan hacer negocios lucrativos.
En las últimas semanas, Al-Sisi ha sido recibido cálidamente por los gobernantes de España y Alemania, con quienes ha finiquitado convenios en materia económica y de defensa. Con España, Al-Sisi ha acordado estudiar la creación de un corredor ferroviario de alta velocidad entre El Cairo y Luxor (5). En su visita a Alemania a principios de junio, Al-Sisi firmó un acuerdo de €8.000 millones de euros para que la empresa Siemens construya plantas de gas y de energía eólica en Egipto, el mayor pedido en la historia de la compañía alemana (6). Previamente en marzo pasado, la compañía británica BP anunció que invertiría US$12.000 millones de dólares en la explotación de gas en el Delta del Nilo Occidental, y un mes antes, Francia acordó la venta de 24 aviones cazabombarderos Rafale, una fragata y misiles aire-aire por un valor de al menos €5.000 millones de euros. Incluso Rusia ofreció en febrero construir la primera planta nuclear en Egipto (7).
La violación de los derechos humanos en Egipto es una expresión más de cómo la represión gubernamental ha barrido con las consignas de “hurriyah, izzah y karamah”. Cualquier cambio hacia una sociedad más democrática, tolerante y libre parece –por el momento- poco factible frente al autoritarismo del gobierno, y la cómplice apuesta por la realpolitik de la “comunidad internacional”.
Notas
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
 Análisis semanal 22.pdf | 703.54 KB |