Working Paper N°1: Movilidad humana en América: proteccionismos e incertidumbre en el 2025 (17 de febrero de 2025)

Introducción

Una de las prioridades de la agenda regional es el análisis de la movilidad humana y los diversos factores que influyen en la formulación de políticas públicas para gestionar su impacto en los países de acogida. La movilidad humana es parte integral del actual sistema internacional globalizado y de acuerdo con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), se define como “la movilización de personas de un lugar a otro en ejercicio de su derecho a la libre circulación, entendiendo que se trata de un proceso complejo, motivado por diversas razones, que se realiza con la intencionalidad de permanecer en el lugar de destino por periodos cortos o largos, o, incluso, para desarrollar una movilidad circular; implica el cruce de los límites de una división geográfica o política, dentro de un país o hacia el exterior”.[1]

En esa línea, es necesario precisar que la movilidad humana, ya sea como migración internacional o interna, es un fenómeno multicausal. Es decir, las personas migran como consecuencia de múltiples factores, como la economía, la violencia, los desastres ambientales, entre otras; algunas veces la movilidad es voluntaria y en otras el desplazamiento se impone por diferentes circunstancias que escapan de la voluntad de las personas. En ese sentido, los datos más actualizados en la materia muestran que existen alrededor de 281 millones de migrantes internacionales (migrantes que residen en un país diferente al de su nacimiento), lo que representa casi el 4% del total de la población mundial.[2]

Sin embargo, el sector que mayor preocupación genera son los migrantes en situación de vulnerabilidad que transitan por las fronteras internacionales y, en consecuencia, la promoción de vías seguras para la migración regular. Las personas que huyen de manera forzada enfrentan situaciones en las que la persona se ha visto forzada a migrar porque su vida, integridad o libertad han sido amenazadas como consecuencia de diversas formas de persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas. Bajo el mandato de protección internacional de la Convención de Refugiados de 1951 y de acuerdo con datos de la Oficina del Alto Comisión de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) a finales de 2022, había aproximadamente 5,4 millones de personas que habían solicitado protección internacional y estaban a la espera de la determinación de su condición de refugiados, los denominados solicitantes de asilo.[3]

El principal receptor de solicitudes de asilo siguió siendo los Estados Unidos de América (EE. UU.), en el que se presentaron alrededor de 730,400 solicitudes en 2022; el triple que en años anteriores. Además, a finales de 2022, los menores de 18 años representaron alrededor del 41% de la población total de refugiados, estimada en 35,3 millones. Se calcula que ese año las solicitudes individuales de asilo presentadas por menores no acompañados y separados ascendieron a 51,700; un aumento considerable (89%) con respecto al año anterior.[4]

Este escenario, ha generado que países receptores opten por programas de reasentamiento o de refugio con el objetivo de que los migrantes forzados se integren localmente y contribuyan a los objetivos de desarrollo económico de los países receptores. En resumen, según las estimaciones de ACNUR, en 2011 hubo aproximadamente 805.000 refugiados que precisaron asistencia para el reasentamiento, cifra que aumentó hasta casi 1,5 millones en 2022. Particularmente, en el caso de los EE. UU, el Programa de Admisión de Refugiados (USRAP por sus siglas en inglés) revisó y aumentó su límite máximo anual de refugiados, alcanzado la cifra de 100,034 migrantes reasentados en el 2024, a comparación del mínimo histórico de 11,411 en el 2021 como consecuencia de los drásticos recortes de la administración de Donald Trump y los obstáculos operativos producidos a raíz de la Pandemia de COVID-19. La administración Biden anunció su Determinación Presidencial sobre Admisiones de Refugiados (DP), en 125,000 para el Año Fiscal 2025.[5] No obstante, el regreso de Trump a la casa blanca tendrá implicaciones en los distintos programas de reasentamiento y de movilidad laboral.

