Análisis semanal 488: Sobre el tráfico de fentanilo. ¿Organizaciones terroristas? (27 de marzo de 2023)

Contextualización

El tráfico de drogas ha sido un tema sensible en la relación bilateral entre Estados Unidos y México por décadas. La ubicación geográfica de este último le ha hecho merecedor de una relevancia estratégica para el crimen organizado, en su esfuerzo por ingresar al gran mercado norteamericano. Consciente de esta realidad, Estados Unidos ha destinado aproximadamente $40 mil millones del presupuesto federal al control de drogas, durante la administración Biden-Harris[1]. A su vez, han estrechado esfuerzos colaborativos con el gobierno mexicano en aras de emprender operativos para arrestar importantes jefes de la droga como la reciente recaptura de Ovidio Guzmán hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán y líder del Cártel de Sinaloa, a inicios del presente año[2].

No obstante, las relaciones de cordialidad se han debilitado durante años recientes; particularmente con la gestión del actual gobierno de México. Específicamente, un punto de inflexión en la relación fue el cierre, por parte de López Obrador, de una unidad de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) en abril de 2021. Como señala Elena Reina, el presidente mexicano argumentó que tal medida respondió a que la organización estaba infiltrada por grupos criminales, así como que además fabricaba delitos en contra de nacionales mexicanos[3]. Esto ha obstaculizado, así, las labores estadounidenses de lucha contra la droga, pues esa unidad recibía información vital proveniente de autoridades mexicanas desde finales de la década de los noventas[4].

Ahora bien, durante las últimas semanas y meses los disgustos entre estos dos Estados han crecido considerablemente; esta vez a raíz de los alarmantes datos que arroja el consumo de fentanilo por parte de población estadounidense. Esta sustancia es un opioide sintético que se emplea dentro del campo médico para tratar casos de dolores intensos producto de diversos malestares[5]. En efecto, se habla de que este medicamento puede alcanzar a ser entre 50 y 100 veces más potente que la morfina[6]. El problema radica en que la industria de las drogas ilegales se ha dedicado a producir este opioide de forma ilícita para venta y consumo masivo. Esto se traduce en una estadística creciente de las muertes por sobredosis relacionadas con este producto.

Según el Centers for Disease Control and Prevention (CDC), las muertes producto de la ingesta de opioides sintéticos en los Estados Unidos creció 18 veces en 2020 con respecto al 2013[7]. Así mismo, durante el siguiente año (2021) en ese país se registraron un total de 106000 muertes vinculadas con sobredosis en general; 70601 vidas perdidas derivadas de sobredosis de este tipo de sustancias (principalmente fentanilo)[8]; Estos datos marcan un importante precedente pues es la primera vez que dicho país supera los 100000 fallecidos producto de estas causas[9].

Reacciones de las partes

Como era de esperarse, las reacciones, exigencias y propuestas no tardaron en surgir por parte de las instituciones estadounidenses. Durante el mes de febrero del presente año, la DEA le solicitó al gobierno mexicano que tomara más y mejores acciones para combatir el tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos[10]. Particularmente le pidió mayor trabajo de inteligencia, desarticulación de laboratorios y arrestos. Más aún, partidarios del partido republicano han sugerido el empleo de las fuerzas militares norteamericanas en aras de neutralizar a los grupos narco. Los congresistas Dan Crenshaw y Michael Waltz presentaron una iniciativa para darle al ejército la autoridad de inclusive entrar en territorio soberano de México, para alcanzar sus objetivos[11]. Adicionalmente, el senador republicano Lindsey Graham introdujo a la agenda legislativa a finales de marzo, un proyecto de ley que pretende categorizar a los cárteles de droga como organizaciones terroristas. La Ley NARCOS (por sus siglas en inglés) busca tener varios efectos entre ellos congelar los activos de las organizaciones, castigar más severamente a quien apoye estos grupos, prohibir el ingreso de sus miembros a territorio norteamericano, entre otros[12].

La respuesta mexicana no se ha hecho esperar. El líder de la mayoría en el senado, Ricardo Monreal del partido oficialista MORENA, calificó las propuestas sugeridas por los republicanos como claros impulsos intervencionistas, y regresiones en materia de respeto a soberanías[13]. Adicionalmente, el presidente López Obrador ha buscado rescatar la imagen del país al argumentar que del fentanilo consumido en Estados Unidos, únicamente una cuarta parte ingresa desde México; la gran mayoría se consigue localmente, o proveniente de Canadá[14]. La Secretaría de Relaciones Exteriores, encabezada por el canciller Marcelo Ebrard, también se ha manifestado en contra de las diferentes declaraciones de los republicanos. Él arremete particularmente contra el Senador Graham a quién acusa de faltar a la verdad. En su argumentación consideró que México no es el origen de la crisis de salud en Estados Unidos producida por el opioide sintético[15]; por el contrario, es un importante aliado para el proceso de solución del problema. Además le reclama la facilidad de acceso a compra de armas pesadas en Estados Unidos, que facilita su empleo para la violencia en territorio mexicano.

