Análisis político No. 17: Crisis humanitaria en la República Democrática del Congo: desplazamientos masivos ante el recrudecimiento de la violencia en las regiones de Kivu Norte e Ituri

Introducción

La República Democrática del Congo (RDC), Estado soberano localizado en el corazón de África, se encuentra en la actualidad en un proceso de inestabilidad política, proliferación de conflictos armados fundamentados en las tensiones étnicas de la sociedad y los abundantes recursos del país, y la injerencia de actores regionales con un amplio abanico de intereses. Ello ha dado como resultado una prolongada crisis humanitaria que ha repercutido en violaciones a los derechos humanos por parte de los beligerantes, y desplazamientos masivos de personas (particularmente en la zona oriental del país).

Lo anterior no es un elemento inusual de la coyuntura actual de la RDC. Desde su independencia de la administración colonial belga (marcada por la ya de por sí explotación de recursos y el genocidio de las poblaciones autóctonas), el Estado centroafricano ha estado marcado por crisis políticas, una dictadura plenamente consolidada durante buena parte de la segunda mitad del siglo XX, y el inicio de un periodo de fracturas y conflagraciones étnicas, aunadas a intervenciones de Estados limítrofes y vaivenes diplomáticos, a partir de la década de los 90 con el debilitamiento de la dictadura de Mobutu Sese Seko.

Por lo tanto, este análisis político estudia a la República Democrática del Congo brindando primeramente una breve contextualización desde su historia colonial, para luego explicar las inestabilidades políticas en las cuales el Estado se ha visto envuelto. Este análisis permite analizar cómo estas inestabilidades son aspectos coyunturales importantes en el repunte actual de sus conflictos, y permite analizar cómo esta alzada de violencia origina una crisis humanitaria en las regiones de Kivu Norte e Ituri en el año 2023.

Para este proceso se lleva a cabo una investigación mixta, es decir, se recopila información tanto cualitativa como cuantitativa, tomando en cuenta el carácter descriptivo al consultar diversas fuentes que brindan datos característicos sobre el objeto estudiado; así como un carácter analítico al hacer conexiones de más de un factor y/o variables que permitan analizar la escalada de la crisis humanitaria en las regiones de Kivu Norte e Ituri de la República Democrática del Congo –cumpliendo entonces con el objetivo general del análisis–. También, se utilizan datos demográficos que permiten retratar la problemática humanitaria.

Contextualización: historia de República Democrática del Congo y repunte actual de sus conflictos.

1.1 Del EIC al Congo Belga: Antecedentes coloniales y su eventual independencia.

Entre 1865 y 1909, Leopoldo II –de nombre completo Léopold Luis Philippe Marie Víctor de Coburgo-Gothareinó– reinó Bélgica como sucesor de su padre y tenía el objetivo de expandir Bélgica como una potencia imperial, por lo que en 1876 tomó lugar la Conferencia Geográfica de Bruselas con políticos, exploradores y científicos relevantes de Europa, y en ella, el rey expuso sus supuestos ideales humanistas que deseaba llevar a África.  Seguidamente, se funda la “Association Internationale Africaine” y se crea en secreto la “Association Internationale du Congo”. En 1884 se da la Conferencia Africana de Berlín y se proclamaron la libertad de comercio en el Congo y la interdicción de la trata de esclavos, esta última con el fin de luchar contra el ‘avance árabe’ –refiriéndose a la isla Zanzíbar fundada por colonos persas–.^[1]

Sin embargo, la historia para el territorio congoleño sería completamente diferente a las palabras humanistas de Leopoldo II. Para 1885 el parlamento belga le otorga a Leopoldo II la soberanía sobre el Estado Independiente del Congo (EIC), consagrando la unión personal entre el rey y el nuevo Estado, siempre con la ayuda financiera de Bélgica. Inmediatamente se crearon compañías lucrativas que explotarían la cuenca congoleña, tales como la Compañía del Congo para el Comercio y la Industria, y la Compañía de Ferrocarriles del Congo –entre otros–. Años después, en 1893, el gobernador general belga Théophile Wahis escribe una carta indicándole a todos los comisarios de distrito y jefes de expedición del EIC señalando que varios agentes ‘le hacen guerra’ a los nativos e incendiaban aldeas enteras; además de realizar ejecuciones sin antes haber sido elevado a un tribunal.^[2] Asimismo, el coronel G. W. Williams (1849-1891) de Estados Unidos visitó la zona colonizada y redactó una carta afirmando que los nativos congoleños reclaman robo de propiedad, esclavitud de niños, niñas y mujeres, y otros incontables crímenes. ^[3]