Al respecto, la OIM desempeña un papel fundamental en los reasentamientos mundiales. La prestación de un apoyo esencial a los Estados en el reasentamiento de refugiados y otras personas por motivos humanitarios es un objetivo fundamental y una de sus principales actividades permanentes. En 2022, más de 120.700 personas viajaron bajo los auspicios de la OIM en el marco de programas de reasentamiento, admisión humanitaria y reubicación. Además, un mayor número de países están interesados en aplicar o están ya aplicando otras formas de admisión, como los patrocinios privados, las becas académicas y los programas de movilidad laboral. Los tres principales países de reasentamiento en 2022 fueron Canadá (44,772), EE. UU. (42,365) y Australia (7,773).[6]

Más concretamente, estos datos permiten apreciar que la migración forzada hacia América del Norte es un rasgo fundamental de la movilidad humana en las Américas. Organismos regionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha constatado que entre los factores de expulsión que conllevan a que las personas migren en América Latina y el Caribe se encuentran la violencia generada por actores estatales y no estatales, los conflictos armados internos, la desigualdad, la pobreza, la falta de garantía de derechos económicos, sociales y culturales, la inestabilidad política, la corrupción, así como la inseguridad, diversas formas de discriminación, desastres naturales y el impacto del cambio climático.[7] A partir de este escenario, el presente texto tiene como objetivo describir la dinámica de movilidad humana en América y sus proyecciones en relación con la política migratoria de los Estados Unidos (EE. UU).

Migrantes en América: desplazamiento y contención

Desde el siglo pasado y en la actualidad, la migración es un tema central en el debate político del continente con implicaciones significativas para los países de origen, tránsito y destino; generando la creación de aparatos burocráticos para gestionar los desafíos de la movilidad humana. Los contextos que marcan a la región son: las rutas terrestres y marítimas controladas por actores armados no estatales como en el Tapón del Darién en Panamá, la inestabilidad política y violencia generalizada en Haití, el éxodo de migrantes desde Venezuela, el Triángulo Norte de Centroamérica y México, los efectos del cambio climático, y, por otra parte, las propagandas electorales que están marcadas por narrativas sensacionalistas que promueven la discriminación hacia las personas migrantes.

En recientes años, a medida que la selva entre Colombia y Panamá, así como otras rutas terrestres se vuelven más difíciles de atravesar, debido a las políticas de contención de fuerzas de seguridad fronterizas, los migrantes miran como una opción la travesía por el mar caribe. De acuerdo con el Proyecto Migrantes Desaparecidos de la OIM, se documentaron 321 muertes y desapariciones en el 2022. El mar Caribe se caracteriza por difíciles condiciones climatológicas que complican la navegación; y las embarcaciones sobrecargadas y artesanales que no están diseñadas para realizar cruces de alta mar dejan a los que van a bordo muy vulnerables.[8]

Respecto al Tapón del Darién, una frontera natural donde personas de diferentes naciones deciden movilizarse irregularmente, se enfrentan no solo a los peligros de la naturaleza, si no, a la amenaza de grupos armados no estatales y el bloqueo de las fuerzas de seguridad panameñas. Luego de las elecciones en Panamá donde gano el candidato conservador José Raúl Mulino, los números de flujos migratorios se redujeron de 520,000 cruces en el 2023 a 296,411 personas que cruzaron el tapón del Darién en noviembre del 2024 (una caída del 40%) de acuerdo con el Servicio Nacional de Migración (SNM).[9] Esta reducción obedece a la política migratoria del gobierno panameño y el memorando de entendimiento con los EE. UU., donde este ha financiado US$ 1,140,846 dólares en operaciones aéreas para deportar migrantes que transiten irregularmente y no cuenten con las bases legales para permanecer en el país.[10] Las nacionalidades más afectadas son de origen colombiano afectados por el conflicto con las disidencias Las FARC – EP, la crisis de seguridad pública que afecta a gran parte del República de Ecuador y los migrantes que huyen de la persecución política y el hambre en Venezuela.

