Análisis semanal 566: Jueces en las calles de México: ¿Qué motiva el intento de Reforma Judicial? (19 de agosto de 2024)

El pasado 23 de agosto decenas de magistrados, jueces y diversas personas trabajadoras del Poder Judicial se congregaron en las afueras del Palacio de San Lázaro, con el objetivo de manifestarse en contra de la reforma judicial preparada por el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador.^[1]

Las dudas sobre la reforma de López Obrador están puestas, principalmente, en la posibilidad de que los integrantes de la judicatura federal sean removidos de sus cargos y sustituidos por unos nuevos surgidos de una elección por voto popular. Asimismo, se teme por la vitalidad de los contrapesos en el Gobierno de la presidenta electa Sheinbaum, tras unas votaciones que dieron a Morena, el partido en el Gobierno, una aplastante mayoría calificada en el Congreso, que le permitiría al oficialismo aprobar enmiendas a la Constitución sin necesidad de negociar con la oposición ni tampoco afrontar a un Poder Judicial adverso.^[2]

Ahora bien, para analizar la propuesta se derivan dos criterios: de necesidad y conveniencia. Desde la perspectiva del criterio de necesidad, la cual explica si una alternativa de cambio institucional es capaz de ofrecer una solución más o menos óptima para el problema en cuestión, entonces es posible afirmar que la elección popular de cargos judiciales se posiciona como una salida posible. El problema que intenta resolver es el desfase de legitimidad, que en ocasiones las personas que fungen como jueces en las altas cortes —-la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de la Judicatura Federal y el Tribunal Electoral Federal— poseen.  El faltante de legitimidad se presupone como consecuencia de no haber sido electos vía sufragio universal, sino por otros mecanismos institucionales en sede legislativa, ejecutiva o una combinación de estas, como sucede en una cantidad importante de países.

Sin embargo, desde el criterio de conveniencia, entendido este como los derivados efectos colaterales con posibilidad de ser beneficiosos al sistema político en la alternativa de cambio institucional, existe evidencia de que la elección popular de cargos judiciales podría no solo no acarrear beneficios imprevistos; al contrario puede impulsar riesgos ocultos a la iniciativa. Al tiempo de no solucionar el problema de fondo a causa de las inconveniencias no previstas.

Ejemplo de lo anterior es que en las elecciones judiciales que a la fecha se han celebrado en Bolivia -utilizando a este país sudamericano como ejemplar de procesos de elección popular en la judicatura-, los votos nulos y blancos han superado a los conseguidos por los candidatos a ocupar las magistraturas. Durante la primera elección el 60% de los votos correspondieron a blancos y nulos, mientras que en la segunda oportunidad dicha categoría alcanzó el 66% de los votos emitidos^[3].

 Por tanto, a pesar de que el Gobierno mexicano acierta en identificar la necesidad de solventar un problema; la crisis de confianza en el Poder Judicial, pues recuperar la credibilidad de la ciudadanía en el sistema de justicia es una tarea impostergable, no se ha de descuidar que la legitimidad de la jurisdicción no debería posicionarse en el consenso de las contingentes mayorías, sino en la aplicación de la ley en garantía de los derechos de todas las personas.^[4]