Análisis semanal 569: Agenda-setting en período electoral: El caso de la regulación de armas en Estados Unidos (09 de septiembre de 2024)

El debate sobre el control de armas ha dividido la política nacional estadounidense durante décadas, enfrentando visiones opuestas sobre el papel de las armas de fuego en la sociedad. En general, el debate sobre las armas constituye una disputa política sobre el alcance y las consecuencias adecuadas de la política gubernamental.^[1] Por lo tanto, en la sociedad estadounidense, la cuestión central radica en el principio de regulación de las armas.

Fuente: Next Generation Politics (2021)

A medida que la violencia con armas ha aumentado, la preocupación por el control de armas ha hecho estragos en el panorama estadounidense durante varias campañas electorales. Por mucho tiempo, fue evidente que la regulación de armas – entre algunos otros temas – formó un asunto central en la agenda electoral. Sin embargo, en cierto modo, la conversación política sobre el control de armas ha sido motivada, especialmente, por la aparición de nuevos casos de violencia con armas en los medios de comunicación.^[2]

Las armas, o al menos el derecho de portarlas, constituye una discusión inevitable en una sociedad profundamente arraigada con una cultura de armas.^[3] No obstante, es evidente que su relevancia en la agenda pública se ha modificado en la actual política estadounidense. Lo anterior, considerando que, en el presente ciclo electoral, la agenda ha estado moldeada por las principales inquietudes de la población estadounidense – en donde el control de armas no constituye una preocupación elemental.

Por lo tanto, en estas Elecciones Presidenciales 2024, la cuestión de regulación de armas ha quedado relegada a un segundo plano. A pesar de que el tema del control de armas continúa siendo un tema divisivo en la política estadounidense, las estadísticas demuestran que las prioridades de la población han fluctuado hacia otros temas por factores coyunturales. En este sentido, es imperante que se considere que, en un sistema político, no es posible reconocer la existencia de todos los problemas. Por lo tanto, en cualquiera de los casos, el proceso de la fijación de la agenda gubernamental está estrictamente interrelacionada con la atención y la comprensión de los problemas prioritarios.

Si bien es cierto, la investigación sobre el proceso de la fijación de la agenda ha sido exitosa en señalar las razones por las cuales “algunas cuestiones atraen la atención del gobierno y se convierten en parte de la agenda”.^[4] En este sentido, la agenda-setting resulta trascendental en todas las fases del proceso político. Especialmente, al ocupar la cuestión de los factores que hacen que ciertos temas sean reconocidos como ‘importantes’ o como un ‘problema’ para el gobierno – cuyo proceso tiene un impacto en la producción de políticas públicas (las decisiones y no decisiones del gobierno).^[5]

No obstante, la otra dimensión – sobre la negación en la agenda – resulta, a su vez, un momento crítico en el proceso de toma de decisiones. Fundamentalmente, porque la negación de la agenda tiene un impacto cuyo proceso mantiene deliberadamente cuestiones fuera de consideración – como es en el caso de la regulación de armas en el contexto de la agenda electoral para las Elecciones Presidenciales 2024. Si bien la finalidad de la política reside en la gestión del conflicto social, es evidente que no todas las cuestiones tienen acceso a la agenda – ni son prioridades gubernamentales.

En el plano electoral, la definición de un problema en la agenda es esencial en tanto moldean el debate público – en cómo pensamos y hablamos sobre estas cuestiones.^[6] A medida que las Elecciones Presidenciales 2024 avanzan, una amplia gama de problemas ocupan un lugar central – especialmente, aquellos “más urgentes” para la política nacional estadounidense. Esencialmente la economía (referente a la inflación) constituye el principal tema ya que concierne a un 81% de los votantes registrados. Aparte de la economía, otros elementos centrales son el sistema de salud (65%), los nombramientos en la Corte Suprema de los Estados Unidos (63%), la política exterior (62%) y el crimen y migración (61%).^[7]

En términos de la agenda-setting de Cobb & Elder (1971), estos han sido capaces de transformarse de asuntos privados a públicos. Por ende, a su vez, son tomados como prioridades gubernamentales de forma que se consideran como preocupaciones legítimas que merecen la atención política.^[8] Desde esta perspectiva, la transformación de un objeto de conflicto a un problema político no solo depende de la frecuencia de aceptación – la legitimidad – sino que también de la coyuntura, el tiempo y el espacio.

