Análisis semanal 571: Reforma judicial: análisis del 'Plan C' y sus implicaciones sociopolíticas (18 de septiembre de 2024)

 

El 11 de septiembre de 2024 en horas de la madrugada, la Cámara de Senadores de México aprobó la reforma judicial denominada por el oficialismo “Plan C”. Esta reforma impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, establece la elección por voto popular de quienes encabezan los ministerios de la Suprema Corte y del resto de la judicatura de la República mexicana.

Según esta controversial reforma, promulgada por el presidente López Obrador el 15 de septiembre, en medio de las celebraciones conmemorativas de la independencia, a partir de 2025 iniciará la elección de los 1600 cargos judiciales que ahora se elegirán mediante las urnas. El cambio establece que el próximo año se llevará a cabo la elección de los ministros de la Suprema Corte, magistrados del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial y del nuevo Órgano de Administración, así como la mitad de los jueces de distrito y magistrados de circuito.^[1]

Además, la reforma plantea que en 2027, año de elección de gubernaturas en algunos Estados de la República, se complete el proceso con la elección del resto de cargos judiciales. Las personas electas para ocupar los ministerios del Poder Judicial, permanecerán en su cargo en función del número de votos obtenidos, siendo que quienes obtengan más votos tendrán un periodo más largo. Asimismo, en el caso de la Suprema Corte su cantidad de integrantes se verá reducida de once a nueve, pero además, la Presidencia será rotativa por periodos de dos años, y quien haya obtenido mayor cantidad de votos tendrá mayor derecho de obtenerla.^[2]

La aprobación de la reforma en el Senado, con 86 votos a favor y 41 en contra, se da luego de la discusión y aprobación de la propuesta en la Cámara de Diputados, donde obtuvo 359 votos a favor y 135 votos en contra.^[3] Asimismo, la reforma constitucional siguió su procedimiento con la discusión en las legislaturas estatales, donde rápidamente consiguió la aprobación necesaria para posteriormente ser promulgada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Andrés Manuel López Obrador está cerca de acabar su periodo como presidente de México y será sustituido por Claudia Sheinbaum Pardo, quien en el pasado mes de junio resultó electa como su sucesora. Sheinbaum, exjefa de Gobierno de la Ciudad de México y miembro del partido Morena, misma agrupación política del presidente López Obrador, felicitó a los senadores y aseguró que la justicia se verá fortalecida gracias a esta reforma.^[4]

No obstante, a pesar del apresurado procedimiento que hace parecer que la reforma tenía el camino fácil, lo cierto es que ha tenido a su paso distintos adversarios. Norma Piña, Ministra Presidenta de la Suprema Corte de Justicia, hizo un llamado al diálogo e incluso aseguró que la reforma representaba la demolición del Poder Judicial, y señaló que esta no era la vía correcta.^[5]

Manifestaciones sociales

Desde el miércoles 21 de agosto, catorce días antes de la votación en la Cámara de Diputados y 21 días antes de la votación en la Cámara de Senadores, personas trabajadoras del Poder Judicial iniciaron un paro de labores, al cual se sumó la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 02 de septiembre.^[6] Este paro alcanzó la mayor parte de los Estados del país y contó con la participación de más de 50 mil personas.^[7]

Asimismo, más personas de la sociedad civil y organizaciones se sumaron a las manifestaciones que se intensificaron de cara y durante los procesos de debate y votación. El 03 de septiembre, miles de manifestantes se hicieron presentes ante las puertas del Congreso de la Unión, y bajo la consigna “¿Y a dónde están, y a dónde están, los diputados que nos iban a escuchar?” protestaron durante horas.

El 10 de septiembre las personas manifestantes se presentaron en la Cámara de Senadores, donde en horas de la tarde tomaron el edificio e irrumpieron directamente en el pleno de la Cámara. Esta situación provocó que la Presidencia tuviese que decretar un receso por tiempo indefinido y establecer una sede alterna para continuar con el debate. De igual forma, la irrupción de manifestantes en los plenos es una situación que se repitió en congresos locales.

Además, las protestas no se limitaron únicamente a los “espacios políticos” o sedes legislativas. El 14 de septiembre, manifestantes se hicieron presentes en el Puente Internacional Córdova-Américas, frontera entre México y Estados Unidos, y bloquearon el paso durante varias horas, afectando el tránsito de personas y el comercio internacional.^[8]

Contexto político

Durante la mayor parte del siglo XX, México estuvo gobernado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), convirtiéndolo en el partido hegemónico. El PRI ocupó la presidencia desde el año 1929 hasta el 2000, colocó doce presidentes y gobernó por 71 años. No obstante, similar a lo ocurrido en otros países, tantos años de gobierno por parte de una misma agrupación dio paso a la concentración del poder, las prácticas autoritarias y la corrupción, generando un malestar popular y dando espacio a nuevas opciones políticas.^[9]

En el año 2000, el Partido Acción Nacional (PAN) ganó la presidencia, la cual mantuvo por dos periodos, hasta 2012, año en el cual la candidatura impulsada por el PRI y el Partido Verde Ecologista de México obtuvo la victoria para gobernar hasta 2018. Sin embargo, el gane del Partido Revolucionario Institucional en 2012 no representó la vuelta al poder por mucho tiempo, puesto que en 2018 perdieron las elecciones e ingresó a gobernar el partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA).

