Análisis político N°22: Implicaciones del despliegue de fuerzas armadas multinacionales en Haití aprobado por el Consejo de Seguridad (desde el 2 de octubre 2023)

Introducción

Haití es una nación ubicada en el Caribe, cuya historia ha estado marcada por el colonialismo y la inestabilidad política. En los últimos tres años la situación política en el país ha migrado hacia una disputa de múltiples poderes fácticos. La violencia de pandillas en Haití sumada a la crisis sanitaria y múltiples males arrastrados por el impacto de fenómenos naturales han desembocado en una seria crisis humanitaria que ha sido objeto de debate en instancias como el Consejo de Seguridad de la ONU. Es necesario, previo a la discusión del escenario en organismos internacionales, repasar eventos puntuales, tanto contemporáneos como referentes a los intentos de consolidación del Estado haitiano, que permitan comprender las deficiencias modernas que han desembocado en la discusión en el Consejo de Seguridad de la ONU.

Posterior a la revolución que significó el precedente de los procesos de independencia de las colonias hispanoamericanas, el desarrollo de la política haitiana afrontó múltiples procesos de inestabilidad política, que encontraron una breve pausa durante la intervención estadounidense entre 1915 y 1934, motivada por la protección de los intereses económicos estadounidenses en Haití mediante la ocupación militar, y a partir de la cual se reprimieron los procesos políticos y levantamientos que el gobierno estadounidense consideró inconvenientes para las actividades comerciales de sus empresas en la isla. La estabilidad durante el periodo de ocupación no respondió a la construcción de un Estado haitiano sino a la presencia de los militares estadounidenses^[1]. Es hasta la segunda mitad del siglo XX durante el mandato de los Duvalier, que el Estado haitiano logra romper con dinámicas de poder atomizado y no consolidado mediante el monopolio de los medios coercitivos.

Sin embargo, esta dinámica no estuvo orientada tampoco a la consolidación de un Estado sustentado a partir de un proyecto nacional. En cambio, los esfuerzos del régimen de los Duvalier se centraron en consolidar una estructura jurídica, política y militar que permitió el control absoluto de la legislación y la corrupción institucionalizada, legitimada por un proyecto político autoritario y personalista^[2]. Esta estructura se logra mantener principalmente por el favor de los Estados Unidos y el constante flujo de dinero ligado a los esfuerzos anticomunistas en el contexto de la Guerra Fría, respaldados por François Duvalier y posteriormente por su hijo Jean-Claude como sucesor^[3].

La estabilidad se quiebra cuando, producto de la paulatina reducción del apoyo económico estadounidense, los múltiples actores que conformaban las élites políticas haitianas dejaron de brindar su respaldo a Duvalier^[4]. Al caer la estructura centralizada en torno a los Duvalier, lo hizo también la coalición de actores que permitía la estabilidad y la consolidación de un proyecto de Estado. Este periodo de tiempo correspondiente al gobierno de los Duvalier por aproximadamente 29 años (1957-1987) resulta relevante para la contextualización del actual Estado haitiano, en tanto corresponde a la última vez que un proyecto de Estado en Haití logró controlar el monopolio de la violencia.

Sumado al impacto económico correspondiente al corte del flujo de dinero estadounidense, se suma el impacto de la deuda de independencia. Posterior a la revolución, en 1825 la monarquía francesa demandó a los haitianos a realizar el pago de reparaciones por la cifra de 150 millones de francos de oro, un 300% de la renta nacional haitiana y  calculado a día de hoy en alrededor de 40.000 millones de euros^[5]. Sin embargo el principal cargo de la deuda inicialmente correspondió a los intereses que tras décadas de renegociaciones, se terminó por determinar un 15% de la producción total anual de Haití por un periodo indefinido, solamente para poder cumplir con el pago de inicial de intereses y no del monto principal de la deuda, en el periodo que comprende de 1849 a 1915 los acreedores franceses habrían extraído un promedio de 5% anual de la renta nacional haitiana^[6].   

