El problema de la violencia es de los más graves en la región latinoamericana. Más allá de su impacto en la pérdida de vidas y el desarrollo económico, transforma también la cultura política y afecta los procesos democráticos. Ante la ausencia de respuestas sociales y políticas efectivas a los elevados niveles de inseguridad pública, muchos ciudadanos abandonan la participación social y política. Se comienzan a valorar las actitudes autoritarias y aumenta la desconfianza en las instituciones y en los mecanismos legales, del mismo modo como crece al apoyo a figuras políticas autoritarias. (1)
Las pandillas o maras tienen su génesis en Estados Unidos, según el informe de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado –CEAR- (2), logrando expandirse posteriormente a Centroamérica, México y Europa. Sin embargo, dicha transnacionalización no ha tenido el mismo peso en la región centroamericana. La presencia y actividad de tales grupos ha sido más sentida en El Salvador, Honduras y Guatemala, mientras que en Costa Rica y Nicaragua los efectos han sido menores.
El vocablo mara surge de “marero”, palabra utilizada principalmente para referirse a integrantes de la Mara Salvatrucha o MS-13. Posteriormente se comienza a utilizar de manera genérica para hacer referencia a los pandilleros sin importar las distinciones de cada agrupación. El proceso de acercamiento o reclutamiento suele iniciarse a los 7 años de edad, según el informe de la CEAR (3), y se compone de diferentes estrategias de captación: oferta de protección ante maras rivales, acceso a drogas y sexo, acogimiento y apoyo –al estilo familiar- etcétera; dicha fase puede durar entre 2 o 3 años, teniendo como acto de integración final un ritual o bautizo marero, el cual puede consistir en una pelea rival, soportar una paliza por el grupo sin defenderse, mantener relaciones sexuales con los jefes –este en el caso de mujeres-, y una vez admitido se obtiene un apodo o alias.
En dicho informe también se exponen los factores de desarrollo y expansión de las maras en la región centroamericana, siendo estos: la exclusión social, cultura de la violencia, desigualdad económica, migración, entornos y dinámicas de violencia, historial de relaciones socioeconómicas de dominación de la tierra y la fuerza de trabajo, entre otros. Se menciona, además, que es durante la década de 1960 que comienzan a reproducirse pandillas juveniles tradicionales en la región, cuyos vínculos se basaban en una estética y gusto musical similar. Los Cholos y los Rockeros se convirtieron en los bandos principales, caracterizados por el consumo de drogas, ejecución de delitos menores y peleas entre sí –esto sin mayores efectos-. Sin embargo, los Cholos y los Rockeros fueron fundamentales en la expansión de la Pandilla de la Calle 18 y la MS-13, una vez que llegaron a los países centroamericanos a causa de la deportación de pandilleros de las cárceles de Estados Unidos a finales de 1990. Es así como, señala la CEAR (4), durante dicha década se da la aparición de 300 nuevas clickas –de las cuales el 60% eran miembros de la Mara Salvatrucha-.
Las maras de Nicaragua son grupos estructurados y violentos, mientras que las costarricenses son más domésticas; una característica común, señala la CEAR (5), es que en ambos países, tales grupos no suelen tener un líder oficial ni rito de bienvenida. Sin embargo, en todos los países de la región el síntoma principal y común de la existencia de las maras, se refleja en los altos niveles de violencia –así como la percepción o amenaza de la misma- manifestada de diferentes modos y teniendo como grupos más vulnerables a mujeres y niñas/os.
En el caso de las maras de Guatemala, Honduras y El Salvador, se habla de grupos con organizaciones y estructuras bastante desarrolladas, jerarquizadas, con mayor cantidad de miembros –únicamente en El Salvador se estima unos 70.000 miembros, 16.400 encarcelados- y altos niveles de violencia. En otras palabras, estas maras logran una adaptación al contexto, lográndose infiltrar en las instituciones públicas y expandiendo su dominio. Un ejemplo concreto de esto es la actual situación que sufre El Salvador, en donde se les atribuyen a las maras la muerte de efectivos y...