La llegada de MORENA al escenario político mexicano marcó un cambio significativo en la dinámica de poder, el Movimiento de Regeneración Nacional se presentó como una alternativa al sistema político tradicional que había sido dominado por el PRI y el PAN. Asimismo, el gane de Andrés Manuel López Obrador representó la primera ocasión de la historia de México en la cual una agrupación política autoproclamada de izquierda accedía a la Presidencia.

Durante el mandato de López Obrador, se han implementado más programas sociales, como becas para estudiantes y apoyos económicos para adultos mayores. De acuerdo con los datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), y un análisis del investigador Máximo Ernesto Jaramillo-Molina, el 36 % de los hogares en México reportó en 2022 recibir alguno de los 17 programas sociales a cargo del gobierno federal.^[10]

Sin embargo, su estilo de gobierno ha sido objeto de críticas, especialmente por su tendencia a polarizar la opinión pública y a confrontar a los medios de comunicación y a sus opositores políticos. Esta dinámica ha generado un clima de división en el país, donde las diferencias ideológicas y partidistas se han acentuado. A pesar de estas controversias, su administración ha logrado mantener un alto nivel de apoyo popular. La aprobación popular hacia el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha mantenido índices altos durante todo su gobierno, oscilando entre el 62 % y 80 %.^[11] Asimismo, los resultados de las elecciones presidenciales de junio de 2024 evidencian el apoyo significativo que López Obrador y MORENA poseen. A través de su enfoque en la justicia social y la lucha contra la corrupción, el Movimiento de Regeneración Nacional ha logrado conectar con amplios sectores de la población.

Sin embargo, su administración no ha estado exenta de controversias. La polarización política ha aumentado con un discurso que frecuentemente divide a la sociedad entre "el pueblo" y "los conservadores", lo que ha generado tensiones en el debate público. Pero lo cierto, es que en las recientes elecciones la población otorgó mayoría a MORENA tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, dando la posibilidad de que con poco esfuerzo puedan aprobar las reformas y leyes que consideren necesarias.

En la Cámara de Diputados el Movimiento de Regeneración Nacional logró obtener mayoría calificada. Según el acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) del 23 de agosto de 2024, MORENA y sus aliados alcanzaron cerca del 73 % de las curules de la Cámara de Diputados, alcanzando más de las dos terceras partes. Mientras que en la Cámara de Senadores quedaron a una curul de alcanzar la mayoría calificada, con 85 lugares.^[12]

Análisis sociopolítico

La promulgación de la reforma judicial o “Plan C” ha puesto sobre la mesa la discusión sobre sí se está dando un debilitamiento a la democracia mexicana. En este sentido, se debe reconocer que en cualquier democracia la independencia de los poderes es un pilar fundamental. Con esta reforma, se puede argumentar que se busca una mayor alineación ideológica entre el Ejecutivo y el Judicial, lo que potencialmente podría debilitar el sistema de pesos y contrapesos propios de un régimen democrático.

La posibilidad de que el Ejecutivo ejerza una influencia directa sobre el Poder Judicial mediante la elección popular de los jueces plantea serias preocupaciones sobre la autonomía del mismo. Si bien la elección popular puede interpretarse como un intento de democratizar el acceso a las altas esferas del poder judicial, también podría producir que los jueces se vean sometidos a presiones políticas, comprometiendo su imparcialidad.

Y este riesgo se exacerba ante un contexto de polarización social, dando paso a que las elecciones judiciales se conviertan en un campo de batalla ideológico, en lugar de un proceso de selección basado en la competencia técnica. No obstante, en este sentido también es propio mencionar el papel que juegan los movimientos sociales y sus manifestaciones, más allá de sus posiciones ideológicas o partidarias.

La toma del pleno del Senado por parte de manifestantes refleja un acto histórico en la política mexicana, no solo por su simbolismo, sino también por su impacto en el debate público y en la percepción de la legitimidad del proceso legislativo. Asimismo, puede dar una idea del papel que tendrán los movimientos sociales durante la administración de Sheinbaum, aún cuando esta no haya iniciado.