México posee una estructura institucional poco articulada que impide que se lleven a cabo propuestas pertinentes al caso de la salud sexual y reproductiva de las mujeres. Aunado a ello, se cuenta con una fuerte presión de los intereses privados, así como religiosos, que impiden que se desarrollen marcos de acción para aquellas mujeres que ameriten, o así lo quieran, la interrupción del embarazo de manera legal, segura y costeada por el Estado.
El ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, presentó a la Corte el proyecto que pretendía avalar la despenalización del aborto en Veracruz, antes de las 12 semanas basándose en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Cedaw), y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belem do Pará), Tratados Internacionales de los que México es parte. Dichos tratados hacían posible que las obligaciones señaladas por Alcántara Carrancá, fueran exigibles de inmediato tanto para la Federación, como para las entidades federativas, en el ámbito de sus competencias[1].
La ministra Norma Lucía Piña Hernández, por su parte, dijo en su intervención que estaba en contra del proyecto pues “la Corte no puede ordenarle un contenido legislativo específico en este caso” al Congreso de Veracruz. Agregó que “solo se podría ordenarle que legislara, pero no imponerle una regulación específica. La Corte incurriría en el llamado activismo judicial que desbordaría mucho las facultades constitucionales de la Corte”.[2] Los otros tres ministros votaron en contra, apoyando la intervención de Piña Hernández.
De manera que, la negativa a la despenalización de la interrupción legal del embarazo, radicó en la forma del proyecto, y no en el fondo.
La antesala de esta discusión, viene dada desde el año 2014, cuando la diputada Tanya Carola Viveros Chazaro, presentó una iniciativa para reformar los artículos 149, 150 y 154 del Código Penal, los cuáles criminalizan el aborto e imponen las sanciones respectivas. Sin embargo, el Congreso lo rechazó porque contradecía la normativa local. Un juez de Xalapa ordenó aplicar un Amparo, por la evidente violación a los Derechos Humanos de las mujeres, y la omisión del Congreso. El proyecto que presentó Alcántara Carrancá pretendía confirmar el amparo presentado por el juez. [3]
El aborto en México
El movimiento pro vida, y algunos sectores opositores a la legalización de la interrupción legal del embarazo, difunden algunos mitos sobre el aborto, deslegitimando la lucha de las mujeres. Contrario a lo que suele creerse, las mujeres que han accedido a la interrupción legal del embarazo en Ciudad de México, si utilizaron con algún método anticonceptivo. Según los datos de la Agencia Digital de Innovación Pública (2016), el 41% afirmaron haber usado algún método de protección, como el DIU, y el 30% usaron métodos de barrera. De igual manera, se descarta la posibilidad que las mujeres aborten regularmente con la despenalización del aborto, debido a que, en la Ciudad de México, solo el 2% de las mujeres se han realizado dos abortos, y no hay registros de que se hayan realizado más de dos interrupciones por mujer. De manera que, estas cifras demuestran que, efectivamente, el aborto no es usado como método anticonceptivo.
Por su parte, el 58% de las mujeres que han registrado una interrupción del embarazo en la Ciudad de México, ya son madres, de entre 1 a 7 hijos. Datos que descartan la posibilidad de pensar que las mujeres que abortan no poseen “instinto maternal”. En lo que respecta a la religión, el 65% de las mujeres que abortaron en Ciudad de México, se consideraron católicas. Esto deja ver que, la religión, no siempre, es un argumento válido para oponerse a la interrupción legal del embarazo.
Sin embargo, no podemos omitir que en México el aborto es legal únicamente en Ciudad de México (desde 2007) y en Oaxaca (desde 2019), lo que supone que los abortos clandestinos sigan estando presentes en un país con más de 128 millones de personas. Nuevo León es la región mexicana que presenta las cifras de aborto más bajas, lo que puede ser traducido a la gran cantidad del flujo migratorio hacia Estados Unidos, donde las mujeres se van a buscar procedimientos médicos seguros y legales. No obstante, no todas pueden costear dichos servicios. Lo que, sigue dejando en entrevisto, que el aborto clandestino es un problema que afecta a las clases más desfavorecidas. De acuerdo con una investigación realizada por el Instituto Guttmacher, en México se realizan, aproximadamente (en 2013), un millón de abortos clandestinos anuales[4], cifra que ha aumentado.
