Introducción
La politización de la justicia constituye uno de los retos más importantes para los países que ostentan sistemas de control de constitucionalidad concentrados, donde la elección de sus magistrados o jueces pasa por las tensiones políticas de los parlamentos. Rodolfo Piza Escalante [1] mencionaba en su voto 04091-94 que la función de los tribunales constitucionales no radica en las discusiones de índole política, las cuales corresponden a otras áreas del gobierno, sino que deben limitarse a garantizar el respeto a las normas, principios del Derecho de la Constitución y en especial los derechos y libertades fundamentales.
Estos señalamientos de Piza Escalante no se limitan al funcionamiento de los tribunales constitucionales, sino que es extrapolable al funcionamiento general del Poder Judicial de un país. Los intentos de reforma al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por parte del Gobierno de coalición de Pedro Sánchez vislumbran un intento directo de incidir sobre los proceso de toma decisiones de esta rama del Estado español. Este artículo explorará el contexto en el que se presenta esta reforma así como las implicaciones que tiene para el ejercicio del poder y la justicia en España.
Crisis política en España
La pandemia de la COVID-19 ha planteado retos administrativos para la mayor parte de los países alrededor del globo. La falta de recursos por los cierres de fronteras y paralización económica genera complejas dinámicas sociales materializadas en descontentos colectivos, así como el riesgo de volver susceptibles a las masas a los discursos autoritarios y la posibilidad de concentrar el poder en el aparato ejecutivo de los Estados.
De acuerdo con el último informe de desarrollo sostenible de Cambridge University Press [2], que analiza la gestión gubernamental de la crisis sanitaria en 33 países distintos, España ocupa el puesto 33 con un índice Covid de 0.39. Este indicador se construye a partir de cinco variables: fallecimientos por cada millón de habitantes, tasa de reproducción efectiva, eficiencia en el control epidémico, disminución de la tasa de reproducción efectiva y disminución de la movilidad. Si bien España no es el país con el mayor número de fallecimientos, las variables que explican su mala calificación por parte del estudio radican en la eficiencia de control en la crisis y la declinación de la movilidad. Aunadas a estas mediciones, España sufrió un desplome interanual en el segundo trimestre del año de su PIB de un 17.8% [3]. Las restricciones en movilidad afectaron directamente la actividad turística en el país, siendo un sector que para marzo del 2020 representaba el 12.7% del PIB.
La articulación de los factores económicos y sanitarios ha generado un descontento general en la ciudadanía española, derivando así una pérdida de legitimidad en la figura del Gobierno frente al Parlamento español. Los enfoques del debate político han girado en torno a la constitucionalidad de los actos gubernamentales, la repartición de las responsabilidades y la irrupción de manifestaciones convocadas por miembros de partidos de derecha como VOX han generado un ambiente hostil para las negociaciones entre fracciones legislativas.
El más reciente escándalo al que fue sujeto el Poder Ejecutivo fue su intento de reforma del mecanismo de elección de miembros del CGPJ. De acuerdo con la página oficial del Poder Judicial de España [4], los miembros del CGPJ son nombrados por el Rey y elegidos por las Cortes Generales (Congreso y Senado) por mayoría calificada. La reforma propuesta por el Gobierno de Sánchez pretende cambiar el requisito de mayoría calificada por una de mayoría absoluta.
Implicaciones políticas de la reforma de Sánchez
Para entender las implicaciones que tiene esta iniciativa en el balance de poderes en España, es necesario comprender las funciones que ejerce el CGPJ. El CGPJ constituye un órgano constitucional encargado de las funciones de gobierno del Poder Judicial “con la finalidad de garantizar la independencia de los jueces en el ejercicio de la función judicial a todos” [5]. Dentro de las funciones que ejerce este órgano, incluye el nombramiento de los jueces ordinarios y la ejecución de los recursos económicos del Poder Judicial.
