Análisis semanal 454: Talibán 2.0: el catastrófico año uno (15 de agosto de 2022)

El movimiento talibán afgano se apoderó de la capital Kabul el 15 de agosto de 2021.  Este hecho, y la posterior y apresurada salida de las tropas de la OTAN, acaparó los titulares de los grandes medios de comunicación. El primer año de gobierno talibán 2.0 ha estado marcado por el aislamiento internacional del régimen, una crisis económica y humanitaria sin precedentes, el empeoramiento de la seguridad, especialmente para los civiles y un retroceso significativo en la situación de los derechos humanos.

En el plano económico Afganistán ha vivido un año marcado por aumentos de precios (diesel, harina de trigo, arroz, azúcar, pan, entre otros productos[1]), desempleo, recortes en las ayudas internacionales, caída de los salarios reales y escasez de efectivo, todo lo cual ha privado a gran parte de la población del acceso a alimentos, agua, vivienda y atención médica.[2] Aunque la acción de organizaciones humanitarios pudo evitar la hambruna a gran escala, el acceso a los alimentos sigue siendo limitado para, al menos, el 50% de la población del país.

El retorno de los talibanes tampoco ha significado una mejora en la seguridad del país. No solo son muchos los abusos cometidos por las fuerzas del régimen, sino por la persistencia de amenazas como el Estado Islámico Provincia del Khorasán (EIPK), responsable de una gran cantidad de actos de violencia. Apenas unas semanas después de la entrada de los talibanes en Kabul, el EIPK llevó a cabo un atentado terrorista cerca del aeropuerto de la ciudad que cegó la vida de más de 170 personas. Los talibanes han lanzado una campaña contra el EIPK, atacando muchas de sus casas de seguridad y han declarado al EIPK como una secta y organización terrorista. Una declaración del talibán emitida a inicios de julio decía: “el fenómeno sedicioso llamado EIPK está vacío, es una falsa secta que propaga la corrupción en nuestro país islámico. Queda prohibido tener cualquier tipo de ayuda o relación con ellos”.[3] Pese a esto, el EIPK continúa llevando ataques suicidas y ataques sectarios contra minorías como los chiitas hazaras, sufís o la mermada comunidad sij. En el norte del país el EIPK ha lanzado cohetes contra Tayikistán y Uzbekistán.

Uno de los aspectos más dramáticos de los últimos doce meses es la situación de los derechos humanos. Ciertamente estos eran ampliamente violados antes del retorno de los talibanes al poder. Durante años, los reportes de Amnistía Internacional o Human Rights Watch daban cuenta de crímenes de guerra, ataques indiscriminados y desplazamiento forzado de civiles, persecución de minorías, periodistas, mujeres activistas, etc. Sin embargo, esta situación se ha agravado en el último año. La Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en Afganistán (UNAMA), señala en su reporte sobre el estado de los derechos humanos entre agosto de 2021 y junio de 2022, asesinatos extrajudiciales, arrestos arbitrarios y torturas llevadas a cabo por autoridades gubernamentales.[4]

Uno de los retrocesos más importantes en materia de derechos humanos es la situación de las mujeres y sus libertades. En mayo el gobierno decretó la obligatoriedad de cubrirse el rostro en público, “idealmente con una burqa”. Si una mujer no acata esta directriz, su "tutor masculino" será visitado y asesorado, y eventualmente encarcelado y sentenciado. Las mujeres que trabajen en oficinas gubernamentales y no cumplan con el nuevo decreto serán despedidas. En diciembre los talibanes prohibieron a las mujeres emprender viajes prolongados dentro del país y en marzo cerraron las escuelas de niñas.[5] Adicionalmente, la violencia contra la mujeres y niñas ha ido en aumento.[6]

Un año después del retorno al poder del talibán, el Emirato Islámico de Afganistán continúa aislado internacionalmente. Ciertamente varios países se han involucrado con el gobierno en materia humanitaria, los representantes del régimen llevan a cabo contactos diplomáticos intensos con países como Pakistán, India, Rusia o China y se han “recuperado” algunas embajadas afganas, como en Moscú o Beijing. Sin embargo, hasta el momento, ningún país del mundo ha reconocido al Emirato. El aislamiento es incluso peor que el experimentado durante el primer gobierno talibán (1996-2001), cuando el país fue reconocido, al menos, por Pakistán, Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos.

Los talibanes habían afirmado en junio que Estados Unidos “era el mayor obstáculo" para el reconocimiento diplomático del país.[7] Pues bien, la tensión entre la potencia y el Emirato se ha incrementado notablemente a partir de la ejecución del líder de Al-Qaeda Ayman al-Zawahiri, el pasado 31 de julio. El hecho de que al-Zawahiri se estuviera escondiendo, no en una remota cueva de Tora Bora, sino en el céntrico barrio de Sherpoor en Kabul, genera sospechas sobre la persistente complicidad de los talibanes con redes terroristas como Al-Qaeda. El Secretario de Estado Antony Blinken aseguró después de asesinato que los talibanes habían violado “gravemente”[8] los Acuerdos de Doha, que les obligaban a no cooperar con “grupos terroristas”.[9] El asesinato de al-Zawahiri en Kabul no pudo ser más incómodo para los talibanes, pues justo cuatro días antes se había informado que funcionarios estadounidenses y talibanes habían llevado a cabo “avances” para la liberación de US$7.000 millones de dólares de las reservas del Banco Central Afgano en EE. UU.[10] Esta eventual liberación de recursos, que oxigenaría notablemente la maltrecha economía afgana, es ahora incierta.

El panorama del país, en general, es desolador. Por un lado, el tipo de transición que experimentó Afganistán a partir del fin del gobierno de Ashraf Ghani y el retorno del talibán, es siempre complicada, susceptible al caos y a crisis políticas y económicas. Por otro lado, muchos de los problemas estructurales del país están profundamente enraizados en su historia. Sin embargo, el gobierno talibán ha dado muestras de incapacidad para mejorar la vida de los afganos. El país sigue siendo dependiente de la ayuda internacional dada su inviabilidad económica y su fragilidad institucional, no se ha avanzado hacia la constitución de un estado de derecho y el gobierno no ha dado muestras convincentes de compromiso con los derechos humanos, la seguridad regional o el combate al extremismo.

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