La maternidad forzosa sigue siendo un patrón que se repite en toda América Latina. Y la penalización del aborto no ha supuesto que las interrupciones a los embarazos cesen. El estudio del Instituto Guttmacher, demostró que, en 2009, el 55% de los embarazos en México fueron no planeados, y el 54% de esos abortos no planeados[5], terminan en abortos inducidos. Lo que supone que, más de la mitad de mujeres que quedaron embarazadas sin desearlo, interrumpieron su embarazo, a pesar de que no sea legal.
Los abortos clandestinos suponen muchas complicaciones para las mujeres gestantes. Hace más de diez años, los hospitales públicos mexicanos recibían cerca de 200.000 pacientes con complicaciones graves en su salud, producto de abortos inseguros. La cifra más alta de los riesgos de la salud, se da en un 45% en mujeres pobres y de zonas rurales. [6] Sin embargo, a pesar de las complicaciones médicas que suponen estos procedimientos inseguros, muchas mujeres no reciben la atención necesaria, lo que hace que su sistema de salud empeore o se afronte a graves secuelas.
A pesar de que la normativa ha logrado avanzar en la interrupción legal del embarazo en casos de violación, el procedimiento médico sigue siendo una faltante para las mujeres. Los registros oficiales señalan que, entre 2009 y 2016, las procuradurías generales de justicia locales y la Procuraduría General de la República recibieron 111,413 denuncias de violación. Entre tanto, las autoridades de salud pública han documentado apenas 63 procedimientos abortivos para víctimas de violación.[7] Lo que significa que, menos de un 10% de las mujeres que presentaron denuncias por violación, fueron recibidas en centros médicos para realizarle la interrupción legal del embarazo.
Las vidas olvidadas por el movimiento “pro vida”
El movimiento pro vida celebró con bombos y platillos que la Corte de Justicia de Veracruz no aprobara la despenalización del aborto. Múltiples personas hicieron referencia en redes sociales que México es pro vida; sin embargo, hay que considerar las vidas que este movimiento olvida, y esas sí importan. En los primeros seis meses del 2020, México presentó 489 feminicidios[8]. La trata de personas ha crecido en 2020 en un 19%, siendo México uno de los principales países que más produce pornografía infantil, donde el 90% son niñas y mujeres. [9]
Mientras que a las mujeres se les sigue imponiendo la maternidad, y se les penaliza la interrupción del embarazo, mientras que, en más de 11 millones de hogares mexicanos, hay padres ausentes, y más del 50% de la población aseguró no haber crecido con su padre, o su padre estuvo ausente durante su niñez.[10] La renuncia a la paternidad responsable crece cada vez más, a pesar de que el Estado no cuente con suficientes mecanismos para regularlo, ni tampoco posea datos actualizados sobre los índices de paternidad. La paternidad irresponsable sigue siendo legitimada, normalizada y olvidada por el Estado que castiga y reprime a las mujeres con embarazos no deseados.
En Jalisco, las mujeres pueden ir a prisión por cargos de infanticidio por tener abortos espontáneos o partos en los que los bebés nacen muertos. La legislación local conservadora niega las causalidades científicas que hacen que millones de mujeres alrededor del mundo presenten embarazos incompatibles con la vida humana. A pesar de la evidencia que existe sobre esos padecimientos, las mujeres siguen siendo juzgadas y criminalizadas por delitos que no les pertenecen. La violencia obstétrica sigue estando presente en los hospitales públicos, el sector salud violenta a las mujeres que, por alguna razón, acuden a realizarse un aborto. Los funcionarios de esta área siguen siendo una barrera para garantizar un servicio de salud.
