- Introducción
Durante los últimos días, las protestas y movilizaciones sociales en el territorio ecuatoriano han captado el ojo de la prensa internacional, dadas los intensos métodos de protesta así como una fuerte respuesta por parte del Gobierno de Lenin Moreno, quien en cuestión de unos días de protestas decretó el Estado de excepción por 60 días, trasladó la sede de Quito a Guayaquil e implementó el toque de queda como medida de presión y dispersión de protestantes. El siguiente ensayo pretende explorar las causas detrás de la explosión del conflicto ecuatoriano, haciendo énfasis en dos elementos: las variables macroeconómicas detrás de las políticas fiscales de la administración Moreno Garcés y la conformación de los actores e intereses detrás de las movilizaciones.
- Contexto del conflicto
Las protestas llevadas a cabo a partir del jueves anterior responden a una serie de medidas fiscales y económicas por parte del Gobierno que pretenden hacer frente al nivel de endeudamiento del Estado ecuatoriano. De acuerdo con el Reporte Macroeconómico No. 118 del Observatorio de la Política Fiscal (OPF) de Enero 2019[1],
Entre 2006-2017 el gasto público creció 384,9 % y el PIB aumentó 114,7 % en valores nominales. Los déficits entre 2014- 2017 son mayores a los oficiales, pues, Finanzas registra como ingresos el pago de las ventas anticipadas de petróleo, lo cual distorsiona los déficits. Las cuentas no son claras y confiables.
[2]
Como se observa en los gráficos, la situación económica de Ecuador se ubica en un contexto donde los gastos totales han superado los ingresos totales entre 2014-2017, en promedio, en un 5.5% del PIB, aproximadamente. Esto ha generado una caída paulatina en los niveles de superávit y aunado a un nivel de deuda externa del 57% del PIB, el equivalente a $ 58.979 millones. [3] Cabe destacar que en el año 2016, el expresidente Rafael Correa, firma el decreto N° 1218, el cual en términos prácticos estableció como monto máximo de endeudamiento un 40% del PIB, pero elimina en el cálculo de los montos de gasto público lo referido a deuda interna; generando una percepción artificial de estabilidad financiera. [4]
El Gobierno de Moreno, al derogar el decreto 1218 con tal de generar una percepción real de la deuda a nivel legal y lograr manejar porcentajes mayores de endeudamiento mayores a la normativa, se ve en la necesidad de financiar la deuda externa con tal de hacerle frente a las obligaciones gubernamentales. Dentro de las medidas que impulsa el Gobierno, se destacan dos en particular: el acuerdo de préstamo por USD 251,14 millones (aproximadamente) por parte del Fondo Monetario Internacional y la eliminación al subsidio de combustibles. Este último en particular, terminaría siendo el catalizador de las manifestaciones del 04 de octubre.
