Análisis semanal 473: La larga crisis política de Perú. Elementos para su análisis y una aproximación a sus causas desde la configuración de las élites (19 de diciembre de 2022)

Introducción

Recientemente Perú volvió a vivir otro episodio de convulsión política con el intento de disolución del congreso por parte del ahora ex presidente Pedro Castillo, y su posterior destitución por parte del congreso solo unas horas después, en lo que vendría a ser la tercera destitución/dimisión presidencial en 6 años, poniendo una vez más en entredicho una tensa y frágil estabilidad institucional y democrática en Perú. Una compleja situación que trasciende y va más allá de la poca legitimidad al gobierno, al sistema de partidos y que está también relacionado con la configuración y relación que tienen las élites con los partidos políticos, y la forma en la que operan basados en sus intereses privados. Una situación que se ve expresada en la división que presenta la derecha peruana posterior al gobierno de Alberto Fujimori a inicios de los 2000, un desacuerdo entre élites y fuerzas políticas que ha significado incluso la destitución de presidentes de partidos de derecha cuando sus políticas no favorecen sus intereses específicos; y donde también influye la desorganización de la izquierda y el débil estado de los movimientos sociales.

El congreso no ha estado exento de esta inestabilidad, la de Castillo significó casi una segunda disolución del congreso en lo que lleva la crisis, luego de que el anterior presidente, Martín Vizcarra, disolviera el congreso y convocara a elecciones en septiembre de 2019. Esta continua inestabilidad e ingobernabilidad que vive la política peruana, y que podría decirse, se presenta ya de manera sistemática, encuentra sus causas en múltiples factores sociopolíticos estructurales que han marcado una trayectoria en la vida política de Perú como lo son la configuración y el papel histórico de las élites peruanas en la política nacional, y en este caso particular la reacción de estas respecto al proyecto político de izquierda de Perú Libre.

Más que un análisis concluyente se pretende aproximar a una explicación del fenómeno  que experimenta Perú, este breve artículo  es un marco expositivo que invita a pensar, analizar y discutir la situación política peruana con mayor amplitud, que trascienda lo inmediato y  de las simplificaciones o los atajos que se limitan a hablar de “Golpe de Estado”, así también para ver esta situación política como una trayectoria y una situación sistemática que escapa de lo “coyuntural” y que tiene gran parte de sus causas en la relación de los poderes fácticos y sus intereses particulares con los poderes del Estado, donde la democracia y el respeto al marco normativo pueden ser prescindibles y no constituyen siempre el principal objetivo. 

Los Políticos obra del pintor y muralista peruano Teodoro Núñez Ureta.

Congreso Vs. Presidencia:  la ingobernabilidad en Perú

Pedro Castillo Terrones, indígena, maestro rural y líder sindical, llegaría a la presidencia en una ajustada segunda ronda (50,125% de los votos) en junio de 2021 por el partido político Perú Libre, frente al partido Fuerza Popular representado por Keiko Fujimori. El resultado electoral catapultaría sorpresivamente a Perú Libre, un partido de izquierda fundado apenas en 2016 y proveniente del interior de Perú, conformado por un conjunto de ideologías que van desde el marxismo, socialismo, mariateguismo, hasta el conservadurismo social.

La inspiración ideológica de su partido y su propio historial como líder sindical, lo enfrentaría naturalmente a muchos sectores de la sociedad peruana, especialmente al empresariado y las élites económicas, ante el temor de la profundización de un proyecto socialista o la implementación de un proyecto al corte del “Socialismo del Siglo XXI”. En ese escenario, el gobierno de Castillo sufriría desde el inicio de constantes ataques y de una deliberada estrategia de intransigencia y obstaculización con miras a paralizar e imposibilitar la gobernabilidad, por parte de la oposición en el congreso, encabezada por Fuerza Popular, que obtuvo 24 escaños de 130, a diferencia de los 15 del partido de gobierno, en un parlamento dominado por la derecha y la oposición, lo que ya en condiciones normales supone una dificultad para los oficialismos.