Venezuela sigue siendo el país de origen de la mayoría de las personas que cruzan el Darién, con más de 196.000 para el 31 de octubre del 2024. Igualmente, Los venezolanos siguen constituyendo una de las poblaciones de desplazados transfronterizos más numerosas del mundo. A finales de 2022, había más de 234,000 refugiados venezolanos registrados y más de 1 millón de personas con solicitudes de asilo en trámite. Otros países de la región, como Nicaragua, Honduras y Cuba, también son lugares de origen de una cantidad considerable de solicitantes de asilo. Los tres países coinciden con regímenes unipartidistas y un culto al autoritarismo presidencial.[11] Agregando a lo anterior, de acuerdo con ACNUR, Perú, México, Brasil y Costa Rica acogen a la mayor cantidad de solicitantes de asilo de la América Latina y el Caribe.[12]

Más al norte, Guatemala, El Salvador y Honduras conforman el denominado Triángulo Norte de Centroamérica, caracterizado por su integración cultural pero principalmente por los flujos migratorios hacia los Estados Unidos desde los años 90s. La visión respecto al desplazamiento forzado y la violencia que caracteriza a la región ha variado en distintas administraciones de los EE. UU. y tiene relación directa con la protección de los derechos humanos de las personas migrantes. Por ejemplo, en 2019 la administración Trump retuvo la asistencia para el desarrollo hasta que esos países “tomaran medidas’’ para reducir la cantidad de migrantes que llegaban a la frontera de los EE. UU., suspendiendo financiamiento nuevo y redistribuyendo el financiamiento del año anterior; afectando distintos programas de reasentamiento e impulsando otros como las patrullas fronterizas y los Acuerdos del Tercer País Seguro donde los países del Triángulo Norte se convirtieron en países de acogida para solicitantes de asilo.[13]

En recientes años, EE. UU. Ha brindado asistencia para el desarrollo que tuvo como objetivo promover la prosperidad, la buena gobernanza y la seguridad en la región; abordar las causas de la migración y combatir el crimen transnacional. Sin embargo, los tres países presentan desafíos en términos de democracia, seguridad jurídica y respeto a los Derechos Humanos, influyendo en el desplazamiento forzado. Según datos de ACNUR, para junio de 2024 había alrededor de 778.000 refugiados y solicitantes de asilo provenientes de los países del Triángulo Norte en todo el mundo, además de 247,090 desplazados internos solamente en Honduras. El destino de la mayoría de los desplazados internacionales del Triángulo Norte está en EE. UU. De los 778, 000, 550,955 personas están en territorio estadounidense; México ocupa el segundo lugar como país de destino, con 185, 087.[14]

México también enfrenta un desafío respecto a las caravanas migrantes provenientes desde el Triángulo Norte hacia los EE. UU. En ese sentido, México como país de tránsito debido a sus 3.200 kilómetros de frontera con EE. UU, también ha transformado su política migratoria en múltiples ocasiones, y en parte, por presiones provenientes de los EE UU. En diciembre de 2023, la Patrulla Fronteriza estadounidense había realizado alrededor de un cuarto de millón de detenciones a lo largo de la frontera sur, marcando un máximo histórico. En esa línea, en medio de tensiones electorales – Biden criticado por el supuesto mal manejo en la frontera sur del país – se vio presionado por los sectores conservadores para intensificar el control migratorio con una serie de medidas criticadas desde el Sur. En junio del 2024, el presidente estadounidense aprobó un endurecimiento de las leyes de asilo que obligaba al cierre de la frontera cuando se superase el promedio de 2.500 arrestos diarios por siete días. En septiembre, EE. UU endureció aún más las restricciones y estableció que la suspensión a las solicitudes se levantase solo cuando los arrestos cayeran por debajo de los 1,500 por 28 días consecutivos. Para finales de diciembre del 2024, EE. UU había realizado más de 44,000 arrestos, una reducción significativa respecto al año anterior.[15] El objetivo final con las medidas para las deportaciones es desalentar a la gente a emigrar a los EE. UU.

No obstante, esta reducción de cruces migratorios hacia los EE. UU. también debe analizarse por la política de contención adoptada por el expresidente mexicano López Obrador, que llegó a un acuerdo con Biden para frenar el flujo de migrantes que llegaban desde Centroamérica, y al cambio de política de asilo del gobierno de Biden. Al respecto, las autoridades mexicanas han reportado un aumento importante en el tránsito migratorio irregular en fronteras nacionales. Según estadísticas del Instituto Nacional de Migración (INM), para agosto del 2024 se registraron 925.085 “eventos de personas en situación migratoria irregular” a través de todo el territorio mexicano; en el mismo lapso del año 2023, el INM informó de 398,991. Del total de interceptaciones en 2024, 719,690 fueron “presentados” ante la autoridad migratoria para regularizar su estatus en México, mientras que 205,395 fueron “canalizados’’ por las autoridades a las estaciones migratorias, que funcionan en la práctica según organizaciones de Derechos Humanos como centros de detención.[16] En resumen, la política respecto a los movimientos migratorios depende del estatus de la relación bilateral entre ambas naciones, pero el trato que reciben los migrantes es preocupante tanto en territorio mexicano como en la frontera con los EE. UU.