En 2019, se reformó la Norma 049, con la cual, una mujer puede acceder al servicio médico para interrumpir su embarazo en caso de violación, sin necesidad de contar con la aprobación de un juzgado. Sin embargo, a pesar de esto, muchas mujeres han recibido negativas por parte de los funcionarios de los hospitales, o se les han atendido de forma inhumana y degradante. Una adolescente de 16 años, del Estado de Jalisco, se dirigía a su escuela cuando dos hombres la violaron abruptamente, cuando ella se presentó al hospital a realizarse el aborto, los médicos se negaron a atenderla, cuando recibió atención, la adolescente aseguró que el personal médico la intimidó para que no se hiciera el aborto, y luego del procedimiento, la dejaron sola con mucho dolor.[11]
Por su parte, el Estado y el movimiento pro vida, siguen olvidando las vidas en riesgo de las mujeres que mueren en la clandestinidad. Las complicaciones por aborto clandestino se encuentra entre las primeras cinco causas de la mortalidad en todo México.
Reflexiones finales
El Estado mexicano sigue estando ausente en materia de derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. La legislación no garantiza que las mujeres puedan acceder al servicio médico, no existen políticas públicas pertinentes en educación sexual y reproductiva, la asistencia a la planificación familiar deseada no posee resultados efectivos, a pesar de ser un derecho básico y una de las metas de la agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
La impunidad, la inoperancia, el silencio, la legitimidad, el olvido y la corrupción, siguen dejando vidas al desamparo. Los derechos de las mujeres siguen siendo una deuda, las legislaciones aún no son capaces de satisfacer los derechos básicos de las personas en México, y en Latinoamérica. A pasar de que la Corte determinó que el proyecto para la despenalización del aborto en Veracruz es inviable, en algunos Estados mexicanos, la falta de un protocolo para la interrupción legal del embarazo pareciera ser solo una excusa para negar ese derecho a las mujeres. A pesar de que algunos Estados ya cuentan con protocolos validados por la legalidad mexicana, el servicio médico no se cumple en los hospitales públicos.
El movimiento pro vida violenta la libertad de las mujeres, les niega el derecho básico a acceder a servicios de salud, las criminaliza, las obliga a una maternidad forzosa, y olvida los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Por eso, y por muchas razones más, el Estado mexicano deja de lado miles de vidas que importan; México no es pro vida.
Notas
[1] Vega, A. (29 julio, 2020). Corte discute despenalización del aborto en Veracruz y da esperanza a la ´ola verde.´ Animal Político. https://www.animalpolitico.com/2020/07/corte-despenalizacion-aborto-veracruz-ola-verde/
[2] Animal Político (29 julio, 2020). Sin debatir el fondo, Corte devuelve proyecto de despenalización del aborto en Veracruz. https://www.animalpolitico.com/2020/07/corte-rechaza-proyecto-despenalizacion-aborto-veracruz/
[3] Ibid.
[4] Juárez, F.; Singh, S. y Maddow-Zymet, I. (2013). Embarazo no planeado y aborto inducido en México: causas y consecuencias. Guttmacher Institute. https://www.guttmacher.org/es/report/embarazo-no-planeado-y-aborto-inducido-en-mexico-causas-y-consecuencias
[5] Ibid.
[6] Ibid.
[7] Littlefield, A. y Gottesdiener, L. (octubre, 2019). Maltrato a niñas y mujeres que buscan acceso al aborto por violación. The Nation. https://www.thenation.com/article/archive/maltrato-aborto-violacion-mexico/
[8] Navarro, M. (21 julio, 2020). El feminicidio aumenta en 2020 mientras que AMLO apunta al neoliberalismo. Forbes México. https://www.forbes.com.mx/politica-feminicidio-aumenta-amlo-neoliberalismo/
[9] Piña, I. (30 julio, 2020). México es uno de los países que más pornografía infantil produce. Contramuro. https://www.contramuro.com/mexico-uno-de-los-paises-que-mas-pornografia-infantil-produce/
[10] Moreno-Pérez, S. (2016). La paternidad en México. Centro de Estudios Sociales y de opinión pública.
[11] Ibid.