Análisis semanal 543: Políticas de seguridad en El Salvador y su impacto en los derechos humanos (18 de marzo de 2024)

El 4 de febrero se celebraron elecciones presidenciales en El Salvador y el 19 dieron los resultados finales que establecían al Partido Nuevas Ideas, de Nayib Bukele, como el ganador de la presidencia y del congreso, con 54 escaños de los 60^[1], los otros 6 repartidos de la siguiente manera: Arena quedó con dos, el Partido Demócrata Cristiano (PDC) se hizo con uno, Vamos, con otro y el Partido de Concertación Nacional (PCN) reunió otros dos^[2].

Esto representa un gran desafío para la democracia de El Salvador al reelegir a Bukele de manera inconstitucional bajo el régimen de excepción en el que se encuentran desde marzo del 2022, que ha creado una sensación de seguridad manchada por las constantes violaciones de derechos humanos. En este artículo se realizará un recorrido por estos puntos para plantear una serie de preguntas de la situación a largo plazo en El Salvador.

Reelección

Durante las elecciones, la Organización de los Estados Americanos (OEA) señaló una serie de irregularidades, como “el retraso en el recuento y los problemas encontrados durante la revisión manual (…)"falta de control" del organismo electoral, problemas con la autenticación de votos y una capacitación deficiente de quienes ingresaban los resultados” así como “los fallos tecnológicos y logísticos, presuntas papeletas alteradas (…) la ausencia de resultados preliminares (…) [y] la falta de garantías a la cadena de custodia de los votos”.^[3]

Ahora, Bukele sería el primer presidente en reelegirse de manera continua desde 1983, donde se estableció como prohibido en la Constitución[4]. La oportunidad se da después que la Asamblea Legislativa, en la cual Nuevas Ideas tiene mayoría, interpretara la Constitución y le diera permiso de enviar su candidatura a Bukele^[5]. La nueva Asamblea le da mayoría simple y tres cuartos, lo que le proporciona el poder para “aprobar préstamos, autorizar emisión de deuda, aprobar regímenes de excepción y nombrar fiscales, miembros del Tribunal Supremo Electoral, de la Corte Suprema de Justicia y firmar tratados internacionales”.^[6]

Se sabe que Bukele tenía grandes posibilidades de ganar de todas maneras, con índices de aprobación que llegaban hasta el 90%, principalmente por la reducción de la violencia, que había pasado de 36 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2019 a 2,4 por cada 100.000 habitantes en 2023 por el establecimiento del estado de emergencia^[7]. Lo cual le ha permitido hacer la “guerra contra las pandillas”. a mayoría de la población está de acuerdo con la política de “mano dura” de Bukele, pues el 86% aseguró vivir más seguro y solo un 12% dijo que si antes eran las pandillas las que infundían terror, ahora son los policías y militares los responsables de que la situación continúe igual, según la encuesta de la Universidad Francisco Gavidia^[8].

Estado de emergencia/excepción

En enero se volvió a renovar el estado de excepción siendo esta la 22º extensión que fue aprobada por la Asamblea Legislativa “con los votos a favor de 67 diputados "para continuar la guerra contra las pandillas y acabar con estas estructuras criminales que tanto dolor han causado a los salvadoreños"^[9]. No obstante, esta “permite extender el plazo máximo de detención de 72 horas a 15 días; no informar de manera inmediata de los derechos y las razones de detención a un sospechoso y tampoco garantiza la asistencia jurídica”^[10]. De manera que “varios derechos constitucionales permanecen suspendidos, más de 75.000 personas fueron detenidas por presuntos vínculos con las pandillas”^[11].

Así también existen “miles de acusaciones por detenciones arbitrarias de inocentes, abusos contra los derechos humanos y torturas y muertes de cientos de privados de libertad”^[12]. Principalmente debido a la construcción del Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) la mega prisión presentada el 31 de enero del 2023 a los “con capacidad para 40.000 presos y exclusiva para los “perfilados como altos rangos” de la Mara Salvatrucha (o MS-13) y las dos facciones del Barrio 18”^[13].