Posteriormente, la calidad de beneficiario de los compromisos de deuda de Haití sería transferida a instituciones financieras estadounidenses durante el periodo de ocupación militar en 1915-1934, impulsada por entidades como el National City Bank y el Chase National Bank quienes pasarían a tomar control de múltiples activos económicos en Haití y en el Caribe como parte de un esfuerzo neocolonial en la región ligado a los intereses de Wall Street^[7]. La ocupación implicaría procesos de extractivismo agrícola acompañado por el abuso de la población por parte de las tropas estadounidenses destacadas en Haití^[8].Los procesos de construcción del Estado haitiano se vieron condicionados por los intereses de los grupos de poder colonial de turno, particularmente mediante el saqueo por medio de deuda, el impacto de las dinámicas neocolonialistas del siglo XIX y XX interferiría con los intentos de democratización más contemporáneos.

Otro periodo relevante en los intentos de construcción del Estado haitiano a partir de personalismos se da con el gobierno de Jean Bertrand Aristide durante la última década del Siglo XX hasta 2004. La figura de Aristide se comienza a construir durante el periodo posterior al régimen de los Duvalier^[9]. Utilizando su posición como sacerdote y su acceso a espacios como la radio, Aristide se convierte en una figura importante en la oposición con su posición crítica contra las élites económicas y militares en Haití. Se convierte en uno de los principales críticos de la dictadura militar dirigida por Henri Namphi primero y posteriormente por Prosper Avril.

Para 1990 Aristide decide participar en el proceso electoral inscrito dentro de los intentos de democratización posterior al régimen de los Duvalier, con un discurso construído en torno a un proyecto soberano para Haití, crítico de la influencia estadounidense y del impacto de la deuda impuesta por Francia y las dinámicas coloniales^[10]. Sin embargo, una vez en el poder, modera su discurso ante la necesidad de apoyo internacional, tanto económico como político. En 1991 es derrocado mediante un golpe de estado por el general Raoul Cedrás^[11]. El régimen se mantendría hasta 1994 cuando en el marco de la intervención aprobada en el Consejo de Seguridad de la ONU se reinstaura a Aristide en el poder. En 1996 se daría el primer traspaso de poderes entre dos presidentes democráticamente electos, cuando Aristide entrega el poder a René Preval. En 2001 Aristide llegaría de nuevo a la presidencia y sería derrocado en 2004 mediante un golpe de estado luego de un mandato marcado por las protestas antigubernamentales, grupos opositores y simpatizantes del gobierno paramilitarizados^[12], así como las negociaciones de la administración de Aristide con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Posterior a Aristide, y al presidente interino luego del golpe,  Haití tendría una segunda administración de René Preval quien sería sucedido por  Michell Joseph Martelly en una elección marcada por la ocupación de La Misión de las Naciones Unidas para la Estabilización en Haití (MINUSTAH) instalada en 2004 posterior al golpe de Estado.   De igual forma, la existencia de un proyecto de Estado inconcluso y la incapacidad de este de responder en auxilio de la población durante las diversas crisis generaron desarraigo por parte de la población. Esto ha llevado a una débil capacidad institucional para poder garantizar la legitimidad de los procesos electorales^[13]. La limitada capacidad de consolidar instituciones legítimas, y la necesidad de invertir la mayor parte de los recursos en la atención de la creciente crisis humanitaria, han disminuido la capacidad del Estado de hacer frente a poderes fácticos como los grupos armados que han desatado una ola de violencia en el país.

En este contexto se da el magnicidio de Jovenel Moïse, quien llegó al poder como sucesor de Michel Joseph Martelly, ambos del Partido Haitiano Tèt Kale, en el balotaje en 2016. El proceso electoral de 2016 sería una extensión de la violencia vivida en las elecciones previas en 2010. Las denuncias de fraude en primera ronda desembocaron en manifestaciones en contra del gobierno de Moïse^[14]. En el marco de una elección cuestionada, asumiría el poder en 2017 y afrontaría una gestión turbulenta marcada por una alta conflictividad social hasta su asesinato el 7 de julio de 2021.

