El comercio mundial ha sufrido tres fuertes contracciones en las últimas dos décadas: los ataques terroristas del 11-S (2001); la crisis financiera del 2008 y, la emergencia sanitaria que ha generado la expansión del SARS-CoV-2.
La economía del mundo tiene veinte años de no estar en las mejores condiciones. El G-20 ha venido señalando que, los resultados esperados del comercio son insuficientes. Incluso, han planteado la necesidad de revisar la estructura de la Organización Mundial de Comercio (OMC).
En este contexto, dos grandes preocupaciones destacan en torno a los principios y reglas del comercio internacional. La primera de ellas está relacionada con la posibilidad de un viraje hacia medidas proteccionistas y, por otra parte, la aparición de barreras de carácter no arancelario o en materia de obstáculos técnicos al comercio.
Desde que ocurrieron los ataques terroristas al Centro Mundial de Comercio, en Nueva York, los Estados han tomado medidas de comercio, por ejemplo, en materia de seguridad, trazabilidad y certificación. Así mismo, se han estado creando una serie de medidas relacionadas con las amenazas bacteriológicas con el fin de evitar que tales amenazas fluyan por medio del intercambio comerciales entre los Estados.
Seguramente, la comunidad internacional, también, avanzará en la construcción de medidas que se relacionen con las amenazas a la salud pública derivadas de la crisis sanitaria actual. La CEPAL ha venido insistiendo en señalar que todas estas medidas apuntan al establecimiento de una nueva “competitividad” que podría afectar al comercio si no se abordan de una manera cooperativa y multilateral. Este tipo de medidas están generando roces entre los Estados y se han convertido en el centro de las discusiones sobre el comercio entre las naciones.
Internacionalmente existen al menos cuatro instrumentos que orientan la construcción de medidas en contextos donde la salud pública está en peligro: el Tratado general sobre aranceles y comercio de 1994, el Acuerdo sobre obstáculos técnicos al comercio, el Acuerdo sobre la aplicación de medidas sanitarias y fitosanitarias y el Reglamento Sanitario Internacional (RSI) de 2005.
Si bien estos cuatro instrumentos fueron diseñados para evitar la creación de barreras técnicas al comercio, permiten a los países miembros de la OMC establecer reglamentos que afectan al comercio en tanto se trata de objetivos legítimos tales como la seguridad nacional, la protección de la salud o la seguridad humana. El RSI constituye un protocolo de actuación para prevenir, proteger y controlar la propagación internacional de enfermedades, al tiempo que evita interferencias innecesarias con el tráfico y el comercio internacional.
El desafío para los Estados y los organismos internacionales consistirá en evitar que este tipo de medidas excepcionales se apliquen de manera que no constituyan una restricción encubierta del comercio internacional.
Un ejemplo de ello lo hemos experimentado desde hace más de dos semanas cuando las medidas sanitarias que ha tomado el gobierno de Costa Rica tuvieron un impacto importante en el comercio intracentroamericano, particularmente, en el sector transporte.
Entre las principales medidas que se tomaron están aquellas relacionadas con los protocolos que se aplican en puestos fronterizos migratorios aéreos, marítimos y terrestres; así como aquellos asociados a la atención de personas transportistas (choferes) y sus acompañantes que ingresen por puestos fronterizos terrestres y aquellos que tienen que ver con la limpieza y desinfección de vehículos. Así como también aquellas decisiones vinculadas con medidas sanitarias migratorias y aduaneras.
Ello, ha generado un malestar regional entre las personas que conducen los camiones, el sector transporte y las cámaras regionales de exportación, así como los Estados de Panamá, Honduras, Nicaragua y Guatemala quiénes han decidido cerrar sus fronteras como una acción de “reciprocidad” ante las medidas adoptadas por Costa Rica con el fin de evitar un mayor contagio que provenga desde el exterior.
Hasta ahora el diálogo ha tenido dos expresiones. Por un lado, diálogos bilaterales, por ejemplo, con Panamá y Nicaragua. Y, por otra parte, diálogos en el marco del Sistema de Integración de Centroamérica, en donde hace pocos días se aprobaron los Lineamientos de Bioseguridad ante el COVID-19 para el transporte de carga terrestre en Centroamérica, con el fin de ofrecer una salida conjunta a la situación.
Uno de los principales grupos de presión regional, la Federación de Cámaras y Asociaciones de Exportadores de Centroamérica y El Caribe (Fecaexca) afirmó, a inicios del mes de mayo, que este tipo de medidas constituyen un obstáculo al comercio. En el mismo sentido se han expresado la Asociación de Transportistas Internacionales de Carga y la Asociación de Transportistas de Nicaragua.
La crisis sanitaria mundial no solo ha tenido un impacto en la reducción de los flujos del comercio internacional, sino que, además, está teniendo un efecto en la forma en que las mercancías fluyen a través de las fronteras. Es fundamental que los Estados se apoyen en los diferentes mecanismos que tienen a su disposición con el fin de reducir las tensiones y construir espacios de diálogo conjunto para desarrollar salidas más constructivas a las controversias que están apareciendo como resultado de las políticas para hacer frente a la emergencia sanitaria global.