Análisis semanal 376: Honduras: la lucha por los derechos sexuales y reproductivos (01 de febrero de 2021)

El pasado jueves 21 de enero del 2021, el Congreso hondureño aprobó una reforma a la Constitución para blindar el artículo 67 que prohíbe el aborto bajo cualquier circunstancia. El proyecto fue presentado por el vicepresidente del Parlamento, Mario Pérez, quien es diputado del Gobernante Partido Nacional. Dicha propuesta dio inicio el 11 de enero y se conoce como “Escudo contra el aborto en Honduras”.

Como respuesta a esta devastadora noticia, la ONU realizó un comunicado manifestando su completa desaprobación, afirmando que están retrocediendo en materia de derechos sexuales y reproductivas de mujeres, niñas y adolescentes. Además, en el comunicado la ONU manifestó que “la penalización del aborto y la obligación de los profesionales de la salud de informar sobre los casos de mujeres cuyas lesiones parecen estar relacionadas con abortos inseguros han derivado en el encarcelamiento de mujeres (...) y recordamos que penalizar a las mujeres por abortar va en contra de las normas internacionales de derechos humanos” [1]

A pesar de ello, el presidente del Parlamento, Mauricio Olivia, manifestó que la medida es para evitar que Honduras siga los pasos del mal que han seguido otras naciones que han legalizado el aborto. Sin embargo, el señor Olivia no se da cuenta que los pasos del mal de Honduras han sido seguidos desde hace muchos años, violando la vida e integridad de muchas personas.

Los derechos de las mujeres son vulnerados en la nación hondureñas desde varias aristas, de acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), este país posee un marco legal de violenta a las mujeres, y es evidente una falta de abordaje de género en sus legislaciones, a tal grado que aún se sigue posicionando legalmente al hombre como  representante del hogar[2], así como tener desventaja en materia de servicios, trabajo, herencias y todo el abordaje del matrimonio, con respecto a los hombres.

No se trata entonces de un solo tema. Se trata de todo un entramado institucional, jerárquico, administrativo, burocrático que penaliza a las mujeres desde donde se posicionan. Los derechos sexuales y reproductivos no son pasos del mal como lo dijo el presidente del congreso, sino que representan un camino hacia la libertad de las mujeres. Las mujeres hondureñas no cuentan con ni siquiera un ingreso legal formal en período de licencia por maternidad, y tampoco existe una legislación correspondiente que garantice que las mujeres van a volver a tener su puesto de trabajo después del parto[3].

En relación con los derechos sexuales y reproductivos, desde el 2009, bajo el Acuerdo N° 2744 de la Secretaría de Salud, el Estado prohibió la promoción, uso, venta y compra de la píldora de anticoncepción oral de emergencia (AOE), Acuerdo Ministerial No. 2744/09, con penas iguales a la sanción por aborto. Según la Secretaría de Salud de Honduras, en 2017 se registraron 28.854 partos de niñas de 10 a 18 años en los hospitales públicos del país y que 910 niñas y adolescentes menores de 15 años llevaron a término embarazos producto de una violación. [4] Por su parte, la criminalización de las mujeres, niñas y adolescentes es abrumador, y antepone a cualquier circunstancia, tal fue el caso de Teodora Vázquez quien cumplió en prisión 10 años por haber dado a luz a su hijo muerto, al momento del parto, solicitó una ambulancia en su lugar de trabajo, pero esta nunca llegó; Vázquez se desmayó, y cuando se despertó estaba rodeada de policías que la juzgaron de haber matado su hijo. Evelyn es una joven adolescente que tuvo una pérdida de su embarazo producto de una violación, ella no sabía que estaba embarazada, pero a pesar de sus circunstancias, cumplió 3 años en prisión por su aborto espontáneo. [5]

De igual forma el país de los pasos del mal sigue demostrando ser un país que violenta e irrespeta la vida, quien no se hizo cargo de la protección de los derechos de las personas defensoras de los derechos humanos y activistas, y fue responsable del asesinato de Berta Cáceres, y la defensora Sheryl Montoya.  Asimismo, las desapariciones de mujeres han aumentado de una manera exponencial, 2,342 casos en nueve años según el Ministerio Público, situación bajo la cual la CIDH se manifestó al respecto, haciendo alusión que es necesario modificar la manera en la que el Estado se hace cargo de los mecanismos de búsqueda urgente y recuperación inmediata de víctimas, debido a que los procesos se aplican en casos muy reducidos, son complejos, y burocráticos, [6]lo que imposibilita llevar a cabo el procedimiento de manera óptima.