Ante la muerte de Moïse, el Primer Ministro Ariel Henry asumió el control del Poder Ejecutivo. Sin embargo, la toma de poder de Henry ha sido altamente cuestionada y la popularidad del mandatario ha ido en declive desatando protestas que se han tornado violentas^[15]. Henry ha sido acusado de fomentar la violencia por parte de los sindicatos policiales^[16]. De igual forma, meses después del asesinato de Moïse, el exfiscal general de Haití Bed-Ford Claude pidió presentar cargos en contra de Henry por vínculos con el principal sospechoso del magnicidio, Joseph Felix Badio, ex funcionario del Ministerio de Justicia^[17].

El acuerdo bajo el que Henry llegó al poder estipula que se debe garantizar la investidura de un nuevo presidente para 2024. Sin embargo, Henry se había negado a realizar las elecciones excusándose primero en la destitución del Consejo Electoral provisional^[18], y luego en la ola de violencia que afronta el país. Posterior al asesinato de Moïse, el vacío de poder se agudizó y fue aprovechado por los grupos armados del país. Las pandillas habrían tomado control de centros educativos y de salud, explotando económicamente a la población y amedrentando mediante violencia^[19], la escalada de violencia se agudizó para marzo de 2024 y Henry renunciaría el 13 de marzo en medio de amenazas por parte de las pandillas que impidieron su regreso al país luego de su viaje a Kenia que tenía como objetivo coordinar el despliegue de una fuerza armada internacional en Haití^[20]. Todo esto se desarrolla mientras, en el marco del Consejo de Seguridad de la ONU, surge el debate sobre las acciones a tomar con respecto a la crisis humanitaria en Haití.

Según la Carta Constitutiva de las Naciones Unidas, la cual es un tratado internacional suscrito por 192 Estados Miembros de la ONU, el Consejo de Seguridad tiene la capacidad de tomar decisiones referentes a la paz y la seguridad de las naciones. El Consejo de Seguridad está conformado por 15 estados –5 permanentes, siendo estos Estados Unidos, Francia, Reino Unido, República Popular de China y Rusia; y 10 temporales electos cada dos años–  y tiene, entre sus enumeradas funciones, el deber de mantener la paz y seguridad según los propósitos humanitarios de la ONU. Esto no solo se realiza por medio de recomendaciones a las naciones en caso de una amenaza o agresión, sino también mediante la acción militar ante un sujeto o grupo agresor. Tomando en cuenta dicha competencia del Consejo de Seguridad de la ONU, múltiples actores se han manifestado en busca de una solución desde el órgano.

Despliegue de fuerzas armadas en aras de mitigar la violencia interna: respuesta del Consejo de Seguridad de la ONU

Los llamados urgentes a una fuerza armada internacional en aras de mitigar la violencia interna en Haití toman lugar desde años anteriores, específicamente desde el 2022. Durante una sesión especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) el lunes  17 de octubre del 2022, el Secretario General de la ONU Antonio Guterres pidió el despliegue de una fuerza internacional que abordara la violencia e inseguridad en Haití, así como la corrupción.^[21] Según Guterres, una acción armada internacional era rotundamente  necesaria para liberar a la capital, Puerto Príncipe, estableciendo un tipo de corredor humanitario que permitiera el acceso de ayuda humanitaria y la evacuación de las personas habitantes.^[22] Más tarde, en una sesión del Consejo de Seguridad de la ONU se apoyó la petición de Guterres. Sin embargo, estas se quedaron como ideas, o bien, planes a futuro sin fecha determinada: a pesar de nombrar a María Isabel Salvador como la nueva Enviada Especial del Secretario General (SESG) para Haití, en el momento hubo poco involucramiento internacional.^[23]