La escalada de violencia entre el 13 y 26 de abril dejó 191 homicidios, 70% de ellos son atribuidos a las pandillas por el Ministerio de Justicia y Seguridad. (...) Del 1 al 12 de abril, el país acumuló 80 homicidios, para un promedio de 6,6 por día, pero en las dos semanas siguientes la cifra llegó a 13,6 homicidios diarios (...) El año pasado, El Salvador registró 3.340 homicidios, 15% menos que en 2017, aunque su tasa de 51 asesinatos por cada 100.000 habitantes lo mantiene como uno de los países sin guerra más violentos del mundo. (6)
En el contexto centroamericano, las maras solo son la materialización de un tipo muy concreto de violencia, pero permiten analizar cuáles son los efectos, tal vez no tan tangibles en tasas y porcentajes, que influyen en la cotidianidad de las personas, reflejándose en el sistema político, la cultura, los procesos de socialización y demás. Esta constante amenaza de violencia social, sumado a Estados que son incapaces de hacerle frente a la problemática -de manera estructural- generan sentimientos de inseguridad e incertidumbre permanentes en las poblaciones, permitiendo así que la búsqueda de mayor seguridad y protección se instalen en la cultura política y se comience a cuestionar la legitimidad y validez del régimen de libertades y respeto a los derechos humanos y civiles. (7)
En esta línea, las pseudodemocracias latinoamericanas se ven amenazadas por la –si no ha sucedido ya- intromisión de figuras y dinámicas autoritarias, siendo las y los ciudadanos mismos quienes permitan dicha entrada como respuesta desesperada...
(...) pues la inseguridad convence a muchos ciudadanos de la necesidad de restringir ciertas libertades civiles –e incluso políticas– (...). Además, en los países donde el narcotráfico y el crimen organizado constituyen una causa fundamental de violencia, se pueden favorecer los nuevos modelos de cooperación internacional permitiendo cada vez más intervenciones directas de las agencias de coerción en contra del crimen por parte de los Estados Unidos y ofreciendo un amplio apoyo económico y tecnológico a corporaciones militares o policiales que no están exentas de sospechas de violar derechos humanos. (8)
Sin embargo, y como expone Cruz (9), la respuesta más inmediata y diaria de las personas ante tales escenarios de violencia es el alejamiento de sitios de riesgo, de manera que los espacios públicos se ven cada vez más abandonados y las actividades comunitarias se orientan más y más a los espacios privados. Esta ola de privatización inunda vecindarios y áreas que ahora restringen la entrada a desconocidos, convirtiéndose en islotes con vigilantes y sistemas de seguridad.
En cuanto a las dinámicas entre vecinas/os, estas se ven permeadas por la desconfianza interpersonal, reduciendo la tolerancia hacia lo desconocido y generando obstáculos a la integración comunitaria; es decir, la participación se va a dar en términos de la defensa de lo privado, donde vigilar y proteger los parques –por ejemplo- se vuelve una preocupación más ante la latente invasión o presencia de pandillas o grupos criminales.
De esta manera, Cruz (10) determina que la violencia debilita lo público y favorece lo privado. Lo privado entendiéndose en términos amplios, un ejemplo de esto es que la interacción social, comunicación y aprendizaje de las nuevas generaciones queda, en su gran mayoría, en manos de los agentes mediáticos en sustitución del contacto personal; los medios de comunicación y su contenido vienen a reemplazar los encuentros cara a cara y todos los efectos positivos que esto genera.
La ilusión de necesidad de mano dura en las políticas públicas tiene dos efectos muy concretos: la creación de estereotipos, donde se identifica a los miembros de las maras con determinado aspecto físico y de determinado estrato socioeconómico; y la sumisión absoluta por parte de las poblaciones al uso de la fuerza, el orden y la autoridad, incluso llegándose a cuestionar la validez y el respeto a los derechos humanos de las personas sumergidas en actividades ilícitas.
Antes esto queda preguntarse, ¿quiénes son los verdaderos responsables de tal violencia estructural? ¿Quiénes son los ganadores y perdedores de tales dinámicas? ¿A quién(es) beneficia que la situación centroamericana se mantenga tal cual? ¿Hablamos de Estados incapaces o cómplices?
Notas
- Cruz, J.M. (2000). Violencia, democracia y cultura política. Revista Nueva Sociedad, No. 167, pp. 132-146.
- Comisión Española de Ayuda al Refugiado. (2013). Maras en Centroamérica y México (Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, El Salvador). Recuperado de https://cear.es/wp-content/uploads/2013/10/CENTROAMERICA.-2013.-Maras.pdf
- Ibid.
- Ibid.
- Ibid.
- Semanario Universidad. (29 de abril, 2019). Violencia de Maras tensa El Salvador. Recuperado de https://semanariouniversidad.com/mundo/centroamerica/violencia-de-maras-tensa-el-salvador/
- Ibid.
- Cruz, op cit.
- Ibid.
- Ibid.