Al pretender modificar la elección de representantes del CGPJ a mayoría calificada a mayoría absoluta, el proceso estará más políticamente expuesto a las disposiciones de las mayorías parlamentarias, lo cual prescinde de la necesidad de debate sobre los criterios de idoneidad de los funcionarios y por supuesto el consenso parlamentario para su elección. Anteriormente, se planteaba a nivel legislativo la necesidad de renovar el Poder Judicial en búsqueda de una menor influencia de los demás poderes de la República. No obstante, esta reforma apunta a la dirección contraria. Aunado a esto, los cuestionamientos políticos y presiones para procesar penalmente al Vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, por el ‘caso Dina’ aumentan la sospecha y la incertidumbre entre sectores de la oposición respecto a los intentos de reforma al proceso de elección del CGPJ.
Producto de los cuestionamientos realizados por la oposición parlamentaria liderada por el Partido Popular, el contenido y estructura de la reforma será enviada al Grupo de seguimiento sobre Estado de Derecho y Derechos fundamentales de la Comisión de Libertades Civiles y Justicia del Parlamento Europeo. En ese sentido, será el rol de Didier Reynders el comisionado encargado de evaluar dicha propuesta y determinar los alcances que tiene en el marco del respeto al Estado de Derecho español.[6]
Conclusiones
Es importante tener en consideración que España, previo a la crisis por el Covid-19, ya presentaba síntomas de incertidumbre política al haberse requerido la consolidación de un Gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos (a pesar de las manifestaciones de Pedro Sánchez de negarse a pactar con partidos de “extrema izquierda”). La crisis sanitaria y su mal manejo gubernamental derivó en la profundización de la crisis de legitimidad que enfrentaba el Gobierno. En el marco de estos intentos de reforma al CGPJ, las intenciones de incrementar la influencia del Poder Legislativo sobre el Judicial se pueden leer como un esfuerzo por articular a los tres poderes del Estado para garantizar la estabilidad y permanencia de la Administración Sánchez y evitar un eventual moción de censura que culmine con la salida del actual Gobierno y la convocatoria de nuevas elecciones en tiempos de pandemia.
Notas
[1] Piza, Rodolfo (1994) en Antillón, Walter (2019). Reflexiones generales sobre la Justicia Constitucional en Costa Rica. Revista Crítica Penal y poder, n°17, pp.159-170. https://revistes.ub.edu/index.php/CriticaPenalPoder/article/view/30141/30358
[2] Cambridge University Press. “The Sustainable Development Goals and COVID-19. Sustainable Development Report 2020,” June 2020. https://s3.amazonaws.com/sustainabledevelopment.report/2020/2020_sustainable_development_report.pdf.
[3] Nieves, Vicente. “España Sufrirá La Mayor Recaída Económica de Europa En El Último Trimestre Del Año - ElEconomista.Es.” El Economista, October 16, 2020. https://www.eleconomista.es/economia/noticias/10829521/10/20/Espana-sufrira-la-mayor-recaida-economica-de-Europa-en-el-ultimo-trimestre-del-ano.html.
[4] Conejo General del Poder Judicial. “C.G.P.J - Composición.” Poder Judicial España. Accessed October 16, 2020. http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Consejo-General-del-Poder-Judicial/Informacion-Institucional/Composicion/.
[5] Consejo General del Poder Judicial. “Misión Del CGPJ.” Poder Judicial España. Accessed October 16, 2020. http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Consejo-General-del-Poder-Judicial/Informacion-Institucional/Que-es-el-CGPJ/Mision-/.
[6] NIUS. “Bruselas Advierte a España Sobre La Politización de La Justicia y ‘Sigue de Cerca’ La Renovación Del CGPJ - NIUS.” NIUS, October 15, 2020. https://www.niusdiario.es/nacional/politica/casado-queja-bruselas-renovacion-cgpj-advierte-espana-politizacion-justicia_18_3027420392.html.