Por esta razón, en abril del 2023 –seis meses después del llamado del Secretario General de la ONU– el Ministro de Relaciones Exteriores de Haití, Jean Victor Geneus, hizo una nueva petición de urgencia ante la ONU por: el incremento de coaliciones de pandillas, insuficiente personal policial y los pocos recursos sanitarios para atender un nuevo y severo brote del cólera.^[24] Para ese entonces, ya se contaba con un aproximado de 800 homicidios y la enviada especial María Isabel Salvador afirmó que las cifras de secuestros y asesinatos subían, y los francotiradores han atacado civiles –por lo cual, muchos niños no asisten a sus centros educativos como precaución–.^[25]

Tanto el canciller Geneus como la enviada especial María Isabel Salvador exigieron al Consejo de Seguridad que autorizara el constantemente mencionado despliegue de fuerzas armadas internacionales para resguardar la seguridad de la población haitiana, tomando en cuenta también que en años anteriores la región caribeña y latinoamericana se ha visto afectada por problemáticas de violencia interna.^[26] Esta misma preocupación fue expresada por el vecino país de República Dominicana: el canciller dominicano Roberto Álvarez Gil advirtió que la inseguridad podría desbordar fronteras, y cuestionó por qué actores como el Consejo de Seguridad no habían tomado medidas precisas y pertinentes para atender la situación. Cabe recalcar que Álvarez Gil también se tomó la oportunidad de reclamar sobre una aparente jerarquía de países necesitados, dando a entender que la asistencia humanitaria a varios países en crisis ha llegado más fácil; en sus palabras, este no sería el caso de Haití.^[27]

Una vez más, en septiembre del 2023, se exigió de manera urgente la intervención de este órgano internacional. El Primer Ministro de Haití, Ariel Henry, reiteró una petición de ayuda en su discurso de la Asamblea General de la ONU, instando a que se actuara rápidamente en nombre de las niñas y mujeres abusadas sexualmente todos los días; en nombre de las familias desplazadas y de las juventudes a las cuales se les ha negado el derecho a una educación.^[28]

Además, de acuerdo con las Naciones Unidas, entre el 1 de enero y 9 de septiembre del año 2023, ya se contabilizaban 3000 homicidios, 1500 víctimas de secuestro y 200.000 personas desplazadas internamente.^[29] No obstante, esta misma fuente explica que la misión de ayuda internacional se postergó debido a que las pandillas ejercen un 80% de control en Puerto Príncipe y lamentablemente hay alrededor de 162 grupos armados con más de 3000 integrantes en total.^[30]

No sería hasta el lunes 2 de octubre que una nación se ofreció a liderar la acción armada internacional: Kenia. Dicha oferta fue respaldada por el Consejo de Seguridad de la ONU, dando oficialmente luz verde por medio de la resolución S/2023/709.^[31] Esta resolución aprobó una misión de un año con una revisión de 9 meses, de acuerdo con lo que estipula el Capítulo VII de la Carta Constitutiva de las Naciones Unidas –autorizando entonces el uso de la fuerza al haber agotado todas las demás medidas para mantener la paz y la seguridad internacionales–.^[32]

Pero un mes después, el Ministro de Interior de Kenia negó el envío de sus tropas nacionales, pues el gobierno de Kenia espera entrenamiento y financiamiento para lograr combatir contra los grupos armados en Haití.^[33] Seguidamente, el 26 de enero del 2024 el Tribunal Superior de Kenia dictaminó como inconstitucional la misión.^[34] Este fallo histórico concluye que, según la normativa keniana, solo se pueden desplegar fuerzas militares en el extranjero si existe un acuerdo recíproco con el gobierno anfitrión, lo cual no se cumple con Haití.^[35]

Se recuerda que según el Capítulo VII de la Carta Constitutiva de las Naciones Unidas, el Consejo no está limitado a brindar recomendaciones y puede tomar acciones –dispuestas en resoluciones vinculantes erga omnes– como el uso de la fuerza con el fin de mantener la paz y seguridad internacionales.^[36]. El artículo 43 de la Carta establece que todo Estado Miembro debe comprometerse a disposición al Consejo de Seguridad de la ONU cuando este lo solicite; de conformidad con los convenios especiales y las fuerzas armadas.^[37] Pero estos convenios deben ser negociados y estarán sujetos a ratificación por los Estados signatarios tomando en cuenta sus respectivos procesos constitucionales.^[38]

