Análisis semanal 582: La Resolución 1325 de la ONU (02 de diciembre de 2024)

Introducción

La Resolución 1325 sobre Mujeres, Paz y Seguridad fue aprobada de forma unánime por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas el 31 de octubre de 2000, representando un hito en la promoción de la agenda internacional de Mujeres, Paz y Seguridad. Esta resolución central, complementada por otras resoluciones adoptadas en las últimas dos décadas, ha sido ampliamente reconocida y empleada tanto por organizaciones feministas como por actores de la cooperación internacional, consolidándose como una herramienta clave para abordar la desigualdad de género en contextos de conflicto.^[1]

La resolución destaca el impacto singular y desproporcionado que los conflictos armados tienen sobre las mujeres y niñas, subrayando la necesidad de adoptar una perspectiva de género en todas las etapas de prevención, gestión y resolución de conflictos; además, insta a los Estados miembros y a la ONU a garantizar la representación de las mujeres en los procesos de toma de decisiones y en las negociaciones de paz, promoviendo su participación activa y efectiva en la construcción de una paz sostenible.^[2] Este enfoque se fortaleció en 2008 con la Resolución 1820, la cual por primera vez reconoció la violencia sexual como una táctica de guerra y una amenaza para la seguridad internacional. Este documento destacó cómo estas agresiones pueden exacerbar los conflictos y dificultar los procesos de pacificación, así como construir crímenes de guerra, actos de genocidio o crímenes hacia la humanidad, subrayando la necesidad de una respuesta desde el ámbito de la seguridad y el derecho internacional.^[3]

A más de dos décadas de la Resolución 1325, no solo se ha fomentado un cambio en la manera en que la comunidad internacional aborda la paz y la seguridad, sino que también ha generado consenso sobre la importancia de la igualdad de género como elemento esencial en estos procesos. En su esencia, no solo busca garantizar los derechos de las mujeres, sino que también busca resaltar su liderazgo como indispensable para alcanzar una paz duradera y efectiva.^[4]

Los principios y la historia detrás de la resolución

La resolución tiene sus raíces en las intensas acciones llevadas a cabo por el movimiento feminista y de mujeres por la paz durante los años noventa del siglo pasado, esfuerzo marcado por una labor de incidencia constante que logró poner en la agenda del Consejo Nacional de Seguridad de la ONU un tema que hasta entonces había sido ignorado: los impactos diferenciados que los conflictos armados tiene en las mujeres y niñas. La resolución marcó un antes y un después al reconocer tanto los efectos desproporcionados que enfrentan las mujeres en escenarios de guerra, así como su papel fundamental en la prevención y resolución de conflictos y en la construcción de una paz duradera.^[5]

El contexto de su aprobación estuvo influido por las atrocidades vividas durante la guerra de los Balcanes y el genocidio en Ruanda, donde la violencia sexual se utilizó como arma de guerra. Estos acontecimientos fueron el detonante para que la comunidad internacional comprendiera la urgencia de un marco normativo que abordara estas problemáticas de manera estructural. Este avance, además, no habría sido posible sin la colaboración estratégica de redes transnacionales de activistas, conferencias internacionales sobre mujeres y el trabajo conjunto de ONG’s y colectivos feministas. Las Naciones Unidas de igual forma se convirtieron en un espacio clave para dar voz a estas demandas y para consolidar la agenda de Mujeres, Paz y Seguridad como un eje central en los debates sobre conflictos armados.^[6]

Es importante recalcar los cuatro pilares esenciales en los que se sustenta la Resolución 1325. El primero es la prevención, el cual reconoce el papel crucial de las mujeres en evitar la escalada de los conflictos y fomentar la paz; el segundo es la participación, exige la inclusión equitativa de las mujeres en la toma de decisiones, las negociaciones de paz y las instituciones políticas; el tercer pilar, la protección, busca garantizar la seguridad de las mujeres y la niñas durante los conflictos armados y en los periodos posteriores; y por último, la resolución promueve la perspectiva de género, instando a los Estados miembros a integrar esta visión en sus políticas, programas de formación y operaciones de mantenimiento de la paz. Este enfoque integral no solo refuerza el rol de las mujeres como agentes de cambio, sino que también desafía las estructuras que perpetúan su exclusión.^[7]

A 24 años de su implementación

A lo largo de estos 24 años, la Resolución 1325 y la Agenda de Mujeres, Paz y Seguridad han tenido un impacto significativo en la visibilidad de las demandas de las organizaciones de mujeres y movimientos feministas, pero su implementación efectiva también ha sido objeto de numerosas críticas que señalan que, a pesar de los compromisos y las iniciativas globales, la realidad sigue siendo distante de las expectativas iniciales. Aunque han habido avances en el reconocimiento de la importancia de la inclusión de las mujeres en los procesos de paz y seguridad, las dificultades persisten. De acuerdo con el informe anual de 2023 del secretario general de la ONU, António Guterres, en 2022 aproximadamente 614 millones de mujeres y niñas vivían en países afectados por conflictos, lo que representa un incremento del 50 % en comparación con el 2017, lo cual resalta la necesidad urgente de reforzar la implementación de la Agenda de Mujeres, Paz y Seguridad con el fin de abordar la creciente vulnerabilidad de las mujeres en contextos bélicos.^[8]