- Relevancia del subsidio a los combustibles
Para entender la relevancia de los subsidios sobre las energías derivadas de combustibles fósiles, es necesario retroceder a la década de los años 80’. Poco antes de estallar la crisis económica ecuatoriana de 1981, el Estado ecuatoriano había consolidado en modelo de producción enfocado en el petróleo; de acuerdo con Julio Oleas Montalvo [5], “de 381 pozos perforados en la zona oriental entre 1939 y 1976 menos de 17% resultaron improductivos o no comerciales”. Esta dependencia en el sector petrolero generaría un ingreso mayor de divisas, producto del incremento en la demanda del petróleo que, a su vez, imposibilitaría a otros sectores, como el agrícola y el industrial, desarrollarse de manera eficiente dado el incremento en los costos de producción; aislándolos por ser “improductivos”. Esto es lo que se denomina como la enfermedad holandesa; cuando la extracción de recursos naturales abarca la mayor parte de la matriz productiva, dificultando la inversión en sectores menos desarrollados e imposibilitando una diversificación productiva. Según Julio Oleas [6],
Una economía pequeña y abierta, contagiada de la enfermedad holandesa, experimenta cambios estructurales debido a la preponderancia de un producto en el sector transable. Esta condición, combinada con el tipo de cambio fijo, inhibe la expansión de otras exportaciones –por tornarlas poco competitivas– y favorece la producción destinada al mercado interno. Al comenzar la década de los ochenta, las exportaciones de petróleo (crudo y derivados) representaban 63.3% del total exportado; las exportaciones tradicionales (básicamente banano, cacao y café) representaban 26.2% del total y el 10.5% restante correspondía a exportaciones no tradicionales, incluso manufacturas.(p.214)
Aunado a esto, los gobiernos posteriores a este año implementarían y mantendrían como política para contrarrestar los efectos de la dependencia al petróleo un subsidio a los combustibles y derivados del mismo, con la pretensión de abaratar los costos de producción. Lo que generaría más bien sería una ralentización de los otros sectores productivos y un incremento en el gasto público. No obstante, se amortiguaría los efectos en el costo de la vida para la población ecuatoriana, generando una sensación generalizada de satisfacción de necesidades básicas. Al respecto, Naranjo [7], citado por Oleas, menciona que se trataba de
...un caso relativamente grave… porque, al ser el petróleo propiedad del gobierno, el gasto público creció a tasas superiores al producto, lo que generó fuertes déficits en la cuenta corriente de la balanza de pagos y tasas de inflación de dos dígitos, muy superiores a las internacionales y a las históricas nacionales (p.84).
Se está entonces, en la presencia de una problemática madurada por las características productivas del país ecuatoriano, donde el interés político de satisfacer la demanda de bienes y servicios básicos sustentó la permanencia de los subsidios económicos. Explicar el conflicto meramente desde lo económico no responde a la interrogante de por qué la eliminación de un subsidio (perjudicial para el sistema económico ecuatoriano) resulta en una crisis política de tal magnitud que obliga al Poder Ejecutivo declarar Estado de excepción en cuestión de una semana.
- ¿Quiénes conforman las movilizaciones?
Las manifestaciones, surgen en primera instancia, como un reclamo del sector transportista del país a el incremento en los costos de combustible. Estas manifestaciones surgen en forma de paro, lo cual paraliza el sistema vial de los centros urbanos. Iniciado el paro del sector transportista, se unen a las manifestaciones colectivos indígenas y movimientos sindicales, lo cual genera un panorama mucho más complejo dada la diversidad de intereses de estos actores. A tal punto es la diferencia de agendas que el sector transportes decide cesar las manifestaciones a tan sólo dos días de iniciadas las protestas, no obstante, los movimientos indígenas y sindicales no dimiten a la presión; asumiendo así el protagonismo del conflicto y radicalizando los repertorios de acción colectiva. [8]Esto invita a cuestionarse la caracterización de estos actores así como sus motivaciones.
En primer lugar, el movimiento indígena se ha visto como un movimiento de resistencia tanto en la coyuntura actual como durante la gestión de Rafael Correa. Si bien su agenda se ha entrelazado con la de Rafael Correa durante su mandato en materia de políticas sociales, también ha presentado resistencia a su modelo económico extractivista. Las alianzas entre Correa y los movimientos indígenas dieron como resultado la reforma constitucional del año 2008, donde se reconoce al Estado ecuatoriano como “plurinacional y multiétnico”. Esta alianza se ve plasmada bajo el nombre de Alianza Patria Altiva I Soberana (PAIS), la cual incorpora “propuestas que podríamos llamar de desectorización y/o descorporativización de la sociedad, es decir, la abolición de los clivajes sociales, económicos, y, en este caso, étnicos, en la esfera política y, en su lugar, potenciar el ejercicio de la ciudadanía.” [9] Cabe mencionar que los gobiernos categorizados como “neoliberales” no han sido ajenos a la incorporación de dirigentes del movimiento indígena. De acuerdo con Rickard Lalander y Pablo Ospina [10], se nombraron a diversos Ministros pertenecientes a colectivos indígenas en las áreas de Bienestar Sociales, Asuntos Étnicos en el caso de Sixto Durán y Valerio Grefa.