Ahora bien, el Ministro de Asuntos Exteriores de Kenia Musalia Mudavadi aseguró en febrero que el gobierno impugnará la decisión de la Corte Suprema, pues sí hay un acuerdo bilateral que permite el despliegue de fuerzas kenianas en Haití.^[39] Para efectuar la impugnación y dar inicio a la misión, apelaron el fallo y le comunicaron a Haití que esperarían un informe oficializando los planes.^[40] Seguidamente, el 1 de marzo Haití y Kenia firmaron un acuerdo para acelerar la misión^[41]. No obstante, ante la renuncia del Primer Ministro Ariel Henry el lunes 11 de marzo, el presidente de Kenia William Ruto avisó al secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, que seguirán liderando el despliegue de fuerzas armadas una vez que haya un nuevo presidente interino. ^[42]

Posicionamientos de la comunidad internacional

Ante la resolución S/2023/709 existe un conglomerado de debates, puntos de vista y acuerdos por parte de la comunidad internacional. Si bien la escalada de violencia ha sido devastadora para el Estado haitiano, obstaculizando el cumplimiento integral de garantizar la seguridad interna de su territorio, el despliegue de fuerzas armadas no representó necesariamente la aceptación internacional, ya que incluso dentro del Consejo de Seguridad, China se abstuvo en la votación asegurando que en el pasado se ha explotado el Capítulo VII para interferir en otros países, y espera que la misión se despliegue en estrecha colaboración con el Gobierno haitiano^[43], de modo que los posicionamientos de la comunidad internacional se deben analizar con plena amplitud.

Existen actores de gran envergadura en el análisis coyuntural de Haití, a causa de su respuesta continua ante el reiterado llamado de ayuda internacional, anteriormente expuesto por parte del ex primer ministro Ariel Henry. En un primer plano, esta petición enmarca una relación directa con Estados Unidos, puesto que es uno de los actores internacionales con más influencia en torno al tráfico de armas y esto ha implicado un rechazo por parte de la sociedad civil haitiana, ya que desde el 14 de julio del 2022 la agencia de aduanas de Haití confiscó contenedores que contenían 18 armas de guerra, cuatro pistolas y casi 15.000 cartuchos de munición que fueron enviados desde Estados Unidos a la Iglesia Episcopal de Haití^[44], siendo este uno de los casos del amplio panorama del contrabando de armas.

Si bien esta situación aparenta tener lejanía con la situación actual de Haití, ha sido un constante eje de análisis a lo interno del país, donde vocerías como Mathias Pierre, ex ministro electoral del país caribeño, pidió al gobierno de Estados Unidos que ayude a reducir la cantidad de municiones y armas que llegan a Haití^[45].

Además de recalcar que, la preocupación en torno a la posible intervención de fuerzas armadas internacionales es que no se van a enfrentan a un ejército, sino a pandillas ubicadas en zonas con altos grados de pobreza extrema y vulnerabilidad^[46], tomando en cuenta que estas personas se ven desprovistas de asistencia médica y policial, como factores básicos de subsistencia en medio de un terreno violento, sin acceso constante a fuentes de energía, combustible y refugio seguro. 

Ejemplo de esto, es que el hospital de mayor importancia de Puerto Príncipe, Hospital de la Universidad Estatal de Haití, ha registrado una ausencia de personal médico exponencial y por otra parte las pandillas han incendiado diversas comisarías policiales, siendo el último objetivo registrado, la comisaría policial situada en el concurrido Mercado de Salomón^[47] uno de los centros de mayor aglomeración de la capital, sumado a los ataques al Palacio Nacional y al uso de bombas molotov en el Ministerio del Interior^[48].

