Análisis semanal 310: La intolerancia religiosa y la ausencia del Estado: El caso de la comarca indígena Ngäbe Buglé (15 de enero de 2020)

 

Desde el proceso de colonización, a los pueblos indígenas de América no solo les robaron sus creencias, sus ritos, sus costumbres, sino que también les arrebataron su memoria y su esencia.

Para algunas personas, hablar actualmente de las secuelas del proceso de colonización española dentro del continente americano, pareciera anacrónico, o bien, un tema superado. Se dice que vivimos -la mayoría de países latinoamericanos- bajo el mandato de la poderosa protección del Estado Social de Derecho. No obstante, pareciera que, en pleno 2020, las dinámicas de odio, persecución e invisibilización de los pueblos indígenas siguen estando presentes; así como, la inminente ausencia del Estado en estos pueblos indígenas. Bajo esta lógica, el Estado ha asumido un rol protagónico desde el multiculturalismo liberal, en donde se vislumbra o se plantea la idea de que todos los sujetos por igual han sido aceptados bajo un mandato de neutralidad, sin importar las diferencias.

El pasado jueves 16 de enero, la fiscalía de Panamá encontró 7 cadáveres en una fosa común, pertenecen a seis menores de edad (entre 1 y 17 años)  y una mujer (entre cuatro y seis meses de embarazo), quien era madre de cinco de los menores ^[1] perteneciente a la población Ngäbe Buglé, ubicada a unos 250 kilómetros de la capital, Ciudad de Panamá.

“Realizaron un ritual dentro de una iglesia improvisada. Y durante el rito hubo personas detenidas contra su voluntad y maltratadas. Todos estos ritos tenían la intención de matar a aquellos que no se habían arrepentido de sus pecados” explicó el fiscal local Rafael Baloyes.^[2]

Situada en el norte de Panamá, esta población actualmente se encuentra bajo la autoridad de la cacique Silvia Carrera. “En septiembre de 2011, Carrera se convirtió en la primera cacica electa de la comarca indígena Ngábe, para ello compitió con otra mujer y siete varones y fue elegida mayoritariamente según una consulta popular realizada por el Tribunal Electoral a petición del Congreso General de la comarca.”^[3] A pesar de ser reconocida como una de las lideresas más importantes dentro de esta región indígena, así como un simbolismo del ecofeminismo, Cabrera ha sido fuertemente criticada por su posicionamiento y el acuerdo realizado con el gobierno panameño sobre la represa de Barro Blanco, un proyecto hidroeléctrico que  ha generado intensos conflictos medioambientales y de derechos humanos para esta población.

A pesar de los grandes y numerosos reconocimientos que ha venido desarrollando la cacique, es importante reconocer que esta población continúa sometiéndose a procesos de desigualdad, de despojo, de invisibilización y de exclusión social. A grandes rasgos, vale la pena mencionar que, de acuerdo con datos del 2019 del Ministerio de Salud de Panamá, la esperanza de vida de una persona indígena es 10 años menos que una persona que se reside en el centro del país; en maternidad infantil, las comarcas indígenas están por encima del promedio general de muertes de mujeres embarazadas, aunado a que, son las personas con menores ingresos socioeconómicos. ^[4] Además, se estima que el 87% de la población indígena se encuentra en condición de pobreza, y cada 6 de 10 personas viven en pobreza extrema, según datos del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) entre el 81% y el 99% de la población infantil y adolescente indígena vive en condiciones de pobreza multidimensional.^[5]

Por tanto, vale la pena reconocer que, no ha sido solamente un momento de “colonización” de hace más de 500 años. Sino que, ha sido todo un aglutinamiento de procesos de exclusión que han calado en el colectivo social y que han hecho, y siguen haciendo, que estas personas pertenecientes a los grupos indígenas, sigan teniendo que ser sometidas a este tipo de acciones que violentan su integridad, sus creencias, sus cotidianidades y vidas.

Una lucha religiosa, que es eminentemente política

Las iglesias evangélicas se encuadran dentro del cristianismo protestante y su doctrina se basa en la conversión de sus fieles, que 'nacen de nuevo' al recibir la salvación por medio de practicar esta fe.^[6] Bajo el “mandato de Dios”, estas personas de la Iglesia La Nueva Luz de Dios, impusieron violencia y produjeron la muerte de un grupo de personas, a quienes pretenden convertir a sus preceptos divinos.

Aquí vale afirmar que, no se pueden vivir estos procesos como una misión colectiva, más cuando ésta rompe con toda la lógica y toda la dimensión del bienestar común. Se empiezan a incorporar en procesos de socialización para aumentar, o formar, su legitimidad, y así, incidir en las decisiones públicas, sociales y políticas.

Si bien es cierto no se sabe a ciencia cierta el propósito de esta agrupación con tales acciones, no puede omitirse la incursión de facto de estos grupos, y sus debidos representantes, en la política desde su dogma; es decir, al dejar de lado su incorporación como un simple ciudadano más que busca, en el mejor de los casos,  el bien común y un determinado fin de acorde a sus creencias; en cambio, se hace desde el fanatismo que intenta imponer un accionar y una forma de pensamiento a un grupo de personas determinado;  así, empezar a gestionar el poder.

Mientras tanto, desde la perspectiva del multiculturalismo liberal y la política del reconocimiento de Charles Taylor, “cada individuo y cada grupo poseen una identidad y una particularidad que debe ser respetada, por lo cual se exige al Estado la protección de un conjunto de prácticas, tradiciones y valores que harían posible que los individuos de la comunidad política se identifcaran con determinado ideal del bien común”^[7]

Una América Latina que sigue sufriendo

Es importante, retomar, por tanto, algunos de los acontecimientos que han estado calando dentro del imaginario latinoamericano.

La violencia simbólica por parte del Estado, se ha convertido en las poblaciones indígenas en un componente esencial de la realidad y las cotidianidades de estos grupos. Es complejo entender el cómo el Estado debe resolver casos como los acontecidos en la comarca Ngäbe Buglé.

Por una parte, cabe mencionar que, actualmente, las personas que lideran grupos de movilización pertenecientes a regiones indígenas, corren peligro y son vandalizadas socialmente por los medios de comunicación.

El Frente Nacional de Pueblos Indígenas (Frenapi), culpabilizó al Gobierno de Costa Rica por la muerte del activista indígena Sergio Rojas, y garantizó que "no cumplir con su obligación de garantizar la integridad física y territorial de los pueblos originarios de Costa Rica".^[8]  De igual forma, en 2016, tras el asesinato de la activista indígena Berta Cáceres, Amnistía Internacional afirmó que “En este caso no se han garantizado ni el derecho a la justicia, ni el derecho a la verdad ni el derecho a la reparación" ^[9].

Por tanto, la poca eficacia que tienen los procesos de resolución de casos de personas indígenas, han sido invisibilizados y no hay un accionar que permita darle a estos pueblos una respuesta justa a sus necesidades, que sean planteadas desde las realidades y las cotidianidades, y no desde un escritorio.

Además, estas diferencias en América Latina, muchas veces son trabajadas por los Estados como una asimilación no muy generosa de sus realidades, y a través de ello, proponen un conjunto de barreras simbólicas que han permitido, y siguen permitiendo, esos mecanismos de estigma, exclusión, desigualdades, rechazo, odio, y violencia.