De esta misma manera, el diplomático irlandés Roger Casement en 1903 aseguró que la población había disminuido, comparada a la cantidad de habitantes que observó en su viaje anterior en el año 1887. Esta disminución se debía a escasez de alimentos, pésimo sistema de salud, métodos crueles e inseguros a los cuales los sometían a trabajar, además de mutilaciones en muertos para probar que los colonos habían cumplido con su deber, y mutilaciones de personas aún con vida.^[4] Es evidente que se trataba de un genocidio, hoy en día reconocido como uno de los más atroces, que según cálculos del historiador Adam Hochschild, autor de la obra El fantasma del rey Leopoldo, el total de víctimas ronda entre los 10 y 15 millones de personas.^[5]

Por lo tanto, se realizaron una serie de denuncias sobre lo que estaba ocurriendo en el EIC, como las del jesuita belga Vermeersch en su obra «La Question Congolaise», las del diputado católico Santini ante el parlamento de su país y las del diario católico de Bruselas. Estas denuncias y las de entes diplomáticos tomaron un papel crucial para la creación de una Comisión Investigadora independiente propuesta por Emile Vandervelde, diputada socialista belga. Se encontraron pruebas contundentes de las atrocidades cometidas por el monarca y se ejerció presión en Bélgica para que asumiera el poder sobre el EIC; finalmente tomando control oficial en 1908 y dando inicio al Congo Belga (1908-1960).^[6]

A pesar de las intenciones de mejorar las condiciones de vida para el pueblo, los belgas no querían renunciar a los dominios comerciales y se basaron en una «trinité coloniale» –traducido al español como “trinidad colonial”–, privilegiando los intereses privados y contribuyendo al flujo de grandes capitales que implicaba la mano de obra de los congoleños, a cambio de obtener iglesias, escuelas órganos sanitarios eficientes, etcétera. Por un lado, llegaron a tener uno de los índices de alfabetización más alto en África, pero por otro lado su nivel de escolarización era bajo; había poco acceso a la educación secundaria y universitaria.^[7]

En los años 50, por efectos colaterales de la Segunda Guerra Mundial, las potencias europeas disminuyeron sus fuerzas militares en África y se produjeron guerras como la de Gran Bretaña contra la guerrilla del Mau Mau, en Kenia en 1952.^[8] En este mismo año, el Gobernador General Léo Antoine Marie Pétillon le hizo llegar al Secretario Colonial sus inquietudes y preocupaciones de que Bélgica perdiera su rica colonia, así que propuso que se le otorgaran más derechos civiles como el derecho al voto pero el gobierno belga se negó; dando como resultado, en lo que restaba de la década, movilizaciones de los congoleños-. 

Para el año 1957 Bélgica otorgó una medida simbólica de autonomía, permitiendo que tres ciudades del Congo tuvieran sus propios funcionarios a cargo, –bajo la supervisión del poder belga–; y en 1958 Patrice Lumumba, dirigente del primer partido nacional el Movimiento Nacional Congolés (MNC), participó de la Conferencia de los Pueblos de África y exigió la independencia del Congo, generando grandes disturbios.^[9]

En 1960 es cuando termina el dominio belga en el Congo, luego de una reunión entre el gobierno colono y dirigentes africanos en la cual se acordó una pronta convocatoria a elecciones. Estas elecciones se celebraron en mayo del mismo año y quedó en el poder una coalición congoleña: Lumumba (figura nacionalista) como Primer Ministro y su rival, Joseph Kasavubu (regionalista) como presidente. Ambos tenían ideales distintos, provocando diversos conflictos, además de que los oficiales belgas se negaban a ceder el poder luego de la independencia del 30 de junio de 1960; por lo que tomaron lugar secuestros, asesinatos, violaciones e incendios provocados a familias colonas belgas. En medio de esta situación, fue entonces cuando Moise Tshombe, de la provincia rica de Katanga, declaró la independencia de esta provincia con apoyo de empresas mineras internacionales que explotan cobre y cobalto, ya instaladas en el Congo. ^[10]