Este conflicto entre el congreso y el Poder Ejecutivo se vió expresado principalmente con los tres procesos de destitución que enfrentó el ex presidente Castillo en el poder legislativo y las constantes manifestaciones de desconfianza hacia sus designaciones ministeriales, que para febrero de 2021 contaba ya con 4 cambios en el gabinete, siendo el presidente con más cambios de ministros en los últimos 40 años en Perú, con un total de 70 cambios en apenas 14 meses de gestión[1]. La disputa comenzó cuando en su primer gabinete, Castillo designó como ministros a varios de sus copartidarios de Perú Libre, figuras abiertamente defensoras del socialismo, lo que produjo temor hacia una reforma radical en el país [2].

Pedro Castillo en el mensaje a la nación anunciando la disolución del congreso y la instauración de un gobierno de excepción. Fuente: TVPerú Noticias.

Desde entonces, el expresidente peruano buscó conciliar con el congreso, incluyendo en los sucesivos gabinetes a figuras de las más variadas posiciones ideológicas para transmitir un mensaje de confianza y moderación en la sociedad peruana. Es el caso de Pedro Frencke (Somos Perú, izquierda) a quien designó en el ministerio de Economía, y Finanzas, y Mirtha Vásquez (independiente) como presidenta del Consejo de Ministros [3]  aunque también hubo figuras de partidos de centro y centro-derecha. Esto le costaría incluso el apoyo y el respaldo de su propio partido, cuya cúpula le solicitaría en junio su “renuncia irrevocable”[4] complicando así la relación con su ex bancada en el congreso y significando un golpe simbólico y mediático.     

Esta guerra abierta entre los poderes del Estado peruano, principalmente entre el legislativo y el ejecutivo, pero donde también se ha visto involucrado el poder judicial, es una de las principales causas de la más reciente crisis política, donde se puede identificar a un Pedro Castillo asediado y sin capacidad de maniobra que finalmente intentó disolver el congreso con tal de alcanzar gobernabilidad y como una manera de cumplir una de sus promesas de campaña, como lo es una reforma a la constitución, a la que Perú Libre considera una herencia del régimen autoritario de Alberto Fujimori [5].

Cabe destacar que, si bien la disolución de un órgano legislativo por parte de un presidente y la declaración de un gobierno a base de decretos causa siempre un enorme grado de incertidumbre para los regímenes democráticos, en el caso de Perú, tanto la potestad de disolver el congreso por parte del presidente de la República, y la destitución de este por parte del congreso son facultades constitucionales[6]. En efecto, en 2019 el ex presidente Martín Vizcarra disolvió el congreso y convocó a elecciones parlamentarias en un contexto de ingobernabilidad similar al que enfrentó Castillo en los últimos dos años. Vizcarra justificaría su decisión con la imposibilidad de entrar en acuerdo con el congreso, afirmó entonces que “busca dar un fin a esta etapa de entrampamiento político que ha impedido que Perú crezca al ritmo de sus posibilidades” agregando “Es claro que la obstrucción y blindaje no cesan y no habrá acuerdo posible” [7]. Vizcarra también sería destituido por el congreso en noviembre de 2020 mediante “moción de vacancia” en una votación 105 a 23 (son necesarios 87 de 130), al igual que Castillo, bajo el argumento de “permanente incapacidad moral” [8].

A pesar de que el proyecto político de Perú Libre tenía como objetivos medidas redistributivas, nacionalización del gas y una reforma constitucional, en Perú la inestabilidad política encuentra sus razones más allá del boicot de las élites económicas representadas en el congreso a un gobierno de izquierda que tenía potencial de afectar el statu-quo de estas. Esta situación se debe también, como es la hipótesis de este artículo, a un conflicto inter-élites, que han entrado en disputa desde hace dos décadas y cuya falta de acuerdo ha mantenido al país en una constante desestabilización política y ruptura institucional. Lo anterior se argumentará en el siguiente apartado que comenta la división de la derecha peruana, tomando este hecho como parte de una muestra del desacuerdo de las élites y que además se ve expresada en la crisis política de los últimos años, donde presidentes de otros signos ideológicos, y de partidos de derecha como Pedro Pablo Kuczynski y Martín Vizcarra fueron igualmente depuestos. Este fenómeno además responde a la situación actual y a la participación desorganizada de los movimientos sociales, que cumplen socialmente el rol de generar presión hacia las cúpulas del Estado y a las élites mismas y que pueden ser el sostén de gobiernos o ya bien incluso de la propia democracia y el orden institucional.

