Análisis semanal 495: Incertidumbre política en Chile: representaciones políticas inconsistentes ante una ciudadanía exigente (15 de mayo de 2023)

Durante los últimos años el escenario político chileno se ha visto marcado por enormes y profundos debates; particularmente respecto al marco constitucional que rige en el país desde su regreso a la democracia. La actual Constitución Política es un texto que, si bien ha sido múltiples veces modificado, fue edificado y aprobado en agosto del año 1980 durante la dictadura del general Augusto Pinochet[1]. Un episodio histórico oscuro y trágico para la sociedad chilena. Una población que vivió durante diecisiete años un régimen de cruel represión sociopolítica hacia la más mínima manifestación de oposición.

A pesar del plebiscito de 1988 que dio paso a las elecciones democráticas del año siguiente y que derivaría en la victoria de Patricio Aylwin para terminar con la dictadura en 1990[2], la herencia constitucional es un elemento que ha sobrevivido hasta nuestros días. Tanto es así, que Jesús Guzmán en un programa para Hablando Claro establece que las primeras discusiones formales para cambiar de constitución política se dieron hasta el primer periodo presidencial de Michelle Bachelet[3].

Más aún, Guzmán rescata los principales eventos cronológicos de este proceso. El estallido social previo al inicio de la pandemia (2019) que enfrento el dos veces presidente Sebastián Piñera fue un elemento central. La crisis alcanzó tal nivel de inestabilidad que el gobierno se vio en la necesidad de pactar con las fuerzas de la centro-izquierda, y otros movimientos de representación, el inicio de un proceso constituyente[4]. En plena pandemia se realizó un plebiscito a nivel nacional, cuyo resultado fue la aprobación de la creación de una asamblea constituyente; los resultados electorales establecieron una representación mayoritariamente de izquierda caracterizada por la participación de grupos indígenas e independientes[5]. Posteriormente, el movimiento se vería fortalecido con la elección del actual presidente Boric; sin embargo el fracaso no se hizo esperar mucho tiempo.

A inicios de setiembre del pasado año, el proyecto constitucional fue sometido a la decisión de la sociedad chilena en un referéndum para establecer su aprobación o rechazo. Una propuesta sumamente progresiva, ampliando el espectro de derechos sociales, la regulación ambiental, y la participación del Estado[6]. Asimismo rompía con la privatización del agua, establecía la plena paridad de género y la representación indígena, el respeto a la diversidad sexual, entre otros puntos. Inclusive se reconoció internacionalmente el valor de este proceso institucional para darle salida a una convulsión social que paralizó al país a través de la que sería una de las constituciones más progresistas del mundo[7].

El referéndum fue contundente y claro: un aproximado de 62% de la población rechazó la implementación frente a un apoyo del 38%[8]. Según algunos sectores, el fracaso del proyecto se debió a una fuerte percepción de que el texto movería al país demasiado hacia la izquierda. Ello provocó grandes incomodidades. Concretamente, se cuestionó el fondo de varias propuestas como la del Estado plurinacional; la pobre evaluación del trabajo constituyente también perjudicó su apoyo, entre otros motivos[9].  Lo cierto del caso es que el presidente Boric reconoció el clamado del pueblo e incentivó a todos los grupos políticos y sociales a formar parte de un nuevo proceso que produzca una propuesta que efectivamente agrupe las demandas de la ciudadanía.

Esto derivó en la gran paradoja que protagoniza la vida política de Chile hoy día. En línea con el compromiso adquirido por el gobierno, se emprendió un nuevo proceso electoral para designar la conformación del nuevo grupo constituyente; un segundo intento para presentar un proyecto constitucional del agrado generalizado. El Partido Republicano, del excandidato presidencial de extrema derecha José Antonio Kast, fue el gran favorecido en los comicios al obtener 23 de 51 escaños disponibles[10]. Una tendencia política que, como explican Felipe Munizaga y Daniel Olivares en el programa El Debate de France 24, se manifestó en contra de crear una nueva constitución política anteriormente, por considerar vigente la de tiempos de Pinochet y por querer concentrar la discusión en las problemáticas de seguridad[11]. Empero, ahora cuenta con el apoyo mayoritario de la ciudadanía para liderar la construcción del nuevo borrador.

El Servicio Electoral de Chile ofrece los resultados absolutos y relativos de los comicios recién emprendidos, los cuales evidencian un fuerte debilitamiento del movimiento político encabezado por el Presidente Boric y sus aliados. Así, el Partido Republicano obtuvo casi 3,5 millones de votos traducidos en un 35.41%; a ello se le debe sumar el 21.06% de apoyo que recibió la coalición de derecha Chile Seguro, de forma tal que en conjunto tienen más que suficiente poder de decisión (un total de 56.47% de votos a favor)[12]. En contraposición Unidad para Chile, la coalición oficialista, únicamente alcanzó 2.8 millones de votos aproximadamente que corresponde a un 28.60% de los votos emitidos.

El presidente Boric no intentó minimizar el adverso resultado, categorizándolo como un fracaso para su proyecto político. Más aún, atribuyó el relativamente poco apoyo alcanzado a un gravísimo error cometido: desechar las ideas de posturas distintas a las propias, lo que provocó una importante disconformidad entre los sectores sociales[13]. Inclusive ofreció consejo al Partido Republicano instándolo a no hacer “oídos sordos”, de las peticiones y propuestas de los diferentes grupos ciudadanos, aunque puedan ser contrarias a su agenda, sino a buscar sumar la mayor cantidad de intereses diversos al proyecto.

Los resultados electorales alcanzados en Chile durante los últimos años son clara evidencia de un sistema político inestable e incierto; también demuestran que la sociedad chilena está polarizada, pero principalmente cansada. Cuando menos, desde el primer periodo presidencial de Michelle Bachelet, el país se ha visto sumergido en un “estire y afloje” entre las tendencias de la izquierda y de la derecha. Una etapa histórica muy desgastante, donde las partes se reprochan los malos rendimientos al tiempo que la ciudadanía no ha visto resultas sus demandas. Es decir, sistemáticamente, el pueblo les ha dado múltiples oportunidades a ambos espectros políticos, sin embargo, ninguno ha logrado satisfacer las exigencias ciudadanas.

El triunfo de Gabriel Boric como sucesor de Sebastián Piñera al mando del Ejecutivo, y la más reciente victoria del Partido Republicano en las elecciones para la asamblea constituyente son la continuación de ese vaivén electoral. Un colectivo social que, a falta de certeza y efectividad política de las opciones disponibles, opta por retirar el apoyo tan pronto como se vislumbra los primeros destellos de flaqueza por parte de las élites políticas. En ese sentido, quedan claros dos puntos en particular. El primero es que los partidos políticos, a lo largo de todo el espectro ideológico, tienen la obligación de replantearse su acercamiento al ejercicio público. Hasta el momento no han logrado establecer un marco de acción consecuente tanto con su agenda como con la del pueblo, logrando así retener en el tiempo el apoyo ciudadano. La segunda conclusión clave en este caso es que la población de Chile se reconoce como el actor central dentro del escenario político nacional. Ejerciendo indiscutiblemente su papel de soberano, no está permitiendo que las agrupaciones políticas moldeen la agenda nacional a gusto. Por el contrario, la sociedad civil está desarrollando una fuerte labor fiscalizadora del acontecer político en busca de salvaguardar los intereses nacionales.