1.2 Crisis del Congo: Inestabilidad política en la primera República Democrática del Congo

Días después de la declaración de la independencia a mitades de 1960, empezaron nuevos levantamientos provocados por la africanización de cuadros militares y por la «diametral oposición» por parte de las fuerzas belgas que apoyaban la separación de Katanga y no querer la africanización militar, caracterizando entonces lo que hoy se conoce como la crisis de la primera República Democrática del Congo –o bien, Crisis del Congo–.^[11]

A causa de los discursos nacionalistas de Lumumba, él fue trasladado en 1961 a Katanga y puesto en manos de Tshombe, quien en menos de un mes lo asesinaría de un disparo por haber intentado huir. Lumumba se convirtió en un mártir, un héroe de la resistencia africana, y su muerte alzó más disturbios en África y alrededor del mundo.^[12] Además, en el contexto de la Guerra Fría, Patrice Lumumba fue comparado con el socialista Fidel Castro. Por esta razón, el colonialismo se mantuvo intacto en los debates y luchas de la época, independientemente de si las facciones fueran socialistas o capitalistas; contribuyendo a la expansión global de la colonialidad.^[13]

Aunado al poder colonial intacto y la discusión socialismo vs. capitalismo, el militar Joseph-Désiré Mobutu ejerció un golpe de Estado en 1965 con la ayuda externa de Estados Unidos, específicamente de su Agencia Central de Inteligencia –siglas en inglés: CIA–.^[14] Mobutu armó y protagonizó el arquetipo dictatorial en África, pues estableció una dictadura en la región tomando la presidencia; en 1971 llamó al territorio República del Zaire, aumentó la producción de cobalto y cobre, y obtuvo frecuentemente ayuda de la potencia norteamericana.^[15]

1.3 Invasión militar, y guerras en el Congo (1996-1997 y 1998-2003)

Para la década de los 90, la estabilidad de la República del Zaire se encontraba en un punto agudo. El declive económico, los conflictos internos tanto de índole político como étnico, y la reticencia del Estado a reformar parte del ya decadente y deslegitimado sistema político, fueron los óbices principales que hacían tambalear el futuro de la, ya longeva, dictadura de Mobutu Sese Seko. Eventualmente, fuerzas opositoras empezaron a afianzar poder, destacando particularmente la figura del líder opositor Laurent-Désiré Kabila^[16].

Por otro lado, el genocidio en Ruanda provocó el desplazamiento de millones de tutsis y hutus a las fronteras orientales del Zaire. Dicha situación fue trocada con la llegada al poder del Frente Patriótico Ruandés (asociado con la etnia tutsi) de Paul Kagame en Ruanda^[17]. En dicho contexto se vislumbró la huida de varios hutus extremistas también al Zaire, en donde acabaron estableciendo milicias que, según el nuevo gobierno de Kagame, seguían representando una amenaza para la población tutsi. Asimismo, Ruanda también acusó al régimen de Mobutu de permitir el establecimiento de las milicias en el territorio zaireño. Ergo, una intervención militar se tomó en consideración a fin de destruir estos grupos^[18].

El agravamiento de la situación sería el catalizador de la Primera Guerra del Congo (1996 - 1997); una coalición de Estados aliados (cada uno con intereses particulares) conformada por Ruanda, Uganda, Eritrea, Burundi, Angola y grupos guerrilleros de Sudán del Sur, atacaron militarmente al Zaire de Mobutu^[19]. La situación fue aprovechada por las fuerzas opositoras de Kabila, quienes se alinearon con las fuerzas de la coalición. El conflicto acabó con la huida de Mobutu de Kinshasa y la proclamación de Kabila como presidente, así como el abandono del nombre “Zaire” para el país, siendo reinstaurado el actual República Democrática del Congo (RDC)^[20].

No obstante, la paz solamente duraría un año al surgir tensiones entre el nuevo régimen de Kabila y las fuerzas extranjeras, principalmente Ruanda. La percepción de una influencia preponderante de Ruanda en la nueva RDC (sobre todo en el este del país) llevó a que Kabila, en pro de evitar mayor injerencia extranjera, procediese a disminuir la presencia de tutsis en su gobierno y a recurrir a una retórica anti-tutsi^[21], asimismo, Kabila ordenó la retirada de toda fuerza extranjera en el territorio y el rearme de milicias hutus, provocando inquietud en la población tutsi por su futuro^[22].

