Análisis 527: Aumentan casos de violencia sexual en El Salvador y se añade un nuevo perpetrador, el Estado

Aumentan casos de violencia sexual en El Salvador y se añade un nuevo perpetrador, el Estado

Yerlyn Esther Mora Herra

A partir del año 2021 y en crecimiento desde que el gobierno del presidente Nayib Bukele decretó el régimen de excepción en marzo del 2022, se ha dado un aumento de la violencia sexual en mujeres y niñas por parte de su círculo familiar, sin embargo, recientemente ha surgido un nuevo agresor, el Estado, donde soldados y policías salvadoreños se han aprovechado del poder que el gobierno les ha otorgado para violar y acosar a niñas, jóvenes y adultas.

Aumento de casos de violencia en El Salvador

En El Salvador, los casos de violencia sexual son los que más han experimentado un aumento en los últimos tres años. Según datos proporcionados por la Fiscalía General de la República en su informe de labores 2022-2023, se reportaron un total de 3,145 denuncias por violaciones. En el informe anterior las denuncias fueron de 3,084 y en el 2020-2021 de 2,313^[1] respectivamente, y, aunque los feminicidios y los homicidios han presentado una disminución debido al régimen de excepción, las violaciones se encuentran en el tercer y segundo lugar, por debajo del delito de hurto y robo.

Gráfico 1. Delitos de alto impacto con mayor cantidad de denuncias, 1 de junio, 2021 – 31 de mayo, 2023

 

Fuente: Elaboración propia tomando como referencia datos de la Fiscalía General de la República de El Salvador^[2]

Adicionalmente, las mujeres víctimas de violencia sexual que más han sido afectadas según rango de edad, va desde los 15-19 años, seguido de 10-14 años, situación que se ha dado principalmente en el domicilio particular y en espacios abiertos^[3].

¿Qué factores inciden?

Uno de los principales factores a destacar es el económico. Según la encuesta presentada por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), para el año 2020 el 39,4% de las mujeres (mayores de 15 años) no poseía ingresos propios^[4].

Otro factor que se puede destacar es el social, donde las mujeres no denuncian formalmente porque el agresor es un pariente cercano. Si tomamos en cuenta que las edades de las víctimas sexuales son en su mayoría menores de edad, según estadísticas presentadas por parte del Consejo Nacional de Primera Infancia, Niñez y Adolescencia (CONAPINA) entre enero y mayo 2023, el principal agresor para 930 menores fue su padre o madre y, 671 de esa cantidad, responden a niñas y adolescentes mujeres^[5]. Además, 1,140 casos de infantes, han sido víctimas de embarazos en los primeros meses del 2023, donde sus principales victimarios son “el compañero de vida” (23,32%) y sus propios padres de familia (20,99%)^[6].

Un factor adicional, es el cultural, el cual considera que “[...] la mujer debe estar a la disposición de cualquier hombre y se ha normalizado la violencia en todas sus modalidades en el hogar, a la mujer que denuncia se le tilda de mentirosa, y parece para muchos imposible que estos hechos tan atroces ocurran en el seno del hogar.”^[7]

No obstante, es importante señalar que se han identificado como agresores a policías y militares. Para el presente año, organizaciones de derechos humanos han registrado al menos 15 denuncias de acoso y violaciones por parte de miembros de la fuerza pública desplegada por el gobierno de Nayib Bukele^[8], situación que se explica no sólo por la concentración y abuso de poder, sino también porque en otros casos respaldan la impunidad de quienes agreden, generando consecuentemente el desplazamiento interno por parte de las familias para evitar que las niñas y adolescentes sean abusadas o detenidas por no ceder ante el acoso de los agentes de seguridad^[9].

¿El Salvador ha cumplido con las medidas adoptadas?

En mayo de 2022, la Asamblea Legislativa de El Salvador reformó el Código Penal para agravar las penas de prisión relacionadas al delito de violación sexual. La normativa vigente en su momento establecía entre 6 a 10 años de cárcel, sin embargo con la reforma se elevó hasta 12 años^[10].

Para los siguientes casos, la pena se aumenta incluso una tercera parte: si la violación fuera ejecutada por un miembro de la familia, si la víctima se encuentra inconsciente o es menor de 18 años o mayor de 60, si el victimario es portador de enfermedades contagiosas de transmisión sexual  y por último, si embarazase a la víctima^[11], lo que nos permite preguntarnos ¿el gobierno ha respondido?

Aunque se ha desarrollado; dado al régimen de excepción; una narrativa de seguridad en el país y se han establecido planes en torno a dicha problemática, la violencia hacia la mujer se ha mantenido inalterada. Según los datos presentados por la Fiscalía General de la República, para el 2022-2023, se iniciaron 7,939 casos de violencia sexual, es decir, 916 casos más en comparación al año 2021-2022 (un aumento del 13%)^[12], el cual nos confirma que la condición no tiene una consideración positiva. Esto se debe; tal como se indicó anteriormente; que la aplicación de los planes no exceptúa a las mujeres de algún tipo de agresión tanto dentro como fuera de sus hogares, dado que esto es independiente de que sean las pandillas las que ejerzan la violencia.

Para los casos de abuso sexual cometidos por funciones de seguridad, según una base de datos filtrada por  Human Rigths Watch (HRW), existen casos que no han sido investigados o que fueron archivos y, aquellos que tuvieron algún proceso, se tomaron decisiones insuficientes^[13]. Incluso, por parte del gobierno, ante los señalamientos no sólo de abusos y violaciones sexuales hacia niñas y mujeres, sino a la perpetración generada por parte de los soldados salvadoreños desplegados en todo el país durante el régimen de excepción, el presidente Bukele como el ministro de Defensa, el vicealmirante René Merino Monroy, no han presentado declaración alguna^[14], aplicando una política del silencio que al no hablarlo, niega la existencia del problema y de lo que ocurre en los cuerpos de niñas y mujeres.

Reflexión Final

Si los homicidios y las extorsiones han disminuido desde el 2021; debido al régimen de excepción; este ha sido porque son delitos que se han relacionado con los planes de seguridad en contra de las pandillas.

Tanto por parte de las Unidades de Atención Especializadas de Mujeres de la Fiscalía General de la República, como de las UNIMUJER de la Policía Nacional Civil, la atención hacia las mujeres y las niñas se ha descuidado, reduciendo los derechos y las posibilidad de lucha femenina en el aparato estatal^[15]. Adicionalmente, lo que ocurre, en nombre de la seguridad pública, está destruyendo la democracia. La violencia perpetrada por los cuerpos uniformados; debido al poder que el Estado les ha otorgado; les ha dado acceso al cuerpo de las mujeres, que por la cultura del silencio y el temor, deciden no denunciar^[16].

Ha sido por el trabajo de ONGs que, ante la falta de información y respuesta por parte del Estado, y el aumento de denuncias de abuso sexual en sus organizaciones, han exhibido bases de datos que confirman la violación de derechos humanos durante el régimen de excepción, incluyendo casos de violencia sexual y abuso infantil. Ocasionando, que ante un Estado que no hace referencia a la violencia contra las mujeres, y que por consiguiente, reduce su aparato que debería garantizar los derechos humanos, se diminuyan aún más las probabilidades de librarse de dicha impetuosidad. 

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