El hecho de que la economía se haya incorporado a la agenda resulta interesante, en el sentido de que ha logrado legitimarse en el espacio político para este periodo electoral. Lo anterior, en un contexto en donde – a comparación de la inflación entre 2021-2022 – el estado de la economía ha experimentado un crecimiento paulatino durante casi dos años.^[9] La politización del tema de la economía – en cuanto a la inflación y costo de vida – se establece en la esfera política mediante la habilidad de controlar las alternativas sujetas a discusión. Además, como lo describe Schattschneider (1960), la politización de un objeto de conflicto depende en cuán involucrada estén las personas.^[10]

Contrariamente, el caso de la regulación de armas en Estados Unidos ha tenido durante décadas una intensidad sostenida en el panorama estadounidense. Especialmente, al considerar que los school shootings se han convertido en una realidad social y un problema de salud pública para la infancia – en donde las armas de fuego representan un 18% del total de todas las muertes de niños y adolescentes estadounidenses.^[11] A pesar de la frecuencia de tiroteos masivos, la cuestión de legislación para armas de fuego concierne a un 56% de los votantes registrados en estas elecciones. Por lo tanto, en comparación con la economía, su lugar en la jerarquía de prioridades queda rezagado.

En su sentido más amplio, el conflicto sobre la legitimación de la violencia de armas como un problema político tiene sus raíces en una cultura profundamente arraigada con las armas de fuego.^[12] Como nación, las armas de fuego han estado integradas en el tejido tanto histórico como social que abarca la interacción – consciente e inconsciente – con las armas de fuego mediante las estructuras sociales que proyectan en ellas. Esencialmente, esta socialización de las armas – así como sus interacciones – permite moldear los elementos en torno a la propiedad y el uso de armas de fuego. Su mayor evidencia es mediante la Segunda Enmienda del Bill of Rights la cual establece:

“Por ser necesaria para la seguridad de un Estado libre una milicia bien regulada, no se restringirá el derecho del pueblo a poseer y portar armas” [A well-regulated Militia, being necessary to the security of a free State, the right of the people to keep and bear Arms, shall not be infringed]^[13]

Por lo tanto, en su esencia, el debate sobre el control de armas trata los derechos inalienables del ciudadano, el poder del Estado para regularlos y el mantenimiento del orden público.^[14] Desde esta perspectiva, resulta natural que no todas las personas perciban el control de armas de la misma manera. Lo anterior ya que, como área de política regulatoria, se busca implementar restricciones a la conducta individual el cual resulta altamente controvertido.^[15]

Ciertamente, en la sociedad contemporánea estadounidense, la regulación de armas ha tenido dificultades para introducirse como un problema político que resulte en medidas legislativas. Este obstáculo podemos concebirlo en términos de poder porque está relacionado con el rechazo como elemento prioritario en la agenda y, a su vez, motivado por una sociedad fuertemente arraigada a la cultura de armas. En este sentido, actores – como la National Rifle Association (NRA) – tiene una capacidad de poder para promover sus intereses, el cual va dirigido al derecho consagrado por la Segunda Enmienda, en el lobby político – particularmente en la Corte Suprema y el Congreso. 

La compleja interacción entre poderes fácticos con el sistema político hace que la regulación de armas enfrente dificultades para introducirse como prioridad en la agenda gubernamental. Especialmente, cuando el poder se ejerce de forma que, en la medida de que A tenga éxito en reforzar valores sociales a B se le impide – en sus propósitos prácticos – introducir cualquier problema que no se alinee con los intereses de A. Esta dinámica de poder permite reforzar el status quo en torno a la narrativa que permite resistir la intervención gubernamental – en búsqueda del bienestar público – al acceso a las armas de fuego.

A su vez, el marco ideológico – reforzado por la Segunda Enmienda y la cultura de armas – ha polarizado el debate sobre la regulación de armas en Estados Unidos. Esencialmente, al ser un contexto en donde los tiroteos masivos – específicamente en las escuelas – se han convertido en una realidad social y, aun así, no ha resultado en quehacer legislativo. Mucho menos en este periodo legislativo, en donde los intereses de la agenda electoral se encuentran configurados hacia otros temas.

Desde esta lógica, es necesario señalar que los objetos de conflicto “son construcciones sociales que deben analizarse en un determinado tiempo y contexto”.^[16] Por lo tanto, es inherente que la actividad política esté dirigida a regular interacciones de algún tipo dentro del sistema político. La fijación de la agenda está marcada por un proceso que no solo depende de la asignación de valores entre actores, sino que también de la percepción – e intereses – que los actores tienen en la priorización de temas. Más allá, importa mencionar que lo que se considera como una prioridad en una sociedad determinada

“puede no convertirse, durante largos períodos, en objeto de la acción del gobierno en otra sociedad. Además, dentro de la misma sociedad, el análisis temporal puede mostrar cómo los problemas entran y salen de la agenda de prioridades del gobierno según las décadas, o incluso según los partidos políticos en el gobierno”.^[17]

Justamente, estos son los elementos que permiten que la agenda-setting sea un proceso dinámico. En un sistema político – y frente a dinámicas constantes de poder – es necesario reconocer que, lejos de ser un proceso automático, la fijación de la agenda implica una interacción de variable adaptable en el tiempo. Al menos así, podemos contemplar la fijación de la agenda para las Elecciones Presidenciales 2024 – en donde se evidencia que, más que el control de armas, temas como la economía, salud pública y migración son considerados como temas de mayor urgencia.