La crisis llevó a Ruanda, con el apoyo de Uganda y Burundi, a llevar a cabo otra operación militar a fin de tumbar el régimen de Kabila, e instaurar otro gobierno que favoreciese los intereses de Kigali, dando inicio a la Segunda Guerra del Congo (1998 - 2003). Nuevamente otros actores regionales estuvieron involucrados además de los anteriores mencionados, la mayoría mostró su apoyo tanto diplomática como militarmente al gobierno de Kabila. Entre estos destacó Angola, Namibia, Zimbabue y Chad^[23].

A diferencia de la primera conflagración, este conflicto no acabó con la victoria de ninguno de los dos beligerantes, sino con un acuerdo de paz; el Acuerdo de Sun City fue firmado por algunos de los bandos enfrentados, destacando a Ruanda, la cual se comprometió a retirarse de la RDC siempre y cuando esta se comprometiese a desarmar a las milicias hutus previamente apoyadas. El final de la guerra se dio a partir del asesinato de Laurent Kabila y la llegada al poder de su hijo, Joseph Kabila, quien desde un principio buscaba apaciguar el conflicto^[24]. Aunque el acuerdo logró terminar la guerra per se, este no paró las hostilidades y conflictos internos dentro de la República Democrática del Congo, 

1.4 Seguimiento de la violencia e inseguridad en la actualidad.

El nuevo gobierno de transición en la RDC de la posguerra no estuvo exento de conflictos internos. A tan solo un año de haber terminado la conflagración continental, nuevamente persistieron tensiones entre los hutus y tutsis en el oriente del país, particularmente en la región de Kivu^[25].

Y es que, aunque se buscaba en la RDC la consolidación de la unidad nacional y la unificación de todas las fuerzas beligerantes en el ejército, la violencia volvió a materializarse con el surgimiento de las Fuerzas Democráticas para la Liberación de Ruanda (FDLR por sus siglas en francés), milicia formada por hutus extremistas, la cual empezó nuevamente a atacar fuerzas tutsis en el este. Ello había demostrado que no todos los grupos implicados estarían dispuestos a bajar las armas, por lo que eventualmente surgiría la necesidad de socavar a la impetuosa FDLR^[26].

Fue en dicho contexto donde surge la figura del tutsi Laurent Nkunda y su recién formada milicia, el Congreso Nacional para la Defensa del Pueblo (CNDP por sus siglas en francés). Con una retórica enfocada en proteger y velar por la seguridad de los tutsis de la zona, Nkunda y la CNDP iniciaron un enfrentamiento armado con la FDLR, aunque posteriormente también acabarían por enfrentarse a las propias fuerzas armadas de la RDC, dando como resultado un conflicto interno que amenazó la seguridad de la población y puso en entredicho la estabilidad de Kivu^[27].

En general, el conflicto como tal terminaría en 2009 con un acuerdo de paz (en donde la CNDP accedió a convertirse en un partido político, mientras su brazo armado pasó a formar parte del ejército). No obstante, una facción de la apaciguada CNDP se encontró insatisfecha con los acuerdos, lo que daría paso al surgimiento del Movimiento 23 de Marzo, y con ello, una rebelión que perduraría hasta el 2013 con la derrota militar de este por parte tanto de las fuerzas armadas como fuerzas de las Naciones Unidas. Al igual que la CNDP, el Movimiento se adjudicaba la voluntad de defender a los tutsis^[28].

Entre 2021 y 2022, el Movimiento 23 de Marzo volvió a surgir (además de grupos islámicos insurgentes), cometiendo varias atrocidades y violaciones de derechos humanos en la región^[29]. La violencia llegó a su punto álgido cuando el Movimiento derribó un helicóptero con seis tropas de las ONU en marzo de 2022. Asimismo, en el mismo año el grupo también procedió a realizar incursiones en el territorio de Rutshuru, llegando no solo a ocupar buena parte de la región, sino a capturar la base militar de Rumangabo, permitiéndole el acceso a armamento del ejército^[30]

Además de la guerra anteriormente mencionada en Kivu, también proliferan conflictos de índole étnico en las regiones de Ituri, Katanga y Kasai. Si bien ninguno constituye un caso tan complejo como las hostilidades en la región de Kivu^[31], eso no los exenta de múltiples violaciones de derechos humanos. Véase el caso de la masacre de 2018 en Yumbi (territorio localizado en el oeste del país), en donde el entierro de un jefe habitual de la etnia banunu en territorio reclamado por los batende (grupo étnico que ya había tenido rivalidades con el anterior), provocó que estos viesen dicha acción como una provocación, por lo que varios batende asesinaron a más de 500 personas como respuesta^[32].