En el caribe, Haití presenta un flujo constante de emigrantes que se ve intensificado por el colapso de las funciones gubernamentales básicas, la persistente inestabilidad política y económica, y el aumento de la violencia de las pandillas desde el asesinato del presidente Jovenel Moïse en 2021. La violencia relacionada con los enfrentamientos entre pandillas ha dejado un saldo de casi 4.000 muertes en 2024 de acuerdo con datos de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Las mujeres y los menores se ven desproporcionadamente afectados, con un 94% de mujeres y jóvenes desplazadas con un riesgo agravado de padecer violencia.[17] La violencia de las pandillas y la inestabilidad política han provocado la cifra récord de 702,973 personas desplazadas internas, lo que convierte a Haití en el país con el mayor número de desplazamientos a nivel mundial debido a la violencia relacionada con la delincuencia. En 2024, ACNUR informó de más de 350.000 personas haitianas refugiadas y solicitantes de asilo en todo el mundo, muchas de las cuales emprendieron peligrosos viajes por las Américas y el Caribe.[18]

Esta situación ha generado una crisis migratoria en el vecino país. República Dominicana reporta que más de medio millón de haitianos viven dentro de sus fronteras. El gobierno tiene una política de repatriación sostenida desde que el presidente Luis Abinader asumiera el poder en el 2020 y fuera reelegido en medio de las presiones sociales para gestionar la migración en agosto del 2024. El mandatario ha aumentado el número de deportaciones de indocumentados y de expulsiones y ha reforzado la presencia policial en la frontera, donde se ha construido un muro de 164 kilómetros que ha prometido ampliar. En noviembre del 2024, la OIM registro que unos 86,000 haitianos habían sido “devueltos a la fuerza” a su país en lo que iba del año desde naciones vecinas.[19] Para gestionar la crisis, se ha avanzado lentamente hacia la estabilidad con la elección del Consejo Presidencial de Transición y la llegada del primer contingente de agentes de policía kenianos como parte de la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad; se espera que Haití encuentre cierta estabilidad para proteger y a apoyar grupos vulnerables en el 2025.

En el caso de la movilidad climática en las Américas, esta se caracteriza por ser compleja, multicausal y heterogénea. Las personas se movilizan a partir de la interacción de diversos factores que se amplifican o entrelazan con los impactos del cambio climático, como la violencia, conflictos o persecución. Además, puede desarrollarse tanto a partir de eventos súbitos, evidentes, como inundaciones y tormentas, pero también por eventos de evolución lenta, menos notorios, como la desertificación de los suelos. El Centro de Monitoreo de Desplazamiento Interno (IDMC por sus siglas en inglés) registró que, en la última década, un total de 24,5 millones de personas en las Américas se desplazaron dentro de sus países a causa de desastres y eventos repentinos, principalmente debido a tormentas e inundaciones.[20] Por su parte, el Banco Mundial proyecta que, para 2050, entre 9,4 y 17,1 millones de personas en Latinoamérica se verán obligadas a desplazarse internamente debido a fenómenos climáticos de evolución lenta, como la escasez de agua, la pérdida de cosechas y el aumento del nivel del mar.[21]

Específicamente, en el Triángulo Norte del Corredor Seco Centroamericano (esta zona del continente se caracteriza por tener un carácter dual climático, marcado por el fenómeno El Niño – Oscilación Sur y el cambio climático) el 80 % de las familias productoras de granos básicos vive en condiciones de pobreza, y el 30 % está en condición de pobreza extrema.[22] La sequía, el desempleo, bajos ingresos y la inseguridad alimentaria que sufren estas familias, se correlaciona directamente con el aumento de los flujos migratorios en la región. Sin embargo, las personas que huyen por motivos climáticos no pueden optar al estatus de refugiados, ya que no entran en la categoría de persecución en el Derecho de Refugiados.