Honduras se encuentra entre los Estados con cifras más elevadas de violencia contra las mujeres en el mundo, lo que se ve más alterado por las coyunturas violentas y presencia de pandillas criminales en ciertos territorios. Además, se encuentra entre los Estados que más violentan – de forma material, física y sistémica- los derechos sexuales y reproductivos, criminalizando el aborto en casos de violación, peligro de vida de la madre, incompatibilidad del feto con la vida extrauterina, entre otras circunstancias. Bajo estas circunstancias, la CIDH, “reitera que los Estados tienen el deber de eliminar todos los obstáculos de jure y de facto que impiden el acceso de las mujeres a servicios de salud materna, salud sexual y salud reproductiva que ellas requieren, incluyendo información y educación en el ámbito de la salud sexual y reproductiva”[7]. 

La CIDH realizó una visita in loco al país centroamericano, del 30 de julio al 3 de agosto del 2018, bajo esta visita la Comisión logró establecer que:

• Cada año se registrarían más de 50.000 abortos en Honduras, representando cerca de 5% de las causas de muerte de mujeres.
• Los asesinatos de mujeres en razón de su género no han disminuido en la misma proporción que los demás homicidios en el país.
• El hecho de ser migrante o ser defensora de los derechos humanos pueden incrementar el riesgo de una mujer a ser asesinada y victimizada.
• Las campañas de difamación contra mujeres defensoras, por ejemplo, a menudo contienen un alto grado de violencia de género, con acusaciones basadas en sus vidas sexuales, familiares y laborales.
• En el año 2017 se registraron 987 muertes de mujeres.
• Existen altos índices de impunidad.
• El 67.6% de la población femenina, está en prisión preventiva. La Comisión observa que estas cifras reflejan que la prisión preventiva se aplica de manera contraria a la excepcionalidad de su naturaleza, y que afecta de manera desproporcional a mujeres.
• A pesar de la tipificación del femicidio, no se llega a la judicialización de los hechos. Los femicidios, en el 90% de los casos, continúan en la impunidad, facilitando la violencia y violencia de género.
• la CIDH observa con preocupación la violencia ejercida contra mujeres en situación especial de riesgo, tales como mujeres LBTI y defensoras de derechos humanos.
• Riesgo inminente con la propagación de información sexual y reproductiva desactualizada a partir de las guías “Cuidando mi salud y mi vida”, del 2008.[8]

Estos y otros datos demuestran que el país no solo enfrenta una inmensa deuda para con los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, sino que le debe una gran cantidad de derechos que han sido vulnerados y violentados.

Honduras se antepone a los derechos básicos de las mujeres bajo un discurso de intolerancia. Estas acciones han sido consecuencias intrínseca del poder e influencia que poseen los religiosos que tienen puestos de poder político en el Estado, demuestran que la religión pone en peligro la vida de las personas, la vida de las mujeres que han tenido – y que tendrán- complicaciones naturales que les ocasiona un aborto espontáneo, se antepone a aquellas madres que pierden su embarazo porque el feto es incompatible con la vida extrauterina, se antepone a las mujeres que pierden la vida por realizarse abortos clandestinos -en un país que practica más de 5000 abortos anuales-, se antepone al abuso de niñas que son violadas y tienen que parir siendo niñas poniendo en riesgo su vida mientras el violador anda libre por las calles.

No se trata, por tanto, de blindar la penalización del aborto para no dar pasos del mal, precisamente porque los pasos del mal se han dado en este país desde hace muchos años, negándoles a muchas personas derechos básicos como promover una educación sexual respetable, dar respuestas coherentes a las denuncias por violaciones sexuales, abusos, desapariciones forzadas, asesinatos de defensores de derechos humanos, entre otros. Un país con esas deudas históricas demuestra que el paso del mal ya está hecho.