Sin embargo, eventos como el asesinato del presidente Jovenel Moïse en el 2021, ubican a Estados Unidos como un actor determinante en la ayuda militar y de inteligencia^[49], pese al descontento civil en torno al intervencionismo y refuerzos de la militarización, en un escenario altamente vulnerable que no solo enfrenta situaciones de violencia, sino que persisten carencias estructurales en temas sanitarios, como los repuntes de cólera con 4.000 casos de cólera confirmados a principios de noviembre de 2023, con más del 40% de los casos de cólera del país procedentes de Puerto Príncipe a principios de octubre del mismo año^[50], por lo cual el carácter multívoco de la situación haitiana no se puede reducir o solventar desde el despliegue de fuerzas armadas únicamente.

Tomando en cuenta, que incluso más de 90 organizaciones estadounidenses han expresado su profunda preocupación ante el posible despliegue de fuerzas armadas, sumado a que han solicitado enérgicamente al gobierno de Biden detener todas las deportaciones de personas haitianas y que la administración estadounidense vuelva a designar a Haití para el Estatus de Protección Temporal (TPS)^[51]. Entre estas organizaciones se encuentran: American Friends Service Committee, Black Women Organizing for Power, Center for Economic and Policy Research, Colombia Acuerdo de Paz NGO y Washington Office on Latin America, por mencionar algunas de ellas^[52].

De forma que, la diversificación de ayuda humanitaria es central, donde se busque proteger las instituciones estatales y el resguardo mínimo de los poderes estatales, la infraestructura crítica (como centros educativos y de salud), los centros de transporte público y por supuesto la policía haitiana, que se ha visto desprovista de mecanismos que contrarresten los ataques de las pandillas. Dentro de estas nuevas implementaciones internacionales, la Unión Europea ha asignado 20 millones de euros en ayuda humanitaria de emergencia, específicamente para atender la escalada de violencia más reciente en centros médicos que se encuentran colapsando^[53].

Aunado a esto, a principios de marzo 2024 la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios ha incrementado los esfuerzos con la Dirección General de Protección Civil (DGPC) para garantizar que las organizaciones de ayuda humanitaria dentro del país puedan prestar sus servicios con las menores limitaciones de acceso, pese a las circunstancia. Desde febrero del presente año han incrementado la ayuda de contenedores de alimento, asistencia al Ministerio de Sanidad de Haití en temas de agua potable y desnutrición infantil que son de las situaciones más críticas.

En relación con otros actores en la esfera internacional, la Comunidad del Caribe (CARICOM, por sus siglas en inglés) y la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (BINUH, por sus siglas en inglés) han sido organismos con una mayor vinculación regional. Este primero ha enviado al Grupo de Personas Eminentes de la Comunidad del Caribe (EPG), quien concluyó esta misión a finales del 2023, el EPG encabezado por el ex primer ministro de Santa Lucía, Dr. Kenny Anthony, ex primer ministro de Jamaica, Bruce Golding y la ex primer ministra de las Bahamas, Perry Christie, contabilizó una importante asistencia en materia democrática y electoral, ya que propuso un proyecto de acuerdo para un nuevo período de transición electoral de 18 meses, que incluiría el establecimiento de un gobierno de unidad nacional junto con un consejo de transición de siete miembros^[54].

Si bien esta propuesta es ambiciosa en un contexto tan volátil, ha sido recibida con varios cuestionamientos, ya que no expresa enérgicamente la demanda social, de tomar en cuenta la opinión ciudadana en torno al despliegue militar, teniendo un grado de oposición robusto. De manera similar, el BINUH también ignora la demanda social y se enfoque en brindar asesoramiento al sistema judicial haitiano y a los temas en torno al tráfico de armas de fuego hacia Haití^[55], que si bien son temas de gran urgencia, dejan desprovista de respuesta a la ciudadanía que se ha visto afectada por la carencia de prestación de servicios básicos por parte del Estado, que van más allá del plano judicial, como enormes déficits en agua potable, electricidad y recolección de residuos que han provocado enfermedades, principalmente en menores de edad^[56].