ACNUR y la OIM han reconocido el fenómeno e instan a los Estados para fortalecer la protección y la asistencia de personas desplazadas en el contexto de desastres y cambio climático. Ambas entidades han formulado doctrinas en el campo humanitario para que más países puedan tomar en cuenta en los procesos de reasentamiento la relación multicausal entre Cambio Climático y persecución. De igual manera, la CIDH en su resolución No. 2/24 sobre Movilidad Humana inducida por el Cambio Climático reconoce la movilidad climática en América Latina y el Caribe como compleja y multicausal y propone directrices jurídicas y programáticas sobre las diferentes fases del fenómeno en la región.[23]

Donald Trump: el desafío migratorio e incertidumbre democrática

No hay duda, que la agenda estará marcada por las decisiones que tomará el presidente Donald Trump de los EE. UU. en materia de política internacional y migración. Durante su primer mandato, el gobierno estadounidense perdió confianza como un país líder en materia de derechos humanos y estado de derecho. El enfoque de Trump de ver el desafío migratorio como asunto de seguridad nacional, le llevo a considerar las causas de la migración forzada como una responsabilidad exclusiva de los gobiernos latinoamericanos. Además, sus constantes ataques sobre las instituciones judiciales y la prensa fueron un ejemplo ideal para los gobiernos autoritarios de Latinoamérica que intensificaron sus actos de corrupción sin consecuencias significativas en materia de cooperación internacional, dependiente en gran parte de la burocracia estadounidense.[24]

En síntesis, el enfoque de contención de la migración redefinió la política exterior de los EE. UU hacia Latinoamérica, casi exclusivamente en torno a esta cuestión. En lugar de perseguir una amplia gama de objetivos políticos latinoamericanos como la gobernabilidad democrática, el estado de derecho y la seguridad ciudadana, el gobierno de Trump presionó la cooperación de acciones de mano dura en la migración.[25] Con el regreso de los republicanos, la visión no es distinta; tomará una postura más rigurosa respecto a las personas con estatus migratorio irregular y los migrantes que intentan cruzar la frontera. Por esas razones, el asunto será un tema central en la agenda regional para los próximos meses, y se mantendrá como una probable fuente de conflicto con los países del Sur.[26]

Específicamente, Trump ha prometido cerrar el paso fronterizo del sur desde el primer día de su presidencia y firmar varias órdenes ejecutivas para encarrilar sus políticas migratorias, entre ellas, la deportación masiva de los 11 millones de indocumentados que residen en el país. Expertos[27] en el tema opinan que impedimentos legales, logísticos y financieros no van a permitirle llevar a cabo su plan con la celeridad que pretende, pero las decisiones que ha tomado hasta la fecha, como el nombramiento de los defensores de la línea dura para dirigir su política migratoria, y todas las declaraciones que ha realizado revelan que lo intentará. Entre las medidas que pretende ejecutar están: la retirada de ciudadanía por nacimiento, el arresto de indocumentados en espacios prohibidos como escuelas, hospitales y centros de culto; las deportaciones rápidas, es decir, deportaciones sin la necesidad de una audiencia ante un juez de inmigración, la separación de familiares (deportación de uno o más familiares indocumentados) y la eliminación de la aplicación CBP One.[28]

El escenario pesimista es que Trump cumpla varias promesas de su campaña electoral, sin embargo, en el sistema político estadounidense hay un esquema de pesos y contrapesos que limita el poder absoluto del presidente. Es cierto que habrá mayoría republicana en el Congreso, pero las agencias gubernamentales independientes y los grupos de presión empresariales también pueden actuar cuando perciban que sus intereses son afectados o consideren que una política no es de beneficio para el país.[29] La interdependencia de nuestra región se verá afectada por esta visión proteccionista y agresiva de los EE. UU, pero la seguridad de los migrantes es responsabilidad compartida de los Estados de origen y tránsito de los flujos migratorios.

