Iniciando el cuarto año de la desmovilización de la guerrilla FARC-EP y la victoria del “No” al referéndum popular que sometió a discusión publica los acuerdos de paz que se venían gestando desde el 2012; Colombia inicia el año con 27 lideres sociales asesinados en el país (1) y con múltiples cuestionamientos hacia la actual administración del presidente Duque por una gestión irresponsable con agendas que han marcado la historia del país, tales como el conflicto con las insurgencias armadas, el paramilitarismo, la tenencia de la tierra, la desigualdad y, de forma más reciente, la situación interna de Venezuela.
Sin ninguna aparente voluntad política, el ejecutivo en Colombia no ha implementado políticas en temas económicos, agrarios, de seguridad, de desigualdad de género, así como políticas de reparación de las personas afectadas por el conflicto, provenientes de los diálogos de paz en Oslo y La Habana, durante el gobierno de Santos. En ese sentido, pareciera que la conducción del actual gobierno para la consecución de la paz va en la dirección que marque el bloque de poder en el país, específicamente, los sectores asociados al Uribismo.
Después del pronunciamiento del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) de Colombia, acerca de los 27 lideres sociales asesinados, con cuatro ex combatientes firmantes del acuerdo de paz, la oficina en Colombia de la alta comisionada de Naciones Unidas (ONU), le exhorto al presidente Duque aplicar medidas estructurales para la defensa de las personas acogidas por el proceso (2), en un contexto en que el presidente no muestra ni siquiera el interés de retomar el diálogo con otras facciones armadas, como lo es el caso del ejército de liberación nacional (ELN).
Ante lo acaecido, la fiscalía colombiana expresó que únicamente se había presentado un homicidio en el país comenzando el año, cuestión que provocó en la bancada del partido FARC una fuerte indignación y un rechazo a las declaraciones de la fiscalía (3). Esto, debido a que los asesinatos a activistas sociales e inclusive a lideresas y líderes políticos no es un fenómeno reciente en Colombia, sino que ha sido parte de una dolorosa crónica saliente de los procesos a larga duración que ha experimentado el país; la insurgencia armada, intereses económicos de la oligarquía, la excesiva militarización patrocinada por los Estados Unidos, los conflictos por la tenencia de la tierra y la distribución del ingreso, para mencionar algunos.
En efecto, la cantidad de personas asesinadas posterior a los acuerdos de paz es una cifra alarmante para un proceso que, de cierta forma, proporcionó aires nuevos a la política colombiana, sin embargo, a partir de la contribución de la defensoría del pueblo, se registran más de 486 personas asesinadas (4) defensoras de los derechos humanos y de los acuerdos de paz desde su firma. Para el pasado 26 de enero, se le sumaba a esta cifra, otro excombatiente asesinado, conformando así 185 exguerrilleros asesinados desde los acuerdos (5).
Bajo ese fenómeno es que se pretenden hacer apuntes y reflexiones teóricas que complementen la discusión acerca de los factores históricos, socioeconómicos, políticos y geopolíticos que siguen adquiriendo una relevancia debido al largo, costoso y doloroso camino para la construcción de una paz y justicia social duradera en Colombia, que ha tenido repercusiones para la región.
En la segunda mitad del siglo XX, la política colombiana estuvo fuertemente influenciada por el conflicto armado-en un contexto de guerra fría-en el que la emergencia de las guerrillas de izquierda, como las fuerzas armadas revolucionarias de Colombia (FARC), el ejercito de liberación nacional (ELN), el movimiento 19 de abril (M-19), entre otras, significaron uno de los clivajes mas importantes en la historia reciente de Colombia (6), lo que nos remite al tradición de debilidad con la que ha contado la izquierda en el país. Esto en consecuencia a que, desde las reformas institucionales en los años cincuenta (frente nacional 1958-1974), bloquearon la participación de cualquier propuesta o tendencia distinta al binomio liberal-conservador (7).
Asimismo, la comprensión acerca del proceso de insurgencias esta vinculado al asesinato de líderes como Jorge Eliecer Gaitán, entre otros con propuestas que rompían con la tradición liberal y conservadora. Entre otras cosas, desde finales de los años ochenta, se ha presentado un vinculo entre el acceso a economías ilegales-dígase el narcotráfico- y los políticos a nivel regional o nacional (8), lo cual implica la descentralización de los recursos, desinstitucionalización del sistema de partidos, cambios demográficos, estructuras clientelares, que para inicios de los noventa, dieron cabida a un proceso constituyente, que dejó atrás una constitución sumamente antidemocrática, que marco prácticamente un siglo de conflicto.