Importante mencionar también que López Obrador se comunicó en recientes días con el gobierno chino, principalmente para solicitarle apoyo en la lucha contra el trasiego del fentanilo que se importa a México desde el gigante asiático[16]. En ese sentido, se permitió pedir información respecto a los importadores y las cantidades transportadas, los tipos de vehículo marino empleados, las fechas de envío y llegada, los puertos utilizados, entre otros. Cabe mencionar que China se vio arrastrado a este conflicto pues hasta hace poco, su ciudad de Shijiazhuang que alberga gran parte de la industria farmacéutica nacional, producía enormes cantidades de fentanilo[17]. No obstante, en 2019 se prohibió la producción de ese opioide sintético y de todos sus derivados ante la presión internacional.

Lo anterior derivó en que la respuesta del gobierno chino a López Obrador fuera una tajante negación de que haya tal cosa como producción de fentanilo en suelo chino, y su posterior exportación a territorio americano[18]. Así, la evidencia lo que demuestra es que las organizaciones narco importan desde Asia los precursores (ingredientes) necesarios para elaborar la sustancia; y por tanto que la producción efectivamente se desarrolla en tierras mexicanas. Por lo tanto, el gobierno chino se desmarcó de cualquier participación en el tema, mas solicitó el cese de prácticas hegemónicas e intervencionistas emprendidas contra México[19].

Los cuidados del Derecho Internacional Público

Las iniciativas republicanas para enfrentar a los grupos narcotraficantes suponen un eventual irrespeto al Derecho Internacional Público en perjuicio del Estado mexicano; de ahí la negativa del Ejecutivo estadounidense de apoyar tales proyectos legislativos. Al respecto cabe resaltar la Carta de la Organización de las Naciones Unidas, en su artículo segundo que estable los principios que rigen la convivencia internacional: la igualdad soberana entre los Estados miembro, la solución pacífica de controversias, la buena fe, abstención de la amenaza y uso de la fuerza, entre otros[20]. Más aún, la resolución 2625 de la Asamblea General agrega dos principios más que resultan vitales para el entendimiento y gestión de las tensiones vigentes: la no intervención en asuntos internos de otros Estados, y la cooperación pacífica entre los miembros de la organización[21].

Claro está que las pretensiones de los legisladores republicanos tienen poco o nulo interés por mantener íntegro el Derecho Internacional y sus principios de convivencia pacífica. Sus postulados chocan en varios niveles con los estatutos de la Carta de las Naciones Unidas, por lo que se les debe de estudiar con mucho recelo. No es sorpresa que el Secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken declarara en días recientes que existen importantes esfuerzos bilaterales (cooperación pacífica entre Estados) para establecer una gran estrategia de combate al tráfico de fentanilo[22]; interrumpir las cadenas de suministros, los procesos de producción y distribución, son parte de los objetivos compartidos. En ese sentido cabe mencionar las reuniones entabladas entre Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México, y Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana para dialogar acerca de este reto común y cómo unir esfuerzos. La asesora de Seguridad Nacional estadounidense Elizabeth Sherwood-Randall, que participó del encuentro, aseguró que el gobierno de Biden no apoya las iniciativas republicanas, y que respetará la soberanía de México[23].

Conclusión

Los cárteles de la droga sin lugar a duda son una enorme amenaza para la sociedad internacional que debe ser resuelta. Su agenda claramente no comulga con los ideales de vida pacífica y segura que promueve la Organización de las Naciones Unidas. Sin embargo, la caracterización de terrorista no puede ser empleada bajo los parámetros propuestos por los proyectos de ley citados anteriormente, debido a su rompimiento con el Derecho Internacional. Por el contrario, el combate contra el tráfico de drogas ilegales (con especial interés por el trasiego de fentanilo ilícito) debe emprenderse desde el marco de ley que gestiona el ámbito internacional; por ello la cooperación interestatal se perfila como la mejor estrategia a implementar. Claro está que para ello se requiere de la Buena Fé y disposición de todas las partes interesadas. De esta forma se resguardarán los principios del Derecho Internacional, velando por la soberanía de los Estados, así como el bienestar de sus poblaciones nacionales.