Análisis semanal 354: Desafíos del turismo rural comunitario costarricense (30 de septiembre de 2020)

Año: 
2020
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Hasta el año 2019 la industria turística de país parecía relativamente estable a pesar de los efectos de la crisis económica global a lo largo de los últimos diez años. El Instituto Costarricense de Turismo señaló que para esa fecha la contribución del turismo a la economía nacional alcanzó un 6,3% del producto interno (PIB). De igual forma, esa contribución se reflejaba en el 24% de la fuerza laborar que representan las seiscientas mil familias que se benefician de esta actividad.

De acuerdo con la Organización Mundial del Turismo el aumento del turismo mundial había experimentado un aumento del 7% para el año 2017 y, además, señalaba que, este ritmo se mantendría para los años siguientes en cifras que podrían oscilar entre el 4% y el 5%.

Algunas de las políticas nacionales que se diseñaron recientemente han prestado atención al sector en momentos de expansión de la actividad. Por ejemplo, en el Plan Nacional de Desarrollo (PDN) en el área estratégica de desarrollo territorial se planteó la creación del Programa de gestión integral de destinos turísticos, cuyo principal objetivo consiste en impulsar una gestión integral de destinos turísticos, para generar condiciones que mejoren la competitividad del destino.

El plan incluye, estrategias y acciones para el desarrollo de los principales productos del destino, tales como sol y playa, aventura, deportes, turismo rural, turismo de bienestar, turismo cultural, la gestión de atractivos y mejoramiento de condiciones físicas, el apoyo al desarrollo empresarial incluyendo medianas y pequeñas empresas y el apoyo al desarrollo de capacidades locales y gestión en Cámaras, Municipalidades y Organizaciones locales.

De su lado, el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) ha creado el Programa de Turismo Rural y Turismo Rural Comunitario con el objetivo de fortalecer la calidad de los servicios que ofrecen las empresas del sector, así como la competitividad, la autogestión y un uso inteligente de los recursos naturales.

En ese contexto, el experto en turismo rural de la Universidad de San Pablo (Brasil), Alexandre Panosso, durante el XI Congreso Internacional de turismo rural y desarrollo sustentable (2018), explicó que los tres desafíos de esta actividad en Costa Rica son de índole político. En primer término, se trata de lograr un posicionamiento del turismo rural en la agenda política y, por otra parte, el fortalecimiento de las capacidades de las personas que están realizando estas actividades. Finalmente, el tercer desafío está asociado al apoyo financiero, los incentivos y la atracción de inversiones.

Otro de los instrumentos de política elaborados para fortalecer el sector es el Plan Nacional de Desarrollo Turístico de Costa Rica 2017-2024. Una de las estrategias contenidas en el plan tiene que ver con el impulso y expansión de nuevos productos de alta exigencia relacionados con la ruralidad entre otras áreas.

En este sentido, el turismo ha sido considerado como uno de los sectores del Sistema Nacional de Planificación, lo que resulta de enorme importancia para la coordinación de las instituciones públicas con las actividades del Plan Nacional de Desarrollo Turístico.

Sin embargo, tres años después, debido a la expansión del virus SARS-Cov-2 y la enfermedad COVID-19 han cambiado drásticamente los escenarios esperanzadores. Nuevamente, la Organización Mundial de Turismo señaló, en mayo pasado (2020), que la caída total de las llegadas internacionales podría alcanzar cifras entre el 50% y el 70% en lo que resta del año. Esta situación, podría revertir el logro que el sector del turismo rural ha logrado alcanzar en los últimos años.

Así las cosas, la ley para el Fomento, publicada hace casi once años (octubre de 2009), fue creada con el objetivo de estimular la actividad turística de tipo rural comunitario por medio del impulso de empresas de base familiar y comunitaria de acuerdo con la base jurídica contemplada en la Ley de asociaciones, la ley de asociaciones cooperativas y el Instituto Nacional de Fomento Cooperativo.

La ley, así mismo, establece competencias directas para un conjunto de instituciones con el fin de ofrecer una plataforma de apoyo estatal. Estas instituciones son el Instituto Costarricense de Turismo (ICT), como entidad rectora, el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), la Comisión Permanente de Cooperativas de Autogestión y los Municipios.

De igual forma, se autoriza las instituciones de la Administración Pública, los entes estatales y no estatales, las empresas públicas y las municipalidades, para que en sus planes anuales operativos incorporen las acciones necesarias para apoyar a las agrupaciones del turismo rural comunitario, así como los recursos humanos, técnicos y financieros para el cumplimiento de los fines de esta Ley. Existen también una serie de instituciones vinculadas de manera conexa como, por ejemplo, Instituto Nacional de Fomento Cooperativo, el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) y el Ministerio de Salud.

La ley establece, en el artículo 12, una serie de incentivos a los cuales se pueden optar siempre y cuando se cuente con la declaratoria de interés turístico, el contrato turístico aprobado por el ICT y cumplan también lo establecido por la Ley de incentivos para el desarrollo turístico. Los beneficios e incentivos son los siguientes:

De igual forma, el artículo 13 señala que, tendrán acceso a los recursos para financiamiento, avales o garantías y servicios no financieros y de desarrollo empresarial y además tendrán tratamiento prioritario y preferencial, las agrupaciones del TRC que desarrollen proyectos viables y factibles promovidos por las micros, pequeñas y medianas agrupaciones, en zonas de menor desarrollo relativo, según lo estipulado por la Ley sobre el Sistema de Banca para el Desarrollo.

Hoy, la ley parece insuficiente y las capacidades del Estado muy reducidas para resolver holgadamente esta y otras demandas que urgen al país. La creatividad gubernamental está a prueba y, ojalá, el cierre del tercer año de gobierno y la apertura del año electoral no sean otra vez el mejor argumento para posponer las ideas.