También, con la migración como tema de argumento político, el gobierno republicano podría imponer sanciones más severas a países como Cuba, Nicaragua y Venezuela. En el caso venezolano, la administración Trump podría revertir las licencias de EE. UU. que autorizan algunas transacciones de exportación de gas licuado de petróleo a Venezuela, y “reimponer” sanciones al régimen de Nicolás Maduro. Sin embargo, como una de sus últimas acciones, Biden a través del Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés) anuncio la prorrogación por 18 meses del Estatus de Protección Temporal (TPS por sus siglas en inglés) que permite residir y trabajar legalmente en EE. UU a 600.000 venezolanos. De acuerdo con el comunicado oficial, la extensión se debe a las “extraordinarias y temporales condiciones que impiden que los ciudadanos venezolanos elegibles retornen de manera segura”. Se justifica por la “crisis económica bajo el régimen inhumano de Maduro” que ha “contribuido a elevados niveles de delincuencia y violencia, afectando al acceso a alimentos, medicinas, atención sanitaria, agua, electricidad y combustible”.[30] La expectativa con el nuevo gobierno estadounidense recae en las cortes federales que fueron el principal obstáculo de Trump para limitar este programa durante su primer mandato.

En el caso de Nicaragua, la administración de Trump podría promover nuevas sanciones económicas y explorar mecanismos para restringir los beneficios que recibe el país como miembro del Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (DR-CAFTA, por sus siglas en inglés).[31] Respecto a los países del Triángulo Norte, el tratamiento podría ser diferenciado y la diplomacia de cada país será crucial para garantizar el estatus de los centroamericanos en suelo estadounidense. Durante su campaña, Trump aseguró que suspenderá la asistencia económica que EE. UU. brinda a los países del norte de Centroamérica si no detienen el flujo de migrantes irregulares.

Primero, con El Salvador se espera una relación amigable, reconociendo las políticas de seguridad del presidente Nayib Bukele. Siempre y cuando, el gobierno salvadoreño no realice grandes proyectos de poca transferencia con China y mantenga los niveles de seguridad y desplazamiento; “controlados’’.[32] A diferencia de la relación entre EE. UU y El Salvador durante el gobierno de Biden, hacia El Salvador no se presentarán mayores críticas al modelo de seguridad, ya que para Trump es atractiva y le seduce a implementar algo similar para los migrantes irregulares en EE. UU.[33] No obstante, el tiempo dirá si la política personalista de Bukele tiene cabida en Washington para cabildear por los salvadoreños que se benefician del TPS. De acuerdo con el DHS, la prórroga otorgada para 234.000 salvadoreños hasta septiembre del 2026 es por las condiciones ambientales que impiden que las personas retornen al país centroamericano. Según el DHS, los eventos geológicos y climáticos, en particular las fuertes lluvias que han afectado a El Salvador en los últimos dos años han afectado las zonas más vulnerables del país.[34]

Mientras que, en Honduras, el 2025 será un año electoral y marcado por un gobierno de “izquierda’’ cercano a China. Honduras es el país con mayor número de desplazados internos en Centroamérica a causa de la violencia generalizada y la corrupción.[35] Además, el país ha desarrollado una nueva dinámica de migración forzada transfronteriza conocida como la migración por “goteo’’. Anteriormente, las caravanas de migrantes caracterizadas por grupos amplios en situación de vulnerabilidad, presionaban a los países de tránsito para que se les brindara asistencia, pero debido a las distintas políticas migratorias de contención en México y en la frontera con EE. UU, los migrantes prefieren desplazarse discretamente hasta la frontera donde tenían la oportunidad de solicitar asilo. Según datos del Observatorio de las Migraciones Internacionales de Honduras (Omih), entre enero y mayo del 2024 se registraron aproximadamente 9.800 encuentros fronterizos de hondureños en el suroeste de EE. UU, lo que represento un promedio mensual de 1.960 encuentros. De acuerdo con Omih, con la llegada de Trump a la casa Blanca, en la primera quincena de enero del 2025 se proyectó que de 10,000 a 11.000 migrantes partieron hacia EE. UU.[36]