Ante este escenario, se logra visualizar un engranaje de diversos actores internacionales, ya que con el apoyo de Estados Unidos, líderes haitianos y kenianos han comenzado a diversificar las alternativas de ayuda humanitaria, principalmente en el tema de financiamiento que para el último informe de la OCHA se ha establecido un Plan Humanitario 2024 donde se buscan 674 millones de dólares para ayudar alrededor de 3,6 millones de haitianos^[57].

Despliegue de fuerzas multinacionales en Haití: precendentes e implicaciones

1. Análisis de casos anteriores de asistencia humanitaria en Haití

Debido a la histórica fragilidad del Estado haitiano, aunado a su tambaleante independencia política y económica, la ayuda humanitaria por parte de actores y entidades exteriores a Haití es preponderante en la historia de la nación caribeña. Por tanto, una breve contextualización de estas asistencias es menester a fin de comprender la intervención actual. Dicho esto, y a pesar de la multiplicidad de actores, es factible localizar dos actores primordiales en la asistencia humanitaria del país: los Estados Unidos (EE.UU.) y las Naciones Unidas (ONU).

La histórica injerencia de los EE.UU. en Haití es particularmente perenne. Aunado a inferencias políticas y militares,^[58] la asistencia humanitaria es visible generalmente a través de ayuda financiera enfocada en el sistema de salud, seguridad, alimento y nutrición, sanidad e infraestructura.^[59] Siendo, desde la independencia de Haití, su mayor donador.

La ayuda financiera estadounidense no es particularmente persistente sin importar el decadente estado político, económico o social de Haití; dependía enormemente de vaivenes políticos coyunturales. Tómese de ejemplo la suspensión de apoyo financiero durante la era Reagan (1981 - 1989) debido a las violaciones de derechos humanos cometidas por la dictadura militar establecida tras el derrocamiento de Jean-Claude Duvalier en 1986, la acusación de fraude en un proceso electoral de 1997, lo que llevó a la Administración Clinton (1993 - 2001) a volver a suspender el apoyo, o bien, la instauración de un gobierno transitorio que reemplazó al sacerdote Jean-Bertrand Aristide en 2006, lo que facilitó y convenció nuevamente a Washington D.C. de reanudar el proceso de apoyo^[60].

A raíz del terremoto del 2010, EE.UU. volvió a movilizar una amplia asistencia financiera, sobrepasando cerca de US$5.6 mil millones de dólares, destinados primordialmente a programas de rescate, infraestructura y desarrollo^[61]. Una movilización semejante se dio aunada a las consecuencias del terremoto del 2021, y a la proliferación de la inseguridad política. Mediante las operaciones de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés), se destinaron en el año fiscal de 2022 aproximadamente US$79 millones de dólares; y para el 2023, US$127 millones de dólares aproximados. Ello enfocado en infraestructura, salud y alimentación^[62].

La efectividad de dicho tipo de asistencia es ineficiente; típicamente, los problemas de corrupción endémica y sistemática que revisten al Estado haitiano, la falta de coordinación de las ONGs con el gobierno, y los oscilantes intereses del gobierno de EE.UU. junto a sus diferentes administraciones y ONGs vinculadas a este (los cuales llegan a perjudicar el monto total destinado a la asistencia),  han sido óbices subrayables para el buen aprovechamiento de las donaciones^[63].

En cuanto al papel de la ONU, esta se caracterizó por la prevalencia de intervenciones multinacionales, aunadas al proceso de estructuración democrática en Haití a finales del siglo XX y principios del siglo XXI. La injerencia de la ONU iniciaría con la resolución 1529, en donde se postulaba que una fuerza interina multinacional sería encomendada en Haití. Mediante la resolución 1542, la potestad fue transferida a la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH, por sus siglas en francés)^[64]. MINUSTAH fue la operación multinacional de más renombre en Haití, y también la más controversial^[65].