A pesar de este sombrío panorama se han realizado esfuerzos considerables para integrar la perspectiva de género en la respuesta humanitaria, como se observa en la creación de mecanismos consultivos para mujeres en Afganistán y Gaziantep (Turquía), donde se facilitó la participación de mujeres líderes en la planificación de la respuesta a las crisis y en la toma de decisiones. En cuanto a la participación política, ha habido avances, sin embargo la paridad de género en los niveles más altos de la toma de decisiones sigue siendo lejano. Según ONU Mujeres, para junio de 2024 27 países tendrán una jefa de Estado o de gobierno, pero se estima que la igualdad de género en estos cargos no se logrará en los próximos 130 años.^[9]

En cuanto a los parlamentos, la proporción de mujeres había aumentado, alcanzando un 26,5 % a nivel mundial en 2023, aunque en los países afectados por los conflictos, la cifra sigue siendo baja, con tan solo un 23 %. A comienzos de 2024, ONU Mujeres estimaba que las mujeres ocupaban el 23,3 % de los cargos ministeriales en gobiernos de todo el mundo, específicamente en ministerios que lideran áreas políticas, sin embargo este porcentaje desciende al 20% en países afectados por los conflictos. Cabe resaltar que solo en quince países las mujeres representan el 50 % o más de los ministros en estos puestos políticos. De igual forma, en el mismo periodo, solo seis parlamentos a nivel global alcanzaban o superaban el 50% de representación femenina en sus cámaras bajas o parlamentos unicamerales, destacando a países como Ruanda (61 %), Cuba (56 %) y Nicaragua (54 %), así como Andorra, México, Nueva Zelanda y Emiratos Árabes Unidos, en contraste con 22 países que solo lograron una representación femenina superior al 40% en sus parlamentos.^[10]

Sin embargo, a pesar de estos avances en la participación femenina en procesos de paz, la participación sigue siendo mínima, contado como ejemplo que en 2022 solo uno de los 18 acuerdos de paz firmados incluyó a una representante de un grupo o movimiento de mujeres. De manera similar, aunque las mujeres contribuyen significativamente a las misiones de mediación, su rol como mediadoras o negociadoras sigue siendo una excepción.^[11] El secretario de la ONU ha señalado que a pesar de los esfuerzos realizados, la implementación de la agenda sigue estando lejos de ser adecuada y muchos de los acuerdos de paz no incluyen disposiciones suficientes sobre género, lo que refleja una falta de compromiso político por parte de los Estados y una insuficiencia de financiación de la agenda.^[12]

Aunque hasta la fecha 98 países han adoptado Planes de Acción Nacionales —es decir, el 56 %— para implementar la Resolución 1325, gran parte de la responsabilidad de su implementación recae en las organizaciones de mujeres y feministas, que continúan siendo actores claves en la promoción de los derechos humanos de las mujeres. A pesar de estos desafíos, el enfoque integral de la Agenda sigue teniendo un gran potencial transformador, en donde su capacidad para abordar las causas y consecuencias de la violencia de género en los conflictos y para integrar la perspectiva de género en los procesos de paz es crucial para la construcción de una paz más inclusiva y sostenible. No obstante, la complejidad de la Agenda, con sus múltiples actores e interpretaciones, requiere un análisis continuo con el fin de identificar las mejores formas de implementar sus principios.^[13]

Conclusiones

Es crucial reconocer que los acuerdos de paz desempeñan un papel fundamental en la construcción de un futuro inclusivo y sostenible, lo que hace aún más relevante la participación de las mujeres en su formulación. Sin embargo, en los últimos años ha habido un retroceso en la inclusión de cláusulas de género en estos acuerdos. En 2022, de los 18 acuerdos de paz alcanzados, solo seis incorporaron disposiciones específicas sobre mujeres, niñas y cuestiones de género, tendencia que subraya la persistencia de barreras estructurales que limitan el progreso hacia una paz verdaderamente inclusiva.^[14]

A pesar de los avances limitados, los desafíos siguen siendo significativos, como la falta de voluntad política por parte de los gobiernos para hacer cumplir las disposiciones, las restricciones propias del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la insuficiencia de recursos financieros para los programas destinados a la implementación de la Agenda, y el bajo impacto de algunas medidas adoptadas para mejorar la vida de las mujeres en contextos de conflicto; los compromisos formales, las palabras y las promesas aún no se han traducido en una transformación real de las estructuras patriarcales que perpetúan la discriminación y las violencias contra las mujeres^[15].

No obstante, es indiscutible que la Resolución 1325 ha sido un motor importante para que las organizaciones de mujeres presionen a las autoridades, exigiendo que sus voces sean escuchadas e influyan en las políticas nacionales e internacionales a través de un proceso que ha logrado generar conciencia sobre la necesidad de incluir una perspectiva de género en los análisis de los conflictos armados y en los procesos de conclusión de estos. Si bien los retos persisten, la resolución sigue siendo un instrumento clave para avanzar hacia una paz más equitativa y justa.^[16]