En general, la RDC en nuestros días presenta una inestabilidad étnica en su territorio, con tensiones y conflictos abiertos aunados ya sea a motivos coyunturales o históricos.

2. Factores que han ocasionado el desplazamiento interno forzado.

2.1. Conflicto armado.

Lo dicho hasta acá brinda la evidencia suficiente para afirmar que a lo largo de la historia de la RDC han habido más períodos en los que predomina el conflicto, la guerra y la inestabilidad política que períodos de paz y estabilidad. Por esta razón, se afirma que en primer lugar, el conflicto armado es un factor que ocasiona el desplazamiento interno forzado. Ya que, la mayoría de los desplazamientos se dan debido a la violencia que surge de los grupos armados  como: el ADF, las FDLR, la APCLS, el NDC-R, junto a las FARDC^[33], la CODECO, y el “Mouvement du 23 de Mars” (M23) —nótese la Tabla 1 para detallar más estos grupos—.

Tabla 1. Grupos armados, regiones y detalles.

Fuente: Elaboración propia con datos de diversas fuentes^[34]

Este último tiene una especial concentración en la región Kivu Norte, y se le ha acusado de estar apoyado por Ruanda, por lo que representa uno de los principales factores^[35] del conflicto, y de las movilizaciones. Desde finales del 2021 se ha visto en la disputa contra las fuerzas gubernamentales congoleñas en la región, beneficiándose de tener frontera con Ruanda. Así, ha estado participando actualmente en distintas luchas por las personas, los recursos y el territorio^[36]. Además, ha tomado acciones como la matanza de civiles y violaciones a mujeres como venganza de los enfrentamientos con otros grupos, ataques deliberados contra los campos donde vivían las personas desplazadas, entre otras^[37]. Aún así, conviene subrayar que la ONU^[38] ha señalado que a estos grupos armados se le debe la existencia de 3,377 violaciones graves en contra de 2,420 niños y niñas, entre las cuales destacan los secuestros, la violencia sexual, el reclutamiento, las matanzas. Asimismo, como ataques a hospitales y escuelas —alrededor de 2,100 escuelas han cerrado desde enero del 2022—^[39].

2.2. Inestabilidad política

A raíz de los diversos conflictos que se viven en el interior de la República Democrática del Congo, se han generado una diversidad de grupos armados. Martínez y Escudero^[40] comentan como en el país coexisten "una amalgama de guerrillas que, sin causar demasiado ruido mediático y ligadas todavía a la extracción y comercio de recursos naturales o al simple saqueo". Simultáneamente se ha declarado estado de sitio en el año 2021, en las regiones de Kivu Norte e Ituri al estar asoladas por el conflicto entre los distintos grupos. Adicionalmente, el presidente Félix Tshisekedi le otorgó a la policía y al ejército la facultad de procesar a las personas civiles como medida para hacer frente con mayor eficacia a los grupos armados en las regiones, y proteger la población civil^[41].

Sin embargo, esta medida no ha resultado muy beneficiosa para la población civil en su seguridad y el respeto de sus DDHH, porque ha significado un abuso por parte de las autoridades del Estado cayendo en violación de los derechos fundamentales de la población civil. Por ejemplo, se ha restringido la libertad de expresión, la libertad de opinión, el derecho a la justicia, entre otros^[42]. A tal grado que han usado la fuerza para reprimir a quien sea que consideren crítico, no importa si son miembros del parlamento o activistas de DDHH^[43].

En relación con las actividades ligadas a la sobreexplotación de recursos naturales, es necesario tener presente la importancia que tiene la República Democrática del Congo, no solo en la región sino a nivel mundial. En este sentido, Martínez y Escudero^[44] mencionan como "las entrañas del Congo albergan toneladas de oro, diamantes, estaño y tantalio; además de la mitad de las reservas mundiales de cobalto y el 70 % de las de coltán, imprescindibles para la fabricación de cualquier dispositivo electrónico. Esta riqueza mineral es a menudo identificada como una de las principales causas de tanta violencia."

