Análisis semanal 583: Reformas constitucionales en Nicaragua: la consolidación de la dictadura (09 de diciembre de 2024)

Desde el inicio del siglo XX, Nicaragua ha estado atravesada por dictaduras, desde 1937 y hasta 1979 por la dictadura dinástica de los Somoza y en la actualidad Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo vuelven a hacerlo.^[1] Aun cuando Ortega participó activamente como miembro del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) para derrocar la dictadura de los Somoza en 1979 por medio de la Revolución Sandinista, desde 2007 se instauró en la presidencia estableciendo nuevamente un régimen autocrático que cada vez se consolida más.

Cuarenta y ocho años de dictadura militar de la familia Somoza no le parecieron suficientes a Daniel Ortega, que ha instaurado en Nicaragua un régimen autoritario sostenido sobre la represión y la encarcelación de sus opositores políticos. No queda nada de aquella Revolución sandinista que terminó con el somocismo en 1979.^[2]

En 2011 la Constitución Política de Nicaragua establecía en su artículo 147 la prohibición para que una misma persona ocupase la presidencia del país de manera consecutiva y por más de dos veces en su vida —Ortega ya había sido presidente entre 1985 y 1990—; sin embargo, en este mismo año Ortega se postuló para ser reelecto, amparado en una resolución judicial que le permitió seguir en la presidencia por segundo periodo consecutivo y por tercera vez en su vida.^[3]

Entre 2013 y 2014, con mayoría calificada en la Asamblea Nacional, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) aprobó la enmienda constitucional para permitir la reelección presidencial indefinida, pero además, modificó el porcentaje para resultar electo y estableció que la presidencia sería ocupada por quien obtenga la mayoría simple en los comicios.^[4] Estas reformas constitucionales allanaron el camino para que Daniel Ortega se reeligiera en los procesos electorales de 2011, 2016 y 2021, permitiendo que a la fecha acumule más de veinte años de su vida como presidente de Nicaragua. No obstante, sus reelecciones consecutivas no han sido tan sencillas como las reformas constitucionales que con mayoría calificada han aprobado en la Asamblea Nacional. Los procesos electorales en Nicaragua, y las administraciones de Ortega, han estado marcados por la violación sistemática de los derechos humanos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ha denunciado en reiteradas ocasiones las continuas violaciones graves a los derechos humanos de los detenidos por razones políticas y exigido al Estado su liberación inmediata.^[5]

            El 2018 marcó una escalada en la violencia que el gobierno de Ortega y Murillo ejerce contra sus opositores políticos. El 18 de abril inició un estallido social en el cual la población nicaragüense exigía la renuncia de Daniel Ortega, pero que dejó como saldo a cientos de personas fallecidas y la perpetuación de Ortega en el poder. “Las manifestaciones que se extendieron por cinco meses dejaron un saldo de 355 fallecidos y más de 100.000 exiliados, según cifras de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)”.^[6]

Las personas que se posicionan públicamente en contra de la dictadura nicaragüense y no han fallecido a causa de la violencia ejercida por Ortega y Rosario Murillo, se encuentran en las cárceles sufriendo de malos tratos y torturas, tal y como cita el medio de comunicación Deutsche Welle; los "presos políticos sufren sometimiento a interrogatorios constantes, amenazas, aislamiento, malos tratos y torturas (que) infringen estrés, ansiedad, insomnio, y otros factores que ponen en grave riesgo la salud e integridad física".^[7]

Miles de personas han salido del país, en algunos casos por decisión propia o incluso expulsados por la misma dictadura. En septiembre de 2024 expulsaron a Guatemala a más de 130 personas que se encontraban privadas de libertad y les “quitaron su nacionalidad”:

La Corte Suprema de Justicia nicaragüense, controlada por los sandinistas, informó en una nota de prensa que la Sala Uno del Tribunal de Apelaciones de Managua emitió una resolución judicial "ordenando la pérdida de la nacionalidad nicaragüense a 135 personas, condenadas por hechos delictivos que atentaron contra la soberanía, independencia y autodeterminación del pueblo nicaragüense.^[8]

Sin embargo, aún cuando el régimen ha expatriado a gran cantidad de presos políticos, para noviembre de 2024 el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas reportó que existen al menos 46 opositores y críticos del gobierno que se encuentran en las cárceles de Nicaragua por razones políticas.^[9] Estas acciones evidencian que el poder de la dictadura ha cooptado a todos los poderes del Estado, incluyendo el judicial. El régimen sostiene una manipulación y violencia institucional que encarna las características de una dictadura moderna.

Última reforma constitucional: noviembre de 2024

El pasado mes de noviembre, Daniel Ortega presentó una reforma constitucional que pretende cambiar más de cien artículos y que fue aprobada de manera expedita por la Asamblea Nacional. Con la aprobación de la actual Asamblea, la legislatura siguiente deberá realizar una segunda votación, y de resultar afirmativa para el cambio constitucional, entrará en vigor.

La Constitución Política de Nicaragua establece que las reformas a la Carta Magna deben ser ratificadas en dos legislaturas consecutivas antes de entrar en vigor. La legislatura actual concluye en diciembre, mientras que la próxima comienza el 10 de enero de 2025, momento en el que la reforma sería completamente aprobada, según lo indicado por Infobae de acuerdo a las estimaciones del presidente del Parlamento, Gustavo Porras.^[10]

Esta reforma ha enfrentado señalamientos, la principal preocupación radica en la concentración de poder que otorga al presidente Daniel Ortega y a su esposa, Rosario Murillo, quienes ahora tendrán el cargo de copresidentes. “Un grupo de 27 exjefes de Estado de América Latina y España condenó este viernes la reforma constitucional en Nicaragua aprobada en primera legislatura, la cual «adopta un modelo constitucional abiertamente dictatorial» e implica «un grave retroceso histórico»”.^[11] La modificación extiende el mandato presidencial de cinco a seis años y les confiere la facultad de coordinar los poderes legislativo, judicial y electoral, eliminando de manera legal la separación de poderes.

 Además, la reforma ha sido cuestionada por legalizar prácticas que atentan contra los derechos humanos y las libertades individuales. Entre los cambios más señalados está la eliminación de la prohibición constitucional de censurar a los medios de comunicación, suprimir la prohibición de la tortura, la creación de la policía voluntaria y la desaparición electoral de sus principales opositores.

Según el texto, los copresidentes podrán nombrar vicepresidentes sin que sean elegidos por el voto popular. Para ser candidatos a copresidentes tienen que haber residido de forma continua en Nicaragua los seis años anteriores a la elección, no haber sido declarados “traidores a la patria”, o no haber adquirido otra nacionalidad, con lo que se inhibe a los principales dirigentes de la oposición que fueron excarcelados, desterrados y desnacionalizados en febrero de 2023.^[12]

Las reformas constitucionales han sido el principal instrumento de Daniel Ortega para consolidar su régimen dictatorial. Desde 2007, dichas modificaciones han permitido la reelección indefinida, la reducción de la competencia electoral y la centralización del poder en manos de Ortega y Murillo. La última reforma, aprobada en 2024, amplía su control e institucionaliza prácticas represivas como la censura, la tortura y la persecución de opositores. Estas medidas no sólo profundizan el autoritarismo en Nicaragua, sino que también aíslan al país en el ámbito internacional; con ellas Ortega no solo asegura su permanencia en el poder, sino que sienta las bases para perpetuar un sistema que reprime cualquier disidencia y desmantela los principios fundamentales de un estado democrático.