En 1998 y el 2001, los partidos políticos tradicionales que habían perdido terreno en la arena política le dieron el respaldo al proceso de paz liderado por la administración de Andrés Pastrana con las FARCS y, por su fracaso, nuevos actores políticos ascendieron, como Álvaro Uribe, que gano con una campaña de polarización y de mano dura contra la guerrilla (9).
El proceso de paz iniciado en el 2012 marcó un punto de encuentro importante para la sociedad colombiana por la reconfiguración en el debate público y en la política que experimento el país. Ciertamente los acuerdos dividieron a la derecha, en una mas conciliadora y accesible por el lado de Juan Manuel Santos, y, por otro lado, los sectores afines al partido centro democrático y a las políticas de Uribe, se des mascararon como una extrema derecha anti-paz. Para políticos antisistema como Álvaro Uribe, la construcción de la otredad y la mano dura en materia de seguridad, han marcado un precedente para la consolidación de la extrema derecha en momentos como las elecciones del 2018.
La desmovilización de más de 7.000 combatientes, bajo un marco de justicia transicional (jurisdicción especial para la paz-JEP) (10), se encausó como cualquier otro proceso de esa naturaleza-de forma controversial-que conlleva la reparación de heridas por más de cincuenta años y con ellos concesiones un tanto impopulares. El uribismo, con el afán de seguir la misma retórica que les ha permitido estar en el poder, desde la campaña y pérdida del referéndum ha instrumentalizado temas como los valores de familia, los derechos reproductivos de las mujeres y las reformas de pensiones.
El expresidente Uribe fue un actor crucial para la victoria del centro democrático en el 2018 con Iván Duque, ya que el mismo Duque se apropio de la imagen de Uribe, y de la campaña en contra de los acuerdos de paz (11), en una competición con el político progresista Gustavo Petro, de la coalición Colombia Humana, que por primera vez en la historia del país puso a una propuesta de izquierda en la segunda vuelta, en una campaña que transcurrió bajo el clivaje de los acuerdos y la situación interna de Venezuela.
Con la etiqueta de castro-chavistas, capos de droga y conspiradores para un fraude, Uribe aludió a sus contrincantes políticos con el fin de posicionar a su candidato, que para el 2016, era invisible. Además, también se posiciono el tema del crecimiento sobre el desarrollo, que, aunque la economía del país ha crecido de forma estable, el coeficiente de Gini para el 2016, fue de 50,8, el segundo más grande de América latina (12).
Es necesario rescatar la necesidad de políticas diferenciadas de reparación si se busca la paz en el país, porque la actual administración de Duque las ha olvidado intencionalmente. Durante la dinámica del conflicto armado, poblaciones como los colectivos LGBYQ+ vivieron un genocidio, así como las mujeres que se han visto sumamente afectadas por el conflicto, ya que conformaban el 40% de las filas en la guerrilla (13).
Asimismo, la literatura revisada relata que el problema de la violencia sexual ha sido algo recurrente en el marco del conflicto histórico, cometida así por todos los grupos armados-fuerzas públicas, paramilitares, guerrillas- contra las mujeres en el país (14). Esto representa una dificultad latente para la jurisdicción especial para la paz debido a que, en esos casos, ya en las mismas filas de la guerrilla han asesinado y juzgados combatientes por delitos de esa índole. La relevancia del trato diferenciado radica en que hay informes de la ONU Mujeres que reivindica el papel fundamental que han tenido para la construcción de paz y en las mesas de negociaciones (15).
Ahora bien, por otro lado, las protestas a inicios del siglo XXI, ante las políticas neoliberales prescritas por el fondo monetario internacional, el banco mundial y la crisis de la deuda contraída desde los ochentas (16), fortalecieron a las izquierdas que conforman los “socialismos del siglo XXI”, además de la elección de Hugo Chávez en 1998. En ese sentido y por efecto colateral, en países como Chile, México, Perú y Colombia se fortalecieron las oligarquías latinoamericanas y su vínculo con los partidos de derechas y los Estados Unidos.
En el caso colombiano, siendo el mayor aliado de EEUU y gobernado por las élites oligárquicas, sin constituirse las mismas monolíticamente, han hecho del Estado burgués en el país, lo que señala Poulantzas (1979,154) (citado en Aaron et al, 2019,) una “condensación material de una relación de fuerzas entre clases y fracciones de clase” (17) lo que facilita que el poder político de la oligarquía colombiana reproduzca una estructura económica caracterizada por altos niveles de concentración de los medios de producción y la dependencia del mercado mundial, con una división internacional del trabajo que asienta las desigualdades de clase, genero y raza (18).