Aunque el extractivismo no fue la principal causa del inicio de la violencia en el país, sí representó una gran motivación para que los conflictos siguieran su curso, enfocándose ahora paralelamente en una lucha por los minerales. En este sentido, es importante observar cómo diversos actores extranjeros se inmiscuyen en esta ardua lucha, dando paso a que el 85% de la producción minera esté en manos de extranjeros; esto se ejemplifica claramente al evidenciar el caso de Ruanda, que se convierte en el primer productor de coltán en el mundo sin siquiera contar con reservas suficientes en su territorio^[45].          

Aunado a esto es importante resaltar la dinámica de los mineros locales, conocidos como MAPE(Mineros Artesanales y de Pequeña Escala) los cuales recurren al contrabando de lo obtenido en las minas en Ruanda para financiar sus guerrillas; según datos de World Vision para el año 2013 el 40% de los trabajadores de más MAPE en la República del Congo eran niños mineros^[46]. Se puede evidenciar con lo mencionado anteriormente como la minería representa uno de los trabajos de peligro en la región para las infancias.

Además de las luchas por minerales, también se presentan en el país una serie de violaciones a los derechos humanos, las cuales han sido producto de las diversas problemáticas que se hacen presentes en la región. Es menester tener presentes los abusos cometidos por los grupos armados contra los civiles, que a pesar de las intervenciones militares de la ONU y la Comunidad de África Oriental en la búsqueda de protegerlos, siguen siendo azotados dentro de su propio el país, por esta diversidad de grupos armados, los cuales van dejando a su paso diversos casos de violencia, donde destacan sucesos con armas de fuego y mutilación con armas blancas, además de genocidios en algunos casos llegar incluso a incendiar los poblados que son atacados.^[47]

Según Amnistía Internacional^[48], los datos de ACNUR para 2022 mencionan como los desplazados representan alrededor de 6 millones de personas, siendo la cifra más elevada de toda África; teniendo presente cómo los diversos grupos armados, aunque ya desplazaron a estas poblaciones, siguen atacándolas. También se menciona cómo a partir de los datos emitidos por la ONU, al menos 250 personas desplazadas internamente habrían perdido la vida ante ataques de grupos armados en contra de los campos de refugiados durante 2022.A estas problemáticas se suman denuncias a raíz de las violaciones graves a derechos humanos en contra de representantes de las fuerzas armadas y la policía congoleña, siendo acusados de actos como ejecuciones sumarias, violaciones sexuales, detenciones arbitrarias y saqueos de bienes.^[49]

Además de lo mencionado, se han presentado ataques directos contra personal de ayuda humanitaria, tanto local como internacional, por parte de los grupos rebeldes que se hacen presentes en la región. En muchos casos obligando a los grupos de ayuda a dejar de lado la intervención y abandonar distritos enteros, perpetuando el control de estos grupos al margen de la ley sobre la sociedad congoleña.^[50]

En 2022, las autoridades de la RDC intensificaron la opresión de libertades civiles, usando la pandemia COVID-19 y la ley marcial como excusas, prohibiendo protestas y deteniendo arbitrariamente a críticos del gobierno; el tribunal militar de la ciudad de Beni encarceló a 12 activistas por organizar una sentada, de manera pacífica frente al ayuntamiento como manifestación en contra del estado de sitio. Sistemáticamente se permitieron manifestaciones a favor del gobierno y se prohibieron las críticas.^[51]

En julio de 2022, la policía y soldados de la ONU respondieron violentamente a protestas contra la ONU en el este, resultando en al menos 36 muertos. En septiembre, una protesta de médicos en Kinshasa fue prohibida y reprimida brutalmente, con heridos y detenidos; pese a que el ministro de Derechos Humanos condenó este incidente, no se tomaron medidas contra los responsables ni para proporcionar reparación a las víctimas.^[52]

Desplazamientos masivos en la República Democrática del Congo: un análisis desde el género

Al tener contextualizada la violencia cíclica perpetrada en la República Democrática del Congo, se denota que la crisis interna ha conllevado a la sociedad civil ha desplazarse mayoritariamente de manera coaccionada, llegando a una cifra de 6,947,295 desplazamientos internos rastreados, según la última recopilación de datos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) para octubre 2023^[53].

