Análisis semanal 483: La dictadura en Nicaragua busca justificar su régimen mediante la institucionalización del estado policial a través de medidas gubernamentales (20 de febrero de 2023)

El pasado 9 de febrero, el gobierno de Nicaragua liberó a un grupo de 222 presos políticos acusados ​​de actos contra la soberanía del Estado de Nicaragua por “incitación a la violencia, terrorismo y desestabilización del país”[1]. Entre las que se encuentran periodistas, ex-diplomáticos, defensores de derechos humanos, exdiputados, exguerrilleros, líderes religiosos, escritores, activistas medioambientales, campesinos, feministas, estudiantes e incluso partidarios del régimen Ortega-Murillo, que se atrevieron a criticarlos públicamente.

Una semana después, el día miércoles 15 de febrero, a 94 personas acusadas de traición se les revocó la ciudadanía nicaragüense y se confiscaron todas sus propiedades y negocios. Además, se les inhabilitó de manera absoluta el poder ejercer cargos públicos a nombre o al servicio del Estado de Nicaragua y ejercer cargos en elecciones populares, así como de privarles permanentemente de sus derechos civiles[2].Para la fecha, quienes fueron deportados, hoy se encuentran en los Estados Unidos a la espera de un proceso de incorporación ciudadana.

Esta noticia provocó muchas reacciones y emociones, tanto de las familias de los liberados y exiliados como de gran parte de la sociedad nicaragüense dentro y fuera del país. Un ejemplo de esto es el gobierno de Chile, que ha tomado una posición firme contra las políticas inconstitucionales de derechos humanos del régimen de Nicaragua e incluso les abrió las puertas a los nicaragüenses expatriados para poder reclamar la nacionalidad chilena, así como lo ha hecho: España, Argentina y Estados Unidos hasta el momento[3].

Sin embargo, todo indica que esta medida no es más que otro intento por parte del régimen para “legitimar” la dictadura en Nicaragua. Al respecto, expertos como la socióloga Elvira Cuadra han advertido que la inhabilitación para cargos de elección popular no es solo una cuestión de venganza, sino que es algo más profundo. Según ella, es probable que Ortega esté anticipando un proceso electoral y no quiera que ninguno de los presos políticos deportados participe en dichas elecciones[4].

Es importante recordar que desde mediados de 2021, el gobierno de Ortega ha llevado a cabo una escalada de violencia estatal que ha dado lugar a numerosas denuncias de torturas y malos tratos a los hoy exiliados y liberados nicaragüenses en la comunidad internacional. En las elecciones presidenciales de noviembre de 2021, varios candidatos fueron arrestados y detenidos incluso antes de la celebración de las elecciones nacionales, y los líderes opositores encarcelados no pudieron competir con Daniel Ortega por la presidencia de Nicaragua, dejando como única opción a los candidatos que no representaron un desafío al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo[5].

Durante la crisis sanitaria del Covid-19, el gobierno de Nicaragua promulgó en la Asamblea Nacional una serie de leyes con el objetivo de restringir a la oposición. Se aprobó la "Ley Mordaza” para controlar la actividad en línea, así como la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, que buscaba bloquear los fondos económicos de las organizaciones civiles. A estas dos leyes se sumó la “Ley de defensa de los derechos del pueblo a la independencia, la soberanía y autodeterminación para la paz", que establecía criterios que podían etiquetar a cualquier ciudadano opositor como traidor a la patria “de ser necesario”. La aprobación de este paquete legislativo le permitió al gobierno encarcelar a líderes de la oposición, retirarles la ciudadanía, suprimir la personalidad jurídica de las asociaciones y ONG críticas, y confiscarles sus bienes[6].

De esta forma, la mayoría de los diputados de gobierno en la Asamblea Nacional abrió puertas para justificar la privación de la ciudadanía de estas 316 personas y dejó la posibilidad de declarar como “traidoras” a las personas que representen una amenaza en el futuro para el régimen.

Por otro lado, parece existir indicios de que hay cierta relación de comunicación con el gobierno de los Estados Unidos en cuanto a la liberación de los presos políticos. Aunque tanto funcionarios del gobierno estadounidense como Daniel Ortega han confirmado que la liberación, expatriación y deportación de los presos políticos fue una decisión tomada únicamente por Managua, mientras que Estados Unidos solo indicó de que manera aceptaría el ingreso de los liberados, a saber: siempre y cuando ellos lo deseen y tengan pasaporte[7].

Algo importante de remarcar es que después de que los expatriados llegaran a Washington, el secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, informó que había mantenido una conversación telefónica con el ministro de Relaciones Exteriores de Nicaragua, Denis Moncada, en la que discutieron la importancia de entablar un diálogo fructuoso entre Estados Unidos y Nicaragua para “construir un mejor futuro para el pueblo nicaragüense"[8]. Y aunque ninguna de las partes reconoce haber llevado a cabo negociaciones previas, Estados Unidos ha dejado claro en varias ocasiones que la liberación de los presos políticos es el primer paso para abrir negociaciones con Nicaragua, pero seguirá imponiendo sanciones contra las instituciones involucradas en el gobierno nicaragüense si persiste el autoritarismo[9].

Sin embargo es evidente que existen asomos de que el régimen de Ortega y Murillo asegura su continuidad en el poder mediante la institucionalización del estado policial a través de la aprobación de un marco jurídico que legaliza las políticas represivas y pone al estado al servicio de su proyecto político dinámico y autoritario –según lo señalado por Cuadra[10]–. Pues este intento podría ser una forma de legitimar el inicio desfavorable de su nuevo mandato, especialmente después de la controvertida situación de los precandidatos y candidatos políticos en las elecciones nacionales de 2021.

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