Bifurcación de la derecha: élites y partidos políticos en Perú

La importancia de estudiar las élites radica en que según diversos autores, las democracias modernas están sustentadas y su calidad o persistencia se basan  en la tensa relación que existe entre las élites y la sociedad civil,  las cuales ante la presión de esta , aceptan y hacen concesiones ante las políticas democráticas que de alguna u otra forma les afectan, aunque históricamente, las élites han reaccionado instaurando gobiernos autoritarios, e incluso dictaduras cuando sus posiciones se ven amenazadas o debilitadas. Razón por la cual es usual que las élites no terminen en ocasiones por aceptar los giros hacia la izquierda [9]. Incluso, estudios sobre la democracia y las élites en América Latina han observado que la calidad democrática depende de la combinación entre el poder ejercido por las élites y el resto de la sociedad civil, en una tensión entre interés público e interés privado, donde un aumento del último afecta de alguna forma a la democracia [10].

 Pero ¿qué sucede cuando las élites están en desacuerdo entre sí? Una posible respuesta es la actual situación de Perú, donde gobiernos de todo signo ideológico y aún los que son favorables a las élites han sido saboteados y depuestos, sometiendo al país a una constante inestabilidad política, donde la democracia está recurrentemente en vilo y provocando una ingobernabilidad que disminuye las capacidades del Estado para responder a las demandas de la ciudadanía -un trabajo complementario podría estudiar el costo en términos económicos y sociales en la población de estos 6 años constante inestabilidad-.    .

Históricamente las élites peruanas se han constituido en bloques homogéneos que han logrado imponer plenamente su voluntad en los gobiernos desde la década de los años 70, logrando llevar a cabo sus agendas, un “consenso neoliberal” y en exclusivo beneficio del empresariado y otros sectores económicamente poderosos. En un contexto donde los movimientos sociales, actores fundamentales para la vida política y democrática de cualquier nación, no han logrado organizarse para levantar demandas al Estado de manera articulada para generar la presión necesaria para que reformas o cambios en las políticas se presenten [11]. Sin embargo, desde finales de los años 90, la derecha peruana post-Fujimori, régimen en el que encontraban consenso, tomó caminos distintos y actualmente se encuentra dividida en dos grandes corrientes, que puede ser en dos vías una muestra de la división de las élites, y una causa de la actual crisis.

Las derechas con mayor poder y éxito electoral en Perú tienen un origen común por tratarse de organizaciones conformadas por personalidades que estuvieron cercanas o conformando gobierno con Alberto Fujimori en la década de los años 90, una época marcada por la profundización de modelos económicos dictados por el Consenso de Washington y en pro del empresariado. Con la caída de Fujimori por causas judiciales en su contra, las derechas peruanas tomaron dos distintas direcciones en cuanto a sus proyectos políticos y su forma de legitimarse socialmente. Una parte tomó un rumbo populista-conservador, es el caso de la corriente liderada por Keiko Fujimori y representada por el partido Fuerza Popular, esta se ha buscado legitimar con el discurso de defensa de los valores tradicionales, cercana a los grupos religiosos y reivindicando el fujimorismo y su estilo de gobierno con “mano dura”. En otro sentido, se encuentra una derecha tecnocrática-liberal, legitimada a partir de los conocimientos técnicos y grados académicos de sus miembros y cercana a posturas en pro de valores posmateriales como los derechos de la población LGTBIQ+, además representa un distanciamiento respecto al fujimorismo. La principal figura de esta última tendencia es Pedro Pablo Kuczynski y la plataforma electoral “Peruanos Por el Kambio” [12].

Enfrentados no solamente en la arena electoral, las divisiones y los conflictos de la derecha peruana se trasladaron en los últimos 6 años al congreso, siendo este una parte de la crisis política peruana, que primero le costó la presidencia a Kuczynski, y posteriormente a su reemplazo Martín Vizcarra, cuyo derrocamiento sería producto de “una oposición de intereses, fuertemente representados en el Congreso, que se sintieron amenazados por la política anticorrupción” [13]. Si bien es bastante evidente que la destitución de Castillo se vió facilitada en gran medida por ser un presidente de izquierda y cuyas políticas podían representar una potencial amenaza para el statu-quo de las élites peruanas, la crisis política tiene sus causas más allá del conflicto izquierda-derecha, sino que además se presenta un conflicto entre élites que, ante la falta de acuerdo, emplean estrategias de desestabilización entre sí para imponer sus intereses.