Así mismo, la OIM pone el foco de atención en indicar que los conflictos y el recrudecimiento de la violencia tienen una relación directa con los desplazamientos masivos, considerando que alrededor de 5,6 millones (81 por ciento del total de desplazados internos), vivían en las provincias orientales de Kivu del Norte, Kivu del Sur, Ituri y Tanganica, lo cual demarca que grupos como Movimiento 23 de marzo desde noviembre del 2021 residen en las zonas orientales de la RDC (específicamente en Kivu Norte) y han cometido graves abusos contra los derechos humanos, obligando de manera causal a más de 800,000 personas a huir de sus hogares^[54], lo cual cimienta el paso progresivo con el que han escalado los desplazamientos internos del país.

Ahora bien, es necesario recalcar que la situación de deterioro en la que se ven los derechos humanos de las personas congoleñas, tienen cabida un múltiples factores; primeramente, la administración del presidente Félix Tshisekedi no ha generado un avance en las reformas sistémicas prometidas para romper los ciclos de violencia y abuso en el país^[55]. Basta como muestra que tras únicamente nueve meses en el poder, Tshisekedi manifestó que no iba a “hurgar en el pasado” y por ende ha negado cualquier esfuerzo por garantizar que se investigan las muertes de aproximadamente 320 personas, durante las protestas ocurridas entre 2015 y 2018^[56]. Esto ubica un precedente puntual para que las personas se vean obligadas a migrar ante una atmósfera de creciente tolerancia a las atrocidades cometidas por numerosos grupos armados y fuerzas gubernamentales contra civiles.

En segunda instancia, la mayoría de grupos armados al estar activos en las provincias del este de la RDC —Ituri, Kivu del Norte, Kivu del Sur y Tanganica—, principalmente dos de los más fuertes: la ADF y la CODECO^[57], son contrapesos que obligan a la población de esta parte del país a migrar de manera casi inmediata. Contabilizando que los ataques de la ADF contra civiles representaron para el 2022 casi el 40 % del total. Además se estimaron muertes en todo el país por conflictos armados y representaron el 27% de la violencia contra civiles en una de las provincias más afectadas, Ituri, la cual está dentro de la lista de regiones con mayores cifras migratorias^[58].

Se puede condensar lo dicho hasta aquí, con que existen elementos concomitantes que hacen cambiar el modus vivendi de la ciudadanía congoleña y relegan a civiles a condiciones extremas e inhumanitarias durante el trayecto migratorio. En aras de ilustrar esta situación, en Goma, capital de la provincia de Kivu Norte, más de 600,000 personas desplazadas se alojan en estructuras improvisadas que no están preparadas para soportar las condiciones climáticas extremas^[59], ya que según el reporte de “Riesgo Climático de la RDC 2023” de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios, se indica que las regiones del Este sufren mayores riesgos climáticos, tales como: olas de calor, sequías y fuertes e inundaciones^[60], por lo cual fuera de la situación migratoria, la vulnerabilidad en los asentamientos se encuentra fuertemente debilitada por condiciones no controlables.

La escalada de la crisis humanitaria, exacerbada por conflictos persistentes, afecta de manera desproporcionada a las población femenina e infantil. En 2022, los territorios de Rutshuru, Nyiragongo y Masisi afrontaron una grave inseguridad debido a los conflictos entre milicias armadas y Fuerzas Militares de la República Democrática del Congo (FARDC). La expansión de la presencia de las milicias en el territorio oriental de Masisi interrumpió rutas de suministro vitales, dejando zonas, incluida Goma, privadas de acceso y colocando a la ciudad a una proximidad alarmante de grupos armados.

Hasta diciembre de 2022, el desplazamiento inducido por el conflicto afectó a 530,190 personas, entre ellas 318,144 mujeres y niñas. Un conflicto posterior en el territorio de Rutshuru en marzo de 2023 provocó el desplazamiento de 600,000 personas, incluidas 360,000 mujeres y niñas. Lamentablemente, la violencia de género (VG) aumentó un 37 por ciento en los primeros tres meses de 2023, con más de 38,000 casos reportados en Kivu del Norte en 2022^[61], lo que plantea una preocupación crítica para los desplazados internos (PDI), en particular las mujeres y las adolescentes.

En los campamentos de la Zona de Salud de Nyiragongo, Kanyaruchinya, Munigi y Mudja desde diciembre de 2022 hasta enero de 2023, se ha revelado el impacto de la pobreza en los hogares, particularmente aquellos liderados por mujeres. Las barreras culturales y políticas exacerbaron los efectos negativos en los hogares encabezados por mujeres, limitando su participación y acceso a los recursos.