Guatemala es incierta su relación con Washington, debido al inestable gobierno democrático del presidente Arévalo, quien intenta combatir la corrupción política luego de la expulsión de la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICG). Esto podría tener un efecto de contención por parte de Trump hacia Guatemala, si el gobierno de Arévalo no logra detener los flujos migratorios. No obstante, el gobierno guatemalteco ha puesto en marcha el plan “Retorno al Hogar’’, para asegurarse que sus ciudadanos en EE. UU puedan recibir asesoría en los consulados y en caso de detención y deportación, una recepción digna.[37] En general, si el acercamiento a China es evidente en la región y la migración irregular es constante, Trump lo utilizará como argumento para atacar a sus gobernantes y no promoverá inversiones en Centroamérica.

Conclusiones. La respuesta de Latinoamérica

En la toma de posesión de Trump reafirmo su visión proteccionista respecto a Latinoamérica al declarar “ellos nos necesitan mucho más que nosotros a ellos. Nosotros no los necesitamos”. Se presentó como un presidente que será recordado por ser “pacificador y unificador”; sin embargo, sus frases y tono amenazante, dicen lo contrario. En su alocución, insistió con recuperar el control del Canal de Panamá, advirtió que enviará el ejército a la frontera sur para repeler la inmigración ilegal (emergencia nacional en la frontera sur), aseguró que declarará a los cárteles como “organizaciones terroristas extranjeras”, frenó la exclusión de Cuba de la lista negra de Estados patrocinadores del terrorismo y, de forma simbólica, cambiará el nombre del golfo de México por “golfo de América”.[38]

La respuesta de los países latinoamericanos ha sido pragmática y responde a intereses nacionales, pero no le excluye de acciones coordinadas en materia migratoria. En esa línea, el 17 de enero, diez países latinoamericanos y del Caribe[39] se reunieron para integrar una estrategia conjunta ante las amenazas de deportaciones masivas en EE. UU. El espacio se denominó “Reunión sobre Movilidad Humana en la Ruta Norte del Continente: Hacia una gestión ordenada, segura, regular, responsable y humana’’ y tenía por objetivo dialogar y coordinar acciones encaminadas a: proteger los derechos humanos de las personas migrantes; prevenir abusos y malos tratos, gestionar desde un enfoque humanitario una migración regular, segura y ordenada, así como integrar a las poblaciones migrantes.[40] Además, se enfatizó que los países vecinos y de tránsito, debían conducirse con apego al Derecho internacional, a los derechos humanos y a las propias legislaciones internas en la gestión de la movilidad humana.

Es así; que Latinoamérica inicia un periodo de acciones inmediatas en respuesta a la política migratoria estadounidense. Por el momento, el peligro de las deportaciones masivas lleva a replantear el propio modelo estadounidense de Monroe “América para los americanos”, es decir, un frente regional latinoamericano para la cooperación internacional en la materia. Plataformas como la Comunidad de Estados Latinoamericanos y caribeños (CELAC) y la Organización de Estados Americanos (OEA) pueden fungir como escenarios multilaterales para enfrentar el desafío y presentar propuestas en beneficio de los intereses de la región y los EE. UU. En un panorama pesimista, las medidas de Trump pueden generar una fragmentación en la región entre los países que intenten negociar con EE. UU y los que buscan alternativas externas.

Por otra parte, la diplomacia latinoamericana se enfrenta a una de sus épocas más cuestionadas, caracterizada por aparatos burocráticos y de sistemas diplomáticos dirigidos por operadores políticos que simpatizan con lideres autoritarios en países claves en las rutas de tránsito de migrantes y que favorecen la política personalista de Trump. A pesar de que el presidente estadounidense ve las relaciones internacionales como un asunto de líder a líder, los efectos de sus decisiones amenazantes en materia migratoria, económica y de seguridad, estas pueden agravar las difíciles condiciones socioeconómicas de los países de la región que dependen en gran medida del financiamiento de los EE. UU. Este ambiente de amenazas geopolíticas con la migración de fondo, nos indica que Trump pretende revivir practicas de Gran Garrote en la región. Basado en una agenda más de tipo negativa, analiza a la región como un problema más a resolver, que como un socio estratégico.