Análisis semanal 471: ¿Por qué marchan por el INE? (05 de diciembre de 2022)

El sistema democrático mexicano actual es relativamente joven en el concierto de las naciones. Durante varias décadas del siglo XX, el modelo imperante fue uno hegemónico donde el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y sus versiones previas monopolizaron el poder[1]; una estructuración institucional donde la separación de poderes no era tal cosa, y las diferentes instancias se sometían a la voluntad del Ejecutivo. El desapruebo ciudadano en torno a esa realidad fue creciendo progresivamente, creando las condiciones necesarias para los procesos de reforma constitucional realizados a partir de los años setenta. El punto de inflexión fue la reforma de 1989-90 en la que se sustituyó la Comisión Federal Electoral (CFE) con el Instituto Federal Electoral (IFE), en busca de empezar a independizar la administración y gestión de procesos electorales del Poder Ejecutivo[2]. Con estas medidas, entre otras cosas, se pretendía establecer la competitividad de las contiendas electorales estableciendo un sistema plenamente democrático.

La etapa más reciente de la reestructuración político-electoral en el país responde a la Reforma Constitucional de 2014. A través de ella se emigró del IFE hacia el Instituto Nacional Electoral (INE). Esto se hizo con el objetivo de universalizar la calidad de los procesos electorales tanto a nivel federal como local, para así consolidar la democracia multipartidista transparente bajo la tutela de una institución autónoma y de alcance nacional[3]. Es así como, desde la última década del siglo pasado el Gobierno ha estado encabezado por tres agrupaciones políticas distintas; algo inimaginable en el esquema anterior. Además de algunas elecciones locales en las que las fuerzas opositoras salieron victoriosas ante el PRI, en el año 2000 estas últimas lograron por primera vez hacerse legítimamente con la presidencia nacional (Vicente Fox del PAN)[4]. La rotación presidencial ha funcionado de tal forma que desde entonces tanto el PRI, el PAN, y MORENA han ocupado la jefatura ejecutiva de México. A este último partido político pertenece el actual presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Se trata pues de un proceso vigente y activo con miras a mejorar la democracia mexicana día a día.

Ahora bien, en la últimas semanas se ha acrecentado la suspicacia en diversos sectores de la sociedad, producto de declaraciones realizadas por AMLO entorno al propio INE. En este sentido, el proyecto de reforma electoral presentado por el oficialismo comprende cuestiones como centralizar los procesos electorales eliminando las juntas electorales estatales, establecer el voto electrónico, reformar los servicios financieros dirigidos a los partidos políticos limitando esos recursos; restablecer el umbral para realizar una revocación de mandato, eliminar las diputaciones plurinominales, darle la facultad a la ciudadanía de escoger a consejeros electorales, y ulteriormente remplazar el INE con el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC), entre otros[5].

La propuesta responde a diferentes razones presentadas por el partido de gobierno. Entre ellas, se plantea la necesidad de suprimir varias instituciones autónomas (entre ellas el INE) con el propósito de reducir los gastos gubernamentales[6]. El propio presidente sostiene que la entidad sería verdaderamente autónoma bajo la tutela del Poder Judicial, conformado por personas de bien, honestas, responsables e íntegras[7]. Aleida Alavez, diputada federal por MORENA, establece la necesidad de que la ciudadanía detente más injerencia en la selección de las personas a ser consejeras electorales; esto con el objetivo de acercar más el sistema a las personas[8].

Las corrientes opositoras a este proyecto sostienen la tesis generalizada de que el proyecto impulsado desde la presidencia no es más que una propuesta regresiva. Restablecer el modelo centralizado en el Poder Ejecutivo, instancia que gestionaría todo lo relacionado con materia electoral. Es decir, se reduciría la transparencia y democracia de las contiendas electorales. Respecto a la reducción de gastos gubernamentales, sostienen que es impresentable e incoherente. Mientras que los más de $700 millones de dólares que invierte el INE en gestionar sus labores, son fundamentales para la vigencia de su democracia, este monto es mínimo comparado con los caprichos de AMLO y compañía[9]. Ejemplo de estos es el proyecto de la refinería de petróleo Dos Bocas que ha enfrentado diversos retos de ejecución, así como una inversión superior a los $18 mil millones de dólares[10]. En este sentido se rescata adicionalmente el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA). Este aeropuerto está sumergido en un escenario de polémica, pues su construcción estuvo vinculado directamente con la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en Texcoco. El AIFA ha costado al Estado cerca de 5371 millones de dólares, además del alto costo que representó la cancelación del NAIM (aproximadamente $17 mil millones de dólares)[11].

Los anteriores casos, incluyendo claro el caso similar del Tren Maya, refuerzan la postura de la oposición acerca de la incoherencia del Gobierno al señalar que el INE gasta demasiados recursos económicos. Más aún, existen otras críticas relacionadas con el aspecto político del proyecto. Santiago Torreblanca, diputado por el PAN, argumenta que esta iniciativa tiene como objetivo la centralización del poder en el Gobierno, engañando a la ciudadanía; la supuesta ciudadanización de la elección de consejeros electorales abriría las puertas a un monopolio del Ejecutivo sobre la materia, pues las candidaturas podrían emanar de esa instancia. Así como un pleno desacuerdo en cuanto a la eventual disminución de diputaciones a nivel federal, entre otros[12].

En ese contexto es que se convocó a la marcha en defensa del INE, el día 13 de noviembre. Promovida por múltiples figuras políticas de diferentes agrupaciones, la multitud aglomeró a más de 200 mil personas solo en la capital del país[13]. Más aún, la demostración se extendió por todo el país alcanzando alrededor de cincuenta ciudades. Esta reacción ciudadana era previsible considerando los niveles de aprobación de AMLO frente a los del propio INE. Mientras que el presidente y sus gestión sostiene una aprobación de cerca de 54 puntos porcentuales según la encuesta GEA-Isa, el Instituto Nacional Electoral alcanzó un nivel histórico de 73 por ciento de aprobación ciudadana[14]. Por tanto, de lo anterior se puede concluir que la sociedad mexicana vio amenazada la democracia por cuya construcción han luchado varias décadas. Vieron un peligro inminente en caso de que se apruebe la iniciativa de reforma presentada por AMLO, por lo que salieron a las calles a defender su voluntad como gran soberano de México.

Por su parte, pareciera que el presidente cometió una equivocación al sugerir desmantelar el INE. El rechazo ha sido muy amplio, aunque él sostenga que la marcha multitudinaria fue un “estriptis político” patrocinado por el conservadurismo de antaño[15]. Lo cierto del caso es que cada vez se ve más complicada la aprobación del proyecto presentado por las fuerzas oficialistas que requiere del apoyo de dos tercios del Congreso. En dado caso, se habla de un “Plan B” que consistiría en reformas legales que únicamente requieran mayoría simple, pues con esos recursos legislativos sí cuenta el Gobierno[16]. Se trata de un escenario al que se le dará seguimiento en su debido momento.