La misión fue dirigida por comandantes chilenos y brasileños, y contaba en promedio con 9000 efectivos a lo largo de su implementación^[66]. Aunque en un principio estuvo exenta de complicaciones mayores, pronto fue objetivo de polémicas y amplias críticas debido a la acusación de violación y explotación de mujeres y niñas por parte de las propias fuerzas de seguridad, falta de comunicación y cooperación entre las distintas partes involucradas, introducción al cólera en el país (la cual acabó por diezmar a una parte significante de la población), y violaciones de derechos humanos. A esto súmesele la caída del apoyo popular haitiano a la operación y la reticencia de la ONU de dar paso a una investigación formal de los hechos.^[67]

Si bien se supuso que MINUSTAH debía durar unos cuantos meses, la operación se extendió a un largo periodo, llegando a durar más de una década. La misión llegaría a su fin en el      2017 con la retirada de tropas del territorio, a fin de ser reemplazadas por nuevos efectivos para la Misión de las Naciones Unidas de Apoyo a la Justicia en Haití (MINUJUSTH, por sus siglas en francés). De menor tamaño que la anterior y encomendada en velar el Estado de Derecho y la justicia en Haití^[68], MINUJUSTH estuvo estacionada en la nación caribeña hasta su disolución en 2019^[69].

Aunque las críticas a la nueva misión fueron más limitadas en comparación con MINUSTAH, óbices como la falta de coordinación entre la policía y el personal civil, falta de liderazgo con un objetivo político claro, incapacidad para inferir en tensiones internas y la poca claridad de los objetivos de MINUJUSTH^[70], provocaron que para el final de la operación los resultados no fueran satisfactorios^[71].   

2. ¿Fuerzas multinacionales cómo asistencia ante una crisis humanitaria?

Al analizar el contexto presentado en este documento respecto a la nación haitiana, resultan evidentes las enormes dificultades que enfrenta debido a la falta de seguridad, la proliferación de la violencia y los abusos perpetrados por organizaciones criminales en detrimento de la sociedad civil, afectando gravemente su estabilidad.

Como se expuso con anterioridad, estas circunstancias han llevado a la intervención de la ONU, en ocasiones anteriores a través de los Cascos Azules. En esta ocasión, según lo acordado el 2 de octubre de 2023 en el Consejo de Seguridad, se llevará a cabo una misión de seguridad multinacional, que no implica directamente a las tropas de la ONU. Esta misión se despliega con el objetivo de brindar apoyo a las autoridades haitianas para restaurar el orden y la paz en un país constantemente afectado por las bandas armadas.^[72]

Esta misión sería liderada por Kenia, ofreciendo fuerzas de seguridad para encabezar durante aproximadamente un año, con el objetivo de tomar medidas firmes contra la violencia que ha estado afectando a la población haitiana, demostrando así su compromiso con la estabilidad y la seguridad internacional.^[73] Kenia se ha ofrecido a enviar un millar de policías para encabezarla. Esto evidencia que, aunque se menciona una intervención, no se trata estrictamente de una intervención militar, sino más bien de una acción policial destinada a desplegarse en el país.^[74] El portavoz del Secretario General de las Naciones Unidas, Stéphane Dujarric, destacó que los países que brinden apoyo en el territorio haitiano deben asumir la responsabilidad de las acciones de sus tropas, con el objetivo de salvaguardar los más altos estándares de conducta y respeto a los derechos humanos.^[75]

Asimismo, Rogelio Núñez, explica por qué Kenia se ofrece para liderar esta misión internacional a pesar de su lejanía. Menciona cuestiones de afinidad racial, y destaca la alta exposición y proyección internacional que esta intervención proporciona al país africano, situándose como una nación alineada con la solidaridad internacional.^[76]

Por otro lado, Núñez proporciona contexto sobre cómo los grupos armados que han tomado el control en Haití han asumido muchas funciones gubernamentales desde las elecciones de 2021. Actualmente, este proceso electoral sigue sin celebrarse, siendo una de las principales metas de la ONU, a través de esta intervención en Haití: garantizar la seguridad y transparencia en un nuevo proceso democrático. Según Núñez, esto constituye el primer paso para recuperar la estabilidad institucional.^[77]

Consideraciones finales