La configuración del Estado colombiano ha sido concebida desde su control político y militar por países de “centro”, su herencia en la estructura económica proveniente de la época colonial, su posicionamiento geopolítico como país andino y el uso de las guerras por parte de las oligarquías para fines clientelares y económicos (19), cuestión que por su incapacidad de generar concesiones con las clases subalternas, ha recurrido históricamente al autoritarismo y la implementación de la violencia.
Con apoyo de los Estados Unidos es que Colombia ha impulsado una política contrainsurgente desde la década de los sesentas, antes de la aparición de las guerrillas y que históricamente ha beneficiado a terratenientes, ganaderos, narcotraficantes, agroindustriales, a multinacionales y al capital financiero e industrial (20). A través de políticas como el plan Colombia en el 2000 y el acuerdo militar con los Estados Unidos en 2009, es que posteriormente el gobierno de Uribe recibe el apoyo militar estadounidense más grande en la historia de América Latina para rescatar el monopolio de la fuerza por parte del Estado oligárquico (21) y así ampliar la presencia de tropas estadounidenses para “enfrentar amenazas comunes”.
Con siete bases militares estadounidenses en el país (21) (incluido comando sur) y con el pleno consentimiento de la oligarquía colombiana; el país se ha convertido en un satélite de los EE. UU., recientemente incorporado a la Organización del tratado del Atlántico Norte (OTAN), que busca cada vez más afianzarse como bastión neoliberal y de limitación de la influencia de las izquierdas tanto a nivel nacional como regional.
Otro factor fundamental, es la situación del país vecino Venezuela, con el que, como hecho histórico, compartieron un proyecto en conjunto y se estableció su límite internacional después de la disolución de la Gran Colombia en 1830, con la muerte de Simón Bolívar y que dicha demarcación duro más de medio siglo en establecerse, cuestión que en su historia bilateral nunca se ha logrado una vecindad duradera (22).
La práctica política fronteriza involucra coordinación, cooperación y descentralización entre Estados para atender problemáticas en conjuntos (23), asimismo, esto conlleva perdida de poder lo que-desde el manejo de sus crisis internas- ni Duque ni a Maduro les convendría dicha relación que a su vez desmontaría al Estado y sus militares como únicos responsables de la seguridad y destacaría la importancia de gobiernos regionales, locales, instituciones internacionales, organizaciones no gubernamentales y la opinión pública (24).
En las últimas dos décadas, cuando Chávez se abrió a una geopolítica internacional distanciada de los EE. UU. y más cercana a América Latina y el caribe, Asia, África y los países árabes; en Colombia se buscaba financiamiento para el plan Colombia (25) y se fortalece las alianzas con EE. UU., cuestión que suscitó durante los periodos 2002-2006, 2006-2010, encuentros y desencuentros, con rupturas, amenazas y discordia (26).
Si bien es cierto, entre 2010 y 2012 se restablece el dialogo con Venezuela, por parte del gobierno de Santos, cuestión que retrocedió de nuevo con la muerte de Hugo Chávez y se genera un agravamiento en las relaciones fronterizas por diferencias en las relaciones internacionales, y las orientaciones en política económica, sumado a la polarización de las crisis internas y externas por parte de los mandatarios de ambas naciones, cuestiones que afecta no solo a ambos países, sino que a toda la región. Principalmente en asuntos domésticos de otros países y con el desbordamiento mediático del secretario general de la OEA, el grupo de Lima y algunos países de la Unión Europea (27).
Desde el 2017 con la agravación de la crisis interna de cada país, se da un mayor impacto en la frontera; se agudiza a niveles nunca vistos la crisis en Venezuela, más sanciones por parte de los EE. UU., y los llamamientos violentos a un golpe de Estado, han ocasionado una migración importante en búsqueda de alimentos, medicinas, suministros agrícolas, entre otros, desde el principal paso fronterizo en Cúcuta.
Precisamente por el abordaje irresponsable y distanciado de la crisis venezolana, es que se ha señalado un “éxodo” de migrantes, con informes contrarios del ministerio de relaciones exteriores de Colombia (radiografía de venezolanos en Colombia 2017), que muestran un movimiento migratorio pendular de 37 mil ciudadanos por siete puestos fronterizos, con una migración regular de 263.331 ingresos y 228.380 egresos, que destacan un cerca del 40% son portadores de doble nacionalidad, un 69% dirigidos a otros países y un 52% que buscan suministros básicos (28).
Para finales del 2019, se presentaron una jornada de protestas en Colombia, más específicamente un paro nacional que estalló por un bombardeo en el murieron menores de edad (29), lo cual ha seguido desde grandes movilizaciones que exigen cambios sustanciales en la política de gobierno, en las estructuras estatales y el cumplimiento de los acuerdos de paz.