Las mujeres constituyen el 60 por ciento de la población de desplazados internos^[62]. Sin embargo, persistieron las normas culturales que exigían que las mujeres pidieran permiso a los miembros masculinos de la familia para realizar actividades comunitarias o viajar. El control financiero permaneció predominantemente en manos de los hombres, lo que generó preocupaciones sobre la eficacia de la distribución de la ayuda cuando se dirigía únicamente a los hombres.

Los hogares que enfrentan escasez de alimentos recurrieron a mecanismos negativos para afrontar la situación, como el trabajo sexual y la mendicidad. Las familias desplazadas buscaron refugio en familias de acogida o en campamentos, exponiendo a mujeres y niñas a mayores riesgos de violencia de género. Si bien el acceso al agua mejoró para la mayoría de los participantes, algunos sitios carecían de cobertura total de agua, saneamiento e higiene.

Las consultas de parte de organizaciones humanitarias con las poblaciones afectadas por la crisis han sido mínimas, lo que  ha dificultado la comprensión de las preferencias y necesidades. A pesar de un aumento en la representación de las mujeres en los órganos de toma de decisiones, existen desafíos para influir en las decisiones debido a un desequilibrio numérico que favorecía a los hombres.

Las preocupaciones por la seguridad siguen en aumento, particularmente en Rutshuru y Masisi, con una escalada de violaciones de derechos humanos y violencia de género. Los grupos de mujeres y adolescentes dentro de los campamentos eran particularmente vulnerables al acoso y abuso sexual, lo que enfatiza la necesidad urgente de medidas de protección y servicios legales para los sobrevivientes de violencia de género.

Consideraciones finales a raíz de la crisis humanitaria dentro de la República Democrática del Congo.

La República Democrática del Congo (RDC) enfrenta una crisis humanitaria prolongada, arraigada en décadas de conflictos, violencia y desplazamientos masivos que han dejado profundas cicatrices en la sociedad. La interrogante inicial sobre las causas y consecuencias de la crisis en la RDC requiere una reflexión integral sobre los factores interconectados que perpetúan este ciclo destructivo.

La inestabilidad política ha sido una constante en la historia de la RDC, desde antes de su independencia en la década de 1960 hasta la actualidad. El colonialismo, regímenes autoritarios, intervenciones extranjeras y la persistencia de grupos armados han debilitado las instituciones estatales y han creado un vacío de liderazgo sólido. Esta falta de estabilidad política ha alimentado conflictos étnicos y ha contribuido al surgimiento de grupos armados con agendas propias, exacerbando la violencia y la inseguridad.

Las guerras en la RDC, especialmente la Primera y Segunda Guerra del Congo, han desencadenado desplazamientos masivos, forzando a millones de personas a huir en busca de seguridad. La lucha por el control de los recursos naturales, especialmente en las provincias orientales, ha exacerbado la violencia y ha facilitado la proliferación de grupos armados, cada uno con sus propios intereses y agendas.

La respuesta del gobierno congoleño a esta crisis ha sido problemática. La opresión de libertades civiles, la falta de rendición de cuentas y la represión de la disidencia han exacerbado la situación. La instrumentalización de la pandemia de COVID-19 y la imposición de la ley marcial para silenciar a críticos y prohibir protestas reflejan una tendencia autoritaria que socava la transparencia y la responsabilidad gubernamental.

La comunidad internacional, a pesar de esfuerzos y misiones de paz, ha enfrentado serios desafíos para abordar de manera efectiva la complejidad de la crisis en la RDC. La presencia de fuerzas de paz de la ONU y otras organizaciones no ha logrado erradicar las causas fundamentales del conflicto ni garantizar la seguridad y el respeto de los derechos humanos.

En este contexto, la crisis humanitaria en la RDC persiste como un desafío que requiere una acción urgente y coordinada a nivel nacional e internacional. La necesidad de abordar las causas subyacentes, promover la reconciliación, fortalecer las instituciones y garantizar la rendición de cuentas son aspectos fundamentales para iniciar un camino hacia la estabilidad y el bienestar de la población congoleña.

La República Democrática del Congo enfrenta un futuro incierto, pero abordar la crisis humanitaria exige un compromiso sostenido con la justicia, la paz y el desarrollo sostenible. La superación de esta compleja crisis requerirá la colaboración de la comunidad internacional, la voluntad política interna y un enfoque integral que aborde no solo las consecuencias visibles, sino también las raíces profundas del conflicto congoleño.

Notas