Análisis semanal 559: El Informe Mundial sobre las Drogas y América Latina (03 de julio de 2024)

El Informe Mundial sobre las Drogas[1] para el 2024 de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) ya fue liberado y con ello una serie de hallazgos que se deben tomar en cuenta para la toma de decisiones en Latinoamérica. Este informe busca dar un panorama anual del desarrollo de los mercados de drogas en el mundo, “desde la producción hasta el tráfico, incluyendo el desarrollo de nuevas rutas y modalidades, así como el consumo”.[2] En este artículo se pretende tomar en cuenta los principales hallazgos y evidenciar la situación de los países latinoamericanos.

Para el 2022, 292 millones de personas consumieron drogas, 1,3 % menos que el año anterior, pero 20 % más que hace diez años.[3] El cannabis es la más consumida, por 228 millones de consumidores, que representan el 78 %. A su vez, el 20 %, 60 millones de personas, probaron opioides. Le siguen las anfetaminas, que fueron consumidas por 30 millones, el 10% de los consumidores. Y por último, la cocaína “fue probada por 23,5 millones de personas, un 8 % del total, y el éxtasis, por 20 millones, un 7 %”.[4] En América la información es semejante, la droga más consumida es el cannabis.[5] Y en América Latina y el Caribe Uruguay y México son los países donde se ha legalizado su uso recreativo, entretanto en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Jamaica, Panamá, Paraguay, Perú y Puerto Rico existe legislación que autoriza su uso medicinal.[6]

Asimismo, existen 64 millones de personas que “sufren algún tipo de trastorno relacionado con el consumo de drogas, sólo el 9 % recibe tratamiento”.[7] Así también, de las mujeres que consumen drogas, un 25 %, son más propensas a la violencia, los abusos y el daño a la salud asociados con el consumo. De hecho, de las 14 millones de personas que se inyectan drogas, “el 49 % tiene hepatitis C, el 11,5 % están infectados de VIH y el 10 % con ambas enfermedades”, y las mujeres “tienen 1,2 veces más probabilidades de contagiarse de VIH que los hombres.[8]

Por esta razón el informe profundiza en la necesidad de cumplir con el derecho a la salud como derecho humano, sin importar qué droga se consuma o si las personas están privadas de su libertad.[9] En el  2022, la UNODC reveló los resultados de una encuesta sobre los Servicios de Tratamiento de los Trastornos Relacionales con el Uso de Sustancias[10] en varios países de América Latina. De las 385 unidades que se estudiaron en seis países, ninguna unidad se definió como servicio especializado de reinserción social, y solo una, en México, confirmó tener un servicio de reducción de daños; así también, únicamente “el 20 % declaró tener atención adaptada para las necesidades de las mujeres y solo un 9 % consideraba que contaba con programas para mujeres embarazadas”.[11] Por último, se evidenció que tienen menor desarrollo las acciones médicas en el cuidado, como la atención del síndrome de abstinencia o la prescripción y dispensación de tratamientos farmacológicos, así como la atención a riesgos frecuentes en parte de la población que consume drogas, como el riesgo de contraer el VIH, la hepatitis B y la hepatitis C.[12]

De igual modo, otro hallazgo del informe es el aumento del cultivo de coca de un 12 % entre 2021 y 2022, que devino en que la producción de cocaína pura subiera a 2757 toneladas, un 20 % más de lo que ya se producía en 2021.[13] Es importante tomar en cuenta que existe en la actualidad un exceso en la oferta de la hoja de coca y cocaína que ha causado una caída en el precio del producto. Esto se debe también a un aumento de la demanda por la crisis de los opioides, que ha hecho que se consuma en lugares no tradicionales como Australia y Nueva Zelanda, y países del continente asiático y africano. Colombia y Perú siguen siendo unos de los principales lugares donde se cultiva, aunque se ha “detectado [un] cultivo incipiente en otros países de América Latina, como Guatemala, Honduras y Venezuela”.[14]

Este aumento de la oferta y la demanda de cocaína ha sucedido al mismo tiempo que una ola de violencia entre los países que son parte de la cadena de suministro.[15] Cada vez se presentan más casos de violencia se producto del narcotráfico, como fue el arresto de Ovidio Guzmán López en México, o este año en Ecuador con la fuga de José Adolfo Macías y la irrupción de grupos armados a un canal de televisión.[16] Como respuesta, la ciudad de Rosario en Argentina ha presenciado un aumento de la por el microtráfico de cocaína que ha aumentado en los últimos diez años; en Chile se produjo un aumento de los homicidios sin autor conocido, pasando de 23 % a 41 % entre 2018 y 2022[17]; y Costa Rica vivió el año más violento de su historia, con una tasa de homicidios que cerró en 907.[18]

Según el informe, los grupos de narcotráfico están “aprovechándose de la inestabilidad en ciertos países para expandir sus actividades ilegales a otros ámbitos”[19], lo que se conoce como una diversificación del crimen organizado.[20] El informe destaca el tráfico de vida silvestre, el fraude financiero y la extracción ilegal de recursos[21], acarreando así a la degradación ambiental mediante la deforestación, el vertimiento de desechos tóxicos y la contaminación química. Países como México, Colombia y Brasil “tienen la mayor cantidad de conexiones entre el tráfico de narcóticos y de vida silvestre”, debido a que los animales se usan para encubrir el tráfico de drogas.[22]

En suma, el informe refleja la necesidad de una estrategia integral para combatir el tráfico y uso de drogas, tanto en el mundo, como en América Latina, que es de los más afectados por la violencia e inseguridad que esta problemática genera. Y en donde es necesario destacar la necesidad del trabajo conjunto entre los países para hacerle frente a esta amenaza que afecta cada vez más a millones de personas alrededor del mundo.