Con la voluntad de Maduro de restablecer relaciones diplomáticas con Colombia con el caso de la exsenadora Aida Merlano, detenida en días recientes en Venezuela y con información delicada sobre la clase política colombiana, podría volver a darse un acercamiento, cuestión que podría verse lejana por la búsqueda de mantener el cerco mediático entre países por parte de Duque y su apoyo irrestricto a Juan Guaido.
Comentarios finales
El relato y la crónica de los asesinatos en Colombia van de la mano con la constitución de un bloque de poder en Colombia, que lo conforman sectores oligárquicos, el capital transnacional, el gobierno de los Estados Unidos con su estrategia contra insurgente, que ha buscado consolidar el proyectos neoliberal y capitalista a costa de muertes de miles de cientos de activistas sociales que se oponen al Estado oligárquico en Colombia.
Ante la evidente continuación de la estrategia de contra insurgencia y desestabilización, de la mano con los EE.UU., no se puede descartar una posible confrontación militar entre Venezuela y Colombia que desataría consecuencias letales y desastrosas para ambos países y la región.
Por esta misma razón una política fronteriza integral, que trabaje las desigualdades y disparidades dentro de ambos regímenes, le beneficiaria a ambos países, desde un mayor control sobre la zona que podría lesionar gravemente al narcotráfico, al tráfico de personas y así dinamizar las economías de los departamentos o municipios entre ambos países.
Colombia comparte dificultades en temas de seguridad y de crisis interna debido al descuido histórico de las zonas periféricas limítrofes con Venezuela, lo que a su vez es un reflejo de falta de voluntad política interna para resolver también las repercusiones de las guerras y disputas internas que se han agravado a partir del recurrente asesinato a lideres sociales.
Notas
(1) Telesur (2020) Indepaz confirma 27 líderes sociales asesinados en Colombia durante el 2020. Recuperado de: https://www.telesurtv.net/news/colombia-indepaz-confirma-lideres-sociales-asesinados-20200127-0021.html
(2) Ibid.
(3) El Espectador (2020) FARC rechaza declaraciones del fiscal general sobre asesinato a líderes sociales. Recuperado de: https://www.elespectador.com/noticias/politica/farc-rechaza-declaraciones-del-fiscal-general-sobre-asesinato-lideres-sociales-articulo-900681
(4) El País (2020) Una red para proteger la vida de los activistas de derechos humanos. Recuperado de: https://elpais.com/elpais/2020/01/02/planeta_futuro/1577956960_454576.html
(5) El Espectador (2020) El luto del partido FARC: van 185 exguerrilleros asesinados. Recuperado de: https://www.elespectador.com/colombia2020/pais/el-luto-del-partido-farc-van-185-exguerrilleros-asesinados-articulo-902137
(6) Gamboa Gutiérrez, Laura. 2019. “El reajuste de la derecha colombiana. El éxito electoral del uribismo”. Colombia Internacional (99): 187-214. https://doi.org/10.7440/colombiaint99.2019.07
(7) Ibid.
(8) Ibid.
(9) Ibid.
(10) Ibid.
(11) Ibid
(12) Ibid.
(13) DE OLIVEIRA ShUCK, Elena y BRITO, Lívia, “Mujeres, paz y seguridad internacional: el Acuerdo de La Habana para la paz en Colombia”, en Relaciones Internacionales, nº 41, 2019, pp. 73 - 90.
(14) Ibid.
(15) Ibid.
(16) “El bloque de poder contrainsurgente en Colombia y su papel en el resurgimiento de la derecha en América Latina”. Colombia Internacional (99): 63-90. https://doi.org/10.7440/colombiaint99.2019.03
(17) Ibid.
(18) Ibid.
(19) Ibid.
(20) Ibid.
(21) Ibid.
(22) Linares, R. (2019). Seguridad y política fronteriza: una mirada a la situación de frontera entre Venezuela y Colombia. opera, 24, 135-156.
(23) Ibid.
(24) Ibid.
(25) Ibid.
(26) Ibid.
(27) Ibid,
(28) Ibid.
(29) Washinton Post (2019) Colombia hace un paro nacional para combatir su propio desgobierno. Recuperado de: https://www.washingtonpost.com/es/post-opinion/2019/11/19/colombia-hace-un-paro-nacional-para-combatir-su-propio-desgobierno/
(30) El País (2020) Nicolás Maduro propone a Duque restablecer las relaciones con Colombia. Recuperado de: https://elpais.com/internacional/2020/01/30/actualidad/1580391902_679314.html