Siguiendo a Lalander y Ospina, el punto de encuentro entre el Gobierno de Correa y el Movimiento indígena radica en su rechazo a las políticas neoliberales, lo cual derivó en una serie de contradicciones a lo interno de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador producto de la politización y partidización del movimiento. Los autores sugieren que la relación causal en la profundización de dichas contradicciones reside en la cuestión identitaria principalmente (no desechan otras causales).
Un ejemplo de esto reside en la consolidación de un Estado plurinacional. La principal característica de este modelo de Estado que se propone desde las teorías indigenistas reside en la autonomía y el reconocimiento. El reconocimiento, en un sentido identitario, de la herencia histórica y la validez a pertenecer a un territorio determinado. La autonomía expresada en la capacidad de autogestionarse comunitariamente y que se respeten las instituciones de cada nacionalidad indígena. La imposibilidad de materializar un Estado Plurinacional conformaría la principal fuente de fricciones entre el correísmo y el movimiento indígena ecuatoriano.
- Conclusiones
La situación económica ecuatoriana no es nueva; es producto de una lógica productiva histórica reproducida tanto por los gobiernos neoliberales (categóricamente hablando) y por el correísmo. El aparente auge de bienestar económico que llevaba Ecuador en realidad conformaba una burbuja de deuda gubernamental que eventualmente resultaría insostenible para la administración actual. La enfermedad holandesa es un fenómeno que no se ha superado en el Ecuador.
La coyuntura actual del Ecuador resulta sumamente compleja, producto de la diversidad de actores e intereses que residen detrás de la oposición a las medidas económicas de Lenin Moreno. Si bien la eliminación del subsidio a los combustibles cataliza la organización de protestas, la motivación de las mismas va más allá de un subsidio económico. La identidad del movimiento indígena ecuatoriano termina configurando una demanda que no se satisface con el aspecto económico de manera exclusiva. La carga simbólica detrás del modelo de organización político/social es una de las reivindicaciones del movimiento indígena que pone en cuestionamiento el funcionamiento del Estado ecuatoriano actual y lo reta a buscar nuevos mecanismos de diálogo con estos actores.
Notas
[1] Carrera, Jaime. (2019). Reporte Macroeconómico No. 118-Enero 2019. Observatorio de la Política Fiscal. Ecuador. Recuperado de: https://www.observatoriofiscal.org/publicaciones/reporte-macroeconomico/file/188-reporte-macroeconomico-no-118-enero-2019.html
[2] ibid
[3] Agencia AFP. (2018). Deudo Pública de Ecuador llega al 57% de su PIB. El Telégrafo. Guayaquil, Ecuador. Recuperado de: https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/economia/4/ecuador-deuda-publica-martinez
[4] Redacción Economía. (2018). Martínez alista derogatoria del Decreto 1218. El Telégrafo. Guayaquil, Ecuador. Recuperado de: https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/economia/4/decreto-richard-martinez-ecuador
[5] Oleas, Julio. (2017). Ecuador 1980-1990: crisis, ajuste y cambio de régimen de desarrollo. Instituto de Altos Estudios Nacionales, Ecuador. Recuperado de: http://www.scielo.org.mx/pdf/alhe/v24n1/2007-3496-alhe-24-01-00210.pdf
[6] ibid
[7] ibid
[8] España, Sara. (2019). Los transportistas de Ecuador levantan el paro y dejan en manos del Gobierno las medidas de ajuste. El País [diario digital]. Recuperado de: https://elpais.com/internacional/2019/10/04/actualidad/1570215393_171864.html?rel=mas
[9] Lalander, R & Ospina, P. (2011). Movimiento indígena y revolución ciudadana en Ecuador*. Cuestiones Políticas, Vol. 28, enero-junio 2012, 13-50. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas-LUZ. Recuperado de: http://su.diva-portal.org/smash/get/diva2:556914/FULLTEXT01.pdf