No puede apartarse del análisis el papel jugado por las Fuerzas Armadas, aunque esto requeriría un análisis específico, es importante señalar la desobediencia a la investidura de Pedro Castillo y no posicionarse a las órdenes del mandatario, como uno de los elementos claves que explican el fracaso de los planes de Castillo para disolver el congreso, y su posterior captura y encarcelamiento.

Contexto regional y situación de incertidumbre

La crisis política en Perú continúa en su curso y si bien hay una relativa calma, no se observan señales claras de que en esta ocasión el gobierno de Dina Boluarte logre estabilizar el país, conciliar con las élites y los partidos políticos, y además ganar legitimidad para apaciguar a los movimientos sociales que exigen nuevas elecciones e incluso a los que piden la liberación de Castillo. Por el contrario, según las decisiones que se tomen y los movimientos que se hagan en los próximos días, la situación potencialmente podría empeorar y llevar la crisis política y social a dimensiones mayores, en un momento donde el malestar crece y se comienza a presentar agitación social.

 Recientemente la ahora presidenta Boluarte anunció la propuesta de convocar a elecciones para abril de 2024, en medio de fuertes protestas sociales que han cobrado oficialmente la vida de dos manifestantes [14]. Está por verse si esto logra disminuir el malestar social y si finalmente logra entrar en acuerdo con el congreso para alcanzar estabilidad política.

En el caso de Pedro Castillo, al encontrarse capturado y acusado por múltiples delitos, ya incluso desde su etapa como presidente, es claro que se enfrenta a la posibilidad de un juicio parcializado y a un trato hostil por parte de las autoridades, donde es probable, siempre y cuando el orden institucional se mantenga, que finalmente sea condenado.

En el contexto regional, es importante tomar en consideración que esta situación se presenta en un momento en el que se vuelve a dar un predominio de gobiernos de izquierda en América Latina, una “segunda marea rosa” y coincide también con la reciente condena a Christina Fernández en Argentina, en lo que algunos catalogan como un caso más de persecución judicial o lawfare. Sin embargo, es precisamente esta presencia de gobiernos de izquierda en América Latina lo que ha generado muestras de apoyo al ex presidente peruano. Unos días luego de su captura y detención, el presidente de Colombia Gustavo Petro solicitó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos expedir medidas cautelares “en favor” de Castillo, iniciativa que fue rechazada por la OEA [15]. A ello se suma el comunicado conjunto que realizaron los gobiernos de Bolivia, México, Argentina mediante la cancillería de Colombia manifestando su respaldo al expresidente, el comunicado versa:

Nuestros gobiernos hacen un llamado a todos los actores involucrados en el anterior proceso para que prioricen la voluntad ciudadana que se pronunció en las urnas. Es la manera de interpretar los alcances y sentidos de la noción de democracia recogida en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Exhortamos a quienes integran las instituciones de abstenerse de revertir la voluntad popular expresada con el libre sufragio [16].

La crisis política aún se mantiene en una convulsa Perú que presenta manifestaciones y un aumento en la agitación social, el devenir inmediato de la institucionalidad peruana es aún incierto y es difícil afirmar que Boluarte logre gobernar de manera estable, en pleno aumento de las movilizaciones, cabe esperar y observar si la declaratoria de adelanto de elecciones logra estabilizar al país y si las élites del país y los partidos en el congreso terminan por acordar una tregua que permita un funcionamiento regular del gobierno. Ante un desacuerdo entre las élites, con disputas que ponen en jaque la institucionalidad democrática, la ciudadanía y los movimientos sociales están llamados a recuperar protagonismo y cumplir su tarea histórica de crear contrapeso, deben ejercer presión popular, forzar a la búsqueda de acuerdos para alcanzar la estabilidad y exigir el respeto a la voluntad expresada en las urnas. 

Notas