Seguridad y reformas

Desde el comienzo del estado de excepción se ha dado un aumento en la percepción de seguridad en El Salvador, se han disminuido los asesinatos, las extorsiones, las personas pueden circular con libertad^[14], las personas vuelven a ocupar los espacios públicos a los que no habían vuelto, viajan en buses, se han “reabierto pequeños negocios de comida o vestuario, cuyos dueños habían cerrado agobiados por los pandilleros que los extorsionaban”^[15] La Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) establece en una encuesta que “un 97,7 % de la población entrevistada consideró que la delincuencia ha disminuido con el actual gobierno; de esa gran mayoría, el 68,7 % lo atribuyó al régimen de excepción o a la captura de pandilleros” ^[16].

No obstante, como se mencionaba, hay 75.000 personas detenidas, 3.695 presuntas víctimas de detenciones arbitrarias y otras vulneraciones a los derechos humanos. Así también, las autoridades han confirmado que ha habido errores “y dejó libres a unas 7.000 personas”[17]. Según la asociación Cristosal, 220 personas muertas dentro de la cárcel, de acuerdo con el organismo Socorro Jurídico Humanitario[18]. Detenidos por cuestiones “tan difusas como la “asociación ilícita” o por el hecho de tener tatuajes”, los abogados no pueden presentar sus órdenes judiciales[19], los familiares no saben nada de los detenidos, “los buscan en videos, fotografías, o asomándose a pequeños agujeros en los muros de las prisiones a las que logran acercarse”[20].

Así también, se aprobaron los juicios colectivos, con el fin de “condenar a grupos de personas pertenecientes a una misma estructura delictiva, evitando con ello que la Fiscalía demore en presentar pruebas contra cada uno de los acusados”[21]. Se ampliaron las penas de prisión a 30 años por agrupaciones a personas mayores de 18 años, 10 años si son mayores de 12 y 20 para los mayores de 16; 60 años por ser cabecillas y 15 años por tener o expresar cualquier mensaje alusivo a las pandillas[22].

Derechos humanos

Organizaciones como Amnistía Internacional han denunciado “el deterioro en el respeto y la protección de los derechos humanos bajo el gobierno de Nayib Bukele y la probabilidad de que esta tendencia se consolide durante su segundo mandato” [23]. Así también la serie de violaciones a los derechos humanos durante el estado de emergencia, con “un modelo de gobierno que promovió (…) la evasión de mecanismos de rendición de cuentas, tanto a nivel nacional como internacional”.[24]. Donde la violencia ejercida por las pandillas ha sido reemplazada por la violencia del Estado^[25] y donde la CECOT demuestra niveles de hacinamiento, maltrato y falta de acceso a servicios básicos como atención médica adecuada (…) y la moralidad de su funcionamiento” ^[26].

Esto no solo tiene consecuencias para las personas encarceladas, sino también para los “cuarenta mil niños han visto como uno de sus padres, o los dos, eran detenidos en la guerra contra las pandillas” según datos del Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia compartidos a The Associated Press[27] tomando en referencia que se han detenido ya el 1% de la población. De manera que es importante destacar “el trauma a largo plazo y el fracaso del ejecutivo a la hora de proteger a los niños puedan, por el contrario, alimentar una oleada de guerras entre las maras en el futuro”[28] debido al resentimiento y miedo que están sembrando las autoridades[29]. Y es que el gobierno ha buscado promover un programa para jóvenes con “apertura de bibliotecas y zonas recreativas en lugares antes azotados por la violencia, y la entrega de computadoras y tabletas a los alumnos de las escuelas públicas”.[30]. Sin embargo, no se han tomado medidas específicas para atender a los niños de las personas detenidas[31].

Conclusiones

Es importante tomar en cuenta la sensación de seguridad que estas acciones les han otorgado a la población salvadoreña y las libertades que esta provee. No obstante, no se debe ignorar que la violación de derechos humanos es real y que afecta, no solo a los presos en la CECOT, pero también a todos sus familiares que hoy en día no saben nada de ellos. Así también que no existe un plan para remover el estado de excepción, ni para procesar a los detenidos, liberar a los inocentes, reincorporar a las personas que cumplan sus penas, para apoyar a la juventud ni a los niños que se han quedado sin su madre o padre. Todas estas preguntas deben ser respondidas por el gobierno de El Salvador, no obstante, hasta hoy, no hay respuesta. La “seguridad se mantiene” pero no se sabe hasta cuándo.